12 de marzo de 2021

Como resultado de una denuncia penal presentada por la Secretaría de la Función Pública en 2019 y relacionada con uno de los mayores casos de corrupción en México, un juez de control vinculó a proceso a tres personas por su presunta responsabilidad en la sustracción del expediente conocido como la “Casa Blanca de Peña Nieto”. Dicha sustracción la abrían realizado dentro de los archivos de esa misma dependencia.

En 2019, la secretaria titular de la dependencia, Sandoval Ballesteros, instruyó que se presentara la denuncia penal por la sustracción del expediente sobre el posible conflicto de interés del entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, con Grupo Higa, la cual es la firma constructora de la Casa Blanca y la cual fue ampliamente beneficiada por contratos durante el gobierno de Enrique Peña en el Estado de México entre 2005 y 2011, lapso de su gobierno en esa entidad.

Esta denuncia se originó en una investigación iniciada en el Órgano Interno de Control, después de que ex funcionarios señalaran que antes de la entrega de la Secretaría de la Función Pública a la nueva administración se habría sustituido el expediente original por una copia de la versión pública, que presuntamente omitía diversas evidencias de la investigación.

Tras una minuciosa indagatoria en la que se hizo evidente que el expediente de la llamada “Casa Blanca” no fue archivado de conformidad con la ley en la materia y las normas internas de esta Secretaría, la Función Pública presentó la denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por el posible delito de ejercicio ilícito de servicio público de parte de las tres personas que ocuparon los cargos de Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, de Director General de Denuncias e Investigaciones y de Director General Adjunto de Investigaciones, a finales de la anterior administración.

Estos tres exfuncionarios fueron señalados por su posible implicación en la desaparición del expediente relativo a la mansión que le regaló la empresa Higa al expresidente mexiquense, integrante del llamado Grupo Atlacomulco (el poderoso grupo mafioso de priístas y políticos asociados de otros partidos, incluidos de Morena, que controlan el Edomex desde el siglo 20).

Finalmente y tras concluir la audiencia ante el juez de control y conocerse la sujeción a proceso, la secretaria Sandoval Ballesteros informó que “esta noticia es un paso más para erradicar la impunidad, a través del cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales de garantizar una administración honesta, legal y ética”.

El comunicado emitido tras la resolución judicial de sujeción a proceso indica que : "En adelante, la Función Pública seguirá coadyuvando, como parte ofendida, en este asunto que continúa en etapa de investigación complementaria. Confiamos en que el trabajo de la Fiscalía en coordinación con esta Dependencia permitirá esclarecer la desaparición de este expediente de investigación, así como sancionar a quien haya sido responsable.

La Función Pública está comprometida con fortalecer, en el ámbito de sus atribuciones, los mecanismos de coordinación con las autoridades ministeriales para asegurar que cuenten con todos los elementos para la correcta integración de las investigaciones y, de esta manera, sumar esfuerzos para erradicar la impunidad".

Si bien el comunicado no revela los nombres de los presuntos implicados en sustraer los archivos del caso de la Casa Blanca dentro mismo de la Secretaría de la Función Pública, trascendió más tarde este viernes que al menos uno tenía cargo de subsecretario.

El periodista Julio Hernández reveló también en un tuit de esta mañana que se trata de José Gabriel Carreño, subsecretario; y los exdirectores generales Antonio Suárez y Daniel Pérez, los tres ya vinculados a proceso.

Ma. Teresa Montaño