La aprobación de las leyes secundarias en materia educativa generó una reacción virulenta de la oposición y grupos de derecha y ultraderecha, empeñados no en mejorar la calidad de la educación, sino en hacer fracasar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

No debe sorprender esta posición, como tampoco la ideologización del debate, pues la educación es fundamental para la formación educativa de niñas, niños y adolescentes, y para inculcarles una nueva visión del mundo y de su futuro papel en un cambio, frente a lo cual las fuerzas políticas, principalmente las partidistas y los poderes fácticos económico de cualquier época histórica no han permanecido indiferentes e inactivas.

Hay un elemento útil para entender qué es lo que busca la oposición al presidente López Obrador en esta polémica: las críticas se basan en la supuesta entrega de la rectoría de la educación a la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), especialmente el proceso para asignar plazas.

Eso es una falacia, porque aun cuando de verdad esa organización disidente fuera a influir en los nombramientos de maestros, no lo sería en todo el país, por la sencilla razón de que no representa al magisterio en todas las entidades federativas. La CNTE no es sindicato, sino un grupo disidente minoritario dentro del SNTE.

Tiene una gran capacidad de protesta y movilización en dos entidades. Sus métodos de lucha no son precisamente civilizados, pero sólo controla en forma indiscutida al magisterio federalizado de Oaxaca y la Ciudad de México, y tiene influencia en Guerrero, Chiapas y Michoacán, nada más.

El SNTE sería en todo caso el beneficiado en forma abrumadora si de verdad las leyes secundarias en materia educativa conceden derecho a asignar plazas magisteriales a la organización, pero las andanadas de golpes no se dirigen a ese Sindicato, sino al grupo disidente, porque la oposición partidista y la derecha y ultraderecha empresarial no tiene, ni ha tenido preocupaciones por la calidad de la educación pública, sino por defender una educación favorable a sus intereses y atacar a la cuarta transformación.

Todas las leyes, como producto de humanos, son siempre perfectibles, y estas de la educación pudieron ser mejores, y es deseable su mejoramiento en el futuro, pero el debate debe buscar la elevación de calidad de la enseñanza y a partir de argumentos fundados, no distorsionados o inventados y con fines políticos de grupos de interés.

En todo caso, una vez aprobada la entrega de plazas a todos los egresados de las escuelas normalistas públicas, el gobierno debe cuidar que la formación pedagógica sea de alta calidad, que inculque una sólida vocación por la enseñanza, responsabilidad social y conciencia del papel del maestro en estos difíciles tiempos de la globalización. De esta forma y con una buena planeación para atender a todos los niños y no generar desempleo magisterial, la entrega automática de plazas será positiva.

Otro aspecto delicado que debe tomarse en cuenta es la entrega del manejo de fondos a comités de padres de familia y maestros para construcción, mantenimiento y reparación de instalaciones escolares. Deben establecerse reglas claras y rigurosas para evitar la corrupción, pues los antecedentes de las sociedades de padres de familia no son buenos. Un alto porcentaje de las mismas es deshonesto y no rinde cuentas claras.