3 de agosto de 2020

*El sistema de procuración de justicia se ha utilizado para criminalizar la pobreza y protesta social, defensores de DH
*Poder judicial hará análisis jurídico de los supuestos de Amnistía
* Naciones Unidas reconoce que la iniciativa de Morena va más allá de la Ley Federal

Activistas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos, coincidieron en que el sistema de procuración de justicia del Estado de México ha sido criminalizante de la pobreza y la protesta social, además de presentar graves desviaciones y altos grados de corrupción, lo que ha llevado a que miles de personas inocentes abarroten los centros de privación de la libertad ubicados en Edomex.

Debido a lo anterior y en contraposición con la postura del secretario de justicia y “Derechos Humanos” Rodrigo Espeleta, quien se resiste a reconocer el fenómeno de fabricación masiva de delitos y corrupción en cuerpos de seguridad y ministerios públicos, las organizaciones y activistas urgieron a las autoridades estatales y a congresistas de la LX Legislatura, a considerar la figura de los “falsos culpables” dentro de la iniciativa de Ley de Amnistía para Edomex, si lo que quieren es verdaderamente “hacer justicia”.

Pese a la postura de algunos diputados de Morena que se han adherido a la posición oficial del gobierno del Estado de México, para no incorporar a estos miles de personas inocentes recluidas en las cárceles de Edomex en este proyecto, como Felipa Arias y Mariana Uribe, otros legisladores aunque sin contundencia, como el propio Max Correa, continuaron empujando para abrir nuevas opciones y aplicar una Ley de Amnistía que sirva.

Rodrigo Espeleta por su parte, quien en 2006, cuando se perpetró la masacre de San Salvador Atenco (a manos de Enrique Peña), ocupaba una cartera de “Derechos Humanos” en la SEGOB de Felipe Calderón, consideró que la Ley de Amnistía no puede ser la vía para atender el problema de los falsos culpables –que abarrotan las cárceles mexiquenses-, sin admitir del todo la problemática. En varios momentos el funcionario se opuso a la posibilidad de abrir opciones para personas a quienes se les han fabricado delitos graves. Incluso uno de estos casos, se le presentó durante el foro, por parte de familiares de las víctimas y simplemente lo ignoró, como todo el problema de la fabricación masiva de cargos, por parte de policías y fiscales.

Por su parte, el nuevo titular del TSJEM, se comprometió a atender este caso en el que un padre de familia, fue detenido hasta en tres ocasiones por delitos fabricados. En uno de ellos hasta el FGJEM, Alejandro Sánchez, presentó el caso ante los medios, violando los Derechos Humanos de la víctima que fue criminalizada. Familiares y activistas narraron durante el parlamento este aberrante caso.

Por su parte Max Correa Hernández, dijo que el Parlamento Abierto para atender la iniciativa de Ley de Amnistía en Edomex, pretende escuchar las diversas voces “para construir una ley que sirva en beneficio de aquellas personas que han sido privadas de su libertad de manera injusta”.

Agradeció la disposición y voluntad política de los poderes, de los expertos y activistas para aplicar un nuevo instrumento legal, ante una procuración de justicia que debe mucho a los mexiquenses.

“Que mediante este Parlamento Abierto podamos acercar las mejores propuestas que permitan hacer justicia y que sea una ley que sirva a quienes están privados de su libertad injustamente, y a quienes hayan cometido un error y asumido una irresponsabilidad, siempre y cuando no sean delitos graves”, sostuvo el legislador.

Leonel Rivero Rodríguez, director de Defensa Estratégica en Derechos Humanos, quien llevó la defensa de mujeres violentadas de Atenco, acusó que existe un problema tridimensional para la aplicación de justicia estructural y deficiencias en el ámbito político, social e institucional, que se basa en el alto nivel de corrupción que prevalece en el poder judicial federal y estatal.

“Debemos reconocer que muchas de las fallas estructurales y del sistema de procuración de justicia han sido utilizados para criminalizar la pobreza y judicializar la protesta social”, denunció el abogado.

El también defensor de derechos humanos manifestó su rechazo a que la comisión de revisión esté a cargo de Poder Judicial, pues no es sano, ya que se enfrentará al “ego de los juzgadores”, y será difícil que acepen cuando sean ellos quienes hayan violado derechos humanos o sentenciado de manera injustificada.

El destacado abogado, quien ha llevado importantes casos judicializados en el país y con graves violaciones a DH, dijo que sería incongruente pedir a jueces y magistrados que analicen los casos de falta de justicia, que ellos mismos provocaron.

Octavio Amezcua, oficial de Derechos Humanos, y representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas apuntó que en los estados hay contextos complejos en los sistemas de procuración de justicia, y reconoció que la propuesta de la bancada de Morena va más allá de la Ley federal de Amnistía. Al final aceptó la posibilidad de que se trata de una ley de amnistía, en Edomex, especial debido al fenómeno de fabricación de culpables que se presenta.

Destacó que es importante el planteamiento del Congreso Estatal para que sea desde el Poder Judicial y no del Ejecutivo donde se revise la operación de la ley, pero asegurando una asistencia jurídica, que pueda intervenir de manera efectiva en cada caso.

Por su parte el presidente del Tribunal Superior de Justicia, sorprendió a los oyentes con una postura de mayor apertura, al admitir que podrían presentarse casos con fallas graves por parte de jueces, por lo que ofreció hacer un estudio profundo del caso y presentar alternativas para lograr una Ley de Amnistía que atienda las necesidades sociales.

También admitió que están abiertos para revisar más de mil 200 casos que les presentó la organización que encabeza Humbertus Pérez.

Por su parte este último, acusó que en el gobierno de Eruviel Ávila no se destinaron suficientes recursos para la aplicación del nuevo sistema penal acusatorio, ni se garantizó la capacitación de ministerios públicos, policías y peritos, por lo que no se consolidó ni en su fase mínima.

Recordó que en el gobierno de Eruviel, el Poder Judicial debió enjuiciar y procesar más de un millón de delitos denunciados bajo el nuevo sistema de justicia penal, pero que ante la falta de competencia de las policías y Ministerios Públicos no se hizo, por lo tanto, insistió, si hay condiciones y argumentos para que los llamados “falsos culpables” sean considerados.

“Muchos de los que están en los penales se les han fabricado delitos, hay una inaplicación del sistema penal acusatorio y el estado debe responder por esos excesos y la propuesta es que esta Ley de Amnistía, considere como una de sus excepciones para que los delitos de alto impacto, sean revisados, porque tampoco es justo que una persona que no cometió un homicidio o un secuestro tengan sentencias de 70 años”, apunto el activista.

Tere Montaño