13 de septiembre de 2021

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) condena enérgicamente el asesinato de Gerardo Garduño Escobar, quien fue ejecutado el pasado 8 de noviembre en una plaza comercial de la ciudad de Tijuana. El "camarada Garduño" era un jefe de familia, escolta en una empresa de seguridad privada, expolicía municipal y víctima de violaciones graves a derechos humanos. El equipo de la CMDPDH lamenta profundamente que Garduño Escobar haya muerto sin justicia ni reparación; exigimos al gobierno local una investigación efectiva y sanción a los responsables.

Entre el 21 y el 27 de marzo de 2009, 25 policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana (SSPM) fueron detenidos arbitrariamente (sin orden de aprehensión) y arraigados en instalaciones militares. El arresto se efectuó en el lugar de trabajo de los 25 policías y estuvo a cargo del entonces titular de la SSPM, Julián Leyzaola Pérez, y del Director General de Policía y Tránsito Municipal, Gustavo Huerta Martínez.

Durante su arraigo, elementos del Grupo GOPE de Inteligencia Militar, junto con altos mandos de la SSPM e integrantes del Ejército mexicano, perpetraron actos de tortura en contra de los 25 policías con el objetivo de que se incriminaran por delitos que no cometieron. Estos hechos ameritaron la transmisión de un llamamiento urgente por parte del entonces Relator sobre la Tortura de Naciones Unidas, Juan E. Méndez.

Tras una intensa batalla legal, Gerardo Garduño, junto con algunos de sus colegas, recuperó su libertad en agosto de 2010. Por los hechos cometidos en su contra, en 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 87/2011 dirigida al Secretario de la Defensa Nacional, la Procuradora General de la República, el Gobernador de Baja California y el Ayuntamiento de Tijuana. A una década de su emisión, esta recomendación no ha sido cumplida.

Durante el periodo en que estuvieron injustamente privados de su libertad, Garduño y sus colegas fueron dados de baja de la SSPM, bajo el argumento de “inasistencia a sus puestos laborales”, a pesar de que dicha inasistencia se debió a la detención arbitraria y tortura a la que les sujetó su propio jefe de la SSPM, Julián Leyzaola. Por ello, en enero de 2015, la CMDPDH –junto con la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)– presentó una solicitud de reparación ante la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en la que se solicitó la reincorporación de los policías de Tijuana a los puestos laborales que ocupaban en la SSPM antes de las violaciones a sus derechos humanos. Desafortunadamente, dicha solicitud nunca fue debidamente atendida.

Tras la presentación de tres juicios de amparo indirecto por omisiones graves en atender las pretensiones de reparación de los 25 policías, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), señaló que estaba imposibilitada para pronunciarse sobre la pretensión de reincorporación como Policía Municipal del Sr. Garduño, alegando la existencia de una restricción constitucional.

Ante la inacción del Estado mexicano, y las restricciones irrazonables previstas por la Constitución que impiden a los policías recuperar sus puestos, se presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2013. A pesar de que ha habido avances relevantes en el desarrollo procesal del caso, lamentamos profundamente que la grave situación de atraso procesal en el Sistema Interamericano haya permitido que, en los últimos ocho años, dos integrantes del grupo de 25 policías hayan muerto (por homicidio), sin acceder a la justicia o recibir una reparación por el daño que sufrieron.

Desde la CMDPDH, nos duele profundamente el hecho de que el homicidio de Gerardo Garduño se podría haber evitado si no se hubieran perpetrado las graves violaciones a derechos humanos cometidas en 2009 en contra de los 25 policías o bien, si las instituciones del Estado hubieran cumplido con su obligación de garantizar una reparación integral y transformadora.

Finalmente, como es de conocimiento público, se giraron órdenes de aprehensión por la probable comisión del delito de tortura en contra de Julián Leyzaola y Gustavo Huerta. Al respecto, desde hace meses, la CMDPDH solicitó la urgente intervención del titular de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV y de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas de Baja California (CEEAIV), sin que hasta ahora hayamos recibido respuesta alguna.

El Estado mexicano tiene una enorme deuda pendiente con los 25 policías de Tijuana quienes, a fin de justificar la necesidad de la estrategia de militarización de la seguridad pública, fueron objeto de actos indescriptibles que frustraron su proyecto de vida.

Hoy, con profundo dolor, despedimos al camarada Gerardo Garduño Escobar; su memoria nos mueve a continuar luchando contra la creciente militarización de la vida pública que compromete gravemente los derechos humanos en México y por la reparación integral en este caso en particular. ¡Gerardo Garduño, presente!

En consecuencia, desde la CMDPDH exigimos:

A la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, a investigar el homicidio de Gerardo Garduño bajo los más altos estándares de debida diligencia.

Al Gobierno del Estado de Baja California, Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, a reincorporar inmediatamente a las víctimas que así lo deseen a sus puestos laborales.

A la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a tomar todas las acciones necesarias para asegurar el inmediato cumplimiento de las medidas de reparación ya determinadas.

Al titular de la Asesoría Jurídica Federal de la CEAV, a dar respuesta a la solicitud presentada desde el 29 de julio de 2021 y designar un asesor jurídico.

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aadoptar, cuanto antes, una decisión de fondo respecto del caso 13.819.

Staff Redacción