La conmemoración del Día a la Libertad de Expresión llega este año con muchos saldos negativos al arranque de la administración federal, con al menos ocho periodistas asesinados en el país -entre diciembre y lo que va del año-, mientras que a nivel estatal el escenario no es mejor y puede serlo mucho peor para quienes hacen un periodismo crítico y vigilante del poder público, una tarea fundamental que le da al periodismo su peso en las democracias modernas y a la que no se puede ni se debe renunciar nunca, pues es esa labor y no otra, es la que explica su origen y le brinda en la actualidad su valor y dimensión social.

Se ha hablado mucho desde el cambio de la actual administración, de los peligros y riesgos que viven los periodistas en muchos estados del país, como resultado de los reacomodos políticos y sus intrincadas relaciones con los otros poderes fácticos. El resultado ha sido una ráfaga de violencia contra representantes de los medios de comunicación en diversos estados del país, que ya lleva al menos siete muertos y un número indeterminado de compañeros sometidos a un gran estrés por las amenazas o acosos provenientes principalmente de los gobiernos y políticos corruptos. Una ráfaga que no ha cesado y en algunos momentos se ha intensificado.

Hablamos de formas de violencia extrema que se han desplegado contra medios de comunicación y sus representantes en estados como Veracruz, Guerrero, Tamaulipas, Chihuahua y Oaxaca, cuyo único propósito es el extermino absoluto para acallarlos para siempre.

Sin embargo, en otras latitudes como el Estado de México, las formas de violencia contra la libertad de expresión y el derecho a informar libremente –otro derecho humano-, han tomado formas mucho más insidiosas, pero igualmente violentas, con el mismo propósito de golpear o acallar a los periodistas.

El catálogo de estos vicios y ejercicios del poder contra los medios en Edomex es amplio y tiene muchas variantes, aunque una sola fuente, los poderes públicos, los gobiernos municipales, pero también las diversas dependencias y organismos autónomos, en muchos casos, que despliegan prácticas en una violencia institucional diversificada.

Con la llegada del partido Morena a la mayoría de los 125 municipios y al Congreso Local, se tenía la expectativa de tener un cambio significativo, pero no ha sido así, salvo algunas excepciones de mayor apertura en el manejo informativo, en muchos otros casos las prácticas permanecen o incluso se han endurecido, el peor caso que conozco cercanamente sin duda es el municipio de Metepec, donde de manera personal he sido excluida del directorio de periodistas.

Recuerdo que recién en marzo pasado solicite una cita a quien dejaron de responsable en el área de comunicación social, Daniel Beltrán, para entregarle mis acreditaciones respectivas, ya que desde antes le había reportado que el anterior gobierno priísta me había suprimido de su directorio y él estaba replicando la discriminación. Aunque me dio una cita, me dejo esperando dos horas en su oficina frente a un anuncio colocado en su sala de espera que dice: “Espacio libre de Machismo”. Nunca llego, la secretaria estaba apenadísima. A la fecha la discriminación se sigue prolongando, lo cual confirma que el PRI sigue operando esa oficina y controla de facto el gobierno municipal de Metepec. Él es priísta. No me resulta extraño en mi caso esta forma de exclusión y violencia de género institucional, pues en el gobierno de Eruviel, publique los negocios del exgobernador César Camacho con el gobierno de Carolina Monroy –a través de una empresa del exmandatario dedicado a dar “asesorías”-, y también los nexos entre el famoso “Roll Royce” con uno de sus protegidos –Jair- insertados en el gobierno de David López.

Cito lo anterior solo a manera de ejemplo, pero también a nivel estatal me he enterado de formas muy agresivas de acoso institucional por parte del coordinador de comunicación social y sobre todo, de su segundo de abordo, con llamadas telefónicas terroríficas contra compañeras y con amenazas que desafortunadamente sí cumple. Estas amenazas casi siempre son para amedrentar al reportero o reportera por haber escrito tal o cual cosa, haber emitido una opinión o atreverse, valientemente, a escribir o preguntar algo que considera fuera de lugar, a partir de su desviada manera de concebir el periodismo.

En Artículo 19, se han documentado algunos de estos incidentes con las víctimas.

Otras formas de acoso a la prensa en Edomex, tienen que ver con lanzar campañas de desprestigio para quienes consideran que nos hemos “salido del aro”. Estas campañas lesivas e insidiosas consisten en transmitir informes internos de advertencia, entre áreas de gobierno, coordinadores de comunicación social, partidos, diputados –incluso de Morena y otros partidos-, funcionarios y entre periodistas-priístas, para que se deje de dar información o tener relaciones de trabajo, con la víctima, bajo acusaciones falsas que buscan desmontar su prestigio y al mismo tiempo cerrar el paso al trabajo crítico que realizan.

Esta restricción indirecta tan lesiva, se propaga acusando al reportero de que “publica mentiras o información falsa”, por lo que alertan a funcionarios, diputados o comunicadores, para no darle información o tener nexos.

En estas campañas orquestadas, también participan desafortunadamente, compañeros y comunicadores. Los primeros, beneficiarios principales de los contratos publicitarios y “apoyos extralegales” (chayos), que reciben en mano, regularmente.

Hace unos días me entere que soy una de las periodistas “boletinadas” por la actual administración de Alfredo del Mazo, lo cual no me sorprendió, y de paso me enteré que no soy la única, somos alrededor de cinco.

Otra variante de acoso que ha perfeccionado la actual administración Delmacista –además de la multiplicación de los pagos ilegales con cuota mínima de 10 mil pesos-, es la coptación de trabajadores estratégicos en las propias redacciones, incluyendo en algunos casos editores, jefes de sección y hasta directivos, a quienes también se les transfieren pagos o se les paga de otras formas, con puestos para familiares, clases en la UAEMex u otras instituciones. Otra ha sido el despliegue de medidas de presión contra estos jefes de redacción o directivos, a quienes se les reporta cuando sus reporteros presentan solicitudes de transparencia, para obtener información más fidedigna.

En respuesta, algunos reporteros han estado a punto de perder su trabajo, solo por atreverse a intentar hacer documentaciones más profundas, mediante la presentación de solicitudes de información.

El catálogo de acoso a la prensa en Edomex, puede extenderse todavía más si incluimos los incidentes con integrantes de cuerpos de seguridad, que no solo obstruyen sino también han incurrido en excesos contra reporteros o fotógrafos, cuando cubren casos relacionados con nota roja o manifestaciones sociales. Acudir en estos casos a la CODHEM, sería tanto como ir directo al caldaso. Tampoco opera.

Por eso el panorama que se ve para los próximos años no es alagüeño para el derecho humano a la libertad de expresión, sobre todo porque si bien cambiaron de color las alcaldías y la mayoría de las diputaciones, las estructuras priístas y panistas siguen controlando de facto prácticamente todo, o casi.

Pese a ello mando un fuerte abrazo solidario para mis compañeros esforzados y valientes. A los otros no.

Hasta la próxima

*PODER AL CENTRO

Columna premiada con la “Presea Manuel Buendía 2016”.