7 de noviembre de 2018

La LX Legislatura Local, presentó dos iniciativas para desactivar las reformas impulsadas por el exgobernador del Estado de México, Eruviel Avila Villegas, que terminaron por despenalizar la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad antes de irse, bajo el argumento de que la medida “beneficiaría a toda la población” pues ya no habría “extorsiones” de parte de los verificadores de su administración.

En una contrarreforma impulsada ahora por el Partido Acción Nacional (PAN) en la LX legislatura Local, se presentó otra iniciativa que nuevamente penalizará la venta de bebidas embriagantes a menores de edad, mediante modificaciones al Código Penal de la entidad mexiquense.

Como se recordará, en agosto del 2017, tan solo a poco más de 20 días de abandonar el cargo, el mandatario promovió cuando menos tres iniciativas diferentes, que por diversos caminos desregularizaron totalmente la venta de alcohol a menores de edad, al quitar la agravante para quien incurriera en esa acción, y las sanciones para quien lo hiciera sin contar con las licencias correspondientes.

En aquella ocasión, la mayoría del PRI de la 59 Legislatura, aprobó las reformas tanto al Código Penal, como al Código Financiero y a la Ley Orgánica Municipal, dejando barra libre para la venta de alcohol a menores.

No obstante, en la sesión de este jueves del Congreso Local, la diputada Karla Leticia Fiesco García, presentó una iniciativa que de aprobarse, sancionara penalmente a cualquiera y en cualquier circunstancia, que venda alcohol a niños y adolescentes.

Argumentó que en aquella ocasión, Eruviel Ávila, puso por encima de los “intereses de la niñez”, intereses de orden mercantil, sin considerar que datos oficiales arrojaron que en 2017, el 42.9% de los jóvenes ha consumido alguna vez bebidas embriagantes mientras que en Edomex los jóvenes inician consumo a los 12 años de edad y la entidad se encuentra entre las cinco con mayor consumo de alcohol en niños de secundaria.

DESACTIVAN LAUDOS

Por otro lado, se presentó una segunda iniciativa por parte de Morena, que busca corregir la reforma aprobada por la pasada Legislatura tan solo unos días antes de irse, relacionada con la obligatoriedad de las comunas para pagar 17 mil laudos laborales que heredarán a sus sucesores y cuyo monto se estima en 17 mil millones de pesos.

La iniciativa fue presentada por el diputado Tanech Sánchez, quien advirtió en tribuna que la iniciativa aprobada por el PRI en la pasada Legislatura “llevaba dedicatoria” y podría generar un impacto financiero significativo a las administraciones entrantes. Dijo que se busca establecer controles para el pago de los laudos por parte de ayuntamientos, pero sin menoscabo de sus finanzas.

Por lo anterior, el legislador propuso reformar y adicionar artículos de la Ley Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, pues las anteriores administraciones se han dedicado a engrosar la nómina.

Dijo que “trabajadores de los 125 municipios fueron despedidos antes de concluir el periodo de las administraciones y usan el recurso de juicio laboral, sin importar causar daño al presupuesto del erario municipal e instituciones estatales”.

“Las imprecisiones en la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios facilitan que este daño subsista”, puntualizó, al referir que el área jurídica de los ayuntamientos no atiende con eficiencia los juicios, lo cual provoca el incremento de los montos de los laudos.

Recordó, en el pasado mes de agosto, se modificó la Ley para presionar a los municipios, a pagar los laudos laborales heredados de administraciones anteriores, lo cual podría crear un escenario de incertidumbre para la operación de los servicios que las autoridades entrantes deben proveer a la población.

Estimó que las reformas deben imponer responsabilidades a las administraciones que causaron violaciones a los derechos de los trabajadores y adelantó que la Ley Laboral debe contemplar responsabilidad para las autoridades que contaren el compromiso y extinguir su acción con las administraciones entrantes. Para impedir se comprometan las finanzas públicas y el funcionamiento interno y externo.