En 2018 el padre de Marcela, José Balderas Aguilar, rogaba a su hija antes de morir que investigara sobre una noticia que apareció en el periódico siete años atrás.
En El Siglo de Torreón, el sábado 7 de mayo de 2011, se publicó una noticia con el titular:
ENCUENTRAN CADÁVER CON IMPACTOS DE BALA EN LA CABEZA. Según la nota, el agente del Ministerio Público llegó al lugar de los hechos a las nueve de la noche del 5 de mayo. El occiso era de aproximadamente 25 años, vestía playera de manga larga color blanco, pantalón de mezclilla color negro, tenis negros. El cadáver fue trasladado al Semefo.
La Averiguación Previa 98/2011 es más detallada: el cuerpo fue hallado a las 8:40 de la noche del 5 de mayo en la calle Múzquiz y Río Nazas, a 100 metros del Puente Plateado que une Torreón y Gómez Palacio. Fue levantado por los peritos a las 11 de la noche. Vestía mezclilla negra, calzón rojo, “camisa mangas blancas atrás hacia adelante”, tenis negros. Medía 1.70 cm, tenía complexión regular, moreno, pelo negro, frente chica, ojos chicos, corte, nariz chica chata, boca grande, labios gruesos. En la escena fueron encontrados seis casquillos 7.62x39 (cuerno de chivo).
Después de siete años de búsqueda, de tocar puertas, de unirse a otras madres con su misma pena en el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), de marchar en protestas, de gritar porque le devolvieran a su hijo; comenzó a exigir aquel expediente. Una y otra vez, la madre se aferró a esa averiguación.
“Sí está el cuerpo pero no es su hijo. Tiene 25 años ese muchacho y su hijo 16. Trae la misma ropa pero no coincide con la edad”, afirmó César Castillo, el ministerio público, según ella recuerda. “El expediente lo traen extraviado”, aseguró después Roberto Solís, otro ministerio público.
En abril de 2018, Marcela Balderas expuso su caso ante Amnistía Internacional, organización que le advirtió que su queja podría desencadenar consecuencias porque había autoridades involucradas por omisión. Y así fue.
Menos de un mes después, un sábado, afuera de su trabajo, en la colonia Nueva California, Marcela Balderas vio rondar una patrulla del Grupo de Armas Tácticas y Especiales (GATE) de Coahuila, el grupo élite que formó el exgobernador Rubén Moreira (diciembre 2011-noviembre 2017) para combatir el crimen organizado y que ha sido acusado de múltiples violaciones a derechos humanos. Cuando regresaba caminando a su casa se le acercó la patrulla y una mujer policía le aventó un vaso con alcohol. “Andas alcoholizada. Súbete”, ordenó.
Ella se resistió y a golpes la esposaron y subieron.
La llevaron al municipio de Matamoros a 15 kilómetros de Torreón. Comenzó a orar. A su mente sólo llegaban sus hijos. En algún momento se le cayó el celular y se marcó el número de Claudia Soto, mujer que busca a su esposo desaparecido. “Claudia, Claudia, me quieren matar”, gritó desesperada. La policía le arrebató el celular y se lo apagó. En Matamoros la arrastraron como si fuera res y la tumbaron al piso de la cárcel municipal. Le quebraron el tabique de la nariz y le abrieron el labio a patadas.
“Me van a matar”, pensó. Cuando la golpeaban, la policía le gritó “por andar de hocicona”. Los policías estatales la dejaron encerrada y se fueron. La liberaron hasta que sus compañeras de FUUNDEC abogaron por ella.
Tres días después le avisaron que el expediente 98/2011 había aparecido. Sin embargo, Fernando González, coordinador del Plan Estatal de Exhumaciones e Identificación Forense de Coahuila, trató de convencerla por última vez:
-¡Entiende! No es, este cuerpo es de 25 años. No es.
-Quiero verlo –insistió Marcela Balderas, convencida que tenía el derecho de hacerlo.
-Pero si no es el cuerpo ya no vamos a investigar más, ya nos esperaremos hasta que aparezca algo. ¿Aceptas? ¿Sí o no? –retó el funcionario estatal.
-Acepto –respondió como apostando su vida en ello.
En una oficina de la Fiscalía le mostraron las fotografías del expediente.
Marcela Balderas se queda callada unos segundos, extiende los brazos y se toma un dedo, frunce el ceño como si quisiera paralizar las lágrimas, toma aire y mira al piso. Entonces describe:
“Su perfil de cara, acostado, se le mira su cara… igualita, su barba, no se había rasurado. Se le mira su cara… Me lo enseñaron sucio, lleno de sangre, hinchado… Pero era visible su rostro. Traía sus tenis negros, sus calcetines cafés, su pantalón negro. Su camisa blanca con letras rojas enfrente. Tenía un impacto en el pómulo izquierdo, otro en el ojo izquierdo… y en el labio superior derecho… y trae golpes en su cuerpo… como quemaduras de cigarro… Me da mucho coraje porque su cara es de un niño de 16 años, no se mira grande. Traía su bóxer rojo con elástico gris”.
El registro equivocado de la edad de Cosme, que le costó a la madre siete años de búsqueda, muestra otro grave problema que arrastran los servicios forenses de todo el país: la falta de especialistas para identificar a las personas, como antropólogos forenses expertos, a cargo de determinar la edad, la estatura y hasta el sexo en los casos de destrucción de los cuerpos más complejos. Al cierre de 2019, en los Semefo de todo el país apenas habían 52 antropólogos, sin precisar si contaban con la especialidad forense. En Coahuila son ocho.
Anselmo Apodaca, el exdirector de la Unidad de Servicios Periciales de FGR, ahora consultor independiente, menciona que hay un déficit de antropólogos porque si a la Escuela de Antropología e Historia ingresan 40 alumnos, sólo se gradúan dos. También advierte que muchos de los peritos que trabajan en los servicios periciales en México no están especializados.