Si bien es cierto que, desde el gobierno de Felipe Calderón, se utilizó al Ejercito mexicano y a la Marina como fuentes de apoyo para el combate a la delincuencia y el crimen organizados, es también cierto que, no existían elementos legales que pudieran sostener la permanencia de los mismos en las calles realizando encomiendas policiales.

Pese a la disyuntiva jurídica, el gobierno de Enrique Peña Nieto optó por continuar bajo el mismo esquema, aún cuando prometió el 4 de diciembre del 2012, el regreso gradual de los militares y marinos a los cuarteles con la implementación de una nueva política de seguridad.

Debido a que dicha política de seguridad implementada por Enrique Peña Nieto fracasó, tuvo que recurrir a un mecanismo legal que le permitiera no solo continuar la estrategia, sino de otorgarle a las fuerzas Armadas facultades que corresponden a las policías civiles, bajo un marco jurídico poco transparente, con nula regulación e imprecisiones conceptuales. Ya que la nueva Ley, no prevé controles de verificación de respeto a los derechos humanos, permite la intervención del Ejercito en protestas sociales, otorga facultades para realizar acciones preventivas con criterio propio, considera protocolos sin supervisión, la información que se derive de las actuaciones se considera de carácter confidencial, no delimita su marco de actuación y contiene definiciones imprecisas, entre otras cosas.

Por tanto, la Ley de Seguridad Interior es considerada como un primer paso para la militarización del país, un instrumento para medrar los grandes avances de la sociedad civil en términos de derechos humanos y un retroceso en la seguridad, ya que hemos sido testigos de los grandes desaciertos que han cometido las fuerzas armadas en el trato a la delincuencia y a no delincuentes, tales como Ayotzinapa, Nochixtlan, Tlatlaya, por mencionar los más representativos.

A todo esto, surgen grandes interrogantes sobre el porqué la premura por aprobar este tipo de leyes previo al proceso electoral del siguiente año, tal pareciera que existe un temor por las manifestaciones sociales que pudieran presentarse derivado de los resultados. El hecho de que el ejército y la marina continúen en las calles generará confianza para algunos, pero para otros significará temor de ser objeto de abusos, el efecto es también psicológico.

Desde una perspectiva suspicaz, esto es parte de un andamiaje por parte del sistema hacia el 2018. Por un lado, una ley de Seguridad Interna que perece ser regresiva y autoritaria, la próxima selección de un Fiscal Electoral a modo después de la destitución de Santiago Nieto, un Presupuesto electorero, una Ley Televisa-Doring que favorece a las televisoras, una Ley de Planeación que comprometerá a los siguientes gobiernos, candidaturas independientes para fragmentar el voto, divisiones por intereses al Frente Ciudadano, ataques frontales a AMLO, en fin, una serie de coincidencias que permiten ver una amplia ventaja al PRI y sus aliados.

En próximos días sabremos de los candidatos a la Presidencia de la República, todos, excepto Meade, partirán de cero y con este escenario, no cabe duda de que existe un poder tras el poder.