13 de noviembre de 2020

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó pagos improcedentes por casi 86 millones de pesos por la construcción de un tramo del inconcluso Tren Interurbano, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación.

En su revisión del contrato DGTFM-28-14, por la construcción del túnel ferroviario del portal poniente al portal oriente del túnel de 4.634 km de longitud, con inicio en el km 036+150 y terminación en el km 040+784, en el Distrito Federal, y perteneciente a la Cuenta Pública de 2019, se encontró un pago de 860 millones 7mil pesos por un concepto no previsto en el catálogo original, que resultó ser un separador de hidrocarburos. Sin embargo, la entidad fiscalizada pagó el 0.71 de pieza, sin la autorización correspondiente para fraccionar el pago de la pieza, ni comprobó cómo determinó la cantidad de dicha fracción. Ante ello, la ASF solicitó iniciar el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que autorizaron este separador.

Además, la ASF determinó que no se respetó la modalidad de pago indicada en su especificación particular, al fraccionar el pago de un precio unitario.

Otra observación fue que hubo pagos improcedentes por 85 millones 929 mil 600 pesos. De estos, 75 millones 147 mil 100 pesos fueron por trabajos de reinyección de túneles. El problema es que estos trabajos habían sido hechos para corregir deficiencias del propio contratista. En otras palabras, el gobierno gastó más de 75 millones de pesos del erario público en corregir un error de la propia constructora.

Otros 9 millones 688 mil 400 pesos, fueron por trabajos de demolición. Lo anómalo aquí, es que esos trabajos se habían realizado en una losa provisional a la entrada del túnel. Parte de los 85 millones improcedentes también fueron 718 mil 600 pesos por un concepto fuera de catálogo, y que ya estaba incluido en el contrato de la supervisión. Doble gasto por algo que ya estaba contemplado.

Por último, hubo un pago de 375 mil 400 pesos porque no se acreditó la disminución de la plantilla de la supervisión externa en los trabajos de construcción de los túneles. Ninguno de estos pagos tuvo razón de ser, constituyen un daño a la Hacienda Pública de casi 86 millones de pesos.

Este desfalco, de origen administrativo de acuerdo con la ASF, incumplió cinco disposiciones oficiales, como la Ley General de Responsabilidades Administrativas: artículo 7, fracciones I y VI, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: artículos 107, fracciones I y III, 113, fracciones I, II, VI y XV, y 115, fracciones V, XI, XIII y XVI y Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 66, fracción III.

Héctor Castañeda