Hace unos días, en Baja California, una conocida feminista de Tijuana con representación de una respetada organización civil que trabaja intensamente a favor de los derechos de las mujeres y niñas mexicanas, defendió tenazmente al candidato del Partido Encuentro Social (PES) a la gubernatura –el priista Jorge Hank Rhon– y a “la derecha” por su trabajo decidido a favor del feminismo.
Para dar contexto a esta declaración, es importante mencionar que Jorge Hank, uno de los hombres fuertes del priista Grupo Atlacomulco, en los últimos 20 días manifestó dos frases que calaron profundo en el ánimo de otras feministas no solo de Baja California, sino del resto del país. El día en que el PES lo presentó como su candidato al gobierno de Baja California, Hank dijo:
“Obviamente a mi madre la quiero, la amo, la respeto; a mi esposa por supuesto, a mis hijas. Entonces, yo amo a la mujer y la respeto muchísimo, y creo que ahora (…) ahora como que se les ha bajado un poquito la inteligencia (…) Antes eran más abusadas, antes agarraban al que las mantenía ‘y échale a chambear y yo aquí’. Ahora no, ahora ellas quieren chambear”.
El revuelo nacional que provocó la declaración motivó que Jorge Hank anunciara que inmediatamente asistiría a un curso intensivo sobre feminismo, respeto y promoción a los derechos de las mujeres y las niñas.
Parecía que de algo le sirvieron las clases. Al menos así lo perfiló al contestar en la primera parte de una pregunta sobre el feminismo –
durante el primer debate oficial de los siete candidatos a la gubernatura de Baja California, el domingo 18 de abril–, que “en mi gobierno vamos a respetar a todas las mujeres…”, para de inmediato matar la falsa ilusión de redención al concluir: “Si alguien se mete con ellas, se meterá conmigo…”
Para quienes conocemos el verdadero rostro del priista, sus dichos no son algo nuevo. En 2007, durante una entrevista con la escritora Sabina Berman, Hank Rhon soltó que “la mujer, indiscutiblemente, es mi animal favorito”.
Pues bien, el par de anécdotas que de él conocemos en este mes de abril, así como el pronunciamiento de la destacada feminista bajacaliforniana después de los dichos del priista, sirven como ejemplo de cuánto hay de verdad en los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (ENCUCI) 2020 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 25 de marzo.
¿Que revela ese estudio de los mexicanos?
Que casi 8 de cada 10 de ellos reconocieron estar a favor de un gobierno encabezado por un “líder político fuerte”, mientras que el 40 por ciento de la población estaría de acuerdo con un gobierno encabezado por militares.
De acuerdo con la llamada “medición de la inclinación democrática de la población” que se obtuvo entre personas de 15 años y más, el 41.5 por ciento de los entrevistados está “muy de acuerdo” y el 36 por ciento “algo de acuerdo” con el gobierno de un “líder fuerte” (para una aceptación global de 77.5 por ciento). Y solo el restante 22.5 por ciento se manifestó “algo en desacuerdo” y “muy en desacuerdo”.
En tanto, el 16.6 por ciento de los entrevistados dijo estar “muy de acuerdo” y otro 23.5 por ciento “algo de acuerdo” con un gobierno militar para un asombroso 40 por ciento en total, quedando como una esperanza a medias el hecho de que el restante 60 por ciento de los encuestados rechazó este tipo de gobierno.
¿Por qué un segmento de la población mexicana, cada vez más creciente, dice estar dispuesto a votar por “lideres fuertes” –algo así como caudillos o caciques políticos– si tuvieran la oportunidad de hacerlo; es decir, si así se lo proponen las partidos políticos a través de sus candidatos, como lo es el caso del PES con Jorge Hank Rhon, sin duda un “líder fuerte” para muchos bajacalifornianos?
En el mismo estudio del INEGI y el INE se dan algunas respuestas irrefutables.
Luego de que el INEGI explicó que la ENCUCI 2020 mide el involucramiento de la población en los asuntos públicos, su relación con organizaciones y otras personas, su sentido de pertenencia y el reconocimiento de sus derechos y obligaciones como ciudadanos, estableció:
“La inclinación hacia regímenes no democráticos se debe a cómo la ciudadanía procesa su desencanto por los fallos o errores de sus gobiernos.”
Y para fortalecer su afirmación, el instituto exhibió diversos datos que preocupan.
Por ejemplo, el 52.7 por ciento de los encuestados expresó estar satisfecho con la democracia que se tiene hoy en México, pero un 46.8 por ciento (prácticamente la mitad de la población) dijo estar poco o nada satisfecho.
Asimismo, aunque el 65 por ciento consideró que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 31 por cientio admitió que “en algunas circunstancias” un gobierno democrático puede “no ser la mejor opción”, o bien, que le da igual un régimen democrático que uno no democrático.
Finalmente, el 61 por ciento de la ciudadanía pensó que las leyes se respetan poco o nada en México, y un 45 por ciento cree que no es posible disminuir la corrupción, cuyo combate es una bandera de la actual administración federal.
Igualmente, la encuesta confirmó que detrás de ese grupo creciente de mexicanos dispuestos a votar por “líderes fuertes” o militares para que gobiernen en México, está el hecho de que el 76 por ciento de los encuestados dijo que no confía en los partidos políticos, y el 50.7 por ciento coincidió en que estos “no sirven para nada”.
Ello es así porque los partidos, junto con otros grupos supuestamente democráticos, como los sindicatos, los servidores públicos y los empleados del gobierno, forman parte de las figuras más desacreditadas, con un 61 por ciento de la población que les tiene desconfianza, seguidos de los empresarios, de los que desconfía el 50.3 por ciento, y de los medios de comunicación con una desconfianza del 49.8 por ciento.
Antes, en primer lugar de la desconfianza ciudadana, están los funcionarios y burócratas, con un 67 por ciento de desaprobación.
Pero otra cosa son los militares.
Ellos están preparados para luchar contra otro Ejército y acatar órdenes que fácilmente los pueden llevar a cometer genocidio, desapariciones y asesinatos forzados; reprimir violentamente a ciudadanos que protestan contra lo que consideran políticas públicas equivocadas; o que presuntamente sirven, protegen o ayudan a guerrilleros o grupos delincuenciales; o de plano hacerse del poder de manera absoluta y gobernar en Dictadura, desde donde suprimen los derechos humanos de los ciudadanos.
En diferentes grados, así sucedió en los gobiernos de Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo, Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Zedillo Ponce de León, Vicente Calderón Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Y hoy, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si bien la orden para la milicia es respetar a la población, no reprimirla y respetar los derechos humanos, hay un sector de la población –aparte de la que hoy tiene como profesión ser opositora “de mala fe” al presidente– que se preocupa por la presencia militar en diversos sectores de la administración pública civil.
Esta preocupación de llevar a las calles a los militares para ejercer funciones de seguridad pública civil cuando no están preparados para hacerlo, u ocupar cada vez más cargos en la administración pública federal, tiene su argumentación en malos, pésimos antecedentes: los soldados y marinos mexicanos han resultado ser demasiado caros a los ciudadanos en materia de violación a los derechos humanos
Muchos connacionales, entre ellos una inmensa cantidad de jóvenes, desconoce la historia o simplemente no le interesa.
Y muchos adultos, cansados de la inseguridad que por años viven en sus barrios, distritos, ciudades y estados, externan su deseo de votar por militares que, al ejercer temporalmente cargos públicos en las áreas de seguridad, dejan la impresión de que efectivamente combatieron “con gallardía y decisión” a los grupos delincuenciales, cuando en realidad favorecieron a uno de los bandos criminales y/o violaron sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos.
Es el ejemplo del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez, quien en Tijuana y Juárez, Chihuahua, siendo secretario municipal de Seguridad Pública, acumuló más de 30 denuncias por tortura, lesiones, amenazas y abusos de autoridad, y hoy, pese a esos antecedentes, es fuertemente respaldado por ciudadanos de Baja California que lo quieren como gobernador, presidente municipal, regidor o diputado.
Esta descabellada demanda no pasó desapercibida por los partidos que integran el bloque opositor “Va por Baja California” –PRI, PAN y Partido de la Revolución Democrática (PRD)–, pero finalmente fue el mismo partido que postula a Jorge Hank Rhon –el PES, contradictoriamente de ideología evangelista–, quien lo postuló como su candidato a munícipe por Tijuana, sin importar que el militar actualmente es un prófugo de la justicia bajacaliforniana.
En conclusión, llegar a disfrutar un país en donde la felicidad, la igualdad, la solidaridad y el porvenir se imponen por la fuerza, sea ésta militar, “cuadillar” o mesiánica, es indeseable, por no decir impensable.
Y quienes duden de ello pueden revisar la historia de las dictaduras militares en Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Bielorrusia, Myanmar, Corea del Norte, Siria, Yemen. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Laos, Nepal, Paquistán, Omán, Tailandia, Azerbaiyán, Kazajstán, Egipto, Mauritania, Sudán, Eritrea, Etiopía, Djibouti, Chad, Guinea Ecuatorial, Angola, Swazilandia, Camerún, Zimbabwe, República Democrática del Congo, República del Congo y Gabón.
La “disciplina militar” nunca aprovisionará democracia. Pensar y votar lo contrario nos llevará al suicidio social y político. ¿Lo entenderán a tiempo quienes piensan diferente?
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Javier Cruz Aguirre. Es Periodista y director general del portal periodístico www.4vientos.net en Baja California. Pasante de la Licenciatura en Periodismo de la Escuela Carlos Septién García. Desde 1978 ha trabajado en medios como Noroeste, La Voz de la Frontera, Semanario Zeta, Excélsior, La Jornada BC, Semanario Unión Hispana (Los Ángeles, California), Radio Cadena Enciso, el portal Sin Embargo y la Agencia Apro. Desde 1990 ejerce de manera independiente. Fue fundador y director de la Escuela Técnica en Periodismo Flores Magón.