3 de febrero de 2021

El exgobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGJ), en un domicilio particular de Acapulco, Guerrero, en complemento a una orden de aprehensión girada hace dos años al menos por una jueza de Quintana Roo, acusado por delitos relacionados por la detención ilegal y tortura en 2005, de la periodista Lidya Cacho.

Mario Marín, a quien se le identifica como “el gober precioso” desde que se filtró una soez conversación que mantuvo en 2005 con el empresario Jean Succar Kuri implicado por investigaciones de la periodista en una red de explotación sexual de pederastas, era buscado desde al menos dos años por la fiscalía, toda vez que uno de los cargos que enfrenta se relaciona con la tortura de Lidya Cacho.

La filtración de los audios de la conversación que sostuvieron el entonces gobernador Mario Marín con el empresario, dan cuenta de que la detención de la periodista fue un acto ordenado por el mandatario como favor a Succar Kuri, en una especie de “pago de favores”.

Desde que se giró la orden de aprehensión en contra del exmandatario de Puebla, éste de inmediato desapareció y se dio a la fuga.

Cuando fue detenida arbitrariamente la periodista, en 2005, se le sometió a actos de abuso y tortura en distintos niveles y a lo largo de un trayecto que se prolongó casi un día entero.

Los hechos hubieran pasado desaparcibidos, si no es que tiempo después, en 2006, el periódico La Jornada, dio a conocer los audios de la conversación privada en la que con palabras altisonantes y bajezas, se escucha a ambos mofarse de la periodista.

“Qué pasó mi gober precioso, mi héroe chingaó”, se escucha decir al inicio de la conversación al empresario, frases que quedarían grabadas y con las que posteriormente se bautizó a Mario Marín, en una forma de recordar uno de los mayores actos de impunidad que prevalecen hasta nuestros días contra la libertad de expresión.

Cabe recordar que no fue sino hasta 2019, cuando la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se refirió al caso y reconoció el atropello y violación a los derechos de la periodista, con lo cual el gobierno federal, ya al frente de Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a investigar.



Ma. Teresa Montaño