25 de marzo de 2021


Clara Luz Flores sí conocía a Keith Raniere, la candidatura de Félix Salgado Macedonio corre el riesgo de ser invalidada por el Instituto Nacional Electoral, el mismo órgano que pretende ahora frenar la sobrerrepresentación legislativa que permitió sin chistar desde 2012, Ricardo Anaya se sorprende de los pobres del país que quiere gobernar… todas estas noticias de los tiempos electorales que corren.

Mientras la clase política busca acomodo en algún partido político -el que sea, sin importar agendas o idearios-, la población espera una vez más la convocatoria para participar en las votaciones y con ello validar a quien sea que llegue al poder.

Aspirantes de todos los colores salen a las calles a prometer nuevamente que cambiarán el rumbo del municipio o entidad de que se trate, que con ellos al mando estaremos mejor y que, ahora sí, las cosas van a mejorar, un nuevo futuro nos espera de la mano de quienes llevan años dedicados a sí mismos.

Como desde hace ya varios años, los discursos van a encontrarse con la inseguridad que por el crimen organizado hay en el país: en febrero de este año hubo dos mil 626 víctimas de homicidio doloso.

Comparado con el mismo periodo del año pasado, el homicidio doloso lleva en 2021 una disminución del 5.4 por ciento, al pasar de cinco mil 768 víctimas en 2020 a cinco mil 455 en los dos primeros meses de este año, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas el lunes pasado en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El descenso en homicidio doloso (y de la incidencia delictiva en general, que bajó 19.9 por ciento) nada le dice a las familias de las 11 personas asesinadas el pasado 27 de febrero en Tonalá, Jalisco, o de los 13 policías e investigadores masacrados en Coatepec, Estado de México el 18 de marzo, ni tampoco a las de los 19 migrantes cuyos cuerpos fueron calcinados en Camargo, Tamaulipas en enero pasado.

Para esas víctimas indirectas no hay estadística que valga, para ellas y ellos México sigue siendo ese territorio sin ley donde manda el crimen organizado, no el Estado.

Para desgracia de la sociedad, las autoridades de todos los niveles viven en lo que pareciera una realidad alterna que va desde responsabilizar a otros por la inseguridad, hacer mutis ante el fracaso de las estrategias o gritar ‘abrazos, no balazos’ hasta que sea necesario, cual hechizo de magia más propio de Harry Potter que de un presidente.

El gobierno federal de López Obrador lleva ya dos años y medio de ejercicio con avances considerables en varias áreas (la revisión de contratos francamente leoninos, la discusión de los esquemas de outsourcing, el cierre de penales federales o la disminución del robo de combustibles), pero con una deuda pendiente en seguridad pública.

La supuesta buena relación con Donald Trump no sirvió para tratar en serio el problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México; la reforma que amplió los delitos que ameritan prisión preventiva no ha servido para tener un país más pacífico; Salvador Cienfuegos está libre, en México y sin investigaciones en su contra; la Guardia Nacional no va encaminada a ser una fuerza civil, responsable ni certificada; las mesas para la construcción de la paz tampoco han ayudado a reducir ampliamente los homicidios dolosos ni a garantizar la coordinación entre corporaciones de distintos niveles de gobierno y la Fiscalía General de la República está comandada por una persona altamente cuestionada por conflictos de interés y por sus investigaciones que mantienen libre a Emilio Lozoya por nombrar alguno.

Las masacres, como símbolo inequívoco de la violencia se acumulan: según el conteo de la organización Causa en Común durante enero y febrero de este año ya van 83 eventos donde hay tres o más personas asesinadas, 51 en enero y 32 en febrero, la mayoría en los estados de Chihuahua y Guanajuato (11 casos en cada uno).

Abordado sobre una ejecución extrajudicial cometida por el Ejército en Tamaulipas, el presidente López Obrador lanzó la carga contra quienes cuestionan. La sociedad civil y los defensores de derechos humanos, dijo, permanecieron callados ante las masacres de gobiernos anteriores.

Cualquiera que no sea un fanático del presidente entiende que esa afirmación es falsa. Con qué cara se le puede decir semejante barbaridad a cualquier persona con un familiar víctima de una masacre, desaparición, ejecución extrajudicial u homicidio doloso.

A buscadoras y buscadores, a quienes desentierran restos, a quienes protestan, poco les interesa la mañanera y las respuestas pusilánimes de la oposición cuando lo que claman es justicia.

Mientras gobernadores culpan a la Federación y exigen recursos que una y otra vez han demostrado que no utilizan bien, desde la conferencia mañanera el presidente descalifica y se centra en lo que le interesa: Tren Maya, refinería, Santa Lucía y béisbol.

Ahora, con campañas, podemos olvidarnos todavía más de políticas de seguridad, porque ahí viene de nuevo la búsqueda del poder por el poder.

PANORAMA

Cuando menos 12 audiencias han sido diferidas por la defensa legal de María Eugenia Campos Galván, acusada de participar en la nómina secreta del exgobernador César Duarte. Entre solicitudes de acceso a carpetas de investigación, peticiones de copias certificadas, cotejo de expedientes y demás, la candidata panista no ha tenido un solo encuentro con la justicia chihuahuense.

Qué bueno por Campos que tenga una defensa que desquita bien lo que cobra. Qué malo que sea a costa de un Poder Judicial que se juega su integridad. Qué triste que ella, señalada de recibir dinero público que no le correspondía, pueda pagar semejante equipo de abogados y que cualquier ciudadano de a pie no pueda acceder ni en sueños a semejante lujo.

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Itzel Ramírez. Periodista con estudios en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sus trabajos periodísticos han sido publicados en Reforma, El Diario de Juárez y La Verdad. Actualmente realiza consultoría, investigación, análisis y diseño de políticas públicas y construcción de indicadores de evaluación.