15 de mayo de 2020

La Liga Mexicana de Derechos Humanos AC, hizo un llamado urgente a las autoridades estatales y federales de todo México, para que de inmediato implementen mecanismos para la operatividad efectiva de la Ley de Amnistía, que permita a miles de personas privadas de su libertad injustamente (por delitos fabricados) o por ilícitos “menores”, alcanzar su liberación, ante el riesgo de contagios potenciales por coronavirus en el interior de las cárceles.

Adrian Ramírez, presidente de la LIMEDH, una Asociación Civil con presencia en todo México y por los derechos de las personas privadas de su libertad, advirtió que miles de hombres y mujeres internados en cárceles del país, tanto estatales como federales, están en riesgo de adquirir el COVID19 y no recibir la atención que demandan, pero lo peor de todo es que muchos son inocentes, víctimas de un sistema judicial injusto, mientras que otros enfrentan causas por delitos menores.

Explicó que bajo esos delitos “menores”, en México los internos siguen recluidos sin posibilidad de alcanzar la libertad, mientras que por los mismos ilícitos en otros países se les ofrecen garantías y mecanismos diversos para reparar el daño y reintegrarse a la sociedad.

Ramírez indicó que luego de recorrer diversas cárceles de México, se constató que en muchos lugares y ciudades de la República, los reos enfrentan difíciles condiciones de hacinamiento y violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos, lo que aunado a la pandemia actual por coronavirus, los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

Confirmó también que en centros penitenciarios localizados en Ciudad de México y Morelos, entre otros, se han registrado decesos tanto de personal de custodia como de internos, por lo que familiares se encuentran en alerta máxima y ya se han movilizado en protestas y movilizaciones diversas a las afueras de algunas de estas cárceles.

Explicó que esto se debe a que si bien se ha logrado avanzar en una Ley de Amnistía, todavía está costando trabajo, dijo, su implementación, ya que los mecanismos de implementación de los beneficios con que cuenta por parte del Estado Mexicano, a través de los jueces correspondientes “no logran estar a la altura de las condiciones que hoy tenemos y sobre la base de las violaciones que hay a las reglas Mandela, en los centros penitenciarios en nuestro país, principalmente en los llamados Ceresos”, dijo

Indicó que esto se debe a que el Estado Mexicano, ha heredado condiciones graves en el sistema penitenciario de todo el país, por lo que en medio de la pandemia, es necesario que se urga a las autoridades en México, insistió, a que tomen medidas que garanticen los derechos a la salud de los internos, pero también la aplicación y operatividad de la Ley de Amnistía.

Adrian Ramírez, titular del LIMEDH, aseguró que lo más urgente es que se agilicen los trámites cuanto antes para la libertad de los presos, toda vez que nos encontramos, insistió, en la fase más intensa de los contagios.

SISTEMA INJUSTO

Recordó que en México el sistema de justicia penal “injusto” que castiga la pobreza y a la delincuencia menor y que no les da beneficios de preliberación, y sobre todo que las penas vayan fundamentalmente encaminadas a la reparación del daño a las víctimas.

“Hay que recordar que durante el periodo previo a este régimen, en México se utilizó de manera facciosa la prisión y se llevó a prisión a personas a las que se les fabricaron delitos mediante la tortura, la inducción de testigos y los montajes mediáticos”, puntualizó.

Insistió que las penas agravadas no benefician sino constituyen una violación sistemática a los Derechos Humanos, aunado al fracaso de las políticas de combate a la inseguridad.

“Estamos ante un sistema penal de injusticia que castiga la pobreza, que castiga a la delincuencia menor y no les da beneficios como las medidas de preliberación y sobre todo que las penas vayan fundamentalmente encaminadas a la reparación de daños a las víctimas”, indicó.

Dijo que en México “gastamos mucho como erario y país para mantener a las personas privadas de su libertad y hemos tenido un fracaso rotundo en los mecanismos de seguridad, las penas agravadas no benefician en nada y constituyen una violación sistemática a las reglas Mandela, a los Derechos Humanos”, dijo.

Tere Montaño