Este miércoles 21 de octubre, el Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza inauguró la autopista Toluca-Naucalpan, en desacato a ordenamientos judiciales que en diversos momentos le ordenaron detener el megaproyecto y acompañado por el alcalde expanista de Toluca, hoy protegido por el partido Morena de Edomex, Juan Rodolfo Sánchez Gómez.

Durante la inauguración de la obra que devastó buena parte del llamado Bosque Sagrado en la cultura Otomi-Mexica, el mandatario aseguró que contó con la colaboración de Alejandro Encinas para “lograr acuerdos con las comunidades inconformes y así con concluir el proyecto”, no obstante, habitantes de San Francisco Xochicuautlán, rechazaron este discurso acusando al ejecutivo de aprovechar la pandemia para “acelerar las obras”, no obstante los ordenamientos judiciales que le impedían hacerlo, antes bien, debió suspender el megaproyecto, advirtieron.

De acuerdo a habitantes de San Francisco Xochicuautlán, el mandatario omitió durante el acto inaugural de este miércoles, que los integrantes del Consejo Supremo indígena, no llegaron a ningún acuerdo, como dijo en su discurso, sino que mantienen una posición firme en contra del proyecto, debido a que lo consideran un “desmembramiento del territorio, así como la afectación de cultivos de subsistencia de la población, el corte de venas de agua y daños al bosque”, entre otros impactos.

La comunidad otomí (o Ñhathö) de San Francisco Xochicuautla en el Estado de México, se encuentra distribuida en diferentes comunidades y han permanecido en dicho territorio milenariamente, generando relaciones económicas, sociales, culturales y simbólicas con el territorio. A través del tiempo, han mantenido la práctica religiosa de veneración y ofrenda al circuito de cerros de la zona, conocido por los habitantes de la zona como el “Divino Rostro”. De la misma manera, los diferentes grupos de las comunidades han recorrido como costumbre, en peregrinación el territorio, principalmente el bosque conocido como “Otomí-Mexica”, dejando ofrendas en diferentes puntos sagrados del bosque, para pedir por una buena cosecha, así como salud y el bienestar de las personas.

De acuerdo con la población de Xochicuautla, lo anterior, ha sido ignorado por el Estado Mexicano. Desde el año 2015, actores estatales y no estatales involucrados en la construcción de la autopista han violado diversas órdenes judiciales. Tanto el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, como la empresa Autopistas de Vanguardia S.A. de C.V. (AutoVan) y el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares del Estado de México (SAASCAEM), entre otros, han incurrido en desacato de las suspensiones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, en las que se ordenaba a las autoridades frenar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, ya que los argumentos planteados en de la demanda de amparo inicial apuntaban a que, de consumarse el acto reclamado, podrían causarse violaciones irreparables a los derechos humanos de la comunidad indígena.

Es importante precisar que el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia causada por el SARS-CoV-2 ha sido aprovechado por AutoVan y funcionarios del SAASCAEM para acelerar la construcción de la autopista, aventajando tramos importantes que solían estar vigilados por la comunidad que, ante las medidas para evitar contagios, se vio obligada a replegar sus esfuerzos de vigilancia comunitaria sobre la obra.

Para la CMDPDH, la inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan es una muestra incontrovertible de la falta de compromiso del Estado mexicano para proteger, respetar y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Con el actuar de autoridades locales y federales, el Estado mexicano, de mala fe, buscó favorecer una vez más a las grandes empresas constructoras, sin estimar las irreparables afectaciones que sufriría la comunidad en su ejercicio a sus derechos culturales, religiosos, territoriales, en su acceso al agua, así como su libre determinación.

SCJN PENDIENTE DE RESOLVER Y EMPRESAS INVOLUCRADAS

Por otro lado es necesario recordar que el pasado 4 de mayo, ya en periodo de pandemia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dictaminó atraer el recurso de revisión 69/2019 interpuesto por otomís de San Francisco Xochicuautla para cancelar la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan y proteger la integridad de su bosque, luego de que el gobierno del Estado de México, desatendiera diversas resoluciones judiciales (amparos), que ordenaban la suspensión de la obra.

La Segunda Sala de SCJN es la encargada de revisar este amparo y determinar si la autopista Toluca-Naucalpan pone en riesgo la supervivencia cultural y el bienestar del pueblo otomí en San Francisco Xochicuautla y en el Valle del Estado de México.

No obstante la atracción del caso, el gobierno del ejecutivo estatal, al frente de Alfredo del Mazo Maza, determinó junto con la empresa acelerar las obras durante la pandemia, dejando en posible indefensión al pueblo Otomi-Mexica de San Francisco Xochicuatla.

Habrá que recordar también que las continuas violaciones y asedio contra el pueblo de Xochicuautla, implicó una intervención en abril del 2016, del representante del Alto Comisionado de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU) Tom Haick, así como de observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), lo que no ha detenido el mega proyecto.

Aunque ahora aparece como empresa constructora un consorcio denominado “Autovan S.A. de C.V.), en realidad son varias las compañías implicadas entre estas Grupo Higa, Urbi , Ara y las firmas extranjeras Mercker y Nestlé.

Entre estas destaca Urbi, propiedad de Arón Urbina, presidente hasta en tres ocasiones del municipio de Tecámac (expanista y luego priísta) y ex presidente del Congreso Local durante el gobierno de Eruviel Ávila y Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, compadre de Enrique Peña Nieto y constructor de la llamada Casa Blanca, con la que habría pagado favores al exmandatario.

Staff Editorial y Tere Montaño