El relato de Víctor Caballero, integrante del Colectivo Aequus, es solo un ejemplo de las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en el estado de México, durante el gobierno de Alfredo del Mazo.

Actualmente, el abuso policíaco, la fabricación de delitos, los feminicidios, la violencia de género, las desapariciones, la revictimización y las deficiencias en el actuar de las instituciones de seguridad, procuración y administración de justicia, son el pan nuestro de cada día en el estado de México.

Antonio Lara Duque, abogado del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) y Víctor Caballero coincidieron que el actual gobierno tiene muchos pendientes que atender en la materia:

Derecho a la vida y a una vida libre de violencia

Durante la administración de Alfredo del Mazo incrementaron los feminicidios. En los tres años de su mandato se han iniciado más de 352 carpetas de investigación por este delito, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Aunado a ello, tres mil 106 personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas al corte del 22 de septiembre del 2020, de las cuales 973 permanecen sin ser encontradas y 92 fueron halladas muertas.

Entre ellos se encuentran Edgar Villalva, Cristian Marcelino Trinidad y Héctor Mauricio Tobón Bravo que ya fueron localizados sin vida, y también Cristian Ismael Escobar García y Nimbe Selene Zepeda Xochihua, quienes aún no han sido encontrados.

En el estado de México no hay garantías de seguridad para las mujeres ni para los hombres, tampoco de que las víctimas puedan acceder a la justicia, sin antes ser revictimizadas, sobre todo en los ministerios públicos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Mi hija desapareció y pasó un mes para que la Fiscalía especializada de Nezahualcóyotl activara la Alerta Amber, decían que mi hija se había ido con el novio”, recordó Ángel Zepeda Pérez, padre de Nimbe.

“Cuando hicimos un plantón en la fiscalía salió el maestro Esquivel, es la persona encargada del enlace institucional, quedó muy formal de apoyarnos para que nos dieran atención, sin embargo me dio una tarjeta con un número telefónico que no existe”, recordó el familiar de una de las víctimas de desaparición.

La manifestación, el abuso policial y la criminalización de los defensores

Para Víctor Caballero, uno de los casos más emblemáticos en cuanto a la violación de Derechos Humanos en el Estado de México en los últimos tres años, ha sido el desalojo violento y la detención arbitraria de feministas que tomaron la sede de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en Ecatepec, ocurrido el pasado 11 de septiembre.

Durante el acto las mujeres fueron golpeadas por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM). El desalojo se realizó a petición del propio titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), el exrector Jorge Olvera García.

Hasta el momento ningún funcionario ni servidor público ha sido sancionado por este abuso, no obstante que el incidente provocó una protesta enérgica por parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), emitida el pasado 24 de septiembre.

Por su parte el gobernador, Alfredo del Mazo sólo condenó la acción via Twitter. A continuación dos de los testimonios:

“Nos detuvieron porque estábamos protestando, nos acompañaban víctimas de trata, niños menores de edad, los policías ministeriales nos subieron como delincuentes a camionetas que ni siquiera eran oficiales, nos golpearon, a una señora embarazada la arrastraron hasta cansarse”

“La policía comenzó a amenazarnos de muerte, nos lanzaron extintores, nos aventaron sus armas, nos patearon”

“Ya es mucho, que el organismo encargado de defender derechos humanos viole los derechos en complicidad con entes de gobierno”, expresó Víctor Caballero.

Otro abuso reciente ocurrió en junio, cuando la defensora feminista Kenia Inés Hernández Montalván, fundadora del Colectivo Zapata Vive, fue detenida en el estado de México tras encabezar las protestas realizadas para exigir la liberación de los presos políticos. Actualmente lleva su proceso en libertad, acusada de un delito fabricado.

Al respecto Antonio Lara Duque, de la organización Zeferino Ladrillero, aseguró que el estado de México "sigue siendo una entidad peligrosa para el desarrollo de las labores de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas", ya que "se sigue criminalizando la lucha social y la defensa de los derechos humanos”, advirtió.

Aunque la FGJEM y la CODHEM son considerados organismos autónomos, son los gobernadores y legisladores los que proponen a los candidatos para encabezarlas.

Ante ello, Víctor Caballero consideró necesario despolitizar los organismos de derechos humanos y las fiscalías, para que sea la organización civil quien elija a los titulares ideales.

Por su parte Lara Duque recomendó a la Secretaría de Seguridad del Estado de México enfocarse en tener policías que tengan formación con perspectiva de derechos humanos, pues siguen siendo violentos, represivos y no aplican los protocolos de actuación.

La seguridad, el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso

Carlos Alberto Estrada Montoya, un joven albañil fue detenido el 18 de diciembre del 2017, mientras compraba unas quesadillas en Santiago Miltepec, una colonia popular de Toluca,sin que se le presentara una orden de aprehensión.

Tampoco se le leyeron sus derechos, no se le permitió una llamada telefónica y no se le informó de qué delito se le acusaba hasta después de que lo ingresaron a los juzgados de Almoloya de Juárez. Tras un proceso que duró sólo ocho meses, Estrada Montoya fue sentenciado a 47 años de prisión por el delito de homicidio, sin evidencias en su contra. Así como él, hay muchas personas injustamente presas en los penales mexiquenses.

El abogado del CDHZL consideró que el gobernador tiene una gran deuda con la sociedad mexiquense en el tema de justicia, pero también una gran oportunidad de reparar el daño causado a tantas personas que sufrieron algún tipo de abuso, durante ésta o en administraciones anteriores.

La organización civil estima que 19 mil personas privadas de su libertad en los penales mexiquenses tendrían que salir de prisión, toda vez que se les violó el debido proceso y fueron víctimas de algún tipo de discriminación estructural al ser detenidas, juzgadas y sentenciadas, de ahí la importancia de que el gobernador se manifieste a favor de la Ley de Amnistía que se promueve en la Legislatura local.

“Por un lado no se logran reducir los índices de crimen, inseguridad, delito, pero por otro lado, en aras de reducir eso meten a personas inocentes a la cárcel, solo con la intención de justificar cifras y todo pasa: los delincuentes siguen impunes y los inocentes están atiborrando las cárceles mexiquenses y tenemos un círculo vicioso, y la más afectada es la población más humilde, más modesta”, opinó Antonio Lara.

Consideró necesario fortalecer a la FGJEM con personal más preparado, para que hagan las investigaciones científicas, técnicas y objetivas que no hacen actualmente.

Aunque los casos de Tlanixco y Atenco ocurrieron en anteriores gobiernos priistas en la entidad mexiquense, las víctimas siguen sin recibir justicia.

Recientemente, víctimas y defensoras del caso Atenco acusaron al gobierno del Estado de México de incumplir con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre la tortura y violación de 11 mujeres en el municipio de San Salvador Atenco, en 2006.

Las Cifras Oficiales

En el año 2019, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México radicó un total de 10 mil 079 expedientes de queja por sobre presuntas violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal, de las cuales 20.5 por ciento eran contra la Fiscalía General de Justicia, 18.0 por ciento contra el sector educativo, 9.8 por ciento contra la Dirección General de Prevención y Reinserción Social y el 6.8 por ciento para el sector salud.

Entre los principales hechos violatorios específicos fueron: a la debida diligencia con 978 quejas, a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública (679), a una educación libre de violencia (707), a no ser sometido a acoso laboral (758), a la protección de la integridad (406), a la protección contra toda forma de violencia (405), a una estancia digna y segura (387) a recibir educación en igualdad de trato y de condiciones (324), a una adecuada administración y procuración de justicia (310).

No obstante la gran cantidad de denuncias por presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se presentan contra autoridades de diversos niveles de la administración pública, es mínimo el número de Recomendaciones que llega a emitir el organismo, por ejemplo en 2019 emitió ocho Recomendaciones y ocho más en 2018, mientras que en 2017 se emitieron 35. Este año apenas ha emitido dos, mientras las denuncias por abusos policiacos y excesos en Ministerios Públicos continúan.