1o de abril 2021

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez, confirmo este jueves, el cumplimiento de una orden de “reaprehensión” contra 7 miliares que habrían participado en la ejecución extrajudicial de ocho personas en 2014, en una Bodega del municipio sureño de Tlatlaya, Estado de México, durante el gobierno del priísta Enrique Peña y siendo gobernador Eruviel Ávila, también del PRI y hoy senador.

En un hilo de once tuits -y no en un comunicado como refirieron medios incluso nacionales-, el organismo defensor de los Derechos Humanos, hace un apretado resumen de la impunidad que prevaleció en torno al caso desde entonces y sus puntos obscuros, así como la lucha de las familias de las víctimas por obtener justicia. A la vez resalta temas pendientes como “investigar la cadena de mando” de autoridades superiores que pudieron haber estado implicadas.

En un primer tuit en el que “abre hilo”, el organismo defensor recuerda que “el 30 de junio de 2014, 22 personas fueron privadas de la vida por el Ejército mexicano. La SEDENA y el entonces gobernador del Estado de México (Eruviel Ávila) celebraron el operativo”.

Agrega en un segundo tuit que “luego de que trabajos periodísticos pusieran en duda la versión oficial, valientemente una de las sobrevivientes y madre de una de las víctimas dio su testimonio de lo ocurrido, confirmando la existencia de ejecuciones extrajudiciales”, en tanto que en un tercer envío señala que entonces “la PGR presentó cargos contra 7 militares por la ejecución de 8 personas. Por su parte, la CNDH determinó que habrían sido ejecutadas entre 12 y 15 personas. La SEDENA en todo momento negó la existencia de ejecuciones”.

Siguiendo el hilo de tuits, el organismo defensor de garantías recuerda que “una vez que los militares fueron detenidos, se les dictó auto de formal prisión. Sin embargo, un tribunal de segunda instancia revocó esta determinación en 2016” y agrega posteriormente -en otro tuit- que “familiares de las víctimas, presentaron un amparo en contra del auto que ordenó la libertad de los militares. El Tribunal Colegiado que lo resolvió en 2019 ordenó tomar en cuenta los testimonios de las víctimas y un peritaje desestimado”.

Enseguida el Centro PRO, indica que derivado de lo anterior y tras 16 meses el Tribunal Unitario, tras el otorgamiento de amparo a familiares, tuvo que ordenar la reaprehensión.

“Así el Tribunal Unitario tuvo que ordenar que se girara orden de reaprehensión contra los militares. Esta orden permaneció sin cumplirse por 16 meses, como denunciamos desde el @CentroProdh. Hoy trasciende que ha sido cumplida”, remata en su séptimo tuit.

Pero no solo eso en la última batería de tuits, como parte del mismo hilo relacionado con el caso Tlatlaya, el Centro-Prodh considera relevante la reaprehensión de los militares, pero también advierte que deben continuar las investigaciones en torno a la “cadena de mando” y se esclarezca el número de víctimas, entre otros pendientes.

A continuación el texto seguido de los tuits restantes:

“Cuando en 2015 @CentroProdh encontró que la tropa interviniente en los hechos recibió la orden de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”, exigimos que también se investigara la cadena de mando. Esta indagatoria se intentó cerrar en varias ocasiones y no ha concluido.

La reaprehensión de los responsables es relevante. No habría ocurrido sin la perseverancia de las víctimas y sin el control del poder judicial sobre la investigación. Al mismo tiempo, no agota los pendientes de la justicia en el caso: sigue siendo indispensable que se determine cabalmente el número de víctimas y que se investigue la cadena de mando de la orden de abatir.

Tlatlaya es un caso emblemático de los riesgos de la militarización y de las reticencias del Ejército a rendir cuentas ante instancias civiles”.

Ma. Teresa Montaño