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enero 25, 2019Solicitan a FGJEM, dejar en libertad a indígenas de Tlanixco
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Solicitan a FGJEM, dejar en libertad a indígenas de Tlanixco
25 de enero de 2019
La 59 Legislatura Local, aprobó por unanimidad de votos, un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el “desistimiento de la acción” penal contra seis indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco, que llevan 15 años recluidos en “prisión preventiva”, por oponerse a que empresas transnacionales se llevaran el agua de sus comunidades en Tenango del Valle.
El Punto de Acuerdo, que fue presentado por el diputado Max Correa Hernández, inicialmente solicitaba el indulto, sin embargo y gracias a gestiones de última hora de activistas y defensores de Derechos Humanos, se logró detenerla antes de que pasara a tribuna y replantear sus términos, toda vez que se consideró que las víctimas no aceptaban esa figura, pues era tanto como admitir de manera tácita los cargos que le impuso el Estado.
Se trata de Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, acusados injustamente, dijo el legislador, del delito de homicidio por oponerse a la explotación del agua y desde el 2003 se encuentran recluidos en el penal Santiaguito de Almoloya de Juárez, bajo la figura de “prisión preventiva oficiosa”, a la espera de una sentencia por 15 años, que nunca ha llegado ante las inconsistencias y falta de pruebas.
De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU “la prisioìn preventiva oficiosa puede ser una medida que las autoridades utilicen para anticipar la imposicioìn de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegiìtimos, como la represioìn de movimientos sociales, manifestaciones puìblicas, ataque a activistas y personas defensoras de derechos humanos, u opositores poliìticos”, refirió.
El legislador, destacó por otro lado que el proceso contra estos presos políticos, ha registrado una gran cantidad de irregularides, como la tortura y la fabricación de pruebas, tal es el caso del testimonio recriminatorio de un “niño pastor” usado en su contra, pero del que nunca se comprobó su existencia, señaló.
Mencionó que en este caso, incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación tras identificar violaciones al derecho a la presunción de inocencia, la indebida valoración de las pruebas, la deficiente individualización de las penas y la excesiva duración de la prisión preventiva; en respuesta el pasado 17 de enero, en lugar de ordenar su liberación, el primer tribunal de alzada en materia penal de la entidad, resolvió en apelación reponer todo el proceso.
“Así, y tras injustos quince años de prisión preventiva se reitera la violación del derecho a un recurso efectivo, ya que no se ordena la libertad inmediata, sino que estarán privados de la libertad por un delito que el estado no pudo probar en dos instancias, y en sentido contrario, ha quedado más que claro que la prisión de los comuneros es consecuencia de su lucha”.
NO SON LOS ÚNICOS
El legislador en tribuna, también destacó la existencia de otros presos políticos recluidos en cárceles estatales, entre los que destacó los casos del abogado José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC; Beatriz Pérez Flores, Cutberto Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis Zarza, Fermín Esquivel Rojas, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio y Francisco Miguel Ceballos Vargas, representantes e integrantes de los bienes comunales de Salazar, ubicados a un lado del denominado Parque nacional La Marquesa.
Igualmente destacó el caso de Ricardo Dominguez Advíncula, quien fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su detención arbitraria el 11 de agosto del 2017, quien, pese a haber declarado que fue encadenado de pies y manos durante el tiempo de su aprehensión, no ha obtenido justicia por esos hechos.
Mary Delgado
La 59 Legislatura Local, aprobó por unanimidad de votos, un punto de acuerdo para solicitar a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), el “desistimiento de la acción” penal contra seis indígenas nahuas de San Pedro Tlanixco, que llevan 15 años recluidos en “prisión preventiva”, por oponerse a que empresas transnacionales se llevaran el agua de sus comunidades en Tenango del Valle.
El Punto de Acuerdo, que fue presentado por el diputado Max Correa Hernández, inicialmente solicitaba el indulto, sin embargo y gracias a gestiones de última hora de activistas y defensores de Derechos Humanos, se logró detenerla antes de que pasara a tribuna y replantear sus términos, toda vez que se consideró que las víctimas no aceptaban esa figura, pues era tanto como admitir de manera tácita los cargos que le impuso el Estado.
Se trata de Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Marco Antonio Pérez González, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Rómulo Arias Mireles, acusados injustamente, dijo el legislador, del delito de homicidio por oponerse a la explotación del agua y desde el 2003 se encuentran recluidos en el penal Santiaguito de Almoloya de Juárez, bajo la figura de “prisión preventiva oficiosa”, a la espera de una sentencia por 15 años, que nunca ha llegado ante las inconsistencias y falta de pruebas.
De acuerdo a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU “la prisioìn preventiva oficiosa puede ser una medida que las autoridades utilicen para anticipar la imposicioìn de penas y emplear las herramientas del derecho penal para fines ilegiìtimos, como la represioìn de movimientos sociales, manifestaciones puìblicas, ataque a activistas y personas defensoras de derechos humanos, u opositores poliìticos”, refirió.
El legislador, destacó por otro lado que el proceso contra estos presos políticos, ha registrado una gran cantidad de irregularides, como la tortura y la fabricación de pruebas, tal es el caso del testimonio recriminatorio de un “niño pastor” usado en su contra, pero del que nunca se comprobó su existencia, señaló.
Mencionó que en este caso, incluso la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas expresó su preocupación tras identificar violaciones al derecho a la presunción de inocencia, la indebida valoración de las pruebas, la deficiente individualización de las penas y la excesiva duración de la prisión preventiva; en respuesta el pasado 17 de enero, en lugar de ordenar su liberación, el primer tribunal de alzada en materia penal de la entidad, resolvió en apelación reponer todo el proceso.
“Así, y tras injustos quince años de prisión preventiva se reitera la violación del derecho a un recurso efectivo, ya que no se ordena la libertad inmediata, sino que estarán privados de la libertad por un delito que el estado no pudo probar en dos instancias, y en sentido contrario, ha quedado más que claro que la prisión de los comuneros es consecuencia de su lucha”.
NO SON LOS ÚNICOS
El legislador en tribuna, también destacó la existencia de otros presos políticos recluidos en cárceles estatales, entre los que destacó los casos del abogado José Humbertus Pérez Espinoza, presidente del Frente Mexiquense en Defensa de una Vivienda Digna AC; Beatriz Pérez Flores, Cutberto Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis García, Miguel Ángel Vilchis Zarza, Fermín Esquivel Rojas, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio y Francisco Miguel Ceballos Vargas, representantes e integrantes de los bienes comunales de Salazar, ubicados a un lado del denominado Parque nacional La Marquesa.
Igualmente destacó el caso de Ricardo Dominguez Advíncula, quien fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes desde su detención arbitraria el 11 de agosto del 2017, quien, pese a haber declarado que fue encadenado de pies y manos durante el tiempo de su aprehensión, no ha obtenido justicia por esos hechos.
Mary Delgado
