2 de julio de 2019

Actualmente en el territorio mexiquense se han incrementado de manera significativa el desarrollo de conjuntos urbanos, pero algunos sin cumplir con la normatividad vigente, lo que ocasiona condiciones de insalubridad y el no acceso a servicios públicos, como transporte seguro, empleo, y educación.

En conferencia de prensa, el cuarto regidor y presidente de la Comisión de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Arturo Chavarría Sánchez, manifestó la creciente pérdida de terrenos donados por ejidatarios de los municipios, para destinarlos a la construcción de conjuntos habitacionales, además de destacar la falta de controles sobre estas obras.

Dijo que apenas entre el 10 y 20 por ciento de los conjuntos urbanos asentados en la capital mexiquense cumplen con todos los requisitos que marca la ley, por ello, es necesario que se revisen las normas bajo las cuales fueron autorizados, para que el municipio no cargue con toda la responsabilidad.

El regidor, solicitó a la Contraloría Municipal y al Gobierno del Estado de México un informe detallado de los conjuntos urbanos que incumplen con las normas establecidas, pues mencionó que sólo el 29.63% de los trámites relacionados con los desarrollos habitacionales dependen de los municipios, mientras que el 59% está en manos del Poder Ejecutivo.

Puntualizó la importancia y el correcto procedimiento para la construcción de conjuntos habitacionales, ya que la corrupción también se ha hecho presente con la participación del gobierno en conjunto con empresarios que “invierten” en la construcción de estos.

Las principales problemáticas que se presentan al no cumplir con los ordenamientos legales que regulan los conjuntos habitacionales son: incumplimiento de una o algunas de las fases del proceso de autorización, falta de seguridad, alteración de imagen urbana por la modificación de viviendas, y la falta de mantenimiento de áreas comunes de los conjuntos habitacionales.

Argumentó que los empresarios o encargados del desarrollo de los conjuntos habitacionales en la entidad mexiquense, infringen en alguno de los siguientes ordenamientos: adquisición del suelo, división del suelo y urbanización, construcción, comercialización, escrituración, y entrega-recepción.

Por otro lado, también manifestó que el Valle de Toluca, se encuentra en una condición de “colapso”, debido a que se están autorizando las construcciones de conjuntos habitacionales en las zonas industriales como lo es en el municipio de Lerma. Esto “por debajo del agua”, ya que como mencionó, en sesiones de cabildo llevadas a cabo con anterioridad, y donde se deben exponen estas problemáticas, ni siquiera tienen conocimiento de esta situación.

Argumentó que algunos empresarios ofrecen hasta 3 millones de pesos, tan sólo por el cambio de suelo, aunque este no sea el adecuado para el desarrollo de este tipo de proyectos, lo que ocasiona daños perjudiciales para los habitantes aledaños al lugar en cuestión.

Un ejemplo que mencionó, fue en la Crespa, el municipio de San Lorenzo Tepaltitlán, donde se está llevando a cabo la construcción de un conjunto de cuatro mil viviendas, y que tanto la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano como la Dirección de Operación Urbana, están al tanto en los procedimientos de autorización de este conjunto habitacional.

Asimismo, en el municipio de Toluca, muchos de los desarrollos habitacionales que ya deberían haber sido entregados al Ayuntamiento, hasta la fecha no ha sido así, teniendo como consecuencia que la hacienda municipal se vea perjudicada, desencadenando la fuga de ingresos por concepto de contribuciones , mismas que servirían para más y mejores obras para los pobladores.

El funcionario, invitó al gobierno estatal y municipal, llevar a cabo una auditoria para supervisar de manera coordinada los avances de las obras de los conjuntos urbanos, y revisar el cumplimiento de los términos bajo los cuales fueron autorizados.

Del mismo modo, señaló que de los 56 conjuntos urbanos autorizados en Toluca, únicamente 40 fueron autorizados desde el 2000, y los otros 16 a partir de 2010. De estos, en su mayoría son de uso mixto (interés social progresivo, comercio, servicios). A su vez, el mínimo de viviendas de estos conjuntos, es de 54, y un máximo de hasta 4,530. De estos, 8 conjuntos urbanos fueron autorizados durante el mandato de Alfredo del Mazo.

Mencionó que la Dirección General de Operación Urbana y los Ayuntamientos municipales, son las instancias que menos participación en la autorización de conjuntos urbanos tienen, con el 59.26% y 29.63% respectivamente.