Educación y narcotráfico

Desde que en el año 2007 Felipe Calderón Hinojosa declaró formalmente la “guerra al narcotráfico en México”, no hay discurso oficial que no deje de mencionar al desempleo, a la pobreza, la drogadicción, la discriminación, la violencia y la falta de educación como los principales problemas que enfrentan la mayoría de los jóvenes que residen en nuestro país.

Ha sido reiterada la propuesta de que las políticas públicas puestas en marcha desde el gobierno para combatir el problema del narcotráfico, deben partir de la premisa de que solo con Educación, o con una importante participación de la enseñanza y el conocimiento en la formación integral de las nuevas generaciones de mexicanos, la sociedad y el Estado lograrán controlar e incluso derrotar la amenaza de los cárteles de las drogas y todas las variantes de la delincuencia organizada.

Y la deducción parte de diversos hechos reales, medibles, reiteradamente confirmados por expertos en estudios y encuestan que han tratado el tema a profundidad.

Uno de estos especialistas, Gerardo Franco Rivera, Maestro en Liderazgo Educativo, destacó en su ensayo “Impactos del narcotráfico y la violencia en la educación de los jóvenes en México”, que es claro que las acciones del crimen organizado en México han afectado de manera contundente en el bienestar de los jóvenes.

También que el desarrollo educativo de este sector de la población mexicana fue alterado al reducir la estancia de los alumnos en el sistema educativo nacional, y acrecentar su ingreso a las actividades criminales y su participación en delitos relacionados con actividades de narcotráfico.

Se trata de menores, adolescentes y jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 12 y 25 años; es decir, mexicanos en edad escolar que optaron por dedicarse a una actividad criminal en lugar de estar dentro de un aula.

En su análisis, Franco Rivera hace énfasis en que se trata de un fenómeno que se concentra principalmente en las clases sociales bajas, en donde la situación económica deficiente y las condiciones familiares se conjuntan con la falta de oportunidades, y orillan a las personas a buscar su bienestar por los medios necesarios, dejando de lado la legalidad y provocando la generación masiva de criminales que afectan al bienestar general de la sociedad del país.

La mayoría de los especialistas que han escrito sobre el tema coinciden en subrayar que, en general, las escuelas no están preparadas para responder a las exigencias del escenario de narcotráfico y violencia que afecta hoy en día a México.

La Educación, concuerdan, es quizá la mejor arma que se tiene ante la creciente ola de narcotraficantes y la incorporación de más y más jóvenes a las filas de los carteles en todo el país.

Así, destacan que es indispensable crear políticas, pero más que nada acciones concretas que brinden a las escuelas las herramientas para mantener a los alumnos dentro de estas y alejados de los sindicatos criminales.

“La recuperación de espacios públicos y la creación de escuelas libres de delincuencia son fundamentales para combatir este gran problema que transgrede el orden social del país y que carcome a las familias mexicanas”, resalta el Maestro Gerardo Franco.

Sin duda esta deducción del académico sudcaliforniano es sustento –quizás no consultado– de la tesis del actual gobierno federal en el sentido de que, tal y como antes lo propusieron (al menos en discurso) los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Educación forma parte del plan de Andrés Manuel López Obrador para luchar contra la delincuencia organizada en su vertiente del narcotráfico.

Por ejemplo, el 12 de diciembre del 2018, cuando López Obrador presentó una iniciativa para modificar la Constitución y cancelar la reforma educativa implementada por el expresidente Enrique Peña Nieto, Esteban Moctezuma Barragán, recién nombrado secretario de Educación Pública, detalló los 20 ejes básicos del plan educativo del gobierno federal.

Entre ellos, y para los fines de este artículo, destacaremos dos: El Sexto, que reconoce por primera ocasión al magisterio como “agente primordial de la transformación social”; y el Noveno, que textualmente dice:

“Se establece la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de los valores, el civismo, la historia, la cultura, el deporte escolar, el respeto al medio ambiente, entre otros. Con ello, se asentarán las bases de una formación integral” en los estudiantes en México.

Desafortunadamente, las limitaciones que la pandemia COVID-19 impuso al sector educativo impiden de momento evaluar objetivamente los resultados preliminares de estas dos líneas de acción del gobierno federal.

Sin embargo, se conoce que, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se dieron a conocer el pasado 22 de marzo, la pandemia y la falta de recursos económicos llevó a que 5.2 millones de mexicanos de entre 3 y 29 años no estén inscritos hoy en el ciclo escolar 2020-2021, cantidad de la cual tres millones corresponden al nivel de educación básica (preescolar, primaria y secundaria).

Asimismo, se sabe que de acuerdo con la “Encuesta para la Medición del Impacto en COVID-19 en la Educación”, alrededor de 33.6 millones de personas entre los 3 y 29 años estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020 (62 por ciento del total), de las cuales 740 mil (es decir el 2.2 por ciento) no concluyeron el ciclo escolar y que –se especula– más del 20 por ciento de esa cifra terminó enrolándose a las filas de trabajo de los narcotraficantes.

De este lamentable panorama no escapa el nivel universitario.

Según la Encuesta Nacional Universitaria sobre la Violencia, las Drogas y el Delito, realizada por la Federación de Universidades e Instituciones Particulares de Educación Superior y por la Asociación Nacional de Consejos de Participación Ciudadana, un alto porcentaje de desertores terminaron involucrándose en actividades del narcotráfico luego de convivir cotidianamente con las aristas de violencia e inseguridad en los campus escolares.

Bueno, cárteles mexicanos transnacionales tan poderosos como el Jalisco Nueva Generación se dan el lujo de tener sus propias escuelas de narcotráfico. Se trata de campos de adiestramiento para preparar a los futuros líderes de las organizaciones criminales.

Entre 2017 y 2018, la fiscalía estatal de Jalisco desmanteló –en el municipio de Tala–, al menos siete sitios de capacitación, dirigidos por el CJNG, en donde se ubicó entre las más de 30 personas detenidas a ocho jóvenes que estaban reportados por sus familiares como “desaparecidos”.

Estos asombrosos, alucinantes acontecimientos han provocado versiones en redes sociales de que el combate del narcotráfico con Educación Integral y un Magisterio “Primordial” en la transformación social de nuestra nación, ordenado desde las altas esferas del gobierno lopezobradorista, se ha convertido en una especie de amenaza para el negocio del narco.

Así, cuando la profesora Guadalupe Barajas Piña, una profesora de Guanajuato que despareció en febrero del año pasado, fue localizada muerta en una fosa clandestina localizada en el municipio de Salvatierra, surgió la idea de que pudo ser asesinada porque, en las clases que impartía en la escuela primaria Guadalupe Victoria, de la comunidad Valencianita, Irapuato, “enseñaba la verdad” a sus alumnos de lo que en realidad son los cárteles.

Por desgracia, no existe información precisa y confiable para afirmar que eso fue lo que pasó en el caso de la profesora de 32 años, pero sí hay certeza de que su homicidio sucedió en el estado más violento de la república, dominado por la violencia y la impunidad de los grupos delincuenciales.

Igualmente, su asesinato confirma que las mujeres son víctimas de una violencia crecientemente brutal en aquellos estados donde los secuestros, las desapariciones, las violaciones y los asesinatos son cosas de todos los días ya sea por conductas asociadas al feminicidio, o porque ellas son una especie de botín para uno u otro bando del crimen, un modus operandi que los cárteles de la droga utilizan para mandar un mensaje de “pertenencia del enemigo” en donde las féminas son vistas como objeto de posesión del rival.

“Para dañarlo hay que asesinar a quien más les duele: sus hermanas, sus mamás”, según describió María Salguero, autora del mapa de feminicidios en México.

Pero ese es otro tema.

De momento, es importante recalcar que si bien es alarmante el número de jóvenes que se encuentran dentro del espectro del narcotráfico, ya sea influenciado por sus valores y cultura, o desarrollando actividades dentro de las filas del crimen, se está creando una generación de jóvenes sin oportunidades y orillados a la criminalidad porque son víctimas de las condiciones sociales y económicas de su entorno, faltos de valores y con una moral incipiente que los hace ver en el crimen la única opción para sobrellevar sus vidas.

Pero la Educación sigue siendo una de las mejores armas que se tiene ante la creciente ola de narcotraficantes y la incorporación de más y más jóvenes a las filas de los carteles en todo el país. No planearlo, no entenderlo así sería tanto como un suicidio.

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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.