12 de septiembre de 2018

Asociaciones de la sociedad civil y un centro de investigación, comprometidos con el desarrollo sostenible, formaron la Alianza de Carbono Azul de México, haciendo un llamado urgente a la próxima administración para incluir el carbono azul como parte estratégica de las acciones de la política nacional medioambiental para enfrentar los desafíos del cambio climático.

El Carbono Azul se refiere a la alta capacidad de los ecosistemas de manglar, pastos marinos y marismas para captar y almacenar dióxido de carbón (CO2). De hecho, la eficiencia de tales ecosistemas les permite capturar carbono a una tasa anual de dos a cuatro veces mayor que la de los bosques tropicales maduros. Además, pese a cubrir menos del 0.5% de la superficie marina mundial, en un año secuestran la cantidad de carbono equivalente a casi la mitad de las emisiones generadas por el transporte a escala global. Por ello, su conservación y manejo sustentable es una opción esencial para la mitigación del cambio climático.

Sin embargo, las tasas de degradación de los ecosistemas de Carbono Azul están en aumento, ocasionado graves impactos. A la par de disminuir la captación de CO2, se generan emisiones de carbono y se incrementa la acidificación de las aguas litorales, afectando directamente a la biodiversidad y la población humana. Asimismo, su pérdida genera entre el 3% y 19% de las emisiones anuales de CO2 por deforestación a nivel mundial.

La degradación de los ecosistemas de Carbono Azul es principalmente causada por la urbanización costera; contaminación de los cuerpos de agua; cambios en el uso de suelo; acuacultura; ganadería; agricultura y por el turismo. En este sentido, México, ocupando el cuarto lugar mundial con mayor extensión de manglares, ya ha perdido el 10% de su cobertura en los últimos 25 años.

"Son pocos los instrumentos dentro de la legislación mexicana que hacen referencia al concepto de Carbono Azul explícitamente, por lo que estamos desaprovechando el potencial de estos ecosistemas", señaló Juan Carlos Carillo, Coordinador del Área de Capacitación del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Con más de 11,000 km de litoral, México es uno de los países con mayor línea costera en el mundo. Inclusive, 89 humedales costeros nacionales, que cubren un área de 6.6 millones de hectáreas, son reconocidos por su importancia ambiental a nivel internacional.

Dichos ecosistemas, además de contribuir a la retención de carbono, cuentan con un valor añadido por la multiplicidad de servicios ambientales que ofrecen. Entre tales servicios encontramos la protección de las costas frente a tormentas, huracanes y al aumento del nivel del mar; purificación de agua; son hábitat de numerosas especies de importancia económica; evitan la erosión de playas; apoyan el sustento de las pesquerías y forman parte de zonas que fungen como motores de la economía al ser destinos turísticos y áreas de recuperación pesquera.

"Estamos en el momento propicio, dado el trabajo de planeación en la transición gubernamental, para plantear una agenda que refuerce los esfuerzos de conservación costera. Sumándonos, además, a la conversación medioambiental internacional, pues se está celebrando la Cumbre Global de Acción Climática", señalo Marylin Bejarano, Subdirectora de Cambio Climático de Pronatura Sur.

La Alianza propone cuatro líneas de acción prioritarias para fortalecer la colaboración interinstitucional y público-privada para la construcción de una iniciativa nacional de Carbono Azul:

a) Política pública: diseñar instrumentos de política ambiental que integren los avances sobre los ecosistemas de Carbono Azul para la adaptación y mitigación del cambio climático.

b) Esquemas de financiamiento: crear esquemas de financiamiento público-privados flexibles, permanentes y a largo plazo para impulsar el aprovechamiento del Carbono Azul.

c) Ciencia: identificar los factores y procesos relacionados con los almacenes y flujos de carbono que permitan formular acciones asertivas y monitorear el desempeño ambiental.

d) Gestión territorial: desarrollo de modelos de gestión territorial en diferentes regiones costeras para retroalimentar los programas públicos que potencialicen la inversión público-privada.

Con la concreción de estos esfuerzos, México avanzaría en pos de los compromisos para combatir el cambio climático, adoptados en el contexto del Acuerdo de Paris, que implican reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero en un 22% para el 2030 y favoreciendo, a su vez, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las Metas de Aichi.

La Alianza de Carbono Azul está integrada por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional Unidad Mérida (CINVESTAV-IPN, Unidad Mérida), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), COSTASALVAJE, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN), Pronatura Sur y The Nature Conservancy (TNC).

Staff Redacción