El alba que se asoma detrás de la sierra de las Noas en Torreón apenas ilumina el panteón 2, al suroriente de la ciudad, donde en minutos comenzarán los trabajos para exhumar cadáveres que fueron enviados por la fiscalía de Coahuila a fosas comunes entre 2004 y enero de 2012, y que posiblemente puedan ser entregados a alguna de las 2 mil 279 familias que denunciaron la desaparición de parientes en la entidad o de las más de 80 mil que en México buscan a alguien.

La mañana fría de este 8 de marzo no impide que desde temprano lleguen María Elena Salazar, Luz Elena Montalvo y Ángeles Mendieta, cada una con el retrato de su hijo desaparecido colgado al cuello: Hugo González Salazar, Daniel Dávila Montalvo e Iván Núñez Mendieta, y un cubrebocas con la pregunta ¿Dónde están?

Ese trío que forma parte del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fuundec), que aglutina a un centenar de familias en búsqueda, presenciará la exhumación que Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, publicitará como “los cimientos de un nuevo modelo de intervención del Estado en la búsqueda de personas desaparecidas”, lo que llama la búsqueda con enfoque masivo.

Esperan a su compañera Marcela Balderas, madre de Cosme Humberto Alarcón Balderas, desaparecido el 5 de mayo de 2011 en Torreón. El motor de la exhumación es ella, quien desde 2018 ha exigido a las autoridades estatales que recuperen el cuerpo de su hijo adolescente que le extraviaron en una fosa común de este panteón.

Tan lo perdieron que antes de la publicitada “exhumación masiva” ya se habían realizado dos búsquedas fracasadas, en las que desenterraron a dos cuerpos para localizar el de Cosme Humberto.

El caso de Cosme y Marcela- indicarán las familias de Fuundec en un pronunciamiento- es uno de los cientos que evidencian las sistemáticas violaciones a los derechos humanos hacia las familias de personas desaparecidas. Del desorden forense culpan a las fiscalías estatal y federal, a instituciones forenses y a gobiernos municipales encargados de los panteones.

En tiempos de la llamada narcoguerra, cuando los Zetas y el cártel de Sinaloa se disputaban Torreón, de dos a tres personas eran asesinadas cada 24 horas. Marcela Balderas se paraba en el Servicio Médico Forense para preguntar si uno de esos cuerpos encontrados era el de su hijo. Siempre le aseguraron que no había ningún cadáver con la descripción que daba: 16 años, más de 1.80 de estatura, tenis blancos, mezclilla negra... Pero ahí siempre estuvo. Hasta que lo echaron a una fosa común. El error forense, se enteraría años después, fue que los peritos de la morgue estimaron que el cadáver de su hijo, hallado el 5 de mayo a las 8:40 de la noche, era el de un hombre de al menos 25 años. Como ella buscaba a uno de 16, nunca se lo mostraron.

Así como Cosme, más de 800 cuerpos no identificados desde 2004, fueron enviados a fosas comunes de Coahuila. En Torreón, la Dirección de Panteones indicó -en respuesta a una solicitud de información- que habían sido enterrados 172 cuerpos en un número inexacto de fosas de este panteón. Uno de esos cuerpos -se supone- es Cosme Humberto.

Este mismo 8 de marzo en la mañana, el fiscal de Personas Desaparecidas, José Ángel Herrera, culpa de la pérdida del cuerpo a los sepultureros: “La falta de información por parte de los panteones ha impedido tener una ubicación exacta de la fosa, y por eso no se ha recuperado el cuerpo”.

Fuundec en su comunicado exige la renuncia del fiscal Herrera por “actos de acción, omisión y aquiescencia por las desapariciones de Cosme y los más de dos mil desaparecidos en el Estado”.

Después en entrevista, el funcionario dice que no renunciará. Y reconoce que hay otras dos familias en Torreón y 10 en Saltillo, que -al igual que Marcela con Cosme- han identificado a sus familiares desaparecidos, cuyos cuerpos también fueron enterrados en fosas comunes.

Estas cifras son apenas unas piezas de un rompecabezas llamado crisis forense: una investigación de Quinto Elemento Lab reveló que en México 38 mil 891 cuerpos no identificados entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefo del país; un 70 por ciento terminaron enterrados en fosas comunes.

Para el subsecretario Encinas los trabajos realizados en Torreón son un modelo de exhumación para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que “permitirá empezar a remontar el rezago en las capacidades forenses del país y dar una respuesta eficaz y digna a los familiares”, según escribió en una columna. Esto significa que ya no buscarán a una sola persona, enterrando de nuevo a los demás cuerpos encontrados en la misma fosa común, sino que desenterrarán y analizarán a todos.

Pero el modelo de exhumación no ha sido del todo exitoso en Coahuila. Si bien es la primera con enfoque masivo en Torreón, no es la primera del Plan Estatal de Exhumaciones, creado en 2017 por las autoridades locales para dar identidad a los cadáveres enviados a fosas comunes. La anterior con enfoque masivo fue en 2019 en Saltillo y exhumaron 53 cuerpos. Pero aquella ocasión como ahora, la exhumación masiva se dio por la presión de Lorena Vallejo, madre de Cristian Daniel Mundo Vallejo, un joven de 18 años que desapareció en Piedras Negras en 2011. Las autoridades estatales y federales tenían registro de dónde habían enterrado el cuerpo pero tardaron ocho años en recuperarlo.

Un plan que en tres años apenas ha identificado a 13 de 80 cadáveres desenterrados, según registros de la fiscalía estatal. Esto significa un 16 por ciento.

“En tres años de exhumaciones del estado veníamos súper lentos, estábamos de uno en uno, de cuatro por semana. No es suficiente. México es una gran fosa clandestina y fosa común, porque ante la incapacidad lo único que hacían era enterrar a las personas y olvidarse de ellas”, dice Grace Fernández, vocera del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Fernández, quien está al frente del colectivo Buscando Desaparecidos México, Búscame, menciona que es necesario el ejercicio de exhumación masiva, pues de lo contrario no alcanzará la vida para recuperar todos los cuerpos. “Aunque se oiga horrible pero como línea de producción: uno tras otro, sin detenerse en los procesos”. Fernández es hermana de Dan Jeremeel Fernández Morán, desaparecido en Torreón el 19 de diciembre de 2008.

Las angustias de lo que sale a la luz

El panteón 2 de Torreón es un poco más grande que una cancha de fútbol. No tiene puerta de entrada y cualquiera puede acceder a todas horas. Las bardas pegadas a las casas de la colonia Sierra de las Noas tienen menos de dos metros de altura. A un costado hay una carretera que separa este panteón de otro cementerio particular.

Aquí se encuentran expertos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, además de arqueólogos, criminólogos y excavadores que trabajan en cuatro equipos. Las familias de colectivos como Fuundec, Grupo Vida, Voz que Clama Justicia, Buscando Desaparecidos México, Búscame, e integrantes de la Caravana Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, se reparten en cinco mesas de trabajo para observar las exhumaciones debajo de carpas instaladas para la ocasión.

Este 8 de marzo decenas de buscadoras y buscadores de personas desaparecidas presencian una operación que se repetirá por 16 días: desde las 7 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde los equipos de recuperación remueven la tierra de las fosas desperdigadas entre tumbas particulares. Excavan hasta encontrar huesos o bolsas de algún cadáver o costales de harina rellenos de restos.

Como se hace en cada toma de cine, en una pizarra apuntan los datos de control de cada hallazgo: “Panteón 2 Torreón, Coahuila. CRIH-001-16. 12/03/2021”, y toman fotografías de la pizarra dentro de la fosa.

Un arqueólogo limpia la tierra hasta desenterrar los huesos o las bolsas. Si los restos están limpios los colocan en una lona a un costado del pozo: primero, los restos de un pie hasta llegar al fémur. Documentan y resguardan en bolsas de estraza, de las de color canela. Siguen con el otro pie. Documentan y resguardan. Siguen con vértebras hasta el cuello. Documentan y resguardan. Luego las extremidades. Al final, el cráneo en otra bolsa.

Todas las bolsas con los huesos van a parar a cajas que embalan, cierran y depositan en un tráiler con caja de refrigeración.

Un criminalista apunta la coordenada de la fosa y detalles como los nombres de los muertos enterrados en tumbas particulares vecinas. Todo es documentado por los colectivos, algunos como Voz que Clama Justicia, apuntan -incluso- la hora del hallazgo.

El informe final del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) indicará que de 50 fosas recuperaron 25 cuerpos o restos en bolsas para cadáveres, 39 en cobijas o costales y 84 sin envoltorio.

Se exhumaron apenas 148 cuerpos no identificados de más de 800 enterrados en Coahuila.

Exhumando negligencias

Es el segundo día de las jornadas de exhumaciones. Jesús Lamas está sentado fuera del perímetro de las fosas comunes donde se realizan las labores. Una sombrilla y una gorra de pescador lo protegen de los 33 grados que azotan con enjundia. Es padre de Irma Lamas López, desaparecida en Torreón. Carga con pluma y cuaderno, una bitácora donde documenta los trabajos, las trincheras, las fosas.

En este día por ejemplo, su bitácora indica:

8:42: Acercan plástico a trinchera lado Ote.
8:45: Empieza con extracción de huesos.
8:54: Toma foto lado oriente.

Para el señor Lamas, las condiciones de los esqueletos recuperados en la exhumación denuncian el trabajo forense que no hizo en su momento la autoridad: la falta de registro de huellas, tatuajes, cicatrices y perfiles genéticos.

“No sacaron nada”, recrimina. “Los apilaban y los echaban al montón”, lamenta.

En más de 30 cuerpos desenterrados en la exhumación masiva, la fiscalía no cuenta con carpeta de investigación.

La misma información entregada por la fiscalía estatal refleja ese trato descuidado hacia los cadáveres que pasaron del Semefo a la fosa: de 889 cuerpos no identificados desde 2006 en Coahuila, en 20 la fiscalía no tiene registro de la fecha de hallazgo; en 87 no tienen información de la ciudad donde fueron encontrados. A 181 nunca se les hizo necropsia.

“No hubo el más mínimo control”, critica Grace Fernández.

En cada día de trabajo, al examinar cada cuerpo o resto recuperado, las familias presencian esas negligencias y omisiones de las autoridades. Esa cadena de errores que conforma la “desaparición administrativa” que impide devolver la identidad a esos cuerpos.

Un día de la primera semana de trabajos cuando el excavador apenas da la primera palada en una fosa, la pala topa con un cuerpo.

“Ya se encontró”, se escucha decir a alguien. Nadie lo puede creer: un cuerpo está apenas a unos centímetros bajo tierra, cuando el Reglamento de Panteones de Torreón establece una profundidad de 1.50 metros.

“¿Quién hizo esto? ¿Por qué lo hacían así?”, cuestiona María de la Luz Castruita, de Voz que Clama Justicia cuando reconstruye esa escena.

Marcela Balderas describe las inhumaciones como un desastre, pues en una fosa encuentran tres cuerpos en un costal. “¿Cómo es posible semejante negligencia, si se supone salieron de la morgue?”, critica.

Para su compañera María Elena Salazar, es duro ver los cadáveres envueltos en cobijas o en costales de comida para perro o de harina. “Viene ese dolor emocional de estar pensando”, dice. “Es inhumano”, lo califica María de la Luz, Lucy, como la llaman.

Pero Jesús Lamas, quien junto a su esposa Lucy Castruita han realizado búsquedas y recorridos en cárceles y Semefo de todo el país, refiere que la misma situación la han vivido en estados como Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guerrero, Michoacán y Jalisco. “Solo tienen una ficha técnica que dice que (el cuerpo) se levantó en tal lado, edad aproximada, hombre o mujer y traía tal ropa. Y ya”.

A pesar de los corajes y frustraciones, el padre asegura que la exhumación es un alivio y esperanza porque quizá en el panteón pudieron haber enterrado enterrar a su hija, o, podría estar viva si no la encuentran, podría ser señal de que está viva.

Las familias tienen un remolino de emociones. Pese a las tortuosas revelaciones del trato a los cuerpos, entre las y los buscadores hay también miradas de esperanza porque, quizá, entre esos restos puestos a la luz, están los hijos o hijas que no han vuelto a casa. Pero también ese deseo de no encontrarlos allí.

“Es esperanza y miedo”, resume Lucy.

Para Marcela Balderas es también un miedo que no la deja vivir en paz.

“Al final buscamos para encontrar a nuestros hijos e hijas. Como sea, pero encontrarlos”, explica Lucy.

Para Lucy ésta es una exhumación diferente a las otras que ha presenciado porque aquí le permiten acercarse y mirar cómo limpian “los huesitos” cuando los sacan, y reciben explicaciones del arqueólogo.

-Está doblado porque nomás lo aventaron y cayó -escuchó decir a un especialista que explicaba que unos cadáveres fueron echados al pozo sin cuidado.

-Creemos que es mujer por la cadera chiquita -les dijeron sobre otro resto desenterrado.

La palabra mujer le retumbó en la cabeza a Lucy. Su hija Irma Lamas López desapareció el 13 de agosto de 2008. Era mujer. Por eso se le atragantó la explicación del perito.

-Había un arete… al parecer tenía cabello largo.

Y Lucy volvió a tragar las palabras.

Búsquedas en panteones

Un día durante las dos primeras semanas de la exhumación, los expertos desentierran los restos de una persona que lleva puestos zapatos y calcetines. Dentro de un calcetín están 200 pesos.

-¿Qué hicieron con los 200 pesos? -pregunta un familiar en la junta informativa del mediodía.

-También se embaló -asegura el informante.

Diálogos como éste se viven cada mediodía porque un experto de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala da un informe a las familias sobre lo encontrado el día anterior y lo acumulado.

El equipo guatemalteco ha logrado recuperar a más de 8 mil víctimas en distintos países e identificar a más de 3 mil 700 personas. Y para la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) el grupo puede aportar mucho “para construir capacidad en México (...) y poder empezar a combatir esta crisis forense”, como declara, 14 días después de concluidos los trabajos en Torreón, el 8 de abril, la titular de la CNBP, Karla Quintana, en la conferencia matutina del presidente.

La comisionada explica que un problema nacional son las exhumaciones sin enfoque masivo, las cuales explica así: “Yo sé o tengo información como fiscalía que probablemente la persona Pedro Pérez se encuentra en esa fosa y se abre la fosa y hay muchos cuerpos. Entonces, se busca sólo a Pedro Pérez y si no da un match con la familia de Pedro Pérez no se hace mucho más allá en la investigación forense”.

Para familias como Lucy Castruita, esta estrategia de dejar de buscar a una sola persona y enfocarse en devolver la identidad de quiénes están en esa fosa le trae esperanzas de que identificarán a muchos desaparecidos de ‘larga data’ como su hija, ya con casi 13 años sin verla.

Los casos de larga data son las desapariciones que principalmente se dieron en la época de más violencia en Coahuila de 2007 a 2013. Aunque el reporte de desaparición más antiguo en el Estado es de 1994 según la Comisión de Búsqueda de Coahuila.

Otro de los desaparecidos no recientes es Hugo Marcelino González Salazar. Su familia no lo ve desde el 20 de julio de 2009.

El 11 de marzo, el cuarto día de los trabajos en el panteón, es el más doloroso para su madre, María Elena Salazar. Ese día dio luz a Hugo. Pero en lugar de festejar el cumpleaños 35 de su hijo acude al cementerio a ver cómo cavan entre tumbas para sacar restos del fondo de la tierra.

“Es triste. Doloroso estar ‘festejando’ en un panteón, recuperando restos que quizá son los de él”, dice la integrante de Fuundec.

Que regresen a casa

Los trabajos en Torreón son los primeros desde que se puso en marcha en agosto pasado el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), el primer centro en materia de identificación humana en México y con los que el gobierno federal pretende enfrentar la crisis forense. El de Coahuila es una obra con costo de más de 100 millones de pesos que cuenta con depósito de huesos, laboratorio de genética, cuartos fríos para la conservación y resguardo de cadáveres, así como área de antropología forense, criminalística, medicina y odontología forense.

“La entrega del CRIH representa un replanteamiento de todo el sistema de los servicios forenses del país”, aseguró el día de la inauguración, el 26 de agosto de 2020, el subsecretario Encinas.

La comisionada Quintana refirió en la conferencia de prensa del 8 de abril, que lo hecho en Coahuila busca replicarse en todo el país: exhumar masivamente todos los cuerpos, sacar la información genética de todos los restos, tomar muestras genéticas con los grupos familiares y hacer cruces masivos, ya no por individuo.

El problema actual para lograr identificaciones, recalcó, es que la información está atomizada, es decir, no se comparte entre fiscalías y gobierno federal, cuando alguna tiene un cuerpo y otra un reporte de desaparición de esa persona, y por eso no hay identificaciones masivas.

Compartir información es un reclamo viejo de los colectivos de familias de personas desaparecidas en el país.

Además, el rezago no sólo es en la identificación de cadáveres en fosas, también de fragmentos óseos hallados en ‘zonas de exterminio’ o ‘lugares de inhumación clandestina’, como las autoridades de Coahuila nombran a los terrenos con fragmentos óseos, muchas veces calcinados, regados a la intemperie.

Desde 2015 los colectivos han encontrado más de 100 mil restos óseos salpicados en campos coahuilenses.

Esos números se sumarán a las 500 muestras óseas que la coordinadora del CRIH, Yezka Garza, proyecta procesar este año de las exhumaciones en el panteón 2 y panteón 1 de Torreón, y el panteón La Paz de Saltillo.

Sin embargo, la base de datos de perfiles genéticos de familiares está muy lejos de alcanzar precisamente el enfoque masivo. Según información que entregó el CRIH para esta investigación, son apenas 950 perfiles importados a la base de datos de Coahuila. Faltan mil 329 para completar el número de familias que han denunciado.

En los 17 días de trabajo de la mega exhumación se recolectaron, según autoridades estatales, 298 muestras de sangre de familiares que llegaron al panteón, muchos de ellos que no habían denunciado ante las autoridades la desaparición. Las autoridades federales refirieron que fueron 342.

La coordinadora del CRIH anuncia que los cuerpos recuperados tendrán nichos individuales en un panteón forense, que son gavetas para resguardar los cadáveres hasta su identificación; ya no serán amontonados con otros en una fosa.

Las familias no quieren que cambien de una fosa a un nicho, sino que regresen a casa.

“Todos tienen una familia, quizá en La Laguna, quizá del Estado o de la República o inclusive más allá. Pero todos esos cuerpos merecen ser regresados a sus casas y que las familias tengamos más tranquilidad. Los restos también merecen esa paz y tranquilidad”, dice María Elena Salazar, la madre de Hugo.

La espera

El último día, el 25 de marzo, el panteonero de este cementerio informa de la existencia de una tumba donde enterraron a una “colegiala” a la que pusieron encima una lápida.

La describió como “colegiala” porque vestía la falda del uniforme escolar.

Cuando la exhuman los peritos descubren que los huesos de las piernas llevan calcetas. Está dentro de una bolsa negra para cadáver.

Lucy Castruita, como otras madres, se quiebra en llanto cuando se entera.

-Se nos hace tan duro porque era fácil de investigar. ¿Por qué no fueron a donde pertenecía ese uniforme? La dejaron como un animal -reclama la señora Castruita, con impotencia, porque pudo tratarse de su hija.

Todos se preguntan quién puso encima la lápida como si estuviera identificada, si la colegiala no identificada sí tiene carpeta de investigación.

Ese día, el número 17, se da el informe final: 63 cuerpos y 3 mil 130 restos óseos desenterrados en la jornada que juntos podrían completar al menos 148 individuos.

El último día de la exhumación, las familias celebran una misa dentro del panteón. Pero Marcela Balderas no acude al cierre de los trabajos. La depresión la golpeó. Vive estos días con la zozobra de que le hablen y le informen que -otra vez- su hijo no fue encontrado. El 5 de mayo se cumplieron 10 años de la desaparición y muerte de su Cosme Humberto.

“Daba la vida entera porque mi hijo regresara y me dijera ‘mami, ya vine’. Pero son falsas ilusiones. Solo quiero que regrese a casa”, dice Marcela.

Pero la angustia de ella y la de decenas de familias de personas desaparecidas tendrá que esperar. Lo siguiente es hacer un análisis postmórtem de cada cadáver, trabajo que implica un estudio para definir el perfil biológico (sexo, edad, estatura y afinidad ancestral, huellas de enfermedades, tipo de lesiones), así como un proceso de radiología forense que ayuda a la identificación humana, (estimación de edad, causa de muerte, ubicación de proyectiles en el cuerpo u osamenta), y finalmente la muestra osteológica para procesamiento de ADN.

El 27 de marzo, los 63 cuerpos y 3 mil 130 restos exhumados, llegan en un tráiler al CRIH, en Saltillo, donde colectivos de familias de personas desaparecidas se congregan para recibirlos.

“Desaparecidos. ¡Presentes!”, gritan para honrar a esos restos aún sin nombre.

Días después de la exhumación masiva, en el panteón 2 ya no hay carpas ni el tráiler ni excavadores. Un grupo de albañiles levantan un pequeño mausoleo sobre una tumba particular.

El panteonero Apolinar Pérez muestra la lápida que colocaron sobre el cadáver de la colegiala enterrada como no identificada en mayo de 2011. Según recuerda la hizo el DIF municipal con todo y un epitafio que dice:

“Que nuestras oraciones sirvan para quien se pregunta por ti y llora tu ausencia encuentre la paz”.

* Francisco Rodríguez es periodista mexicano que radica en el norte del país. Cuenta e investiga historias sobre derechos humanos, víctimas de la violencia y corrupción.

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adondevanlosdesaparecidos.org/, es un proyecto de investigación periodística sobre las lógicas de la desaparición de personas en México y las luchas emprendidas por sus familiares en búsqueda con una perspectiva de derechos humanos y memoria.