Recientemente, tanto Morena como la coalición “Por México al Frente”, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, presentaron ante el INE su plataforma de combate a la corrupción.

Al momento de escribir estas líneas, el PRI y sus rémoras (PVEM y Nueva Alianza) no han hecho público cómo van a frenar el acuciante tema de la corrupción (si es que tienen intención de hacerlo…). ¿Por qué es importante que las tres fuerzas políticas en pugna nos digan qué harán con la corrupción? Porque, se acuerdo con Transparency International, el año pasado México obtuvo calificación de 30 sobre 100 de transparencia. En términos simples, nuestro país está extremadamente reprobado en materia de trasparencia. No es el país más corrupto del mundo (ese puesto lo tiene Somalia, con 10 puntos), pero está peligrosamente cerca de estarlo. Tan sólo en América Latina, los únicos países más corruptos que el nuestro son Paraguay, Guatemala, Nicaragua, Haití y el peor es Venezuela. Sin más dilación, veamos qué ofrecen Morena y el Frente para terminar con la corrupción.

Del lado del Frente, tenemos:

1. Establecer una campaña nacional en favor del establecimiento del Estado de Derecho y el combate a la impunidad.

El primer punto, campaña nacional, parece meramente panfletario. No me queda claro eso en qué ayudará en la población a denunciar la impunidad. Somos un país de hipócritas. Nos quejamos de la corrupción cuando, al cometer una infracción de tránsito, queremos darle mordida al oficial para que nos deje ir. Somos conscientes de la corrupción. Sucede que pensamos que es exclusiva del gobierno, y que por ello nuestras acciones se perdonan, cuando no debería ser así. Si la campaña mencionada fuera enfocada a ello, sería una buena propuesta.

2. Perfeccionar y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción a través de las siguientes acciones:

-Dotar a la Auditoría Superior de la Federación de autonomía plena e integrarla con profesionistas de sobrada solvencia moral.

-Reformar el marco legal de la Fiscalía General de la Nación, y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía, a fin de que quien la encabece sea una persona con sobrada solvencia moral.

- Fortalecer y ampliar los programas y mecanismos de cooperación internacional en materia de combate a la corrupción.

-Revisar integralmente el sistema de responsabilidades y sanciones de los servidores públicos y de los agentes privados que interactúan con ellos.

-Prohibir el uso de dinero en efectivo para cualquier transacción gubernamental a nivel federal, estatal y municipal, de los tres poderes de la Unión, de organismos autónomos, de sindicatos y de personas privadas vinculadas a entes públicos.

-Hacer obligatoria la presentación y publicación de las declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de todos los funcionarios públicos.

-Instituir la "muerte civil" a servidores públicos y empresas privadas

–inhabilitarlos para desempeñar cargos públicos o participar en contrataciones gubernamentales– condenadas por actos de corrupción.

-Eliminar la prescripción de delitos asociados a la corrupción, como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y adjudicaciones de contratos públicos ilegales o simulados.

-Transparentar al Poder Judicial en general, así como la actuación de los juzgados y de la administración y procuración de justicia.

-Transparentar el cabildeo en los congresos.

-Impulsar una Comisión Ciudadana para la Investigación de Actos de Corrupción que ayude a poner al descubierto la verdad sobre casos notables pasados y presentes, así como a exponer públicamente a los corruptos.

De los cuatro puntos, este es el que más me gusta. Es más pensado, más de proceso y más lógico. La principal queja en contra del Sistema Nacional Anticorrupción y de los sistemas estatales fue la infiltración de allegados al gobierno a los mismos (muy resaltable el caso mexiquense, por ejemplo) en lugar de ser llevado por ciudadanos completamente apartidistas.

El que la ASF fuera autónomo sin duda haría que cumplieran su trabajo como se debe, por supuesto con una vigilancia ciudadana en la que nosotros tendríamos que asumir esa responsabilidad.

Lo de la muerte civil y la consecuente imposibilidad de darle cargos públicos a los funcionarios me encanta. Si no sirves para lo que te eligieron y encima pides dinero por ello, te vas. Me fascina la idea. Pero no me da la impresión de que se estén viendo los efectos colaterales, como el hecho de que ese hipotético ex funcionario sirva de informante al narco, o que llegue al puesto, en primer lugar, por el crimen organizado.

3. Eliminar el fuero constitucional para todos los servidores públicos del país y reformar el segundo párrafo del artículo 108 constitucional para que, durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción y los considerados no graves del orden común y federal.

Este también me gusta. Es algo que debió haberse hecho desde hace décadas. Eliminar el fuero. Eres servidor público, lo que significa que debes servir, no gozar de privilegios.

4. Fortalecer la transparencia de la acción pública con las siguientes acciones:

-Promover una Ley General de Contratos y Obras Públicas alineada con el Sistema Nacional Anticorrupción.

-Establecer observatorios ciudadanos con capacidad de supervisar y fiscalizar en tiempo real la legalidad, transparencia y rendición de cuentas de los contratos de adquisiciones y obras públicas celebrados por el gobierno.

-Simplificar los mecanismos de acceso a la información pública gubernamental y modificar el marco legal para minimizar la posibilidad de que entes y funcionarios públicos declaren ésta como reservada o inexistente.

-Identificar y sujetar a controles técnicos y de digitalización los trámites y procesos que con mayor frecuencia se prestan a la opacidad y a la discrecionalidad.

-Hacer que todos los entes públicos se apeguen a la Ley de Contabilidad Gubernamental como un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.

De los cuatro puntos, este es el que no parece tener claro el cómo se van a realizar.

Por otro lado, tenemos a Morena. El 14 de diciembre pasado, López Obrador presentó a la académica Irma Eréndira Sandoval como titular de la Secretaría de la Función Pública en caso de llegar a la Presidencia de la República. La esposa de John Ackerman, quien me tiene bloqueado en redes sociales y a quien le dediqué una columna el año pasado.

Ellos proponen:

Reformar el artículo 108 constitucional a fin de eliminar el fuero al Presidente de la República para que, al igual que otros altos funcionarios, pueda ser juzgado por el delito de corrupción.

Establecer la obligación de todos los funcionarios de publicar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal.

Convocar a la sociedad a fortalecer los hábitos de honestidad y velar por el bien común.

Promulgar la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés para ampliar los mecanismos de prevención, endurecer las sanciones e instaurar tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión.

Brindar autonomía total y ciudadanización plena a los órganos de combate a la corrupción, promoción de la transparencia e impartición de justicia.

Promover reformas constitucionales para prohibir que cualquier funcionario público y sus familiares hasta en cuarto grado de consanguinidad se vinculen con contratistas, inversionistas o empresarios nacionales o internacionales para establecer cualquier tipo de negocio privado.

Establecer un Sistema Universal de Declaración Patrimonial y Declaraciones Juradas en el que participen, sin excepción alguna, todos los funcionarios públicos, representantes populares, jueces, magistrados, militantes y funcionarios de partidos políticos, sindicatos y miembros de asociaciones civiles.

Promover la colaboración internacional para el combate de paraísos fiscales.

Endurecer los controles del sistema bancario en materia de lavado de dinero.

Promover auditorías inmobiliarias en Estados Unidos a políticos y empresarios mexicanos.

Fomentar una mayor disciplina en el combate de delitos tributarios.

Eliminar de manera absoluta el secreto bancario, fiduciario y fiscal cuando se investiguen delitos tributarios y prácticas financieras ilícitas.

Hacer sujetos obligados de las leyes de transparencia y otras normativas de rendición de cuentas a los actores privados y a corporaciones que reciban recursos públicos o donaciones públicas.

Instaurar la técnica del "levantamiento de velo" -alude a la exigencia de transparencia para actores y corporaciones cobijadas bajo el derecho privado que han sido partícipes de fraudes, abusos e ilegalidades- en la práctica de Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Electoral del país.

Combatir la impunidad privada a partir de la instauración de tipos penales especiales por opacidad, simulación o colusión.

Elaborar y publicar un padrón de contratistas sancionados o incumplidos.

Transparentar todo tipo de publicidad gubernamental en los medios de comunicación.

Fincar responsabilidades administrativas y penales por incumplimiento de licitaciones públicas o simulación.

Establecer la obligatoriedad de programas de testigos sociales y contralores ciudadanos en todas las compras públicas.

Prohibir las adjudicaciones directas.

Instaurar CONTRATANET.

Modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que la acción penal pueda ser ejercida por particulares tratándose de delitos por hechos de corrupción.

Menos estructurado y más orientado a resultados a corto plazo, ello no significa que el plan no tenga puntos buenos, o posibles.

Tiene puntos en común con el plan del Frente en el sentido de que ambos intentan quitarle el fuero al presidente. Lo cual me parece excelente. Ningún titular de los tres poderes debería olvidar que sigue siendo servidor público.

Que la 3 de 3 sea obligatoria también me parece excelente, al igual que hacer partícipe a la sociedad de practicar la honestidad.

No obstante, hay otros puntos que no indican cómo lo van a hacer, como las adjudicaciones directas o endurecer los controles bancarios en materia de lavado de dinero.

Noto el sentido de urgencia mejor en el plan de Morena que en el del Frente, pero veo mucho más metódico y de cabeza fría el plan del PAN-PRD-MC. Pareciera que comprenden mejor que la corrupción es un proceso de siglos en este país, y que no terminará con soluciones tajantes.

Mientras el proyecto de Morena parece a la medida de la desesperación de la población, el del Frente parece más a la medida de la naturaleza del problema.

Lástima que ni Morena ni PT hayan acudido en agosto al llamado del Frente Amplio. Con el correcto consenso y sincronización de ideas, la gran coalición de cinco partidos hubiese podido hacer un proyecto sensato y equilibrado (tendría mis reservas con el PT, pero en fin).

En cuanto al PRI, queriéndose mover en un “esquema donde la pregunta no sea válida”, ¿en serio alguien espera algo positivo de ese partido?