El análisis del proyecto realizado por el IMCO para identificar las posibles “banderas rojas” que deberán investigarse o prevenirse “con el fin de evitar prácticas corruptas y otros riesgos asociados”, concluyó que el proyecto presenta diversas deficiencias que pudieran significar riesgos de corrupción.

Durante una conferencia de prensa ofrecida este miércoles en la Ciudad de México (CDMX), representantes del IMCO, explicaron que en 2014 el tren se presupuestó en 38 mil millones de pesos y para el 2018, el costo total asciende a 59 mil millones de pesos, “más de 50% más del monto original.

Entre las principales conclusiones que presentaron los expertos del IMCO, están las siguientes:

• De acuerdo al análisis de costo-beneficio del TIMT, presentado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la obra deja de ser socialmente rentable si su costo aumenta 25%, el TIMT ha incrementado más del 50%.

• La obra debió terminar en diciembre de 2017, sin embargo, la SCT aún no ha establecido una fecha de entrega de la obra completa.

• No hay ningún mapa público georreferenciado que muestre el trazo final que seguirá la obra.

• Para agosto de 2017 no se contaba con la totalidad de los derechos de vía asegurados para el tramo tres del proyecto.

El proyecto original del tren interurbano México-Toluca, panteaba en su origen un presupuesto dividido en 4 años, con un costo original de 38 mil millones de pesos. La ficha técnica original de la SCT, indica que el recorrido total es de 57.87 kilómetros, trayecto que será recorrido con 30 trenes eléctricos de cinco vagones cada uno y con el potencial de transportar 230 mil pasajeros diarios y generar al menos 17 mil 500 empleos directos y 35 mil indirectos.

Para realizar el diagnóstico de riesgos de desviación o corrupción, la SCT del gobierno federal revisó un total de 29 contratos involucrados en los trabajos de construcción y equipamiento del macroproyecto del sexenio.



El estudio realizado por el IMCO, aplicó una metodología desarrollada por el propio organismo para analizar proyectos de obra pública a través del proceso de compra pública, establecido en la legislación y de los expedientes electrónicos de contratación. Esta metodología, incluyó 15 preguntas clave planteadas a la SCT, lo que permitió detectar las fallas y puntos clave de riesgo, además de que al menos un tercio de las preguntas no recibieron contestación alguna.

Las preguntas planteadas por el IMCO vía transparencia fueron las siguientes y como podrá observarse de estas se desprenden importantes conclusiones como el hecho de que al menos cuatro procedimientos licitatorios, de 23 contratos en total, tuvieron solo cuatro días de diferencia entre la publicación de la convocatoria y la visita al sitio de los trabajos; no se analizaron las propuestas contra posibles casos de colusión, además de que el IMCO, concluye que “se encontró un proceso de contratación “desorganizado y opaco”.

Planeación y precontratación

¿Se realizó un análisis costo-beneficio previo a la contratación?

Sí se realizó y se encuentra público, sin embargo, la disponibilidad del documento de ninguna manera avala la calidad ni el rigor técnico de la evaluación del proyecto hecha en cada análisis.

¿Los requisitos técnicos de la convocatoria son excesivos?

El TIMT presentó un promedio de 13 incisos de requerimientos técnicos para los procedimientos de licitación y 17 en promedio para las invitaciones restringidas. En ninguno de los dos casos los requisitos son excesivos, pues el proyecto es técnicamente complejo.

¿Se le dio prioridad a la competencia en la selección del tipo de contratación?

Sí, del total de 23 contratos, 9 son licitaciones públicas, 9 son invitaciones restringidas y solo 5 casos son adjudicaciones directas. Sin embargo, para los 14 casos de invitaciones restringidas y adjudicaciones directas, se solicitaron los dictámenes de excepción a la licitación:

• De esos 14 casos, en 11 (82%), las respuestas de las solicitudes de información indicaban que no se habían encontrado los documentos solicitados.

• Sólo en 3 casos (18%) se entregó el documento solicitado.

¿Se están adquiriendo demasiados bienes u obras similares?

Sí, el 60% del monto total se ha gastado en Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados, sin embargo, llama la atención el 30% gastado en Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados y en servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.

¿Hubo tiempo suficiente para preparar la propuesta?

Todas las convocatorias se publicaron al menos un día antes de la fecha para visitar el sitio de los trabajos en el sistema CompraNet.



Existen cuatro procedimientos en los que se tuvieron menos de cuatro días entre la publicación de la convocatoria y la visita al sitio de los trabajos, lo cual limita la preparación de los potenciales oferentes y la competencia.

¿Se excluyó deliberadamente a potenciales competidores calificados?

No, en los 18 contratos (LP, IR) que se tomaron en cuenta, hubo un total de 56 propuestas presentadas.

• El número mínimo de propuestas recibidas en los procesos de licitación fue de 2 y un máximo de 10.

• De las 9 invitaciones restringidas solo hay un caso con una propuesta solvente y 5 con 2.

• Las buenas prácticas en el ámbito de las contrataciones señalan que, por lo menos, deben revisarse tres propuestas solventes durante las invitaciones restringidas.

Contratación

¿La convocatoria estuvo disponible a los competidores potenciales?

Sí, todas las convocatorias se publicaron al menos un día antes de la fecha para visitar el sitio de los trabajos en el sistema CompraNet.

¿Se analizaron las propuestas contra colusión?

¿Hubo interés en competir por parte de las empresas?

Sí, se encontró un ambiente de competencia entre el número de empresas y contratos adjudicados.

¿Los funcionarios que evaluaron las propuestas presentaron declaraciones patrimoniales o de conflicto de interés?

No. Los funcionarios de la SCT no están obligados a presentar este tipo de declaraciones. Es necesario que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) considere su publicación, cuando menos entre funcionarios de alto riesgo, como los encargados de llevar a cabo adjudicaciones.

¿ Quiénes son los beneficiarios y dueños del contrato adjudicado?

¿La evaluación de propuestas fue un proceso claro y transparente?

Del análisis realizado de los fallos, en todos los casos se encuentra estipulada la forma en que se evaluaron las propuestas en los procesos de licitación e invitación restringida.

¿El pago por los bienes o servicios estuvo dentro del presupuesto?

Postcontratación

¿Hubo modificaciones sustantivas en los contratos?

¿Hubo sobrecostos excesivos en los contratos?

CONCLUSIONES

Falta de información y transparencia

Hemos encontrado un proceso de contratación desorganizado y opaco.

• SCT y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportaron no encontrar documentos, como dictámenes de excepción a la licitación pública, que se citan en los contratos oficiales.

• Inexistencia de documentación en los procesos de contratación pública, tales como oficios de preinversión, requerida por la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma.

• La documentación en CompraNet es deficiente.

• No se conocen los documentos iniciales de presupuesto de los contratos. Al no tener los oficios preinversión de los contratos, no se conoce en cuánto se presupuestó la obra y por lo tanto, no se pueden calcular los sobrecostos.

Planeación incompleta

• No hay ningún mapa público georreferenciado que muestre el trazo final que seguirá la obra.

• Para agosto de 2017 no se contaba con la totalidad de los derechos de vía asegurados para el tramo tres del proyecto.

Sobrecosto y retraso

• En 2014, el TIMT fue cotizado en 38 mil millones de pesos. De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de 2018, el costo actual asciende a 59 mil millones de pesos, según la Cartera Pública de Inversión de la SHCP con clave 13093110008. Lo anterior equivale a un aumento de más del 50% del monto original.

• El análisis de costo-beneficio del TIMT, presentado por la SCT, menciona que si el sobrecosto de la obra es mayor al 25% del costo original, el proyecto deja de ser socialmente rentable.

• Con más del 50% de aumento en el costo, según el mismo análisis, la obra ha dejado de ser socialmente rentable.

• La obra debió de haber sido entregada en diciembre de 2017. La SCT aún no ha establecido una fecha de entrega de la obra completa.

México no puede volver a hacer una obra pública mal planeada, sin transparencia, rendición de cuentas, ni consecuencias para los responsables del sobrecosto y los retrasos.

IMCO PROPONE

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

• El Gobierno federal debe convertir las prácticas de transparencia en la obra pública en una prioridad nacional.

• En los contratos se debe incluir el objeto social, socios, beneficiarios finales de las empresas contratadas y si estas se encuentran registradas en CompraNet y tienen un historial de cumplimiento de otros contratos con el gobierno.

CONTRATACIÓN

• La validez de los contratos firmados por las dependencias deberá estar sujeta a que se publiquen íntegros en CompraNet en la fecha de su firma.

• Regular que los contratos puedan modificarse solo en casos específicos y, de ser así, fundarse, motivarse, contar con un responsable y que el expediente electrónico se actualice inmediatamente.

• En el caso de convenios modificatorios que excedan los porcentajes de modificación permitidos por la ley, deberá publicarse en el expediente electrónico la autorización de la Secretaría de la Función Pública.

• Los contratos deben contener explícitamente la forma en que se le dará seguimiento a la obra pública, los plazos para verificar la terminación de los trabajos y el finiquito.

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA

• El Gobierno federal debe invertir en mejor tecnología para la presupuestación, la administración y la rendición de cuentas de los grandes proyectos de infraestructura pública. Una buena práctica a nivel internacional es el uso del Building Information Modelling (BIM).

• BIM es una plataforma digital que inicialmente se utilizaba para la construcción y seguimiento de las obras en edificios y desarrollos privados, pero que se ha vuelto cada vez más relevante para la obra pública a nivel internacional.