Por Colectivo 23 de Marzo y aliados internacionales

El día 23 de marzo del 2017, antes de las 6:50 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua, la periodista Miroslava Breach Velducea esperaba a bordo de su camioneta a su hijo para llevarlo a la escuela, cuando un hombre se acercó caminando y le disparó a través del parabrisas y la ventana del piloto. Disparó ocho tiros que le provocaron heridas en los brazos, la cara, el cuello. Luego, el asesino regresó sobre la banqueta por la que había llegado y se dio a la fuga en un auto que lo esperaba a pocas cuadras.

La hija mayor de Breach salió de la casa tras escuchar los disparos y los gritos de su hermano. Encontró a su madre inclinada hacia el lado del copiloto, inerte. Llamó una ambulancia, pero antes llegó la policía. Su madre ya había fallecido.

Muy pronto se supo que la víctima era la veterana corresponsal del diario nacional La Jornada, respetada columnista y exjefa editorial del diario El Norte de Ciudad Juárez; una valiente y sagaz reportera de 54 años que, a pesar de haber recibido amenazas, mantuvo la labor de documentar la narcopolítica, en ese estado al norte de México convulsionado por los enfrentamientos entre grupos armados que crecieron al amparo de los poderes políticos. El ataque, sin duda, fue dirigido, planeado, profesional.

El recién estrenado gobernador, Javier Corral, viejo amigo de Miroslava, prometió que la investigación sería un “modelo nacional” para esclarecer crímenes contra periodistas, una ambiciosa promesa en un país donde 99% de estos casos queda impune. La línea de las pesquisas, dijo dos días después, sería la narcopolítica.

“El crimen fue milimétricamente planeado, fue un silenciamiento de su trabajo periodístico, y digo esto porque hubo un trabajo frontal sobre esos vínculos de la narcopolítica”, dijo Corral a la revista Proceso.

La versión era creíble. Miroslava había escrito sobre la colusión entre gobiernos y grupos del crimen organizado —la llamada “narcopolítica”— y la impunidad con la que éstos operan en la región montañosa del estado. Entre 2015 y 2017, publicó siete textos (entre columnas y reportajes) en los que mencionó especialmente a un grupo criminal que opera en el municipio de Chínipas, y que controla la serranía limítrofe con el estado de Sonora y el sur de dicha entidad. Es un clan familiar que se nombra como Los Salazar, Los Salazares, o Gente Nueva Salazar, que trabaja para el llamado Cártel de Sinaloa, es decir, para la estructura criminal del caído Chapo Guzmán, recientemente condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. El fundador, Adán Salazar Zamorano, un criminal en la lista de los más buscados por la agencia estadounidense antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y su hijo Alfredo Salazar Ramírez, se encuentran en prisiones de alta seguridad.

Desde el año 1999 ella había publicado notas esporádicas sobre la incursión del grupo en Chihuahua, los retenes que imponía en la sierra, las rutas que abría para el tráfico de marihuana y cocaína, y la protección que recibía de distintas autoridades. En 2015 informó sobre el desplazamiento forzado de las comunidades por la violencia generada por estos criminales, a los que conocía bien pues, al igual que la familia Salazar, ella también era oriunda del pueblo de Chínipas y se había criado al sur de Sonora.

En las elecciones en las que resultó electo Corral, ella, junto a la corresponsal de la revista Proceso, habían logrado descarrilar dos candidatos a presidentes municipales del Partido Revolucionario Institucional (PRI, el partido que entonces gobernaba al país), pues el mismo día de marzo de 2016 publicaron que eran familiares de narcotraficantes. Específicamente la suegra de Arturo Quintana, apodado El 80, un líder regional del Cártel de Juárez postulada para alcaldesa de Bachíniva; y en Chínipas, Juan Salazar Ochoa, Juanito, sobrino de Adán Salazar, precandidato a la alcaldía.

Esa información detonó las amenazas: Miroslava recibió primero una intimidante advertencia telefónica de un conocido sobre el riesgo que corrían ella y su colega de Proceso. Luego fue la llamada de un funcionario que les pidió con insistencia que revelaran cómo obtuvieron la información. Después, el mensaje llegó a través de un político. Todos con remitente en Chínipas. Colegas y familiares coinciden en que ella informó a Corral sobre la situación semanas antes de que asumiera como gobernador. En ese lapso Miroslava publicó siete notas sobre el tema: la última, un mes antes de su asesinato, señalando cómo el crimen organizado había infiltrado gobiernos y policías municipales en diez municipios, entre ellos, Chínipas.

En estos dos años y cinco meses después del homicidio de Miroslava Breach Velducea el crimen sigue impune y otros 28 periodistas mexicanos han sido asesinados. A raíz de las investigaciones oficiales, actualmente en la cárcel espera su sentencia Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien fue presentado como lugarteniente de Los Salazares en Chínipas y como autor intelectual y orquestador del crimen contra la periodista; en tanto está prófugo su presunto cómplice y hermano de crianza, Wilberth Jaciel Vega Villa, ahijado del capo preso Jesús Alfredo Salazar, quien está pedido en extradición por Estados Unidos. La persona señalada por la Fiscalía estatal como el sicario que disparó los ocho tiros contra la periodista, el sonorense Ramón Andrés Zabala Corral, fue asesinado seis días antes de que El Larry fuera capturado.

Aunque el supuesto orquestador del atentado está preso, el asesino material muerto y el tercer cómplice prófugo, el elemento más importante de la investigación aún queda sin aclarar: si la narcopolítica es la hipótesis del caso, ¿cuál es la relación de los criminales que asesinaron a Miroslava con personajes y grupos políticos? ¿Cuál fue la participación de esos grupos políticos en la planeación y ejecución del atentado contra la periodista? Y, sobre todo, ¿por qué la mataron?

Aunque a primera vista la indagatoria oficial parecía ejemplar y las conclusiones que presentaron al iniciar el juicio contra El Larry basadas en pruebas científicas, la carpeta de investigación con número 19/2017-8019, integrada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua, y continuada desde abril de 2018 por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), del ámbito federal, no puede ocultar sus deficiencias: pistas y evidencias que nunca fueron investigadas; políticos a quienes no les hicieron preguntas obvias; personas que podrían haber tenido algún grado de participación y, sin embargo, se les otorgó la calidad de testigos con identidad reservada; irregularidades en la escena del crimen; inconsistencias en las pruebas y filtraciones de información a la prensa que sirvieron como distractores de la opinión pública.

Los expedientes del caso también dejan ver que la relación entre las publicaciones de la periodista y las amenazas que recibió como respuesta no abrieron nuevas líneas de investigación. Los señalamientos que Miroslava hizo en sus notas no se han traducido en preguntas en los interrogatorios a los personajes aludidos.

Se desconoce qué información arrojaron los archivos de la laptop en la que Miroslava trabajaba, así como sus tres teléfonos celulares, tres memorias usb y un disco duro que la familia entregó a la Fiscalía, y que permitían conocer los temas que investigaba. En el expediente sólo se hace un análisis superficial que arroja datos numéricos. Por ejemplo: en 81 archivos tenía la palabra Chínipas.

El Colectivo 23 de Marzo, formado por periodistas que trabajamos en México en colaboración con las organizaciones internacionales Forbidden Stories, Bellingcat y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), nació para investigar este crimen que no debe quedar impune. La verdad no se elimina, matando periodistas. Este reportaje está basado en información de fuentes abierta, entrevistas a gente involucrada, seguimiento a la prensa, procesamiento de información oral vertida en la audiencia del juicio y acceso a algunas diligencias ministeriales y declaraciones de testigos, esperando con esto aportemos al debido proceso de este caso.

“El silencio es complicidad”, respondió Miroslava al ser intimidada, y lo repitió cuando le pedían que dejara de investigar. Los periodistas que integramos esta colaboración transnacional no quisimos quedarnos con el silencio de la versión oficial, y en este reportaje planteamos las preguntas que los encargados de procurar justicia han dejado sin responder.

La “investigación modelo”

Los resultados del “modelo de investigación” para combatir la impunidad contra periodistas, que había prometido el gobernador de Chihuahua Javier Corral fueron presentados nueve meses después del asesinato de Miroslava, el 27 de diciembre de 2017, durante la audiencia de apertura del proceso penal de quien, hasta la fecha, es el único detenido: Juan Carlos Moreno Ochoa.

De este hombre serrano de 44 años, hasta ese momento desconocido, se supo a lo largo de la audiencia, por la información leída por el Ministerio Público, que –aunque su abogado defensor dice que es un ganadero- al menos cuatro testigos lo señalaban de ser narcotraficante, de andar armado, de viajar en avionetas, de tener gente a su cargo, de usar y vender cocaína, y de tener bajo su control el municipio de Chínipas.

La semana de su detención se dio a conocer un corrido musical que un artista le había dedicado en el que lo describía como un hombre “con la etiqueta Salazar” que usa “una (pistola) escuadra en su cintura y un radio sofisticado”, y aunque vive en Chínipas, por la sierra y hasta la playa se desplaza.





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Según la narrativa oficial de los hechos, el día del asesinato, a las 6:00 am, este hombre apodado El Larry abordó un automóvil Malibú blanco en la colonia Villas del Rey, de la ciudad de Chihuahua. Según declaró luego el conductor del auto a la justicia, testigo con identidad reservada bajo el nombre de Cholugo, su jefe le había pedido transportar a ese señor serrano que cuando viajaba a la ciudad lo contrataba como chofer y mandadero. Esa mañana partieron hacia la colonia Granjas siguiendo a un Malibú de color gris, tripulado por el joven universitario Wilberth Jaciel Vega Villa y el hombre señalado como pistolero, el sonorense Andrés Zabala Corral.

El vehículo en el que iban El Larry y Cholugo se detuvo cuadras antes de llegar a la vivienda de Miroslava, mientras que el Malibú gris avanzó en dirección a la calle José María Mata. De él descendió Zabala Corral con un objeto blanco bajo el brazo, y se acercó caminando hasta la camioneta donde la periodista esperaba a su hijo para finalmente dispararle en dos momentos, primero a través del parabrisas y después, aún más cerca, por la ventanilla del conductor. Todo fue grabado por cámaras de seguridad privadas en las que quedó constancia que el atentado ocurrió antes de las 6:50 horas.

En la escena del crimen quedaron ocho casquillos con la inscripción “.38 súper” y, a unos metros de la camioneta que se impactó en reversa contra un auto estacionado en la acera de enfrente, quedó sobre el pavimento una cartulina con un mensaje que, según las autoridades, era el objeto blanco que el tirador llevaba bajo el brazo.

A los cinco minutos del ataque, al lugar llegó un policía municipal y luego la Cruz Roja, que confirmó la pérdida de signos vitales. Treinta y cinco minutos después de los hechos, arribaron agentes de la policía estatal y los de servicios periciales a procesar la escena del crimen y recopilar las evidencias.

En esta reconstrucción aparentemente impecable de los hechos, no obstante, hay cosas que no cuadran.

La cartulina

Después de que fotorreporteros arribaron al sitio para tomar fotos de la escena del crimen, pronto comenzaron a circular las primeras imágenes en las que se veía una cartulina dejada en el sitio. Más tarde un dron del portal informativo “El Tiempo” https://www.youtube.com/watch?v=iTkg8PWC788 imágenes de la escena del crimen en la que la cartulina no se ve sobre el pavimento.

“Esto le pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas (sic) al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80”. Este es el mensaje que se lee en la cartulina retratada en el expediente.

Llama la atención que durante las primeras horas existieron distintas versiones sobre su contenido, como lo consignaron 73 periodistas, la mayoría chihuahuenses, en una carta pública dirigida al gobernador, en la que cuestionaron las filtraciones de información desde Palacio de Gobierno:

“¿Por qué hay tres diferentes versiones de una supuesta cartulina en la que se le adjudica el crimen a Carlos Arturo Quintana, El 80, líder del Cártel de Juárez?La primera versión, jueves 23 de marzo, 12:39 horas (era): “Por lenguona”.
La segunda versión, jueves 23 de marzo, 16:00 horas: “Por lenguona. Sigue tu gobernador. El 80”.
La tercera versión, sábado 25 de marzo a las 6:43 horas: “Esto les pasará a toda la gente lengua suelta y llegadas al gobernador y voy por ti gober. Atte: El 80”.

El hallazgo de este supuesto narcomensaje, su localización y su contenido dirigido hacia el gobernador, había sido puesto en duda desde el mismo día del atentado, en una columna publicada en La Opinión que señala:

Una pariente cercana de Miroslava, a su vez, menciona que después de que Javier Corral llegó a dar el pésame esa mañana a la familia, pues él y Miroslava eran viejos amigos, un funcionario que trabajaba en gobierno del estado les mostró la fotografía de la cartulina desde su celular. Recuerda que el escrito llevaba la palabra “lenguona”, y no “lengua suelta”, como después se vería en la imagen filtrada a los medios.

Cuando la Procuraduría General de la República (PGR) analizó el equipo de cómputo de Miroslava, los analistas buscaron varias palabras clave –como “El 80”, “Chínipas”, “narco” o “lenguona”, no realizaron ninguna búsqueda de “lengua larga”-.

Estas diferencias parecerían sin importancia sino fuera porque en la investigación oficial del homicidio, la cartulina encontrada y su contenido fueron prueba para la identificación de los autores del crimen: Jaciel Vega Villa, a quien la Fiscalía le adjudica haber sido el escritor del mensaje, a partir de un dictamen de grafología, comparando su letra con otros escritos suyos, y a El Larry, de haberle dejado su firma.

El Wawa

En la carpeta de investigación se ve una imagen de la cartulina encontrada a varias metros de donde fue asesinada Miroslava. El mensaje, ya desenrollado, muestra una escritura estilizada, clara y recta, sostenida por manos con guantes, adentro de una camioneta. Sin embargo, no existe ningún oficio que indique quién la abrió y por qué la foto fue tomada adentro de un automóvil. No hay registro en el expediente que explique cómo se guardó la cadena de custodia de esta prueba.

La cartulina lleva la inscripción Wa en cada extremo superior, y según la Fiscalía estatal se trata de una firma atribuida a Juan Carlos Moreno Ochoa, a quien supuestamente apodan Wawa. No obstante, la mayoría de los testigos que rindieron declaración ante el Ministerio Público identificaron a Moreno Ochoa con el mote de El Larry. La única persona que mencionó a un tal Wawa es el testigo Cholugo, quien, en su declaración, aseguró que meses antes de los hechos, escuchó cuando su jefe, el testigo 1981, hablaba por teléfono y pedía a su interlocutor saludar de su parte al Wawa. Sin embargo, reconoció que no sabía con quién se comunicaba su patrón, ni a quién le enviaba saludos.

Los Wa trazados tampoco se mencionan en las primeras notas periodísticas.

En un oficio que la FEADLE realizó dos días después del atentando con la descripción de la cartulina tampoco se menciona que el mensaje incluyera las dos inscripciones Wa en sus extremos superiores. Incluso, la cartulina a la que se tuvo acceso esa Fiscalía especializada estaba mutilada de las esquinas, según el expediente. Otro detalle: la describe de color gris.

Por encima de estas consideraciones, no termina de explicarse un hecho obvio: si la amenaza de la cartulina ya estaba firmada por El 80, ¿para qué, alguien que quiere culpar a otro designándole la autoría de un crimen, también estampa su propia firma? La rendija

Tras conseguir y revisar horas de grabación de cámaras de vialidades e inmuebles cercanos, la Fiscalía estatal pronto obtuvo las imágenes del característico Malibú gris “con cola de pato” y calcomanía de la marca Apple en el vidio trasero que transportó al sicario. El 25 de marzo ya se tenía el padrón vehicular de los “vehículos Chevrolet Malibú de los años 2008 a 2010” en la ciudad. Eran 139. La policía salió a buscarlos. Cada agente recibió la encomienda de visitar entre 10 y 13 viviendas donde estaban registrados propietarios de autos Malibú. Todo esto explicó a este Colectivo el Fiscal a cargo de la investigación en entrevista.

Fue el 26 de marzo por la mañana que los agentes de la policía ministerial Brandon Michel Herrera Ruiz y Michelle Guadalupe Barraza Espinosa localizaron el auto buscado en un domicilio ubicado en Calle De La Torre 1914 de la Colonia Villas del Rey.

En el informe elaborado por el agente Herrera Ruiz reportó que al llegar al domicilio nadie atendió la puerta, por lo que, señala la versión oficial, “volteó un tambo de basura que encontró fuera de la casa, subió sobre éste, y así logró mirar hacia dentro de la cochera, por una rendija arriba de la puerta”, aunque era una cortina metálica, y así “en la cochera se encontró un vehículo Malibú de color gris con cola de pato, una calcomanía blanca en el vidrio trasero, así mismo una base para antena de color negro, que coincide con las características con el vehículo involucrado en los hechos que se investigan”.

Vecinos de la calle De la Torre informaron que los agentes estuvieron preguntando esa mañana sobre el automóvil y los ocupantes de la vivienda. Fue entonces que les hablaron de los dos universitarios procedentes de Chínipas, los hermanos Vega Villa, hijos de una maestra jubilada que periódicamente viajaba a la ciudad para llevar a terapia a una hija con problemas psicomotores que usa silla de ruedas. El auto gris, mencionaron, es usado por el joven llamado Jaciel.

Para las 16:00 horas, los agentes ministeriales obtuvieron la orden de cateo para ingresar a la casa.

En el informe consta que afuera del inmueble encontraron un “tambo metálico color blanco 200 litros vacío” –el mismo que dijo el agente que usó para ver hacia adentro de la cochera-, el cual llevaba rotulado con letras mayúsculas: “Propiedad Villas del Rey, Calle de Las Torres 1914”. Dentro del vehículo aseguraron “unos cuadernos a rayas a nombre de W. Jaciel Vega Villa”, y dentro de éstos una hoja “suelta y doblada” que contenía “un escrito al parecer es la redacción de una canción en donde se menciona la palabra Wawa”.

Corral en el cateo de Villas del Rey

A pesar de que en Chihuahua, la Fiscalía General de Justicia cuenta con autonomía respecto del gobierno estatal para garantizar la independencia de sus investigaciones, el cateo realizado en la casa de Villas del Rey (donde la autoridad supuestamente encontró algunas de las principales evidencias sobre el asesinato de Miroslava) fue acompañado por un funcionario público peculiar: el mismo gobernador Javier Corral.

La presencia de Corral durante el cateo fue dada a conocer por él mismo, durante una entrevista de radio concedida a la periodista Carmen Aristegui el 9 de febrero de 2018, en la que dice:

“La verdad es que cuando encontramos ese audio, lo primero que yo dije fue que todo, todo tiene que estar en la investigación. Todo. De hecho, yo estuve en el cateo, Carmen. En el cateo donde se encontró la computadora con ese audio, yo estaba ahí, a cierta distancia, viendo precisamente todo, pues tengo que asegurarme de muchas cosas en este tema. Me dijo el fiscal: ‘Venga’. Entré a la casa y me dijo: ‘Mire lo que encontramos’. Y yo he confirmado esa voluntad siempre, aquí no se va a esconder nada”.

Esta irregularidad incluso fue aceptada por el fiscal estatal, César Augusto Peniche, cuando fue cuestionado al respecto al comparecer ante diputados locales un año después del asesinato.

Este Colectivo entrevistó a una vecina de Villas del Rey, que pidió reservar su identidad, quien relató que el 26 de marzo de 2017, el día que los policías supuestamente ubicaron al automóvil escondido en la cochera de la vivienda y realizaron el cateo, vio al gobernador Corral entrando al inmueble asegurado.

“Ese domingo no nos dejaron salir de nuestra casa, ni asomarnos por las ventanas. Fue un domingo muy complicado porque no pudimos sacar a los niños. Una de las veces que quise ver qué pasaba, vi a Corral”, dijo en entrevista realizada en marzo de 2018.

En una reunión en Palacio de Gobierno, el propio gobernador había dicho a la familia Breach (específicamente hermanos y primos de la periodista) que él había visto la computadora y el bote de basura durante el cateo. En el primer aniversario los hermanos rompieron con Corral, cuando señalaron que les había dicho que Miroslava se buscó su muerte “por pisarle los callos al diablo”, declaración que el mandatario negó; llevaban 10 meses esperando que la Fiscalía les reconociera como víctimas directas del caso y su derecho de tener una copia de la carpeta de investigación. Semanas después, la FEADLE, de la entonces llamada Procuraduría General de la República, atrajo la investigación al ámbito federal.

Hasta la fecha, ni el gobernador ni el fiscal general han explicado por qué se le permitió estar presente en el cateo e, incluso, ingresar a aquel domicilio. Tampoco ha quedado claro por qué tuvo que hacerse un segundo cateo, el 29 de marzo, como consta en los expedientes.

El pariente Jaciel

La casa blanca con portón metálico de Villas del Rey era habitada por Wilberth Jaciel Vega Villa, prófugo hasta la fecha. Universitario a un mes de graduarse de la carrera de Psicomotricidad Humana (para atender a personas con discapacidad, como su hermana gemela), criado como hermano del detenido Moreno Ochoa, según las autoridades autor del corrido del Wawa hallado en sus cuadernos y del mensaje contenido en la cartulina, él es la persona que conducía el Malibú gris en el que arribó el asesino material de Miroslava a matarla. Un video tomado por las cámaras de seguridad deja ver su rostro conduciendo esa mañana. En su automóvil y su casa se encontraron las evidencias presentadas en el juicio.

Las cuentas de Facebook, Youtube e Instagram de este imputado revelan que tiene un hijo pequeño, es afecto a la música, y en distintas imágenes aparece cantando. Incluso, un testigo indicó que aparece en el video del corrido dedicado a una narcotraficante serrana, La China.

Este equipo investigó que tiene una media hermana mayor que fue policía ministerial del turístico pueblo de Creel; ella tuvo dos quejas en su contra ante la comisión estatal de derechos humanos; fue testigo de boda de Moreno Ochoa y es abogada de Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias El Muñeco, preso en el penal de Almoloya desde 2012, acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa. Salazar Ramírez, quien como ya se dijo era el sucesor de Don Adán, es señalado de ser el responsable de la masacre donde murieron 13 personas en el pueblo turístico de Creel y del homicidio del activista Nepomuceno Moreno Núñez, entre otros. Está amparado contra un pedido de extradición para enfrentar cargos judiciales en Estados Unidos. Él es padrino de bautismo de Jaciel.

Aquí habría que hacer una pausa. Distintas versiones apuntan a que Jaciel Vega Villa fue llevado a la Fiscalía a declarar por el asesinato, entre el 23 y el 25 de marzo, pero fue dejado en libertad. Esa noticia se publicó en su momento en los medios de comunicación, y un año después fue confirmada por el secretario de gobierno del Estado, César Jáuregui, quien reconoció que en ese momento no se conocía la identidad del imputado, pero quien se desdijo después de que el gobernador y el fiscal del Estado, César Peniche, lo desmintieran enérgicamente.

Este equipo encontró testimonios de un familiar de Jaciel y de un policía ministerial que insisten en que sí declaró antes de que la Fiscalía encontrara su vivienda con todas las evidencias.

Si la información es cierta no sería la primera vez que un allegado a la familia Salazar fuera liberado después de ser capturado por la Fiscalía. En notas de Miroslava del año 2000 consigna que, aunque el patriarca Adán Salazar había sido detenido con armas de uso exclusivo del ejército, y cuando ya estaba fichado como narcotraficante, lo habían dejado libre.

La historia oficial

En el Malibú gris guardado en la cochera, además del cuaderno con el corrido en homenaje a Wawa, las autoridades dicen que hallaron una llave del hotel Quality Inn de la ciudad de Chihuahua, así como un recibo de la Junta Central de Agua y Saneamiento correspondiente a un domicilio ubicado en la misma colonia de Villas del Rey.

En esa vivienda marcada encontraron a un universitario quien confirmó a las autoridades que el Malibú gris que estaban inspeccionando era conducido por su compañero de la universidad, amigo, vecino y paisano de Chínipas, Jaciel Vega Villa.

Más tarde, el testigo con identidad reservada Juanjo, al declarar ante los agentes ministeriales habló de sus vecinos y paisanos Vega Villa, y de cómo Jaciel le había pedido que checara si había movimientos extraños cerca de su casa. En una ampliación de declaración, supuestamente también voluntaria y espontánea, informó a la Fiscalía estatal que los días 21 y 22 de marzo de 2017, justo antes del asesinato de Miroslava, supo que Jaciel estuvo reunido con Moreno Ochoa. Incluso, en una extraña autoinculpación, afirmó que los buscó para comprarle droga a El Larry. Desde el inicio proporcionó su propio aparato celular para ser investigado. Así se obtuvo el número celular de Jaciel.

Con el número, los agentes investigadores pudieron obtener registro de los mensajes y llamadas salientes y entrantes de dicho celular, la duración de cada una, las visitas a internet, y la ubicación de la antena que proporcionó la señal, de ése y de siete números más relacionados. Así, establecieron que a lo largo del día 23 de marzo Jaciel, quien usaba el celular de una ex novia, llamó en 37 ocasiones a nueve números y recibió 26 llamadas de 13 números. De esa manera la Fiscalía dijo haber identificado que el propietario de un número con el que tuvo comunicación la mañana del crimen era Juan Carlos Moreno Ochoa y otro, con lada de Sonora, identificado a través de la cuenta de Facebook asociada, era del pistolero Andrés Zabala Corral.

Los tres números usaron la cobertura de la antena que se encuentra a 200 metros del domicilio de Miroslava Breach entre las 06:35 y las 6:50 horas del día 23: Jaciel tuvo comunicación siete veces con Moreno Ochoa y una con Andrés Zabala.

Durante ese día Jaciel se comunicó por mensaje con el número asociado a su hermano, Iván Jew Vega Villa, en dos ocasiones y llamó 12 veces a un número registrado a nombre de su madre.

El mismo 23 de marzo, Vega Villa se comunicó con la testigo de identidad reservada Estrella, a las 05:47, una amiga con la que había planeado viajar esa mañana a Chínipas; con la testigo Rubí –quien aparecerá después en esta trama- a las 16:01 y el paisano y testigo Juanjo a las 17:45. Dos llamadas más fueron con el sitio de taxis Sahuaros y, en la noche, una llamada de un minuto a la compañía de aerotaxis Coconor.

Once de los números a los que se comunicó no fueron identificados: ocho con lada de Chihuahua, dos de Sonora, y uno (a las 18:49) de Estado de México. Aunque se desconoce a quién llamó, en esa entidad Alfredo Salazar está preso y en Sonora vive Crispín, el viejo hermano de Don Adán y quien se quedó al frente del negocio. Se comunicó también con Juan Carlos Moreno Ochoa en 26 ocasiones.

Gracias al celular de Juanjo, la Fiscalía descubrió que el 25 de marzo, a las 14:29 horas Jaciel había mandado una foto a un grupo de Whatsapp en el que anunciaba su llegada a Chínipas, y donde, personas relacionadas al caso, aseguran que sigue escondido.

En el auto encontraron otro recibo. Este es un permiso otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) el 27 de febrero de 2017 a un piloto aviador por “la expedición de cada certificado de capacidad, licencia o permiso para personal de vuelo”. Pero ni este documento, ni su propietario fueron investigados. Este Colectivo pudo averiguar que se trata de un piloto que en 2011 tuvo un accidente en Sinaloa en una avioneta Cessna.

La Vaio

Durante el cateo en el domicilio de Villas del Rey el 26 de marzo, los peritos encontraron en distintos cajones nueve teléfonos celulares y cinco tarjetas SIM, así como documentos que mencionan personas relacionadas con los habitantes de la vivienda y de su vida cotidiana. Sobre la mesa del comedor hallaron una prueba maestra: una computadora negra VAIO modelo PCG-61911.

En el expediente su foto es borrosa, no se distingue en la escena del crimen.

Esa misma noche la laptop negra fue enviada al jefe del departamento de investigación de gabinete de la Fiscalía estatal. El 31 de marzo se tuvieron los resultados del análisis de su contenido entre los que destacaba el hallazgo de dos archivos de audio en formato mp4. El 4 de abril, se requirió este archivo al departamento de investigación de gabinete que, el mismo día, hizo llegar al equipo de investigadores de la Fiscalía un CD con los audios y la transcripción.

Son dos grabaciones en las que un mismo hombre pide a Miroslava Breach, primero, luego a otra periodista de Chihuahua, Patricia Mayorga, la corresponsal de la revista Proceso, que revelen sus fuentes, se refiere específicamente al reportaje que publicaron al mismo tiempo en el que denunciaron la candidatura de un pariente de Los Salazares como precandidato del PRI a presidente municipal de Chínipas.

En la primera, en tono conocido, el hombre dice a Miroslava que “ellos” y “estos gueyes” –en referencia a los narcotraficantes del municipio– sospechan que la gente de la presidencia municipal está detrás de la filtración de la información sobre los vínculos familiares del candidato Juanito. La corresponsal de La Jornada le respondió brava que ella es su propia fuente de información por ser de Chínipas y conocer bien lo que ocurre en ese lugar, y que si hay problema le adjudiquen a ella la nota.





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Miroslava Breach (MB): Pues sí, pues les han advertido, pero que les digan: ‘¿Te quieres chingar a alguien? Chíngate a la reportera, ya sabes quién es’. Y que se meta conmigo. Sabe perfectamente, yo por eso firmé la nota.
Hombre (H): No, Miroslava, pues ahí está todo, con eso es más que suficiente.
MB: O sea, yo por eso firmé la nota, porque sabía. Yo tengo primos, tengo tíos en Chínipas, y que sepan directamente que fui yo y que nadie más me lo dijo. Los conozco de toda la vida.
H: Bueno, está bien.
MB: Así de sencillo, así de directo.
H: Lo que pasa es que sí andan preocupados. Sí andan muy preocupados porque allá tienen la percepción de que fue alguien de ahí; el presidente municipal.
MB: No, no, pues así cántaselas directas, yo te insisto. A mí mis tíos me han hablado, unas de ellas me habló llorando porque la presión ha estado de la chingada. Pero por eso le dije ‘tía, yo por eso firmé la nota porque sé de qué se trata y saben que soy de Chínipas’.
H: Ajá.
MB: Allá nací, mi familia es de allá.
H: No, pues está bueno, Miros. Pues muchas gracias. Yo así les comento.
MB: Entonces así coméntaselos y diles que lo que ellos no tienen a mí me sobra.
H: Así se los voy a decir.
MB: Así dícelos.
H: Jajaja.
MB: Que porque el silencio es complicidad y eso es lo que ha generado todo este desmadre.

Hablando de sí misma en tercera persona, le aclaró a su interlocutor: “Miroslava Breach Velducea es nacida en Chínipas y no va a revelar fuentes de información, así que, por favor, digan quién es (la fuente) y que me la echen a mí. Yo por eso firmé la nota, porque yo sí tengo ovarios y porque sabía cómo están las cosas”. Remató diciendo: “el silencio es complicidad”.

Ese mismo 4 de abril quedó claro a los investigadores la identidad de la voz en esa grabación. Era Alfredo Piñera, vocero del Partido Acción Nacional (PAN) estatal –el partido del gobernador Corral–, a quien en el proceso penal contra El Larry se le asignó el seudónimo Casio, como quedó revelado en la audiencia oral de diciembre de 2018. Este vocero no sólo intentó extraer información a las reporteras, sino que las grabó sin su autorización y luego entregó esos audios al entonces alcalde de Chínipas, el también panista Hugo Amed Schultz Alcaraz. Ante la justicia, el alcalde reveló que él las pasó a “gente del grupo criminal de Los Salazar”, bajo el mando de El Larry, la persona que controlaba Chínipas.

En su declaración ministerial, el 17 de mayo de 2017, el alcalde panista (bajo seudónimo Boby, como quedó revelado en la audiencia) aseguró que ésa fue su forma de demostrarle al crimen organizado que él no había filtrado a las periodistas la información sobre los narcocandidatos, ya que sospechaban de él y sabía que El Larry era peligroso.

Aunque Piñera asegura que realizó la llamada el 6 de mayo de 2016, ésta fue hecha en junio, según el testimonio de dos testigos. Nueve meses después, los audios serían encontrados en una computadora de la casa de Villas del Rey que –por cierto, no es la Mac con la que se le ve a Jaciel en las fotografías contenidas en la carpeta de investigación, tomadas de sus redes sociales.

Aunque los testigos Casio y Boby se contradicen sobre cómo fue la entrega del audio y si estaban juntos al momento de hacerse la llamada, y la forma en que se pasaron la grabación, la Fiscalía les dio la calidad de testigos con identidad reservada, nunca contempló que pudieran ser sospechosos.

El 25 de noviembre de 2016, en la famosa columna que Miroslava publicaba bajo el seudónimo de Don Mirone, donde ella comentaba con agudeza y fiereza la información política del estado, aparecieron dos graves señalamientos contra Schultz. Lo acusó de haber tenido “como director de la Policía Municipal todo su trienio a Martín Ramírez Medina, también sobrino del capo de la región Crispín Salazar Zamorano”, y de haber pasado por alto crímenes que había cometido. Lo acusó también de haber jugado de “mensajero de Salazar, para intentar amedrentar a periodistas que han documentado lo que sucede en la región”. La periodista se refería a ella misma.

Los allegados de Miroslava sabían que Schultz le había mandado un mensaje: “que no volviera a pisar la sierra”, como después se supo en la audiencia oral cuando se leyó la declaración de la testigo Mila; otros testimonios de dos familiares confirman también esa amenaza. En otro de los testimonios leídos en la audiencia oral se menciona que “un tal Schultz está pesado” y se coordina con El Larry, quien controla al pueblo. Pero en ese caso no se sabe a qué Schultz se refiere ya que ese apellido es común en la región.

A pesar de la existencia de estas grabaciones y testimonios que prueban el nexo entre políticos de Chihuahua con grupos del crimen organizado, la investigación de las autoridades se centró sólo en la responsabilidad de El Larry, su familiar Wilberth Jaciel Vega Villa, y el sicario Andrés Zabala, en el crimen de Miroslava, sin indagar en la posible participación de actores políticos en el caso.

En su declaración, a Schultz sólo le preguntan por el audio. Nada sobre El Larry o el control que ejercen Los Salazares en el municipio que él gobernaba, su participación electoral o sobre la persona a quien tuvo a cargo de la policía municipal.

El escondite

Dos meses después del asesinato de Miroslava, las autoridades localizaron al segundo vehículo usado en el atentando: el Malibú blanco conducido por Cholugo, un hombre que asegura que, aunque transportó a los asesinos el 23 de marzo, no supo que habían cometido un crimen.

En la trama todo empezó porque una persona propietaria de una mina de Témoris, municipio contiguo a Chínipas, le pidió a su conocido, resguardado bajo el seudónimo 1981, que transportara a un amigo que visitaría la ciudad de Chihuahua, capital del estado. Y así lo hizo. La noche del 22 de marzo 1981 le pidió a su empleado Cholugo que recogiera su auto Malibú blanco y pasara al día siguiente por su cliente: Moreno Ochoa, El Larry.

Temprano en la casa de Villas del Rey recogió a su pasajero quien le pidió que siguiera el Malibú gris tripulado por un joven que les indicaría el camino donde debían recoger a una persona, ya que el muchacho se dirigía a la universidad. Cholugo se estacionó en una calle cerca de la colonia Granjas, su pasajero hablaba por teléfono, y aproximadamente a las 7 llegó corriendo un ranchero que subió al auto y a quien El Larry reclamó que por llegar tarde habían perdido su avioneta. Era –supo después- el pistolero Zabala Corral.

Como no llegarían a tiempo al aeropuerto de la ciudad de Chihuahua para abordar una avioneta, El Larry le ordenó que los trasladara al hotel Marrod. “Me dijo que entrara –declaró-, me estacioné enfrente de la habitación 119 y 120, se bajó el muchacho rápido, entraron a la habitación 120 y de ahí yo me retiré a mi casa como a las 10 y media u 11 de la mañana”. Estuvo con ellos casi cuatro horas. Después dejó el auto de su jefe en un taller mecánico.

La Fiscalía dio a Cholugo la categoría de testigo con identidad reservada, no lo consideró posible cómplice.

Un taxista del sitio Sahuaros que da servicio al fraccionamiento Villas del Rey, identificado como Señor Paco, dio una declaración contradictoria: dijo que el mismo día 23 de marzo a las 9 de la mañana fue solicitado en la calle de la Torre, donde recogió a quien luego supo que eran El Larry y Andrés Zabala, y los llevó a una vivienda ubicada en la colonia clasemediera Quinta Balboa.

Esa casa pertenecía a la esposa de El Larry, quien se la rentaba a una sobrina suya. A la mujer que fungió como anfitriona le designaron el seudónimo de Rubí, quien, por cierto, era policía estatal.

En su declaración la mujer menciona –como otros en el expediente- que su tío es un narcotraficante que opera en Chínipas, y que el tiempo que El Larry y el desconocido con acento de Sonora (Andrés Zabala) estuvieron en su casa estaban armados. Ella declaró que el 25 de marzo por la mañana, junto con Jaciel, se dirigieron al aeropuerto para tomar un taxi aéreo a Chínipas. Ese día, sin embargo, no hubo cupo para Zabala, quien regresó a su casa donde pernoctó otra noche.

Los distintos traslados los hicieron a bordo de una camioneta guinda que estaba a su servicio: se desconoce quién o quiénes eran sus conductores. Esa pregunta no está en su declaración. No existen actuaciones en el expediente que indiquen que se investigó esa pista. El rol de la mujer policía que hospedó a los implicados en el asesinato de Miroslava, es el de testigo con identidad reservada, no como posible cómplice.

En el cateo realizado a la vivienda de Quintas Balboa llama la atención una libreta con un teléfono anotado: es el número de una compañía que asegura reservar datos personales para evitar rastreos.

Otros escondites

Durante la audiencia del 27 de diciembre de 2017 para iniciar el proceso judicial, el Ministerio Público leyó las declaraciones de dos camareras de otro hotel -el Houston- que afirmaron que los días 26, 27 y 28 de marzo tuvieron como huésped a un misterioso hombre que no salía del cuarto ni permitía que hicieran limpieza a su habitación. Vestía siempre con la misma ropa: una sudadera color verde, una camiseta, pantalón y calzados negros y, en algunas ocasiones, cachucha azul. Vestía igual que el hombre con el objeto blanco -la cartulina- bajo el brazo, captado por las cámaras de seguridad, con esa ropa que parecía uniforme de guardia de seguridad privada.

Ellas declaran eso hasta el mes noviembre, ocho meses después seguían recordando esos detalles, y, según el expediente, reconocieron a Zabala en la fotografía que les mostraron.

El 19 de diciembre de 2017, las autoridades chihuahuenses anunciaron que Andrés Zabala había sido encontrado muerto, asesinado por la espalda, en Álamos, Sonora, cerca de los límites con el estado de Chihuahua. Seis días más tarde, el 25 de diciembre, el gobernador Javier Corral dio a conocer la captura de Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien hasta el día de hoy es el único detenido y a punto de ser juzgado por el crimen de la periodista.

Con la captura, anunció Corral, se dio con el autor material e intelectual del crimen, borrando definitivamente la línea de investigación de la narcopolítica.

Pistas ocultadas

La identificación de los tres implicados en el asesinato de Miroslava, efectivamente, permitió a las autoridades generar una teoría del caso y dar por esclarecido el atentado contra la periodista. No ha sido mencionado que hubiera más gente involucrada en el homicidio. Hasta la fecha, la autoridad tampoco ha explicado cuál es la causa que llevó a estos tres acusados a matarla.

Hasta el día de hoy, de hecho, el único detenido y procesado, Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry (o según la autoridad El Wawa), se ha negado a declarar sobre los hechos y en las audiencias bosteza ruidosamente.

El conductor Cholugo y la policía estatal Rubí quedaron libres de investigaciones, al convertirse en testigos con identidad reservada de la Fiscalía estatal. Tampoco hay indicios de que se hubiera investigado a otras personas mencionadas por 1981 como contactos con los que vio a El Larry durante el mes de marzo que lo transportó, una de las veces, a una pista de aterrizaje en la ciudad de Aldama.

Igualmente, los dos panistas implicados en los hechos, Alfredo Piñera y Hugo Amed Schultz Alcaraz, son considerados testigos con identidad reservada, e, incluso, sus carreras políticas continuaron sin contratiempo: Piñera fue contratado en 2019 como asesor del coordinador del grupo parlamentario del PAN, y Schultz por un tiempo fue coordinador de Educación de la Región Serrana de la Secretaría de Educación y Cultura, asistió como invitado al primer informe del Secretario del ramo, mantiene su plaza de maestro en Chínipas y anunció su intención de postularse para dirigir el comité estatal del PAN en Chínipas.

La autoridad tampoco parece haber realizado investigación alguna sobre las empresas aéreas que utilizan hangares del aeropuerto de Chihuahua, o las avionetas particulares donde los asesinos pudieran haber sido trasladados, a pesar de que la hipótesis del caso que sostiene la Fiscalía aseguraba que los presuntos responsables del asesinato de Miroslava huyeron de la ciudad en avionetas.

La investigación federal

La “investigación modelo” de la Fiscalía estatal de Chihuahua sobre el asesinato de Miroslava Breach se basó en conseguir y analizar más de 200 horas de video de cámaras de seguridad instaladas en la vía pública y en viviendas particulares y negocios, de búsqueda de padrones vehiculares y autos casa por casa, de cateos e interrogatorios al menos a 33 testigos y personas relacionadas con la víctima, todas estas acciones se realizaron exclusivamente en la ciudad de Chihuahua.

Sin embargo, en el expediente no aparece ninguna diligencia que se haya realizado en Chínipas, hacia donde huyeron Juan Carlos Moreno Ochoa y Jaciel Vega Villa, y en donde operan los grupos que la periodista denunció en sus publicaciones y que la acosaron de forma previa a su asesinato, con la protección política que ella, en varias ocasiones, publicó que recibían.

El 6 de octubre de 2017 el gobernador de Chihuahua dijo en una entrevista de radio que pidió ayuda a la Secretaría de Gobernación porque, según mencionó, se requería ayuda federal para su captura ya que los culpables del homicidio eran “líderes de bandas del crimen organizado que tienen a su disposición un amplio arsenal y se esconden en zonas de difícil acceso, lo que ha hecho difícil su captura”.

Cuando un reportero de este equipo de investigación cuestionó sobre esta omisión al fiscal de la zona centro, el 9 de febrero de 2018, Carlos Mario Jiménez, el servidor público contestó: “Este tema de que si alguien más de la delincuencia organizada [esté involucrado en el asesinato], pues eso lo investiga la PGR”. Desde la óptica de la Fiscalía estatal, aclaró su representante, “nosotros hemos agotado hasta esta etapa cierto nivel de investigación”, y aseguró que si eventualmente se descubriera que alguien más estuvo involucrado en los hechos, toca a otros investigarlo.

Cuatro meses después de esta captura de El Larry, en abril de 2018, pasado un año del homicidio, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) de la Procuraduría General de la República, atrajo –no sin el enojo de la Fiscalía de Chihuahua y un recurso legal para oponerse- la investigación del crimen. Con ello las autoridades estatales tuvieron que dejar a la federación el esclarecimiento de los hechos.

Cuestionado sobre este tema, el titular de la Fiscalía especializada, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, dijo que habían analizado notas de Miroslava, y no quiso revelar si se ha investigado en terreno en Chínipas.

“En la ejecución de una orden de aprehensión es una información que hay que manejar con mucha reserva y con mucho cuidado. Lo que yo puedo señalar y lo que me permite la ley señalar en este tema es que las autoridades en materia de seguridad han trabajado y siguen trabajando permanentemente para cumplir las órdenes de aprehensión que se encuentran pendientes de cumplir”.

“¿Y sí se ha ido a terreno?”, se le cuestionó.

“Esa es información que yo no puedo estar revelando, pero lo que te puedo decir es que las autoridades federales trabajan de manera coordinada para cumplir con la orden de aprehensión y hacen trabajo correspondiente al tema”.

Para él la línea de la narcopolítica no está agotada, pero tampoco ha anunciado avances en ese sentido.

En el expediente a cargo de la FEADLE puede encontrarse que nuevos personajes fueron investigados. Se hizo una búsqueda del presidente del PAN estatal y su segundo, Mario Vázquez y José Luis Luévano, quienes estaban al frente del partido cuando Schultz habría ido a pedir ayuda porque estaba siendo intimidado por las notas de La Jornada, El Norte de Ciudad Juárez, y Proceso. En ningún momento los cuestionarios parecieran abordar el tema de la narcopolítica.

Sigue sin esclarecerse por qué los directivos del PRI habrían seleccionado a Juan Salazar Ochoa, el sobrino de los capos, como su candidato, si Miroslava estaba en lo cierto cuando había descrito a Shultz en sus columnas como emisario de narcos y amedrentador de periodistas, o cómo se da el control de Los Salazares en la zona y la complicidad política que los cobija.

La FEADLE sí mandó a investigar propiedades y redes sociales de cinco periodistas cercanos a Miroslava, dos de ellos, Alejandro Salmón y Enrique Lomas, actualmente trabajan en el área de comunicación social de gobierno estatal.

Ninguna autoridad, que sepa este Colectivo, ha esclarecido en qué circunstancias ocurrió el homicidio de Zabala, el supuesto pistolero que abrió fuego contra Miroslava. Quedan en el aire otras muertes que rodean el caso como la de dos adolescentes que, presuntamente, fueron golpeadas por la avioneta en la que habían escapado los asesinos, cuando intentaba aterrizar en Chínipas, y el asesinato de dos personas a menos de un mes del asesinato de Miroslava: un piloto aviador y un maestro de artes marciales que estaba retirado y que engañosamente fueron vinculados en la trama del crimen.

Y Jaciel, el imputado sobre el que más evidencias recabó la autoridad, el ahijado de Alfredo Salazar, el que presuntamente pasó por la Fiscalía y fue dejado libre, sigue prófugo a más de dos años del crimen.

El juicio de El Larry está detenido hasta que se resuelva el amparo interpuesto por un testigo que no quiere declarar. Un juez ordenó que Jesús Alfredo Salazar, El Muñeco, sea extraditado a Estados Unidos, otro le concedió un amparo. El 20 de julio La Jornada publicó que aparecieron nueve mantas en distintas ciudades del estado de Sonora, que indicaban que Los Salazar mataron a Miroslava y que son los causantes de la violencia actual al sur del estado.

“Señora gobernadora (de Sonora) Claudia Pavlovich y señor secretario de Seguridad (Pública) Alfonso Durazo, quienes están ordenando las ejecuciones en Cajeme, así como matar a los policías es orden de Don Adán, Alfredo y Krispín Salazar, encargados de mover la cocaína de México a los Estados Unidos, generadores de la violencia en Chihuahua en contra de funcionarios y policías, también giraron instrucciones a sus sicarios para asesinar a la periodista Miroslava Breach en ese estado”, indicaban los mensajes atribuidos a un grupo rival de narcotráfico.

En Chihuahua, la prensa publicó que mediante otra manta, Los Salazar amenazaron a Corral. El 9 de agosto, después del asesinato del jefe de plaza de Los Salazar en Hermosillo, la capital de Sonora, se difundió que Los Salazar supuestamente dejaron una manta en la capital de Sonora amenazando a la gobernadora Claudia Pavlovich “por incumplimiento de compromisos que se pagan con sangre”; ella, en respuesta interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia en el Estado por calumnias, amenazas, extorsión y chantaje contra quienes resulten responsables por el mensaje.

En una entrevista en la Ciudad de México, el gobernador Corral dijo que Los Salazar están detrás del crimen, pero que la Fiscalía General de la República no ha hecho nada para capturarlos. A su vez la FEADLE sólo responde que no puede adelantar nada de la investigación y que, aunque ya no se pueden presentar pruebas para enjuiciar a Moreno Ochoa por el homicidio, ésta continúa. El abogado del acusado no ha querido dar declaraciones.

El fiscal del Estado no atendió a las peticiones de entrevista del Colectivo 23 de Marzo para conocer su versión de los hechos y respondiera las preguntas que se plantean en este reportaje. El 17 de mayo pasado Peniche dijo a la prensa que gracias al trabajo de Miroslava se pudo conocer mejor las estructuras criminales. Las pistas, por lo visto, aunque nutrieron varios expedientes judiciales, no alcanzaron para investigar el crimen de la propia Miroslava.

Este es el “modelo de investigación” sobre asesinatos de periodistas aplicado por las autoridades en el caso de Miroslava. Fue el propio gobernador Corral quien lo propuso como ejemplo para esclarecer los demás asesinatos de periodistas ocurridos en el país, y que fue retomado y continuado por las autoridades federales. Un modelo que, tal como revela esta investigación, aún no responde a interrogantes centrales del caso, y ante cuyas preguntas hay silencio, ese mismo silencio que, en palabras de Miroslava, se convierte en complicidad.

Mañana, la segunda parte de este trabajo.

El silencio es complicidad