14 de septiembre de 2020

Abogados del “Centro de Derechos Humanos Agustín Pro”, confirmaron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se opone a que la Fiscalía General de la República (FGR), atraiga el caso relacionado con la tortura sexual de once mujeres por parte de policías, durante la represión de San Salvador Atenco, y cumplir así, con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Debido a lo anterior, también se confirmó que las víctimas recurrieron a la presentación de un amparo, con el cual esperan romper los obstáculos que una y otra vez ha puesto gobierno mexiquense y su fiscalía, hoy al frente de Alejandro Sánchez Gómez, para que se realice una investigación profunda y diligente, como la que ordenó el organismo internacional en su sentencia del caso, en 2018.

Sofía de Robina, abogada del Centro Pro-DH, confirmó la promoción del recurso ante un juez de amparo con sede en Toluca (el séptimo federal), con lo que esperan que el caso de la tortura sexual de mujeres en el caso de la represión de San Salvador Atenco en 2006, sea por fin investigado y reciban justicia, como determinó la CoIDH.

Cómo se recordará en aquella sangrienta represión registrada en mayo del 2006 y asumida incluso por Enrique Peña siendo candidato a la presidencia de la República, más de 200 personas fueron detenidas brutal y arbitrariamente por policías federales y estatales, al menos dos personas murieron y una docena más de mujeres fueron detenidas y torturadas sexualmente por policías durante su traslado al penal de Almoloya de Juárez, lo que a la postre, ha provocado que el gobierno estatal, tras más de dos sexenios, venga incurriendo en maniobras diversas para evitar un juicio justo, dado el posible nivel de complicidad de altos funcionarios.

Los hechos ocurrieron en el gobierno de Enrique Peña, primo del actual gobernador Alfredo del Mazo.

En un comunicado emitido en la víspera, el centro de Derechos Humanos Agustín-Pro, indicó que a casi dos años de la notificación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, la investigación penal sigue fragmentada “debido a la negativa de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México de aceptar la atracción del caso al fuero federal”.

El organismo indico que por lo anterior, desde el pasado 8 de julio las mujeres promovieron un juicio de amparo contra la Fiscalía estatal, exigiendo que la investigación sea unificada en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual tiene competencia sobre la totalidad de los hechos al tratarse de un operativo policial conjunto federal-estatal en el que agentes de ambos fueros colaboraron en la comisión de tortura contra las mujeres. Como se reconoce en la sentencia de la Corte IDH, las mujeres sufrieron delitos a manos de agentes federales y estatales que actuaron de forma coordinada en un operativo acordado, planeado y supervisado conjuntamente por funcionarios federales y estatales; en dicho operativo, “la violencia sexual sufrida por las once mujeres no fue aislada, sino que se enmarca dentro de un patroìn que se dio a lo largo de todo el operativo”.

Desde septiembre de 2019, la FGR notificó a la Fiscalía de Edomex su ejercicio de la facultad de atracción para unificar el expediente en el fuero federal. Sin embargo, la Fiscalía de Edomex no contestó el requerimiento de la FGR durante casi ocho meses. Tras el envío de una serie de recordatorios, en mayo de 2020 la Fiscalía local contestó formalmente que no reconoce la competencia federal sobre el caso, aduciendo que los delitos cometidos en Atenco no serían conexos. En otras palabras, la teoría de la Fiscalía local sería, esencialmente, que las distintas fuerzas policiales cometieron delitos de forma separada, versión que no corresponde al ampliamente documentado operativo conjunto en Atenco.

La sentencia de la Corte IDH expone de manera detallada cómo la investigación penal abierta en el Estado de México cuenta con una serie de deficiencias y no ha brindado acceso a la justicia. Ahora, el intento de obstaculizar la unificación de la investigación en la FGR confirma que la Fiscalía local no actúa de manera diligente para procurar la justicia por las graves violaciones cometidas en Atenco.

El juicio de amparo promovido por las mujeres fue admitido por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con sede en Toluca, quien celebró la audiencia constitucional correspondiente el pasado 3 de septiembre de 2020. Así, dicha autoridad tendrá la oportunidad de hacer valer el derecho de las mujeres de acceder a la justicia confirmando que la investigación deberá unificarse en el fuero federal.

Se espera que en un mes máximo, el juzgado séptimo de distrito en materia de amparos y juicios civiles, resuelva el fondo del amparo promovido por las mujeres víctimas de la llamada “masacre de Atenco” y tengan acceso a la justicia, como ordenó el organismo internacional referido.

Ma. Teresa Montaño