Cinco años después del descubrimiento del sitio, el gobierno de México aceptó la existencia de un centro de exterminio de personas en la zona conocida como La Bartolina, Tamaulipas, de donde ha recolectado media tonelada de huesos calcinados.

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana Osuna, informó que las Fiscalías federal y estatal han trabajado durante cinco años en el procesamiento del terreno, ubicado en Matamoros, a unos 12 kilómetros de Brownsville, Texas, Estados Unidos.

“Desde 2017 al 28 de mayo se han recuperado, al menos, 500 kilogramos de restos óseos calcinados. En un primer momento intervino la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, y desde hace poco más de dos años quien está procesando ese lugar de exterminio es la Fiscalía General de la República, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda”, afirmó la funcionaria federal.

El centro de incineración y destrucción de cadáveres fue descubierto por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de Justicia estatal en abril de 2016, durante el sexenio del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y cuando faltaban cinco meses para que terminara la administración del gobernador tamaulipeco, Egidio Torre Cantú.

Reportes periodísticos de El Mañana de Reynosa publicados en ese entonces señalan que personal militar encontró el sitio el miércoles 6 de abril de 2016, y dos días después detectó el terreno exacto al pie de una laguna, cerca de playa Bagdad.

De acuerdo con información federal, el sitio fue operado presuntamente por el Cártel del Golfo desde 2009. Los integrantes del crimen organizado llevaron a este terreno a personas secuestradas; allí las torturaron, asesinaron, incineraron y enterraron los cadáveres.

El ejido La Bartolina es una zona de terrenos con algunos sembradíos de sorgo, pero no hay más parcelas por la salinidad de la tierra cercana al Golfo de México.

La resistencia por informar sobre el hallazgo

En abril de 2016, medios fronterizos de México y Estados Unidos, como El Mañana de Reynosa, La Tarde, Breibart, Noticias 48 Univision y el periodista Enrique Lerma publicaron notas sobre el hallazgo; éste último reveló el caso en su cuenta de Facebook el 7 de abril. En los 3 días siguientes, los periódicos confirmaron el operativo de seguridad en la zona.

“A casi 48 horas de que se registrara el hallazgo sobre restos óseos (narco-fosas) en el Ejido la Bartolina, en Matamoros, y ante la nula información oficial por parte de las autoridades de Tamaulipas, se filtra información extraoficial con amplio conocimiento de la actividad criminal en la zona, identificada por grupos criminales como "La brecha del Infierno", ubicada a un costado del lugar que actualmente permanece resguardado por las autoridades federales. Geográficamente este sector se encuentra paralelo con la ciudad costera de Puerto Isabel, en el Condado de Cameron, en Texas”, reportó Lerma, periodista de Noticias 48 Univision, el 8 de abril de 2016.

Un día después, El Mañana de Reynosa presentó una nota con detalles de los hallazgos:

“Tropas militares desplegadas en un campamento de exterminio con fosas en un ejido de la ciudad de Matamoros, reportaron el hallazgo de tambos conteniendo cenizas y fragmentos de restos óseos, así como garrafones de plástico con residuos de combustible.

“Esto les permitió descubrir tres tambos de 200 litros cada uno conteniendo cenizas y fragmentos o restos óseos, se desconoce si son humanos o animales’’.

Ante las publicaciones periodísticas, el Grupo de Coordinación Tamaulipas —integrado por la Federación y el gobierno estatal— emitió un comunicado el 11 de abril de 2016, donde admitió que Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia estatal y soldados intervinieron en terrenos del ejido La Bartolina.

A continuación el comunicado íntegro que se difundió en ese momento:

El Grupo de Coordinación Tamaulipas informa que el domingo 10 de abril se dieron por concluidas las labores de exploración en terrenos del ejido La Bartolina del municipio de Matamoros, donde inicialmente se corrió la versión del hallazgo de fosas clandestinas.

Precisa que en los terrenos del ejido que fueron objeto de revisiones por parte de personal de Servicios Periciales y elementos del Ejército, no se encontraron fosas de ninguna naturaleza, solamente un tambo de 200 litros de capacidad que contenía cenizas y fragmentos óseos, desconociéndose si son humanos o animales.

La exploración del terreno inició el miércoles 6 de abril cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban reconocimientos terrestres y al llegar a una brecha que lleva al citado ejido, detectaron irregularidades en la tierra, procediendo a excavar para establecer de qué se trataba.

Desde esa fecha y hasta el domingo 10 de abril, peritos y soldados procedieron a realizar 20 excavaciones en el punto inicial y posteriormente se extendieron hasta un área conocida como “Zona de Mar”.

Del total de los lugares explorados, solamente en siete se encontraron fragmentos óseos, algunos objetos metálicos, papeles, prendas, botes y cartuchos. La inspección se hizo dentro del agua y en las orillas de la citada “Zona del Mar”, utilizándose un georadar.

El análisis de los fragmentos óseos encontrados aún no concluye, por lo que no se ha podido determinar si son humanos o animales. En los 20 puntos explorados no se encontraron ni fosas, ni osamentas, ni cuerpos carbonizados.

Trabajos de búsqueda desde 2017

La versión dada por el Grupo de Coordinación en 2016 no coincide con lo que, un año después, buscadoras y elementos de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas encontraron en el terreno de superficie extensa.

Los trabajos de búsqueda en la zona de exterminio son liderados por el colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos, que reúne a familiares de personas desaparecidas en San Fernando, Matamoros y Reynosa.

María, una de las líderes del colectivo y a quien llamaremos sin apellidos para protegerla, ha estado en La Bartolina desde la primera búsqueda, en 2017, hasta la última a mediados del mes pasado.

“Nosotros empezamos a abrir un pocito, luego se documentaron como 24 fosas, de esas nomás abrimos 1 ó 2 con la Fiscalía de Tamaulipas, porque nos fuimos arriba del terreno y había otro pozo que excavamos y sacamos; ahí nos intoxicamos tres personas. Entonces ese otro pozo y tres más se abrieron y terminó la intervención del estado, pero como yo no tenía resultados y una exhumación correcta fue cuando intervino la FGR a mediados del 2018”, explicó la buscadora.

Sobre el informe de los hallazgos que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), María precisa que la cantidad total de restos supera la media tonelada, porque en dos búsquedas realizadas el año pasado los elementos de la FGR recolectaron aproximadamente 725 kilogramos de huesos.

Además, recuerda que en el lugar se recogieron objetos como credenciales de elector o licencias de manejo, escrituras, facturas, medias calcinadas, relojes, pulseras, anillos, dentaduras de oro, rosarios y ropa.

María urge a que la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República agenden más búsquedas, porque sólo han excavado en menos de una cuarta parte de los 600 metros cuadrados del terreno que, asegura, fue utilizado por los grupos del crimen organizado desde 2008.

“En La Bartolina, donde pises, hay una muela, una cervical, una costilla, una mandíbula; hemos encontrado cuerpos enteros y medios, cervicales con pelvis completas. El riesgo es que vuelvan a desaparecer los cuerpos, porque cuando el agua del mar sube llega al terreno y arrastra todo, por eso queremos que se programe una intervención mayor y urgente”, afirmó la integrante del colectivo Madres Unidas por Nuestros Hijos.

Elefante Blanco entrevistó a un ex funcionario estatal, quien pidió reservar su identidad, sobre el recorrido que hizo por la zona de La Bartolina en 2017. “Anduvimos en las parcelas, porque es un área abierta, y encontramos en un declive pegado a una laguna que entra del mar, una especie como de playita, con la arena suave y fina; allí había restos —como dientes— a simple vista; lo veías y no lo podías creer”, recordó.

El pasado 7 de abril de 2021, la comisionada Karla Quintana mencionó brevemente el hallazgo y recolección de restos humanos, sin dar mayores detalles del procesamiento de los huesos. Sin embargo, fuentes de la FGR y FGJ confirmaron que los exámenes forenses y genéticos hechos a los restos han arrojado perfiles de las víctimas.

No es la primera vez que el gobierno de México acepta la existencia de campos de exterminio en Tamaulipas. En febrero de 2019, el titular de la Subsecretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, recorrió el rancho El Papalote, ubicado en Gómez Farías, al suroeste de Tamaulipas, un sitio operado presuntamente por Los Zetas.

Matamoros, el municipio con más desaparecidos

Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han encontrado 50 centros clandestinos de incineración de cuerpos, también llamados ‘cocinas’, en el sur, centro y norte del estado.

Las indagatorias realizadas por los integrantes de los colectivos los han llevado a determinar que en esas zonas se registraron actos de tortura, secuestro, homicidios multitudinarios, entrenamiento a criminales, fosas clandestinas y esparcimiento de cenizas en cuerpos de agua. Por ello, decidieron llamarlos centros de exterminio.

En Tamaulipas, grupos armados legales e ilegales han desaparecido a 11,443 personas; 2,241 desaparecieron en Matamoros, de acuerdo con el registro nacional de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Los años con más casos fueron 2009, 2011, 2012 y 2016; en estos 4 años se acumularon 1,079 personas desaparecidas. El rango de edad de las víctimas va de los 15 a los 34 años; el 78.58% son hombres y el 21.37%, mujeres.

Respecto a la nacionalidad de las personas desaparecidas, el 87.55% son mexicanas y mexicanos. Sin embargo, el registro exhibe 52 casos de ciudadanos estadounidenses, cinco guatemaltecos, cuatro hondureños, cuatro salvadoreños, tres cubanos y un nicaragüense. En 209 denuncias no se especificó el origen de la víctima.

A dónde van los desaparecidos es un proyecto de investigación periodística sobre las lógicas de la desaparición de personas en México y las luchas emprendidas por sus familiares en búsqueda con una perspectiva de derechos humanos y memoria.