La respuesta de los grupos criminales ante los inconvenientes que plantea el COVID-19 no deja de sorprendernos.

Conocemos que el progreso o el fracaso de las organizaciones criminales en estos tiempos de confinamiento y emergencia sanitaria depende en mucho de tres aspectos fundamentales: Sus relaciones –actuales y pasadas– con el Estado, su rápida capacidad para diversificar su labor y adaptarse a las condiciones “del mercado” criminal, y su tenacidad para mantener bajo control a sus elementos.

Cuando arrancó la alerta sanitaria fue noticia nacional el reporte de la presencia de grupos armados pertenecientes a los principales cárteles repartiendo mascarillas, despensas, medicinas y castigo a quienes trasgredieran sus órdenes de confinamiento. Incluso algunos ofrecieron abiertamente ser aliados del gobierno en el combate y control de la pandemia.

Sin embargo, conforme se desarrolló el contagio y la enfermedad esa actitud cambió porque la contingencia trastocó el funcionamiento financiero y operativo del sistema criminal, que entonces decidió cambiar su metodología para sobrevivir.

Haciendo a un lado de momento dos de las tres variantes que inciden en la fortuna o desgracia de los criminales organizados ante la pandemia, quiero centrar esta reflexión en la variable de la diversificación de la cartera “profesional” de los cárteles.

No es nuevo decir que las organizaciones delictivas más diferenciadas y que llevan a cabo una amplia gama de actividades, logran sortear toda tormenta y capitalizar las oportunidades mejor de lo que lo hicieron los que dependen de menos fuentes de ingresos.

Varios estudios del 2020, hechos por la organización internacional InSight Crime –especializada en crimen organizado en América Latina y el Caribe, y que cuenta con un equipo multidisciplinario que incluye expertos en áreas como ciencia política, economía, relaciones internacionales, periodismo, administración, diseño, historia, traducción y edición– encontraron que “un ejemplo exitoso” en el curso de la pandemia lo ha sido el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Apoyado en gran parte por sus flujos de ingresos diversificados que incluyen tráfico de cocaína y drogas sintéticas, control de importante infraestructura portuaria, robo de petróleo, extorsión, trata de personas, secuestro y múltiples formas de lavado de dinero, es hoy la organización criminal dominante en México.

Sin que esto suene como apología a su capacidad de organización y adaptación, fue quizás una de las grandes bandas criminales del mundo en introducir en su portafolio del crimen al sector médico pandémico.

Sus primeras acciones en este nuevo género delictivo se conocieron en 14 de abril del año pasado cuando la Fiscalía General de la República informó la recuperación de 12 barriles con unos 200 kilos de gel antibacterial que habían sido robados en el municipio de Tecámac, en el estado de México.

Ese mismo día, las autoridades mexicanas también reportaron el robo de 20 equipos médicos destinados a la atención de pacientes con COVID-19 y de varios ventiladores mecánicos en las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Oaxaca.

Luego, en junio, julio y septiembre, en redes sociales y medios regionales y sociales, se informó de la presencia de “laboratorios ambulatorios bien equipados y montados en camionetas de color blanco” en los estados de Jalisco, Guanajuato, Querétaro y otras entidades del centro de la república, ligados a bandas asociadas al CJNG y al Cartel de Sinaloa que ofrecían y aplicaban pruebas antivirus falsas, así como diversos medicamentos y tratamientos médicos supuestamente efectivos en contra de la COVID-19, a cambio de una “módica suma” de 8 mil hasta 15 mil pesos.

Más de tres mil personas fueron víctimas del engaño, el cual sólo generó una persona y un vehículo detenidos por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Una de las últimas caras vergonzosas de estos crímenes pandémicos en México la conocemos por denuncia directa del jefe de la agencia nacional de protección al consumidor (la Profeco), Ricardo Sheffield, quien el 1 de febrero anunció que se desmantelaron más de 130 anuncios fraudulentos en línea y mil 200 perfiles de Facebook por promocionar tanques de oxígeno para familias desesperadas por conseguir el gas para salvar la vida s sus seres queridos enfermos con el coronavirus.

“No hagamos caso a las ofertas que vemos en las redes sociales porque alimentamos un mercado negro. Son cilindros robados, de uso industrial que no sirven para respirar con ellos”, se limitó a decir el funcionario federal en una conferencia de prensa.

Antes, el 1 de enero, la Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que páginas de internet que se hacían pasar por reconocidas empresas de gases de uso médico, ofrecían cilindros de oxígeno para la venta, alquiler o recarga, y esperaban que los usuarios entregaran un depósito y su información personal para posteriormente desaparecer en el ciberespacio.

Las autoridades federales dejaron percibir que detrás de estos ciberdelitos estaban operadores técnicos de los cárteles delictivos más organizados, poderosos y diversificados del país, aunque la transgresión también se daba en la esfera del fuero común. Por ejemplo, el 19 de enero dos hombres armados fueron sorprendidos cuando secuestraban un camión en el municipio de Ecatepec, México, que llevaba 55 tanques vacíos de oxígeno a una planta cercana; y ese mismo día un hombre armado entró a un hospital en Sonora y huyó con siete tanques.

¿Por qué han ido en aumento este tipo de delitos en nuestro país? Primero porque en los meses de enero y febrero se presentó un peligroso incremento en el caso de muertes y contagios del coronavrus que saturaron en 90 por ciento la capacidad de atención de los hospitales del país, y motivaron a miles de mexicanos a buscar con desesperación el suministro de oxígeno para salvar la vida a sus familiares enfermos.

Además, se conjugó un grave desabastecimiento del oxigeno que sirvió para que empresas formales e informales comenzaron a ofrecer los cilindros a precios exorbitantes en un desquiciante juego de vida y muerte, el cual llamó la atención a los oportunistas criminales organizados.

A ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) agregó en un reporte sobre la actividad criminal en torno a la pandemia, que la deficiente seguridad para los médicos, la inacción de algunos gobiernos frente a la propagación del virus y la desprotección sanitaria de importantes porciones de la población, “han favorecido la economía criminal que se mueve alrededor de los robos y hurtos de insumos médicos”.

La OMS recordó que los precios de esos productos han aumentado desde que inició la epidemia. Por ejemplo –citó–, el precio de las mascarillas quirúrgicas se ha multiplicado por seis, el de los respiradores N95 por tres, y el de las batas por dos.

“La subida en los precios ha convertido a esta industria en una alternativa económica para organizaciones criminales que han visto afectados sus ingresos por cuenta de las restricciones de movilidad en muchos países,” concluyó la organización mundial.

Pero hay otra lectura para este relevante fenómeno criminal. El de la antropología y la psicología social. Y es desgarradora.

Esta visión se sustenta fundamentalmente en algunas variantes a las tesis del connotado sociólogo francés Danilo Martucelli acerca del surgimiento del individualismo y sus consecuencias en materia social, política, económica y cultural.

Los individuos –indica el sociólogo e investigador Gilles Bataillon en un ensayo sobre “Narcotráfico y corrupción: las formas de la violencia en México en el Siglo XXI”–, en cierta forma “preceden” a las instituciones ausentes o débiles porque el establecimiento de regímenes democráticos que proclaman derechos y confieran a los individuos el sentimiento de que tienen «el derecho a tener derechos”, acentúa la tensión entre las instituciones que protegen insuficientemente a los individuos y a ellos mismos.

Y al ser las instituciones deficientes o al estar simplemente ausentes, el problema criminal y su diversidad, violencia y oportunismo se resuelve al margen de estas porque muy a menudo “no se puede hacer de otra manera”, según afirma el también científico del Centro de Estudios Raymond Aron de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y profesor afiliado a la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Así, el individualismo, ese demonio que el neoliberalismo sembró ominosamente en el subconsciente social de millones de humanos que viven bajo su mando, es la actitud del “yo primero”, y no es exclusiva de la clase política o las autoridades, sino que está esparcida por todo el conjunto social, es decir para todos ya que “la moral es concéntrica y se aplica en función de círculos de sociabilidad y redes,” incluidos obviamente los narcos.

Es por esto que, como afirma Bataillon, para esta grotesca adaptación del inconveniente criminal-médico-pandémico, las actividades ligadas al narcotráfico también se adecuan perfectamente a una representación que considera al individuo como un “jugador asimétrico”, o un “oportunista vulnerable”.

Se actúa, así, en un mundo inestable, donde las reglas van en menoscabo de “los de abajo” y a la vez son permanentemente reacomodadas por los poderosos en su favor. De ahí la imperiosa necesidad de mostrarse “astuto” para quien tiene por norma… violar las normas.

***

Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.