De acuerdo con la OCDE, dicha convención tiene la finalidad de combatir el que los servidores públicos se valgan del cohecho en transacciones comerciales internacionales, por medio de la regulación de las empresas trasnacionales que tienen sus negocios en los países miembros de la OCDE y fomentar la competencia leal.

En el caso de México, junto con otros 21 países, forma parte del grupo con escaso o nulo cumplimiento de la Convención.

De acuerdo con el estudio “Exportar Corrupción: reporte de avance 2018”, elaborado por Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana, México abrió tres investigaciones relacionadas con cohecho internacional, una en 2014 y dos en 2015. Sin embargo, ninguno de estos tres casos fue resuelto.

También hay investigaciones en curso en otros países sobre las actividades de dos empresas mexicanas. Las autoridades estadounidenses y colombianas están investigando las actividades de CEMEX México en Colombia y autoridades españolas están investigando actividades de Grupo México en España. Sin embargo, no hay investigaciones conocidas en México de las actividades en el exterior de esas dos empresas.

En este tenor, Transparencia Internacional apunta un problema precisamente de transparencia, pues la Fiscalía General tiene una Unidad Especializada para Crímenes Cometidos en el Extranjero, que publica datos básicos sobre la aplicación de sobornos en el portal de datos abiertos del gobierno. Los datos incluyen la fecha, el número de archivo, el país en el que se produjo el presunto delito y el estado de la investigación o caso, pero no contiene otra información. Además, los datos están incompletos. El poder judicial está obligado a publicar resoluciones y decisiones judiciales por ley, si dicha información es de interés público. Ni el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores ni el portal de datos abiertos del gobierno contienen datos sobre solicitudes de asistencia legal mutua (MLA por sus siglas en inglés) entrantes y salientes.

PUNTOS POSITIVOS

Sin embargo, y vale la pena mencionar, no todo es malo en la evaluación de este estudio, pues en las mejoras que observa para México destaca que, tras la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción en 2015, se aprobó un paquete de siete leyes secundarias en 2016, incluida la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley, junto con las enmiendas al Código Penal Federal incluyó un nuevo conjunto de medidas administrativas y sanciones penales para individuos y corporaciones que participan en actos de corrupción. Sin embargo, no existen mecanismos adecuados para retener a los delincuentes, como un buen servicio de enjuiciamiento y un sistema judicial. Esto se debe, en parte, a la falta de independencia en la Fiscalía General y el poder judicial.

En 2017, el Secretario de la Administración Pública en México publicó su Programa Modelo para la Integridad de la Corporación, que brinda recomendaciones para programas y políticas de cumplimiento corporativo.

México también está trabajando actualmente en un protocolo contra el soborno que facilitará la coordinación entre las entidades gubernamentales y los gobiernos extranjeros sobre el soborno en el extranjero. Esto considerará los problemas de la jurisdicción territorial, la responsabilidad penal y administrativa de las empresas, el intercambio de información entre las autoridades y la mejora de los mecanismos de cooperación internacional de México.

PROBLEMAS EN EL MARCO LEGAL

El estudio hace especial hincapié en que la nueva Oficina del Fiscal General, creada bajo las reformas constitucionales de 2014, no recibió suficiente autonomía. El nombramiento del fiscal general aún necesita aprobación ejecutiva y el presidente aún puede destituir al titular del cargo. Sigue habiendo necesidad de leyes secundarias con respecto a la judicatura, incluidas las reformas estructurales para garantizar la autonomía del órgano rector del poder judicial, a fin de que los casos sean juzgados adecuadamente en los tribunales. El WGB de la OCDE expresó preocupación en su Informe de Seguimiento de la Fase 3 de 2014 que la jurisdicción territorial de México para enjuiciar los sobornos extranjeros es demasiado limitada. Este sigue siendo el caso.

PROBLEMAS EN EL SISTEMA DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

Aunque la Ley General de Responsabilidades Administrativas entró en vigor en julio de 2017, las enmiendas relevantes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General y al Código Penal Federal no han entrado en vigencia debido a la nominación pendiente del Fiscal Especial Anticorrupción. Esto significa que los crímenes relacionados con la corrupción actualmente no pueden ser procesados bajo los términos de la nueva ley. El Senado se negó a confirmar el nombramiento de los jueces del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, debido a denuncias de parcialidad a favor de los partidos políticos que posteriormente podrían ser juzgadas por los designados.

Además, el estudio menciona que existe una grave falta de independencia entre los jueces en los estados de México. Son altamente dependientes de la rama ejecutiva y frecuentemente son destituidos o designados por sus vínculos con el gobernador del estado. Hay una gran falta de recursos humanos para estos jueces estatales y su nivel de especialización a menudo es insignificante. A nivel federal, la independencia judicial es mucho más fuerte. Sin embargo, se han criticado seriamente la falta de meritocracia y las acusaciones de nepotismo sistemático. En febrero de 2018, el Consejo Judicial Federal canceló un examen para el nombramiento de jueces porque descubrió que las respuestas a las preguntas habían sido robadas y se estaban vendiendo.

ODEBRECHT Y TEVA: CASOS DONDE LAS EMPRESAS CORROMPEN FUNCIONARIOS

El estudio menciona puntualmente el caso de Odebrecht, conglomerado brasileño de industria y construcción, quien, junto con su subsidiaria Braskem, entró en un acuerdo de clemencia global con autoridades brasileñas, estadounidenses y suizas en relación con soborno de funcionarios del gobierno, sus representantes y partidos políticos en Argentina, Angola, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela para ganar negocios en esos países. Odebrecht había acordado pagar multas de 2.39 mil millones de dólares a las autoridades brasileñas, 116 millones para las autoridades suizas y 93 millones a las autoridades estadounidenses. Un acuerdo posterior fue firmado por Odebrecht y las autoridades brasileñas en julio 2018, pero esto aún no constituye un caso cerrado con sanciones sustanciales. No ha sido efectivo abierto o cerrado, ni las sanciones, hasta el momento, han sido sustanciales. Y un factor importante de que el caso siga en curso es el lamentable hecho de que Venezuela y México sean los únicos países involucrados en el caso donde ningún funcionario ha caído por Odebrecht, pese a estar documentada su participación.

Otro caso de empresas trasnacionales operando corruptamente en el país es el de la farmacéutica israelí Teva.

En enero de 2018, luego de una investigación reportada en 2017, las autoridades israelíes anunciaron un acuerdo con Teva Pharmaceuticals Industries Ltd durante problemas de soborno el cual la farmacéutica resolvió con las autoridades estadounidenses en 2016. Bajo un acuerdo condicional concluido con el Ministerio de Justicia israelí, Teva admitió todos los cargos, se responsabilizó de sus acciones y acordó pagar una multa administrativa de 75 millones de Shekel (alrededor de 22 millones de dólares), pero no hubo acusación archivada. Las ganancias que obtuvo mediante actos de corrupción en México, Rusia y Ucrania ascendieron a más de 221 millones de dólares, razón por la que Teva fue multada con 519 millones de dólares en relación con delitos en virtud de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de Estados Unidos. En este caso particular, la farmacéutica había sobornado a médicos empleados por el gobierno mexicano para recetar uno de sus medicamentos, el Copaxone.

Un detalle a destacar por Transparencia Internacional es que la falta de autonomía del Fiscal General es uno de los factores que propician el cohecho internacional, además, menciona que los jueces estatales son altamente dependientes de la rama ejecutiva, y carentes en materia de recursos humanos y especialización.

QUÉ RECOMIENDA TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Entre las recomendaciones que emite la organización al gobierno federal están enmendar el Artículo 102 de la Constitución para asegurar que la Procuraduría General sea independiente del poder ejecutivo, un asunto que ha sido sometido a mucha polémica desde las campañas presidenciales.

También se le pide al gobierno federal terminar de designar al Fiscal Anticorrupción, introducir mecanismos para garantizar que el poder judicial opere libre de motivos políticos, hacer que los mecanismos de nombramiento dependan menos del poder ejecutivo y reformar el órgano de gobierno de la judicatura (actualmente presidido por el Presidente del Tribunal Supremo, que también es nombrado por el Ejecutivo).

Otra recomendación es proporcionar más recursos y capacitación a la policía para investigar casos de corrupción; asegurar que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Investigación Financiera comiencen a desempeñar un papel activo en casos de corrupción tanto en México como en el extranjero. Por último, transparencia internacional pide que se publique más información sobre casos relacionados con la corrupción e investigaciones en el portal de datos abiertos del gobierno.