22 de febrero de 2018

El siguiente es un comunicado en el cual pobladores de Tlalnepantla, Naucalpan, Nicolás Romero y otros municipios denuncian una serie de "juicios fantasma" en su contra.

Señores periodistas: Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa en la que hacemos de su conocimiento la participación de un grupo delincuencial en el que participan abogados, autoridades judiciales, funcionarios de juzgados, notarios y jueces del distrito judicial de Tlalnepantla, Naucalpan, Nicolás de Romero Rubio y otros municipios conurbados a la Ciudad de México; quienes en los últimos meses han orquestado una serie de fraudes procesales mediante juicios simulados, tramitados en juzgados civiles de Tlalnepantla, Naucalpan y otros, para con ello realizar despojos en propiedades tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México.

Tal es el caso que hemos presentado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, denuncias penales en contra de algunos de los miembros visibles en estos hechos delictivos como son: quienes dicen Llamarse, José Huerta Chávez, Ignacio Carmona Rodríguez, Eduardo Arturo Alarcón O’Farrill , Jorge Antonio Espinoza Blancas, Eugenia Espinoza Blancas y Ana Laura Ruiz Rivera, quienes mediante fraudes procesales y con juicios falsos despojan de sus propiedades a los legítimos propietarios, ya sea simulando contratos de arrendamiento o contratos privados de compra venta.

En este caso. los hechos referidos se realizan a través del juzgado cuarto de lo civil con sede en Naucalpan Estado de México a cargo de la Jueza Rosario Abigail Tinoco Rincón, Juez Cuarto Civil en primera instancia. De manera verbal explicaró a ustedes el modus operandi de este grupo criminal.

También denunciamos cómo, con la protección de autoridades agrarias, han sido despojados los ejidatarios del municipio de Santa Ana Jilotzingo de más de setenta hectáreas de sus tierras de labor. En estos actos están involucrados y coludidos personajes políticos muy poderosos de familias relevantes en el gobierno estatal, quienes utilizan sus influencias con la clase política, para hacerse de las zonas boscosas de alto valor comercial que pertenecen a los campesinos. Agradecemos la atención a estas denuncias y les decimos que estamos procediendo jurídicamente en la defensa de nuestro patrimonio y exigimos a intervención de las autoridades para impedir y frenar la comisión de estos delitos.

Ya detectaron al menos 23 casos con la misma mecánica en la que están coludidos jueces del Estado de México del área judicial de Naucalpan. A raíz de estos hechos se iniciaron dos denuncias de carácter penal ante la procuraduría de Justicia de la Ciudad de México y otra más en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Los demandantes piden una investigación en torno a esta presunta red que estaría operando en colusión con funcionarios del estado de México relacionados con el PRI.

Staff Redacción