Los legisladores de Morena, remarcaban la diferencia entre los reportes de la ASF y el OSFEM, en las auditorias de 2017, año de elecciones. El auditor se mantuvo pasivo, se defendió, negó toda culpa, pero guardaba un secreto.

Reportes de la Auditoria Interna del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) elaborados para la entrega-recepción del cambio de gobierno en 2017, así como una auditoria interna, de los cuales este portal posee copias, revelan otra historia.

INTRODUCTORIO AL DESFALCO

Para el año 2017, cuando se celebraron elecciones locales para renovar la gubernatura, el gobierno federal todavía en manos de Enrique Peña, transfirió al gobierno de Eruviel Ávila, 186 mil 224 millones 900 mil pesos en recursos federales, de los cuales 9 mil 351 millones, fueron para el sector salud, a través del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), mejor conocido como Seguro Popular.

Los fondos federales de ese año, representaron en total para Edomex. un incremento de 21 mil millones de pesos más que un año antes. La razón podría ser que se celebraban elecciones en julio y el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, primo del entonces presidente de la República, Enrique Peña, tenía que ganar los comicios a como diera lugar.

Para septiembre del 2018 -un año después- y una vez que Del Mazo ya estaba instalado en el Palacio de Gobierno de Toluca, surgieron los primeros reportes de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), que documentaban millonarios desfalcos en todo el ejercicio del 2017, por más de 4 mil 300 millones de pesos, más de mil millones del sector salud. Pero para entonces, aún no se conocía, la magnitud del desfalco.

Ya para el segundo semestre del 2017 y buena parte del 2018, pacientes de nosocomios públicos se debatían en los pisos de los hospitales sobre cartones, sin medicamentos ni instrumental médico básico para su atención, ni camillas ni personal suficiente. El sector era un caos. A ello se sumaba desabasto generalizado, suspensión de pagos inexplicables a personal médico y docenas de obras no ejecutadas o en proceso (más de 500 según reportaría en septiembre la Auditoria Superior de la Federación en su reporte del año pasado), incluidos hospitales como el Oncológico de Zumpango. Otra tanta infraestructura estaba derruida como consecuencia del paso del sismo del 19 de septiembre de ese año. Nadie quería responder por los daños.

El recurso se había esfumado.

En octubre del 2018, médicos, enfermeras y trabajadores se lanzaron por miles a las calles y desbordaron la Plaza Cívica de Toluca para denunciar el quebranto, en una explosiva crisis que estalló en plena consolidación del arranque del gobierno Delmacista. Para entonces Eruviel ya era senador –blindado con fuero-, su secretario de salud, Cesar Nomar Gómez Monge, estaba fuera del gobierno y con una gran fortuna, y el desfalco del ISEM, sin resolverse.

Un reporte de septiembre del 2018 del Congreso Local destacaba cómo los hospitales de Ecatepec y Zumpango fueron dejaron inconclusos el primero sería el Instituto de Oncología para atender dos mil 500 pacientes del oriente de la entidad, donde se ubican la población con mayores grados de marginación (684 mil para ser precisos) pero la obra ya lleva 5 años; también se encuentran sin concluir el Hospital Comunitario Regional de San Juan Zitlaltepec (Zumpango), con cinco años en "obra negra", además de hospitales abandonados con solo la obra civil, en Zinacantepec y Almoloya de Juárez. En total cerca de 30 obras "a medias", entre hospitales, clínicas, pequeños centros de salud; ampliaciones y reparaciones de daños que dejaron los sismos.

A la fecha la ASF reporta recursos observados de 2017 aún sin justificar –solo del sector salud- por 916.5 millones de pesos, de acuerdo a los datos de la ASF, consultados el 21 de junio pasado.

Por su parte el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), en el informe de la Cuenta Pública del 2017, solo hizo dos observaciones al ejercicio del ISEM de ese año, por poco más de 63 millones de pesos en "cuentas por cobrar a corto plazo sin comprobación" y “deudores diversos”.

Es decir, que pese a los reportes de la ASF, el OSFEM no ejerció ningún tipo de acción administrativa contra nadie, según lo confirmaría más tarde en entrevista para este Portal, realizada a finales de junio, el presidente de la comisión de vigilancia del organismo, Tanech Sánchez Ángeles.

La inconformidad de los legisladores, advirtió el diputado de Morena que impulso la renovación del OSFEM, radica en la pasividad y omisión de Fernando Valente Baz Ferreira, no solo en el rubro de salud, pues otros temas neurálgicos como la investigación "Estafa Maestra", “pasó de noche” para el auditor…

En concreto Baz Ferreira, no señaló responsables en la Cuenta Pública del ISEM del 2017, lo que hoy lo mantiene al borde del despido y la inhabilitación, ya que integrantes de la Comisión Legislativa de Supervisión del OSFEM, consideran que el auditor del organismo, pudo haber incurrido en omisiones graves y encubrimiento.

Y es posible que tengan razón.

LA AUDITORIA SECRETA

Un informe financiero elaborado por la Unidad de Contraloría Interna del ISEM en octubre del 2017 y entregado a las nuevas autoridades del Gobierno del Estado de México y del ISEM –y cuya copia posee este Portal-, revelan que las nuevas autoridades mexiquenses tuvieron conocimiento, a un mes de su llegada y luego en noviembre del 2017, de la grave situación del quebranto en el organismo. Pero decidieron no hacer nada.

El documento detalla la grave crisis en dos aspectos fundamentales: pasivos que excedían por más de cinco veces, las cuentas por cobrar y la desaparición de las retenciones a los trabajadoresdel sector salud, que debieron pagarse en forma de impuestos o aportaciones a instituciones como ISSSTE y SHCP.

El documento indica que “el pasivo”, al mes de julio de ese año, es decir, durante el mes en que fueron los comicios, era ya de 14 mil 344 millones de pesos y que para el mes de agosto, “presentó una disminución” de 5 mil 728 millones de pesos “sin contar con la nota que la justifique –la disminución-”, advierte el informe.

Es decir, que no solo faltaban recursos, también se hicieron maniobras de último momento para maquillar la crisis, pues de un plumazo el área de finanzas desapareció en papel –pero sin sustento documental financiero-, los más de cinco mil millones, para dejar los pasivos en 8 mil 616 millones de pesos, como indica la auditoria, la cual se confirmaría un año después con reportes internos de la Entrega-Recepción realizada en noviembre del 2017 y cuya copia también se obtuvo.

La auditoría interna, también advertía que “el saldo de cuentas por cobrar al mes de agosto –de 2017-, es de mil 926 millones, lo que resulta insuficiente para cubrir el total de pasivos”.

El informe sobre el estado que guardaban las finanzas del instituto y entregado a Gabriel O´shea Cuevas (Secretario de Salud y exoperador del Seguro Popular en el gobierno de Enrique Peña), así como presumiblemente al propio Javier Vargas Zempoaltecatl (Secretario de la Contraloria y quien libró a Peña Nieto del escándalo de la "Casa Blanca"), señala como “Presuntos Responsables” a tres áreas administrativas: Coordinación de Administración y Finanzas; la Dirección de Finanzas y la Subdirección de Tesorería y Contabilidad. El documento no cita los nombres de los probables responsables de las inconsistencias financieras, solo las áreas responsables de las inconsistencias.

La Auditoria Interna que constituyó la primera alerta de los desfalcos, incluso planteaba posibles sanciones: Destitución del empleo, cargo o comisión, así como la inhabilitación por el periodo de uno a diez años cuando exceda de 200 veces el VDUM (vigente entonces); destitución del empleo, cargo o comisión, así como la inhabilitación por el periodo de diez a veinte años; sanción económica hasta por dos tantos de los beneficios obtenidos y la posibilidad, señala en el último punto, de que dicha falta administrativa, derivada de cualquier acto u omisión, sea del conocimiento de la Fiscalía Especializada.

Tanto los resultados de la auditoria interna como las sanciones al final fueron ignoradas por la pasada y la nueva administración.

Sin embargo una investigación realizada por este Portal, pudo ubicar a quienes ocupaban esos cargos en las fechas en que ocurrieron los desfalcos y sus conexiones con otras áreas administrativas, de control y financieras con el gobierno del Estado de México.

Leopoldo Morales Palomares (quien es citado en las actas de entrega-recepción) fungía como titular en la Coordinación de Administración y Finanzas, junto con José Eusebio Melquiades Aire Nava, con quien compartió el cargo durante el sexenio de Eruviel Ávila.

Asimismo, la Dirección de Finanzas del ISEM, fue ocupada en la administración eruvielista por Enedina Vázquez Castillo y Fernando Sánchez Esquivel, sobrino este último, del Contador General Gubernamental del gobierno del Estado de México.

SEGUNDO APARTADO: APORTACIONES EN FUGA

La auditoria interna elaborada por la Unidad de Contraloría Interna del ISEM, en Octubre del 2017, y entregada al nuevo secretario de salud, Gabriel O'shea, señala como segunda problemática: “Los descuentos hechos a los trabajadores por concepto de ISR, ISSSTE, FOVISSTE, de Seguros Institucionales y otros créditos, no son enterados en los plazos establecidos, lo que ha generado actualizaciones y recargos que afectan el patrimonio del instituto”.

Al respecto indica que el saldo al 31 de agosto (del 2017) era de dos mil 473 millones de pesos y abre un paréntesis para aclarar que de esa suma, mil 645 millones 900 mil pesos, corresponden al ISSSTE.

Como responsables de estas omisiones nuevamente se señalan nuevamente a la: Coordinación de Administración y Finanzas, Dirección de Finanzas y la Subdirección de Tesorería y Contabilidad. Nuevamente, no se citan nombres.

En este caso se proponen las mismas sanciones.

Los gráficos preparados para el informe que tuvo en sus manos Gabriel O´shea, quien paradójicamente ocupaba la Dirección del Seguro Popular en el gobierno federal de Enrique Peña, mientras ocurría el saqueo en EDOMEX, ponen énfasis en que una disminución de 5 mil 728 millones en el pasivo “resulta incongruente”, ya que las cuentas por cobrar al mes de agosto eran o reportaban mil 926 millones de pesos, “lo cual es insuficiente para la disminución presentada”. Es decir, que no había recursos de donde pudieran haberse hecho las liquidaciones por más de cinco mil millones de pesos.

Asimismo el documento señala en otro apartado, que del presupuesto autorizado al ISEM en 2017, por 25 mil 92 millones de pesos, se tenía un ejercido de 18 mil 720 millones de pesos y seis mil 371 millones como presupuesto disponible a octubre, pero se requerían 9 mil 360 millones para el último cuatrimestre.

Lo anterior significaba para entonces, un déficit de operación de dos mil 988 millones de pesos.

Al final, el informe señala un punto fundamental, causa de las inconsistencias: ” Inadecuado Control de los Recursos en las Cuentas Bancarias, pues se mezclan los recursos y se pierde el control”.

A pesar de que el nuevo equipo encabezado por Gabriel O´shea Cuevas y su nuevo director de finanzas (Oscar Sergio Salgado Soto), habrían recibido el informe del quebranto y sus responsables -pues existen documentales con sus firmas de recibido que posee este portal-, este fue ignorado. No se iniciaron procedimientos contra nadie, ni se observó prácticamente nada, como se constató en el informe de la Cuenta Pública del OSFEM del 2017.

TheObserverMex, busco una postura de la Secretaria de Salud sobre este trabajo, sin embargo se nos informó que todo lo relativo a las auditorias internas de la Secretaria de Salud a la llegada de la nueva administración, fue entregado a la Secretaria de la Contraloría del gobierno del Estado de México, donde nadie respondió, ya que se informó en seguridad que todos estaban de vacaciones.

Tampoco vio ni supo nada el titular del OSFEM, Fernando Valente, quien sigue esperando el “tiro de gracia” legislativo, pero se niega a una “eutanasia voluntaria” por honor…

CRUCES

Otros documentos obtenidos por The Observer Mex, confirman los desfalcos y la impunidad en el caso del saqueo del ISEM.

Por ejemplo. El 6 de noviembre del 2017, el nuevo Coordinador de Administración y Finanzas, Jesús Iván Pinto Medina a través del oficio número 217B30000/3622/2017, solicita al Licenciado Rafael León Barrios Titular de la Unidad de Contraloría Interna del ISEM, que: Derivado del acta de entrega recepción de esa coordinación que realizó el Maestro Leopoldo Morales Palomares y a la falta de contestación de las inconsistencias formuladas a Leopoldo Morales, figurando entre ellas una de un importe de $5,393,095,828.95(cinco mil trescientos noventa y tres millones noventa y cinco mil ochocientos veintiocho pesos 95/100 M.N.), por falta de pago de servicios diversos, abasto de medicamentos, material de curación y otros de naturaleza similar; que a través de la Unidad de Contraloría Interna, se imponga la obligación al ex servidor público para efectos de que dé respuesta por escrito e incluya la evidencia documental de las aclaraciones, y en su caso, se considere lo procedente”.

Estos oficios, que serán detallados en las siguientes entregas y de los cuales se entregó copia a diputados de la LX Legislatura Local, no procedieron en nada ni una investigación, pese a que en dicho oficio, al final, el firmante Jesús Iván Pinto Medina, Coordinador de Administración y Finanzas (suplente), pide aplicar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

LOS OPERADORES DEL DESFALCO

Aunque el informe de la situación financiera que presentaba el ISEM en octubre del 2017, no cita directamente los nombres de los responsables de los malos manejos en el organismo durante ese año, fue posible ubicar, quienes ocupaban esos cargos -ese año- mediante documentos públicos.

Se trata de José Eusebio Melquiades Aire Nava, quien ocupó el cargo como Coordinador de Administración y Finanzas del ISEM hasta el 23 de agosto del 2017, cuando César Nomar Gómez Mongue, lo retiró estratégicamente del cargo, 24 días antes de concluir la gestión de Eruviel Avila, para reinstalar a Leopoldo Morales Palomares, quien entre 2014 y 2016 ocupó ese mismo puesto.

Este último ha ocupado durante los últimos dos sexenios, posiciones estratégicas al interior del organismo.

Asimismo, el Director de Finanzas del ISEM, a quien el reporte financiero conocido por O´shea Cuevas a su llegada, señalaba con responsabilidad administrativa en el desfalco, era Fernando Sánchez Esquivel, mientras que Roberto Valerio Carlos, fungía como Subdirector de Tesorería y Contabilidad, también aparece señalado como responsable.

Cabe destacar que la titular del ISEM, durante el sexenio eruvielista fue Elizabeth Dávila Chávez.

Fuentes de la Secretaría de Salud, confirmaron que tras revisar el documento, hubo reuniones en Palacio de Gobierno, a finales de octubre y principios de noviembre del 2017 -el 5 de septiembre se dio el cambio de estafeta en la gubernatura-, en las que habrían participado altos funcionarios de la Secretaria de la Contraloría, encabezada Javier Vargas (el de la Casa Blanca), de la Secretaria de Salud y de la Secretaria de Finanzas, donde se habrían acordado las estrategias para darle carpetazo al asunto, sin fincar responsabilidades.

Desde la secretaria de finanzas, uno de los operadores en bajar la estrategia para el carpetazo, fue Oscar Sergio Salgado Soto, actual coordinador administrativo de la Secretaria de Salud, pero en ese tiempo subsecretario de finanzas del gobierno de Eruviel Avila.

APOSTAR AL OLVIDO…

Cabe destacar que la Secretaria de Salud, borro de sus registros y portales oficiales, incluso los de transparencia como el IPOMEX, todos los nombres de quienes ocuparon las carteras que en el informe de la Unidad de la Contraloría Interna del ISEM aparecen como responsables. Tampoco hay ningún registro visual de ninguno, salvo de uno de ellos implicado en desfalcos del Seguro Popular en Oaxaca. El resto son fantasmas.

Tampoco se localizan sus nombres en el Portal de Transparencia del ISEM, en los registros de la pasada administración, donde los organismos y dependencias deben incluir los directorios completos de anteriores gestiones.

Una búsqueda exhaustiva, permitió concluir que los nombres de los operadores financieros del desfalco, no solo no aparecen en los registros digitales del ISEM donde deberían estar, también se retiraron algunas documentales públicas de IPOMEX, que permitirían su ubicación, no obstante, fue posible ubicarlos, mediante documentales de orden federal, como los acuerdos entre autoridades federales y de los estados, para suscribir las reglas de operación del Seguro Popular, anualmente.

Fue de esta manera posible constatar que en los acuerdos anuales de las reglas de operación del Seguro Popular, suscribieron no solo funcionarios presumiblemente responsables del desfalco, también el propio O´shea Cuevas, como titular del Seguro Popular a nivel federal; José Manzur Quiroga, cuya firma en los acuerdos aparece como secretario general de gobierno en la administración de Eruviel Ávila y el propio César Nomar Gómez Monge, como secretario de salud del gobierno estatal.

LAS HISTORIAS A CONSIDERAR

Uno de los principales desfalcos que se dieron en las partidas del ISEM en 2017 y que reporta la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ocurrió en los programas Seguro Popular, PROSPERA y FASSA (Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud). En ese lapso O´Shea Cuevas era responsable en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del Seguro Popular.

En la actualidad, entre los operadores del programa Seguro Popular (Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México) al que le transfirieron un 94% del recurso que llegó de la Federación para operarse desde el ISEM en 2017 y 2018, hay funcionarios ligados a eventos de corrupción en Oaxaca y Puebla, como es el caso de Hugo Alberto Espinoza Morales, quien pese a ello fue nombrado como Director del Seguro Popular por el Secretario de Salud.

En el cuadro de quienes operan actualmente los recursos de salud del Edomex, destacan personajes claves en áreas de adquisiciones y concursos de licitación, como Esperanza García Martínez, hermana de Juan Pedro García Martínez, quien fue operador de la campaña de Alfredo del Mazo en 2017 y quien actualmente ocupa una cartera en el PRI Estatal.

Este dirigente, también ligado al PAN de Puebla, ha sido relacionado a campañas negras en otros procesos electorales del país y se le señala como el autor intelectual, de la estrategia de miedo, lanzada en los comicios del 2017 por el PRI en el Estado de México, un fenómeno ampliamente documentado por diversos medios. Su hermana hoy, ocupa una posición estratégica dentro del REPSS (Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de México), en el manejo de los recursos de manera directa.

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