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Del Mazo debe auditar gasto público en cárceles mexiquenses: PRD

 

El histórico hacinamiento en las prisiones obliga a la transparencia financiera

Del Mazo debe auditar gasto público en cárceles mexiquenses: PRD



6 de noviembre de 2017

La dirigencia del PRD en el Estado de México advirtió que el gobierno mexiquense, encabezado por el mandatario Alfredo del Mazo Maza, debe iniciar una auditoria a los recursos que la administración del ex gobernador Eruviel Ávila Villegas destinó a la operación de los 22 centros preventivos ubicados en territorio estatal.

Ante la revelación de auto gobiernos y operación de grupos delictivos al interior de las prisiones mexiquenses, el líder del PRD estatal, Omar Ortega Álvarez, afirmó que la ciudadanía debe tener claridad del gasto aplicado, pues tan sólo en 2016 la administración de Ávila erogó mil 999.8 millones de pesos, según la Cuenta Pública de ese año.

Dicho gasto correspondió al programa de Prevención y Reinserción social, que a su vez incluye el gasto destinado a la operación institucional para la prevención y reinserción social, así como a la seguridad penitenciaria.

Ortega apuntó que este gasto público es uno de los más elevados en materia de seguridad pública estatal, sin embargo, a la luz de los diagnósticos, informes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y revelaciones periodísticas, se demuestra que existen fallas en su aplicación.

El dirigente perredista propuso que adicional a la auditoria que debe instrumentar la Secretaría de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, la Secretaría de Seguridad debe crear un marcador electrónico, donde diariamente se puedan conocer los registros de la población penitenciaria en cada una de las cárceles estatales.

El también diputado federal del PRD recordó que de inicio la estadística histórica sobre población que presentan las cárceles estatales es un factor en contra, pero también obliga a que a las autoridades mexiquenses actúen con la mayor transparencia.

Ortega lamentó que entre 2006 y 2016, la sobre población penitenciaria prácticamente no ha bajado, lo cual ilustra que los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas no instrumentaron una política pública efectiva en materia de prevención y reinserción social.

Con cifras del sexto y último informe de Ávila, el dirigente del PRD mexiquense señaló que en 2006 la población penitenciaria era de 19 mil 726 internos, y en 2016 ya ascendía a 25 mil 723 personas.

El incremento en esos 10 años es de 5 mil 997 internos, lo cual representa un 30.4 por ciento. En contraste, dijo, la capacidad instalada de camas en centros penitenciarios no redujo el déficit existente. Incluso en ese periodo únicamente se creció en una cárcel estatal.

En 2006, había 10 mil 68 camas en cárceles estales y para 2016 crecieron a 13 mil 125, es decir, 3 mil 57 camas nuevas, que significan también un 30.3 por ciento, sin embargo, el rezago histórico no pudo ser revertido.

Así, la sobre población penitenciaria en 2016 fue del 95.9 por ciento, similar a la que había en 2006.

En pocas palabras, afirmó el líder del PRD, fueron 10 años perdidos donde el gobierno estatal sólo administró el fracaso penitenciario del Estado de México.

Ortega también afirmó que este fracaso involucra a la Fiscalía General de Justicia y al Poder Judicial de la entidad, pues del total de 25 mil 723 internos que había en 2016, los sentenciados eran 15 mil 345.

El resto, 10 mil 378 personas, que representan el 40.3 por ciento, eran procesados. Lo cual significa que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no están garantizando una procuración efectiva y rápida de la justicia, lo cual provoca que en cárceles estatales haya esa cantidad de internos que viven con una situación de incertidumbre jurídica, y que genera el hacinamiento penitenciario.

En este proceso, dijo, se encuentran toda la serie de irregularidades donde funcionarios ministeriales y judiciales pueden estar involucrados en actos de corrupción.

El dirigente del PRD mexiquense también hizo un llamado a las autoridades judiciales para revisar casos de procesados o incluso sentenciados, que están recluidos, pero debido a procesos irregulares e injustos, como ha sido señalado en distintos medios de comunicación.

Staff Redacción
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