Alta participación en carrera para promover valores en Ecatepec
octubre 19, 2019
Firman alcaldes contratos de comodato para instalaciones de la guardia nacional en el EDOMÉX
octubre 19, 2019El Eterno Aprendiz: La Filosofía, La Ciencia y La Praxis Jurídicas
PLUMAS
El Eterno Aprendiz: La Filosofía, La Ciencia y La Praxis Jurídicas
19 de octubre de 2019
La delincuencia organizada que ha azotado a México por décadas, hoy ha puesto a prueba una vez más al gobierno del presidente López Obrador, quien ha tenido que sortear la crítica lanzada a su yugular por varios sectores, entre ellos, el de las vacas sagradas de los medios de comunicación, de la oposición y de la opinión pública que ha hecho de las redes sociales y los memes, el instrumento idóneo para mostrar su inconformidad a costa de la falta de profundidad en los argumentos, denotando el hartazgo de los mexicanos por los mismos mexicanos, así como el desahogo de una ira contenida por una depresión colectiva, motivada por la situación crítica de inseguridad pública que vivimos.
Los hechos fatídicos que dieron lugar a este escenario de aparente inestabilidad en el gobierno en turno, acontecieron en la tierra del célebre criminal Joaquín Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa, precisamente el día diecisiete de octubre de 2019 aproximadamente a las quince horas, cuando durante el desarrollo de un patrullaje de aproximadamente treinta elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano, se aseguró a una persona a quien identificaron como Ovidio Guzmán López, quien es el hijo del chapo Guzmán y quien además cuenta con diversas órdenes de aprehensión con fines de extradición a la Unión Americana por delitos contra la salud y delincuencia organizada; lo que dio lugar a que los grupos armados a los que comanda este criminal intentaran liberarlo por la fuerza, colocando en una situación de inferioridad a las fuerzas castrenses y a la guardia nacional, que se vieron acorralados, superados en número, en poder letal y en posicionamiento efectivo.
Esta situación de tensión y de anarquía que se extendió por varias zonas de la ciudad de Culiacán, se atenuó cuando por órdenes del gabinete de seguridad, se liberó a Ovidio Guzmán a cambió de no iniciar un enfrentamiento que, con un alto grado de probabilidad hubiera causado una matanza, en la que hubieran fallecido no solo integrantes de las fuerzas del orden que estaban acorralados, sino también criminales y civiles inocentes. En este escenario límite debemos preguntarnos ¿la decisión del gabinete de seguridad, que posteriormente fue respaldada por el presidente López Obrador, es reprochable desde los enfoques ético, político y jurídico, al grado de sancionar y condenar a quienes tomaron esa vía de salida?
Para dar respuesta objetiva a esta interrogante que a prima facie es compleja, no podemos recurrir a opiniones huecas, ni a un pensamiento superfluo, puesto que el tema es de importancia capital para el país, es decir, su interés es eminentemente público. Por lo que esa importancia del tema amerita una respuesta justificada racionalmente, de tal suerte que revele motivos suficientes que desvanezcan las aporías creadas por el ruido de las ocurrencias.
Siguiendo el análisis referido, la ética remite a la phronesis que en Aristóteles se entendía a veces como la prudencia que se contraponía a la desmesura, siendo esta ultima el extremo de la conducta debida; así en una primera aproximación, para que la conducta sea reprochable debe ser desmesurada, ajena a la prudencia, esto es, que sea extremista, desequilibrada, ajena a la razón que debe buscar al bien que a su vez ubique al ser humano en un plano de éxito global.
Del mismo modo, y aunque en ciencia política se reprochen a Carl Schmitt las conductas nazis, no debe pasarse por alto, que el Estado de Derecho liberal aun es un ideal tergiversado, al grado tal, que los Estados más permisivos se alejan mas de la cultura de la legalidad y de la obligación civil, que los Estados menos permisivos. Schmitt consideró que el orden jurídico estaba diseñado para regular o controlar situaciones ubicadas dentro de un rango de normalidad de los eventos, no obstante, también pensó que el orden jurídico no era suficiente para lidiar con circunstancias excepcionales como son los golpes de Estado, las revoluciones o las guerras que escapan al control de la ley y de los tribunales, por lo que ese vacío de orden debe colmarse por una decisión del poder soberano para sortear esa situación excepcional, dejando a un lado a la ley.
Ahora, la teoría del delito en el Derecho Penal se construye sobre una dogmática basada en una estructura conceptual argumentativamente persuasiva que descompone al delito en categorías que indican, lo que Carrara refería como imputación moral e imputación objetiva; de otro modo, el delito es un constructo sobre la conducta humana altamente lesiva, cuyo análisis partirá del comportamiento voluntario externo, su ajustamiento a un tipo, su reprobación por todo el orden jurídico, su reproche subjetivo (dirigido a un ser humano con capacidad de comprensión y con posibilidad de dirigirse conforme a esa comprensión); por haberse realizado con intención de resultado, o por negligencia o falta de pericia sin pretender el resultado, y cuando el Estado no tiene razón alguna para excusar al ser humano de la pena; de tal manera que si la conducta de la vida real no agota a plenitud estas categorías, entonces no habrá delito alguno. En este tema debe decirse que, aunque la ley penal no lo diga expresamente, el principio lógico que reza: “a lo imposible nadie está obligado”, aplica como ratio legis de casi toda circunstancia eximente de responsabilidad criminal.
Las bases filosóficas, científicas y teóricas señaladas aplicadas a los eventos suscitados en Culiacán Sinaloa, en los que se incrimina al gobierno lopezobradorista, remiten a determinar desde la óptica de la ética, si la decisión de liberar a Ovidio Guzmán es censurable, para lo que es necesario realizar un ejercicio mental sobre la desmesura de la decisión, esto es, dadas las circunstancias, es necesario describir cual hubiera sido la decisión mas desmesurada en el caso real para reprocharla éticamente y luego, llevar esa decisión hasta el equilibrio en las circunstancias que imperaron en los momentos efectivos.
El ejercicio in mente lleva necesariamente a considerar desde el enfoque ético, que la decisión más desmesurada y desequilibrada ajena a la prudencia, hubiera sido mantener el aseguramiento del criminal Ovidio Guzmán para hacer cumplir el mandato de captura a costa de todo, esto es, hacer valer la orden de aprehensión de una persona a pesar de la muerte de muchas otras personas, incluso ajenas al enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y la delincuencia organizada que los superaba, de donde resulta que en este plano ético, sobran argumentos para sostener que la decisión tomada por el gobierno federal tuvo un grado de racional prudencia, pues evitó una inminente masacre de seres humanos, por el aseguramiento de uno; lo que hubiera sido escuchado en casi todo el planeta.
La visión política de Carl Schmitt sirve para determinar si dados los acontecimientos, el orden jurídico era el instrumento idóneo para solventar el aseguramiento y cumplimiento de la orden de aprehensión con fines de extradición de Ovidio Guzmán López. Al respecto debe decirse que el grupo armado que pretendía liberar al hijo del chapo Guzman, tenia toda clase de pensamientos en su cabeza, menos a la cultura de la legalidad, por lo que, si esos seres humanos en ese momento, no pretendían cumplir con los normas jurídicas, aunado a que no existían instrumentos de coacción para hacer valer al Estado de Derecho, entonces, es notorio que ese evento estaba fuera del alcance del orden jurídico, tornándose en una situación excepcional dentro de la teoría de Carl Schmitt, por lo que el detentador del poder debía decidir haciendo a un lado a la ley cuya eficacia era inexistente para preservar la seguridad del Estado; de ahí que la ciencia política brinde argumentos sólidos en el sentido de que la decisión del detentador del poder soberano fue la correcta y valida frente a la ineficacia del orden jurídico, que en esas circunstancias fue ineficaz.
La teoría del delito por su parte analiza a la conducta humana desde lo mas profundo del ser, tan es así que el delito se colmará con el agotamiento factico de todas sus categorías como son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad (al margen de la discusión sobre la existencia de esta categoría). Siendo así que, como se dijo en líneas anteriores, la no demostración de alguna de las categorías impactará en la existencia del delito y la responsabilidad penal. De tal modo que si se sigue al principio que reza: “a lo imposible nadie esta obligado”, que es un reflejo de lo que se denomina “inexigibilidad de otra conducta”, deberemos determinar cuál era la conducta exigible al mando de los elementos que aseguraron a Guzmán López y cuál era la conducta exigible para el gabinete de seguridad, de acuerdo a la naturaleza de esos eventos.
Desde ese lente que genera la teoría del delito, parece evidente que no era exigible a los elementos castrenses morir y matar para cumplir la orden de aprehensión de un solo sujeto por repugnante que este sea, o porque lo indicara la orden o las ordenes de aprehensión libradas en su contra, y es que para esta operación mental se requiere de la experiencia y sabiduría que nos coloque en el plano real para decidir, pues seria absurdo que esta decisión fuera tomada por alguien que durante toda su vida no haya siquiera tocado un arma de fuego. En este tópico, debe decirse que la liberación del criminal señalado no puede afectar de modo alguno a la dignidad de los elementos de las fuerzas del orden, puesto que el sacrificio de la vida debe ser la última opción para ellos, pero no la primera, ya que el extremo sería el actuar temerario que llevaría a morir por todo, y el otro extremo sería la cobardía que implicaría la total tibieza de carácter, empero, esto último no se vio en los hechos, ya que la decisión de no morir es válida dentro de la virtud de la valentía.
Ahora, pese a que estos acontecimientos y la decisión tomada por el gobierno federal parece validada por la ética, la ciencia política y el derecho penal, esta validación también arroja una responsabilidad de respuesta contundente para el poder soberano, que ahora tiene una mayor obligación para desarticular a la delincuencia organizada, demostrando que la organización estatal es el modelo más sofisticado de organización social para vivir en armonía y que el Estado Mexicano es capaz de lograr en la praxis que sus ciudadanos nos ajustemos a la cultura de la legalidad; de otro modo, el presidente López obrador solo habrá encendido la mecha de la hoguera en la que potencialmente estamos todos, esta será su prueba de fuego.
*
Candidato a Doctor en Derecho Judicial
Maestro en Justicia Constitucional
Especialista en Derecho Procesal
Especialista en Derecho Penal
Diplomado en Juicios Orales
Académico y Abogado
ka.ray@hotmail.com
La delincuencia organizada que ha azotado a México por décadas, hoy ha puesto a prueba una vez más al gobierno del presidente López Obrador, quien ha tenido que sortear la crítica lanzada a su yugular por varios sectores, entre ellos, el de las vacas sagradas de los medios de comunicación, de la oposición y de la opinión pública que ha hecho de las redes sociales y los memes, el instrumento idóneo para mostrar su inconformidad a costa de la falta de profundidad en los argumentos, denotando el hartazgo de los mexicanos por los mismos mexicanos, así como el desahogo de una ira contenida por una depresión colectiva, motivada por la situación crítica de inseguridad pública que vivimos.
Los hechos fatídicos que dieron lugar a este escenario de aparente inestabilidad en el gobierno en turno, acontecieron en la tierra del célebre criminal Joaquín Guzmán Loera, en Culiacán, Sinaloa, precisamente el día diecisiete de octubre de 2019 aproximadamente a las quince horas, cuando durante el desarrollo de un patrullaje de aproximadamente treinta elementos de la Guardia Nacional y del Ejercito Mexicano, se aseguró a una persona a quien identificaron como Ovidio Guzmán López, quien es el hijo del chapo Guzmán y quien además cuenta con diversas órdenes de aprehensión con fines de extradición a la Unión Americana por delitos contra la salud y delincuencia organizada; lo que dio lugar a que los grupos armados a los que comanda este criminal intentaran liberarlo por la fuerza, colocando en una situación de inferioridad a las fuerzas castrenses y a la guardia nacional, que se vieron acorralados, superados en número, en poder letal y en posicionamiento efectivo.
Esta situación de tensión y de anarquía que se extendió por varias zonas de la ciudad de Culiacán, se atenuó cuando por órdenes del gabinete de seguridad, se liberó a Ovidio Guzmán a cambió de no iniciar un enfrentamiento que, con un alto grado de probabilidad hubiera causado una matanza, en la que hubieran fallecido no solo integrantes de las fuerzas del orden que estaban acorralados, sino también criminales y civiles inocentes. En este escenario límite debemos preguntarnos ¿la decisión del gabinete de seguridad, que posteriormente fue respaldada por el presidente López Obrador, es reprochable desde los enfoques ético, político y jurídico, al grado de sancionar y condenar a quienes tomaron esa vía de salida?
Para dar respuesta objetiva a esta interrogante que a prima facie es compleja, no podemos recurrir a opiniones huecas, ni a un pensamiento superfluo, puesto que el tema es de importancia capital para el país, es decir, su interés es eminentemente público. Por lo que esa importancia del tema amerita una respuesta justificada racionalmente, de tal suerte que revele motivos suficientes que desvanezcan las aporías creadas por el ruido de las ocurrencias.
Siguiendo el análisis referido, la ética remite a la phronesis que en Aristóteles se entendía a veces como la prudencia que se contraponía a la desmesura, siendo esta ultima el extremo de la conducta debida; así en una primera aproximación, para que la conducta sea reprochable debe ser desmesurada, ajena a la prudencia, esto es, que sea extremista, desequilibrada, ajena a la razón que debe buscar al bien que a su vez ubique al ser humano en un plano de éxito global.
Del mismo modo, y aunque en ciencia política se reprochen a Carl Schmitt las conductas nazis, no debe pasarse por alto, que el Estado de Derecho liberal aun es un ideal tergiversado, al grado tal, que los Estados más permisivos se alejan mas de la cultura de la legalidad y de la obligación civil, que los Estados menos permisivos. Schmitt consideró que el orden jurídico estaba diseñado para regular o controlar situaciones ubicadas dentro de un rango de normalidad de los eventos, no obstante, también pensó que el orden jurídico no era suficiente para lidiar con circunstancias excepcionales como son los golpes de Estado, las revoluciones o las guerras que escapan al control de la ley y de los tribunales, por lo que ese vacío de orden debe colmarse por una decisión del poder soberano para sortear esa situación excepcional, dejando a un lado a la ley.
Ahora, la teoría del delito en el Derecho Penal se construye sobre una dogmática basada en una estructura conceptual argumentativamente persuasiva que descompone al delito en categorías que indican, lo que Carrara refería como imputación moral e imputación objetiva; de otro modo, el delito es un constructo sobre la conducta humana altamente lesiva, cuyo análisis partirá del comportamiento voluntario externo, su ajustamiento a un tipo, su reprobación por todo el orden jurídico, su reproche subjetivo (dirigido a un ser humano con capacidad de comprensión y con posibilidad de dirigirse conforme a esa comprensión); por haberse realizado con intención de resultado, o por negligencia o falta de pericia sin pretender el resultado, y cuando el Estado no tiene razón alguna para excusar al ser humano de la pena; de tal manera que si la conducta de la vida real no agota a plenitud estas categorías, entonces no habrá delito alguno. En este tema debe decirse que, aunque la ley penal no lo diga expresamente, el principio lógico que reza: “a lo imposible nadie está obligado”, aplica como ratio legis de casi toda circunstancia eximente de responsabilidad criminal.
Las bases filosóficas, científicas y teóricas señaladas aplicadas a los eventos suscitados en Culiacán Sinaloa, en los que se incrimina al gobierno lopezobradorista, remiten a determinar desde la óptica de la ética, si la decisión de liberar a Ovidio Guzmán es censurable, para lo que es necesario realizar un ejercicio mental sobre la desmesura de la decisión, esto es, dadas las circunstancias, es necesario describir cual hubiera sido la decisión mas desmesurada en el caso real para reprocharla éticamente y luego, llevar esa decisión hasta el equilibrio en las circunstancias que imperaron en los momentos efectivos.
El ejercicio in mente lleva necesariamente a considerar desde el enfoque ético, que la decisión más desmesurada y desequilibrada ajena a la prudencia, hubiera sido mantener el aseguramiento del criminal Ovidio Guzmán para hacer cumplir el mandato de captura a costa de todo, esto es, hacer valer la orden de aprehensión de una persona a pesar de la muerte de muchas otras personas, incluso ajenas al enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y la delincuencia organizada que los superaba, de donde resulta que en este plano ético, sobran argumentos para sostener que la decisión tomada por el gobierno federal tuvo un grado de racional prudencia, pues evitó una inminente masacre de seres humanos, por el aseguramiento de uno; lo que hubiera sido escuchado en casi todo el planeta.
La visión política de Carl Schmitt sirve para determinar si dados los acontecimientos, el orden jurídico era el instrumento idóneo para solventar el aseguramiento y cumplimiento de la orden de aprehensión con fines de extradición de Ovidio Guzmán López. Al respecto debe decirse que el grupo armado que pretendía liberar al hijo del chapo Guzman, tenia toda clase de pensamientos en su cabeza, menos a la cultura de la legalidad, por lo que, si esos seres humanos en ese momento, no pretendían cumplir con los normas jurídicas, aunado a que no existían instrumentos de coacción para hacer valer al Estado de Derecho, entonces, es notorio que ese evento estaba fuera del alcance del orden jurídico, tornándose en una situación excepcional dentro de la teoría de Carl Schmitt, por lo que el detentador del poder debía decidir haciendo a un lado a la ley cuya eficacia era inexistente para preservar la seguridad del Estado; de ahí que la ciencia política brinde argumentos sólidos en el sentido de que la decisión del detentador del poder soberano fue la correcta y valida frente a la ineficacia del orden jurídico, que en esas circunstancias fue ineficaz.
La teoría del delito por su parte analiza a la conducta humana desde lo mas profundo del ser, tan es así que el delito se colmará con el agotamiento factico de todas sus categorías como son la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad (al margen de la discusión sobre la existencia de esta categoría). Siendo así que, como se dijo en líneas anteriores, la no demostración de alguna de las categorías impactará en la existencia del delito y la responsabilidad penal. De tal modo que si se sigue al principio que reza: “a lo imposible nadie esta obligado”, que es un reflejo de lo que se denomina “inexigibilidad de otra conducta”, deberemos determinar cuál era la conducta exigible al mando de los elementos que aseguraron a Guzmán López y cuál era la conducta exigible para el gabinete de seguridad, de acuerdo a la naturaleza de esos eventos.
Desde ese lente que genera la teoría del delito, parece evidente que no era exigible a los elementos castrenses morir y matar para cumplir la orden de aprehensión de un solo sujeto por repugnante que este sea, o porque lo indicara la orden o las ordenes de aprehensión libradas en su contra, y es que para esta operación mental se requiere de la experiencia y sabiduría que nos coloque en el plano real para decidir, pues seria absurdo que esta decisión fuera tomada por alguien que durante toda su vida no haya siquiera tocado un arma de fuego. En este tópico, debe decirse que la liberación del criminal señalado no puede afectar de modo alguno a la dignidad de los elementos de las fuerzas del orden, puesto que el sacrificio de la vida debe ser la última opción para ellos, pero no la primera, ya que el extremo sería el actuar temerario que llevaría a morir por todo, y el otro extremo sería la cobardía que implicaría la total tibieza de carácter, empero, esto último no se vio en los hechos, ya que la decisión de no morir es válida dentro de la virtud de la valentía.
Ahora, pese a que estos acontecimientos y la decisión tomada por el gobierno federal parece validada por la ética, la ciencia política y el derecho penal, esta validación también arroja una responsabilidad de respuesta contundente para el poder soberano, que ahora tiene una mayor obligación para desarticular a la delincuencia organizada, demostrando que la organización estatal es el modelo más sofisticado de organización social para vivir en armonía y que el Estado Mexicano es capaz de lograr en la praxis que sus ciudadanos nos ajustemos a la cultura de la legalidad; de otro modo, el presidente López obrador solo habrá encendido la mecha de la hoguera en la que potencialmente estamos todos, esta será su prueba de fuego.
*
Candidato a Doctor en Derecho Judicial
Maestro en Justicia Constitucional
Especialista en Derecho Procesal
Especialista en Derecho Penal
Diplomado en Juicios Orales
Académico y Abogado
ka.ray@hotmail.com
