8 de marzo de 2021


La masacre de 72 migrantes ocurrida en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas puso a México en los reportes de la prensa internacional como uno más de los horrores de la guerra del narcotráfico.

Aquellos titulares revelaban al mundo solo uno de los riesgos que corren los migrantes que, en su intento por llegar a Estados Unidos, viven en tierras mexicanas; violaciones y abusos sexuales, secuestros, extorsiones, golpes, robos y asesinatos son algunos de los peligros que migrantes de todas latitudes asumen como consecuencia de atravesar México.

Sin que a la fecha se tengan identificados todos los cuerpos, ni se haya hecho justicia, México continúa siendo una pesadilla para quienes lo han dejado todo en busca de una nueva vida en mejores condiciones.

En enero de este año, 19 cuerpos calcinados fueron encontrados en el poblado de Santa Anita, Camargo, también en Tamaulipas. Hasta la fecha, 12 policías estatales y ocho funcionarios del Instituto Nacional de Migración fueron detenidos, acusados de homicidio, abuso de autoridad y de falsedad de declaraciones, además de que cinco sobrevivientes han obtenido el estatus de testigos protegidos en Estados Unidos.

De ambas matanzas, las autoridades mexicanas han culpado a los cárteles que se disputan el control de Tamaulipas y del tráfico de migrantes en la región, donde el crimen organizado se pelea el control de nuevos delitos como el tráfico de migrantes.

A más de 10 años de San Fernando, el Estado mexicano ha sido no solamente incapaz de frenar la violencia contra los migrantes, sino incluso en registrar e informar las dificultades que enfrenta este grupo en su travesía por territorio nacional.

En febrero pasado, una investigación de Animal Político reveló que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha ignorado los informes sobre las violaciones que sufren los migrantes en todo el país, con la participación en muchas ocasiones de policías y funcionarios de Migración.

A pesar de lo que diga el presidente Andrés Manuel López Obrador, las personas migrantes siguen siendo un grupo totalmente expuesto a las atrocidades del narco, olvidado y sin acceso a la justicia.

Ni la Guardia Nacional ni los cambios en el Instituto Nacional de Migración ni la llegada de Olga Sánchez Cordero a la Secretaría de Gobernación han disminuido las violaciones a derechos humanos de los migrantes.

Tampoco la petición presidencial de ‘abrazos, no balazos’ ha hecho que los criminales dejen de ver en los migrantes un botín más, cual mercancía.

Negar como hasta ahora la violencia en contra de los migrantes o asumir que por ganas se acabó la corrupción no hace sino agravar el problema, al alejarse los esfuerzos por cambiar la realidad.

Sin duda, las diferentes administraciones estatales tienen su dosis de culpa en lo que viven los migrantes. Los gobernadores de Tamaulipas acumulan un historial peculiar: Tomás Yarrington, (mandatario de 1999 a 2004), Eugenio Hernández (de 2005 a 2010) presos por delitos relacionados con el crimen organizado, mientras que el actual mandatario Francisco García Cabeza de Vaca está sujeto a un proceso de desafuero por su presunta participación en actividades relacionadas con lavado de dinero y delincuencia organizada.

Semejantes antecedentes ya tendrían que haber causado un cisma en la política regional y una intervención seria del gobierno federal para controlar el territorio, limpiar las corporaciones de seguridad pública e intervenir para frenar la violencia.

Nada más lejos de la realidad. Sin importar el partido que gobierne, el narco permanece intocable, peleándose la “plaza” como le da la gana, sin que la autoridad se asuma como tal.

De la profesionalización de las policías locales, nada. Mucho menos han cambiado las cosas en el INM, en el que se siguen registrando algunos de los peores abusos en contra de la población migrante.

Vale la pena reflexionar cómo será la vida de los migrantes en sus lugares de origen que prefieren arriesgarse a atravesar este territorio de guerra en el que se ha transformado el país. Imaginemos cómo será de lo que huyen que han elegido México como lugar de tránsito preferible a quedarse en su tierra.

Mientras, los cárteles actúan a sus anchas, sabiendo que el gobierno mexicano no les pondrá obstáculos.

En este país, ha demostrado el presidente, a unos se les deja en libertad (Ovidio Guzmán), se les saca de la cárcel (Salvador Cienfuegos) o se les premia con candidaturas (Félix Salgado Macedonio); a otras, a las víctimas, a las enfurecidas de tanta impunidad, se les ponen vallas.

PANORAMA

SÍ, SE VA A CAER. SE VA A CAER PORQUE NOSOTRAS LO VAMOS A TIRAR.

***

Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.