22 de octubre de 2020

La Legislatura local aprobó por unanimidad un exhorto al gobierno estatal y a los 125 Ayuntamientos para que las corporaciones policiacas eviten retenes injustificados, pues estos solo propician abuso de autoridad de uniformados y actos de corrupción.

La diputada María del Rosario Elizalde Vázquez, promovente del punto de acuerdo, junto con el diputado Juan Pablo Villagómez Sánchez, señaló en tribuna que los puestos de inspección y revisión denominados “retenes”, realizados por policías estatales o municipales, detienen a cualquier vehículo particular o de transporte público, transportista o motociclistas.

Los uniformados obligan a descender a sus tripulantes revisando el interior del vehículo y realizan revisiones corporales a las personas, con el supuesto objetivo de la prevención de la comisión del delito, o para la salvaguarda de la seguridad o el orden público.

“En la implementación de dichos retenes e inspecciones policiacas en el Estado de México, prolifera el abuso de autoridad y los actos de corrupción, en donde las autoridades, en el mejor de los casos, detienen vehículos posiblemente irregulares y reclaman una aportación económica “voluntaria” para dejarlos continuar su camino o someterse a la posible detención ilegal de su persona o su vehículo”, acusó la legisladora de Morena.

Recordó que hay numerosos casos de corrupción en retenes como en Naucalpan, con policías municipales y un ministerial que retenían en forma ilegal a automovilistas en Satélite; o en Juchitepec donde un video evidencia a policías municipales extorsionando a automovilistas, justificando que realizaban revisiones de rutina.

Mientras que en temporada decembrina, los paisanos migrantes, padecen maltrato, extorsión, robo, corrupción y prepotencia, por parte de uniformados, en su paso por el Estado y tránsito por todo el país, despojándolos de lo que con mucho esfuerzo trabajaron en otros países.

“A estos sucesos, se pueden sumar los distintos retenes efectuados en las diferentes regiones y municipios del Estado por parte de la Policía Estatal y/o Policía Municipal, mismos, que son caracterizados por la arbitrariedad de los agentes encargados de la seguridad pública, efectuando cualquier tipo de extorsión a quienes transitan por las diversas vialidades”, abundó Elizalde.

Rosario Elizalde consideró que los controles preventivos provisionales, deben ser fundamentados y motivados en las leyes y disposiciones administrativas, para que exista una causa legítima al ejecutarlos.

En su ejecución, los agentes de seguridad pública deben identificarse con los conductores e informarles el motivo por el cual se detuvo su tránsito, respetando su integridad, y no deben ser un mecanismo de tolerancia de prácticas policiales que favorezca las detenciones arbitrarias, debe existir un equilibrio entre la defensa de los derechos humanos y la seguridad pública.

El exhorto aprobado por los legisladores solicita a los titulares de la Secretarías de Gobierno, y de Seguridad, así como al Fiscal General y a las y los Presidentes Municipales de los 125 Ayuntamientos que garanticen el derecho al libre tránsito y capaciten a los elementos de seguridad a su cargo para que se abstengan de realizar retenes cuando no haya causa que lo justifique, a fin de evitar abusos de autoridad y actos de corrupción, y en caso de existir, se apliquen las sanciones correspondientes.

Staff Redacción