Amnistía en Edomex, al borde del limbo, en “casos especiales”

Almoloya de Juárez, Estado de México, 20 de julio de 2021.- Generalmente son los políticos los que decepcionan a la ciudadanía y luego buscan a quien culpar. En estos días la efervescencia que ha generado la Ley de Amnistía aprobada por la LX Legislatura estatal el 17 de diciembre de 2020 y publicada el 5 enero de 2021, está generando diversas movilizaciones por parte de los familiares que buscan los beneficios de esta normatividad para sus presos inocentes, pues no encuentran respuesta en el Poder Judicial. Todo apunta a que podría ser un caso donde los presuntos beneficiados se sientan burlados por la autoridad, aunque a ciencia cierta no sepan cuál de las que están involucradas en este proceso es responsable.

De acuerdo al artículo 2º de esta Ley, las autoridades encargadas de su aplicación son los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y se estableció en su artículo 8º que la solicitud se presentaría por escrito ante el Juez competente para que a los tres días: de por admitido el trámite; avisar para que se corrija la solicitud, en caso de ser necesario o desecharla por ser notoriamente improcedente. Para las solicitudes admitidas se fijó un plazo en el artículo 9º de 30 días para determinar la procedencia o improcedencia de la amnistía.

En el artículo 16º de esta misma norma, se determinó que la LX Legislatura local, integraría una Comisión Especial con el fin de dar seguimiento a lo ordenado en esta ley, así como para conocer de aquellos casos que por su relevancia sean puestos a su consideración por medio de las personas referidas en el artículo 7º; y en el artículo 17º dice que dicha comisión solicitará la opinión consultiva de la Comisión de Derechos Humanos mexiquenses y al Ejecutivo estatal a través de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

Y es aquí donde las cosas ya no caminaron, porque la mencionada comisión se instaló el 10 de marzo pasado; debió sesionar antes del 23 de junio de 2021 (aunque la sesión no está registrada en la página web de la Legislatura), para aprobar los Lineamientos del procedimiento de atención de los casos referidos en el párrafo anterior y de acuerdo al lineamiento 14º tendría que darle seguimiento a los expedientes hasta que la autoridad judicial se pronuncie, y como lo indica el lineamiento 15º, haber elaborado un informe trimestral relativo al seguimiento ordenado en la ley y sobre las solicitudes, mismo que debía ser presentado ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo)

El 6 de julio pasado, José Humbertus Pérez Espinoza, representante de la agrupación Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C. en conferencia de prensa aseguró que esta comisión tenía 120 días de inactividad, lo cual quiere decir que desde su instalación no volvió a sesionar, y si bien se expresó con reconocimiento hacia el presidente de esta instancia legislativa, el diputado Gerardo Ulloa Pérez (MORENA), nada dijo sobre que el 1 de julio, fecha en la cual fueron publicados los lineamientos en el Periódico Oficial Gaceta de Gobierno, dicho representante popular solicitó ante la Diputación Permanente licencia temporal para separarse de su cargo, hasta el 3 de septiembre (un día antes de que concluya el periodo constitucional de la LX Legislatura). ¿Ulloa Pérez lo habrá hecho así para asegurarse la presidencia de la comisión que ahora dejó acéfala? No hay que olvidar que buscó la reelección y la ganó.

El problema no es que el diputado haya aventado la toalla relativa a su quehacer legislativo por la razón que sea, sino que es el día en que la Junta de Coordinación Política no ha nombrado a un nuevo presidente de dicha comisión, el cual es necesario porque en el artículo 20 del Reglamento del Poder Legislativo se precisa que “para el trámite de los asuntos de su competencia, las comisiones se reunirán cuantas veces sea necesario mediante citatorio que hagan sus respectivos presidentes a sus integrantes…” y posteriormente agrega que también pueden sesionar a solicitud de la mayoría de los integrantes.

Pero hasta el momento sus integrantes: secretario, Juan Jaffet Millán Márquez; prosecretario Reneé Alfonso Rodríguez Yánez y, miembros: Guadalupe Mariana Uribe Bernal; Liliana Gollas Trejo; Julio Alfonso Hernández Ramírez; Francisco Rodolfo Solorza Luna; Brenda Escamilla Sámano; José Alberto Couttolenc Buentello al parecer no lo han solicitado, no obstante las múltiples manifestaciones que han hecho los que buscan el beneficio de esta ley y que no encuentran quién les de informes sobre el seguimiento de sus solicitudes y le adjudican al Poder Judicial todas las fallas.

Por su parte el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de México, mediante sesión ordinaria de fecha 11 de febrero de 2021, estableció los lineamientos que norman el procedimiento en los órganos jurisdiccionales en materia penal, a fin de sustanciar las solicitudes de amnistía conforme a la Ley de Amnistía estatal, mismos que fueron publicados el 1 de marzo de 2021.

Y después el 13 abril de 2021 emitió un comunicado para dar cumplimiento a su responsabilidad sobre la Ley de Amnistía del Estado de México donde detallo que los órganos jurisdiccionales en materia penal del Poder Judicial mexiquense, habían atendido a esa fecha un total de 460 solicitudes para acceder al beneficio de la amnistía, de ellas, 199 fueron presentadas por el propio imputado, 22 por familiares y el resto, 232 por la defensa.

El 1 de febrero de 2021, el abogado del Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero”, José Antonio Lara Duque, informó que el Tribunal de Alzada en materia penal de Ecatepec liberó a la pareja formada por Leticia Arcos Hernández y Antonio Félix Fuentes, y calificó el caso como un éxito de la Ley de Amnistía del Estado de México, pero para el 24 de junio pasado madres, hermanas y esposas que están solicitando la amnistía para 23 presos a través de este mismo representante legal, se raparon frente a las oficinas del Poder Judicial para exigir la liberación de 23 internos.

El 8 de julio pasado, Lara Duque acompañó a estas solicitantes primero a buscar una audiencia con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien no las pudo recibir, de Palacio Nacional se trasladaron a entregarle una solicitud al magistrado presidente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Antonio Zaldívar, para que intervenga ante las irregularidades que han detectado en el Poder Judicial del Estado de México, y el 15 de julio, este mismo movimiento que se denomina “Haz valer mi Libertad” después de colocar el performance “La protesta por la luz de la esperanza” que constó de varios cientos de veladoras encendidas en torno a las oficinas del Poder Judicial estatal, informaron que solo 20 de las 700 solicitudes de amnistía con resolución, han sido ejecutadas por dicho Poder.

Con anterioridad, el 22 de abril, Bryan LeBaron Jones entregó a la Legislatura local una solicitud de amnistía para Manuel Germán Ramírez Valdovinos, detenido en el año 2000, en Acolman, Estado de México, la petición la recibió Raquel del Consuelo Gómez Martínez, secretaria Técnica de la Comisión Especial, en esa ocasión la secretaría técnica reconoció que ya se tenían 108 peticiones recibidas, ocho presentadas de manera individual y 100 que entregó la Asociación Civil, “Presunción de Inocencia y Derechos Humanos” que representa Pérez Espinosa.

Cabe mencionar que José Humbertus Pérez Espinoza en su conferencia de prensa del 6 de julio pasado informó que había entregado en esa fecha, 402 expedientes más sobre personas que buscan el beneficio de la Ley de Amnistía y explicó, que buscarán que se aplique el artículo quinto transitorio de ese precepto legal, en caso que los diputados de la LX Legislatura no puedan desahogar antes del 4 de septiembre próximo, los casos que ya les fueron entregados y aseguró que la Comisión Especial de la Legislatura no les había dado respuesta sobre alguno de los primeros 109 expedientes que la asociación que representa entregó desde el mes de abril.

Pero es evidente que mientras la Jucopo no nombre a quien encabezará la Comisión Especial de Amnistía, ésta no sesionará. En tanto los que buscan el beneficio de esta ley para sus familiares ya no buscan a quien se las debe sino a quien se las pague y consideran que el Poder Judicial le echa la bolita al Ejecutivo y al Legislativo, y no toman en cuenta que de acuerdo a la Ley es la Cámara de Diputados la que debería estar atrás del Tribunal Superior de Justicia estatal, dándole seguimiento a todas las solicitudes e informar trimestralmente sobre los avances u observaciones que se estén dando al respecto.