REELECCIÓN: CONTINUIDAD O CACICAZGO

Almoloya de Juárez, Estado de México, 1 de marzo de 2021.- Para que el ciudadano pudiera apoyar la reelección de un diputado o de los presidentes municipales, debería verificar antes de emitir su voto, qué porcentaje de su plataforma electoral cumplió dicho representante popular, porque la reelección –en la mayoría de los casos- esconde un cacicazgo que los mexicanos de antes ya habían erradicado. Así que hay que ser cautelosos.

Los primeros que han levantado la mano para ser reelectos, son varios diputados locales de Morena, de manera oficial, el coordinador de esa bancada en la LX Legislatura, Maurilio Hernández González, ya declaró que “aspiramos a dar continuidad al trabajo que estamos realizando porque tres años no es suficiente para solventar tantos temas de interés del estado”. Por ello buscará convencer una vez más a los electores del Distrito 11 con cabecera en Tultitlán, para que voten por él en junio próximo.

La plataforma electoral que sustentó su candidatura y la de los otros diputados que accedieron a una curul en 2018 por Morena, incluyó entre otros rubros: “Legalidad y erradicación de la corrupción”; “Combate a la pobreza”; “Recuperación de la paz”; “Viabilidad financiera y austeridad” y, “Equidad de género" además de otros rubros que no son de la jurisdicción local, como “Reconstrucción Nacional”.

En el apartado de corrupción se destacó que para erradicarla -sobre todo la que ejercen los gobernantes-, “resulta fundamental respetar la ley… (para) atacar la impunidad desde su raíz”. También fue referido que “este propósito se puede lograr sin modificar la Constitución ni embarcarse en un vértigo de reformas a la legislación secundaria, sino con el cumplimiento de una y de otras mediante la convocatoria a la sociedad a una regeneración ética que redundará en beneficio de todos”.

El problema es que a la vuelta de tres años, por ejemplo, los gobernantes que en los últimos 20 años se dedicaron a saquear el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) ni siquiera han sido identificados, mucho menos procesados por sus delitos y lo que es peor, la LX Legislatura ha sido incapaz de aprobar la ley que le daría viabilidad a esta maltrecha institución.

Y si bien el documento asegura en su apartado 10 que la corrupción más importante a erradicar es la “materializada en el robo directo a las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos en la asignación de obra pública y en las licitaciones de compras públicas” lo cierto es que hasta el momento el Órgano Superior de Fiscalización no ha proporcionado los elementos necesarios para procesar, de acuerdo a la ley, a los funcionarios o ex funcionarios que cumplan con este supuesto.

Por otra parte, para combatir la pobreza de vastos sectores de la sociedad, se propuso “la creación de fuentes de trabajo, el impulso a las actividades productivas, particularmente las del agro, la inclusión de todos los jóvenes en programas educativos o laborales y la atención prioritaria al cumplimiento efectivo de los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los niños y otros grupos vulnerables”.

Aquí con datos correspondientes al mes de agosto de 2020, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, encontramos que la entidad presenta 7.6% de desempleo de la población económicamente activa, y se ubica entre las 5 entidades con mayor desempleo. Y bueno este rubro es imposible de medir, porque debido a la mala gestión de la pandemia por Covid-19, las actividades productivas y educativas no solo de la entidad, sino de todo el país están colapsadas.

Otra asignatura pendiente es la “recuperación de la paz”, porque cuando elaboraron la plataforma de Morena, había 11.99 homicidios por cada 100 mil habitantes, en 2019 la tasa creció a 19 homicidios por cada 100 mil habitantes y por lo menos hasta septiembre de 2020, el semáforo delictivo se mantuvo en rojo en cuanto a homicidio; extorsión; narcomenudeo; robo a negocio; robo a casa; lesiones; violencia familiar y feminicidios.

En el rubro “Viabilidad financiera y austeridad” se comprometieron a bajar y en consecuencia no incrementar la deuda pública que en esos años era de 38 mil 277 millones de pesos; pero al 30 de septiembre de 2020, la Secretaría de Finanzas reportó que el monto ascendía ya a 42 mil 610 millones de pesos y si a eso le sumamos los ocho mil 600 millones de pesos que la Legislatura le autorizó al Ejecutivo estatal para el ejercicio 2021, resulta que no se cumplió el propósito señalado en la mencionada plataforma electoral.

Y bueno lo relativo a la equidad de género, sobre todo donde se propusieron “promover y garantizar los derechos de las mujeres con políticas públicas incluyentes que aseguren la equidad efectiva entre mujeres y hombres y que atiendan las intolerables expresiones de violencia, abuso y acoso a las que están expuestas las primeras en todos los entornos sociales, en todos los municipios y regiones del Estado de México, a todas horas del día” pues no han cumplido, basta ver que la entidad lleva varios años ocupado el primer lugar en feminicidios ya sea por tasa o cifras totales.

A esto hay que añadir que en la congeladora legislativa han quedado reformas sin estudiar como la de los matrimonios igualitarios, toda vez que en franca violación al artículo 130 constitucional que habla de “El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias”, los diputados locales consultaron a líderes religiosos sobre este particular, contaminando así un acto civil con un sacramento que es signo material de la presencia de Dios entre los hombres, cuando la fracción e) párrafo quinto de dicho mandato constitucional dice que “Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas”.