El 4 de noviembre del 2019, nueve miembros de la familia mormona LeBarón –tres madres con sus hijos menores de edad–, de nacionalidades mexicanas y estadounidenses, fueron asesinados a tiros en un territorio de la Sierra Madre Occidental de Chihuahua, cuyo control es disputado por el Cártel de Sinaloa y la banda de La Línea.

Los integrantes de la familia iniciaron entonces una petición popular en el portal de la Casa Blanca, en Washington, pidiendo al gobierno estadounidense que los cárteles mexicanos de las drogas fueran considerados “terroristas”.

Días después, el 28 de noviembre de ese mismo año, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció públicamente su intención de que los cárteles Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Tijuana (Arellano Félix), Juárez (La Línea) y Los Zetas dejaran de ser en su país “organizaciones criminales” para legalmente ser “grupos terroristas”.

Ese día Trump declaró a la prensa estadounidense: “Estamos perdiendo a 100 mil personas al año por lo que está sucediendo y lo que está viniendo desde México. De hecho, le he ofrecido (al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador) que nos deje ir (a México) y limpiarlo; y él, hasta ahora, ha rechazado la oferta. Pero hasta cierto punto, algo tiene que hacerse”.

Al periodística radiofónico Bill O’Reilly, Trump reveló que su gobierno tenía 90 días trabajando para clasificar a esos cárteles como “terroristas”, y subrayó: “¿Sabes que denominar (terrorista a un grupo) no es tan fácil? Tienes que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”.

La respuesta a la insólita propuesta del excéntrico mandatario no tardó mucho en darse. Marcelo Ebrard, ministro mexicano de Relaciones Exteriores, de inmediato respondió en su cuenta en Twitter: “México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza”.

Expertos en la materia, el mexicano Mauricio Meschoulam y el estadounidense en políticas de antinarcóticos del Instituto de Estudios de Política, Sanho Tree, destacaron en entrevistas por separado con medios de comunicación de ambos países que, para entender y así considerar la posibilidad de llevar a cabo la idea planteada por Trump, primero había que entender que Estados Unidos tiene diferentes formas y grados para clasificar como terrorista a una organización, siendo la más severa la de organización terrorista extranjera, que la decide el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Sanho dijo que el anuncio hecho por Trump era básicamente “una estratagema nacional” de cara al proceso electoral presidencial del 2020, además de ser una acción tendiente para hacer crecer “el estigma sobre los mexicanos”.

Otro académico e investigador, Jesse Norris, profesor de justicia penal en la Universidad Estatal de Nueva York en Fredonia, recordó que un estudio previo del Congreso de Estados Unidos sobre el tema refuerza la idea de que el proyecto de la administración Trump sobre la reclasificación de los grupos delictivos mexicanos a terroristas, tiene como sustento implicaciones también de índole migratorio.

“Una de las consecuencias de considerar terroristas a los cárteles sería que esta acusación se extendería a quienes colaborasen con estos. Por ejemplo, los vendedores locales de drogas o incluso sus clientes, muchos de ellos migrantes legales o ilegales”, señaló Norris.

Según el mismo documento legislativo, los colaboradores de esos grupos “terroristas”, sus miembros y representantes, podrían ser deportados o no admitidos en el país, y sus activos y transacciones podrían ser bloqueados por instituciones financieras estadounidenses.

Así, esta designación de “terrorista” permitiría al gobierno estadounidenses a “animar” a otras naciones a hacer lo mismo mediante la estigmatización de los cárteles y su aislamiento internacional.

Igualmente, Norris consideró que esta recategorización haría más fácil procesar como terroristas a la gente en los niveles más bajos, como los vendedores de droga callejeros, quienes compran droga de los cárteles pero no están involucrados de otra manera, “lo cual es algo estúpido”.

De esta forma, en la práctica, casi cualquiera que se haya asociado o interactuado con un cártel en cualquier forma, incluso sin formar parte de uno, podría ser acusado de terrorista.

Por su parte Mauricio Meschoulam, internacionalista y profesor del departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, destacó que al ser considerados terroristas, los cárteles pasarían a ser una prioridad en ambas naciones y en Estados Unidos alcanzaría uno de los tres niveles prioritarios de su gobierno, junto con la competencia tecnológica, militar y económica de China y Rusia.

“Ya no necesitarían una orden de arresto para inspeccionar una casa o meterse en un equipo de cómputo porque el enfoque en materia de terrorismo es actuar antes de que el ataque ocurra”, explicó.

Pero es precisamente esa libertad de acción del gobierno estadounidense lo que alertaría al gobierno mexicano, tradicionalmente dado a ceder a las propuestas y acciones de facto de Washington, a sufrir operativos unilaterales en su territorio, pasando por encima de la soberanía nacional.

Pero para el doctor en Políticas Públicas y Administración con especialización en Terrorismo, Mediación y Paz, que Estados Unidos nombraran a los cárteles del narcotráfico como terroristas era poco probable porque su nombramiento requiere además de una justificación de carácter ideológico, algo muy difícil de encontrar entre los narcotraficantes.

“El terrorismo no es violencia que causa terror. Es violencia que se hace para causar daño a terceros. Tu blanco son esos terceros, que reciben el mensaje a través de la violencia. En los cárteles no hay ideología. El mensaje es: ‘No te metas conmigo’, afirmó el especialista mexicano.

Pero en el momento de la declaratoria de Trump, ya había voces en el Senado estadounidense que abiertamente solicitaban al mandatario que considerara a los narcotraficantes como terroristas, sin importar que tuvieran o no una ideología política y social

El texano Chip Roy escribió en su portal digital tres meses antes del ataque a los LeBaron: “Decapitaciones en video, seres humanos siendo disueltos en ácido sulfúrico, cuerpos descuartizados y desparramados por la carretera… No estoy describiendo a Estados Islámico ni a Al Qaeda, sino lo que está sucediendo a lo largo de muchos tramos de nuestra frontera compartida con México en la batalla por el control operacional entre cárteles de la droga y… Estados Unidos no puede mirar a otro lado”.

Años antes, en 2012, el Instituto de Política, una organización no gubernamental con base en la Universidad de Harvard, recomendó en un informe al gobierno de Barack Obama que aprobara una ley declarando a los cárteles mexicanos de la droga organizaciones terroristas extranjeras.

El 7 de diciembre de 2019, un mes después de su inesperado anuncio y un día después de que el entonces fiscal general de Estados Unidos, William Barr, viajara a México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, Trump, anunció que decidió posponer “temporalmente” la designación de los carteles mexicanos como “grupos terroristas”.

Dijo: “Cambié de opinión a petición de un hombre que me cae bien y que ha trabajado tan bien con nosotros”, en referencia a López Obrador.

Hoy, el tema retoma vuelo ante el incontenible y brutal avance de los cárteles mexicanos que desde hace rato trabajan como sindicatos transnacionales dedicados a todo tipo de crimen.

Voces como las del doctor Javier Dondé Matute, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y perito en Derecho Penal Internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, plantean que el tema debe ser analizado bajo la óptica de la sociología jurídica.

Afirma: “Los niveles de violencia en México podrían catalogarse como conductas de terrorismo, pero el Estado ha ignorado la posibilidad de investigar y procesar el problema a través de dos formas: por un lado, la opción por investigar y perseguir delitos a través de tipos penales distintos del terrorismo y, por otro, la franca impunidad de estas acciones”.

¿Esto significa que los gobiernos de México y Estados Unidos deben replantear la posibilidad de utilizar –de manera coordinada– algunas de las herramientas jurídicas y de investigación criminalística, forense y de inteligencia financiera que se aplican en el combate al terrorismo, en la confrontación de los cárteles y los grupos delincuenciales que operan impunemente en los territorios de ambas naciones?

La respuesta es impostergable y la deben acompañar los poderes legislativos, los tribunales, los organismos y las personas especializadas en la materia, así como contar con el respaldo comprometido de una sociedad civil binacional agobiada por el temor, la extrema violencia y la impunidad con la que maniobra la delincuencia organizada, convertida así en una estructura terroristas que merece ser atendida bajo la óptica de un trato multimodal específico.

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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.