8 de abril de 2021



La Legislatura local exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente para que rinda un informe técnico de las condiciones en que opera Reciclagua Ambiental, empresa concesionada para el tratamiento y saneamiento de aguas residuales de industrias aledañas al Río Lerma, pues persiste una grave contaminación ambiental con metales pesados, en perjuicio de terrenos agrícolas de Lerma y San Mateo Atenco.

Al presentar un punto de acuerdo, la diputada Elizabeth Millán García recordó que desde 1982 los habitantes de los municipios de Lerma y San Mateo Atenco son perjudicados por la operación de la Empresa para el Control de la Contaminación del Agua (EPCCA por sus siglas), hoy denominada Reciclagua Ambiental, S.A. de C.V.

Esta empresa sectorizada a la Secretaría del Medio Ambiente estatal, tiene como objeto tratar las aguas residuales que capta de las empresas afiliadas a esta, y utilizando como cuerpo de descarga la cuenca del rio Lerma, con la finalidad de contrarrestar el deterioro ambiental ocasionado por los contaminantes que se vierten en este afluente.

En el año de 1998 con los activos de EPCCA se creó la actual empresa, adoptando la razón social de Reciclagua Sistema Ecológico de Regeneración de Aguas Residuales Industriales, S.A. de C.V., con la figura de sociedad mercantil, sectorizada a la Secretaría del Medio Ambiente de la Entidad.

En 2017, Jorge Jiménez Cantú, entonces coordinador General de la Comisión de la Cuenca del Río Lerma, encabezó parte de los trabajos para el saneamiento de este río, mediante el impulso de un programa para concesionar la empresa Reciclagua Ambiental S.A de C.V, a empresas particulares con el fin de hacerla viable, sostenible y se convirtiera en un negocio.

En 2017 la empresa costaba al Gobierno del Estado 85 millones de pesos al año y con este esquema la administración pretendía tener una entrada de capital con un ingreso de 240 millones de pesos y -según el plan de ese momento era que conforme crezca la venta del agua tratada, el recurso sería adicional, detalló la legisladora.

Sin embargo, desde los noventas, ejidatarios de San Mateo Atenco presentaron estudios técnicos donde refieren que la empresa no cumple con las medidas de protección civil y sanitarias, ni cuenta con la infraestructura hidráulica para captar, transportar y almacenar las aguas residuales de las industrias afiliadas a la empresa.

“La deficiencia estructural y la falta de la infraestructura hidráulica para llevar a cabo sus actividades tecnológicas e industriales ha causado que los terrenos ejidales aledaños ya presenten contaminación por la presencia de metales pesados en el suelo, subsuelo, mantos freáticos y acuíferos dejando imposibilitada la actividad agrícola; que era para lo que estaban destinadas dichas tierras ejidales”, denunció Millán García.

De acuerdo a varios estudios de instituciones educativas y dependencias estatales, la contaminación de aguas negras en la zona ha derivado en la presencia de plomo, cadmio, cromo, cobre, zinc, arsénico y mercurio en la leche de 300 vacas criollas que habitan y pastorean en la rivera del rio Lerma, cerca del sitio donde se tiran las aguas residuales, así mismo se refiere un gran número de casos de cáncer que hay en la zona desde hace ya dos décadas.

Millán García recordó que representantes ejidales y vecinos han presentado denuncias ante diversas autoridades tales como la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente, a la entonces Procuraduría General de la Republica sin que hasta la fecha exista una resolución favorable y que obligue a esta empresa a operar de manera correcta.

“Es necesario que se explique con claridad a toda la sociedad, la forma de operación de esta empresa que recibe recurso público para su funcionamiento, pues no podríamos aceptar que no se utilicen de manera correcta y que provoque estragos en la salud de los atenquenses”, acusó la legisladora.

Staff Redacción