16 de julio de 2019

La comunidad otomí de San Andrés Cuexcontitlán solicitó apoyo de autoridades estatales, para que se respete y aplique un amparo que ganaron ante la justicia federal, para retener el manejo de la infraestructura hidráulica que existe en el poblado y que ellos mismos construyeron, lo que materialmente evitaría la “municipalización” del servicio.

En conferencia de prensa , representantes de la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán, al frente de Juan Carlos González Díaz, manifestaron que desde 1979, al no contar con servicio de agua potable en el municipio, y debido al abandono y caso omiso de las autoridades estatales, federales y municipales, oriundos de la comunidad comenzaron por iniciativa propia la construcción de su propia infraestructura hidráulica, por lo que actualmente siguen encargados de llevar el manejo, administración y control de dicho servicio.

Detallaron que pese a contar ya con el servicio, en la diputación de Martha Hilda González Calderón, se construyó un pozo y una bomba de agua sin consultar a la comunidad y no fue sino hasta la administración de Fernando Zamora Morales, cuando se puso en marcha la operación de dicha infraestructura, de igual forma sin previo aviso a los habitantes de San Andrés Cuexcontitlán.

A su vez, señaló González Díaz, también realizaron cuatro interconexiones en la red hidráulica del municipio mexiquense.

Indicaron que debido a lo anterior, la comunidad de San Andrés, interpuso un amparo desde 2017 frente, el cual se resolvió en junio de este año a su favor.

Informaron que no obstante lo anterior, el ayuntamiento estaría cobrando un promedio bimestral de mil 600 pesos por concepto de agua, además de 3 mil 400 pesos aproximadamente, por toma de agua.

Expresó que por ser comunidad indígena, no es justo que eleve el costo a dicha cantidad, puesto que actualmente pagan solo 50 pesos, mensuales de agua en conjunto como cooperación.

De igual forma, y mediante una consulta con representantes del municipio en uso del amparo aprobado, solicitan se determine si queda bajo el manejo y la administración del gobierno municipal o de la comunidad, el uso de los pozos e infraestructura hidráulica, ya que también fue una de las promesas de campaña y acuerdos de cabildo del actual presidente municipal.

Finalmente, concluyó que de pasar a manos del gobierno, serian alrededor de 15 mil personas las que se verían afectadas por dicha situación.