03 de agosto de 2022


Mientras el Estado de México se encuentra sumido en una severa crisis de Derechos Humanos derivada de desapariciones, feminicidios y miles de víctimas de delitos sin resolver o sin mecanismos para acceder a la justicia eficazmente, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) despilfarra sus recursos en gastos suntuosos, eventos innecesarios y sueldos de lujo para nuevos funcionarios ligados a Enrique Peña.

Ello mientras su nueva titular Myrna García Morón, con prácticamente el mismo sueldo que el presidente de la República -solo 557 pesos menos-, apenas si ha emitido tres Recomendaciones, aunque mensualmente capta un promedio de 850 quejas ciudadanas por presuntas violaciones y atropellos de parte de alguna autoridad, de acuerdo con el informe de actividades 2021 del propio organismo.

Paralelamente la ombudsman lleva una intensa actividad social-burocrática signando convenios, organizando foros y dando discursos que nada cambian la cruda realidad de los mexiquenses.

GASTOS ONEROSOS Y FUNCIONARIOS PEÑANIETISTAS

De acuerdo con diversas contestaciones entregadas a la solicitud de información 00158/CODHEM/IP/2022, apenas llegando al organismo su nueva titular ordenó remodelaciones en oficinas por un millón 705 mil pesos y una “reingeniería administrativa”, creando nuevas carteras que hoy ocupan excolaboradores de Enrique Peña.

El primero fue Juan Antonio Laredo Sánchez, exsecretario del Comité de Transparencia de la Presidencia de la República durante el sexenio pasado, como titular de una "Segunda Visitaduría General” que no existía y con un sueldo aún sin transparentar.

Una revisión a las solicitudes de información que atendió el comité del que Laredo Sánchez fue secretario, permitió establecer que ocho de cada diez peticiones de datos fueron rechazadas, así se tratara de los trabajos de remodelación de Los Pinos; las fallas en el avión presidencial, contratos publicitarios o el presupuesto de “la Cruzada Contra el Hambre”.

También llegó Cuitláhuac Anda Mendoza –ex administrador de mercados y operador del PRI en Naucalpan-, cómo nuevo Visitador General con un sueldo de 105 mil 028 pesos mensuales, pero sin expertiz en Derechos Humanos.

Director de educación media superior durante el gobierno de Eruviel Ávila, sobre Anda Mendoza pesan señalamientos de presunta corrupción, pues desde ese cargo fue acusado por directivos de preparatorias oficiales, de imponer proveedores y de pedir cuotas.

Para Orlando Javier Seguel Rogers, se creó la cartera de director de la “Unidad Logística” que no existía. Él fue jefe de seguridad de Enrique Peña y director de la opaca policía auxiliar (CUSAEM); ahora gana un sueldo de casi 90 mil pesos sin descuentos y de 65 mil 887 netos.

Ahí mismo se instaló a Juan José Villa Alva, como coordinador de eventos especiales y logística, puesto que tampoco existía; él fue subdirector de quejas del órgano interno de control de presidencia con Peña Nieto, donde se ostentaba como abogado, aunque solo es “técnico en computación fiscal contable”. Hoy gana 40 mil 511 pesos en sueldo bruto, 29 mil 886 netos.

Curiosamente en esa nueva de Unidad Logística se abrieron tres puestos de “líder B de Proyecto”, con sueldos de 40 mil pesos cada uno.

Otras contrataciones denotan un posible tráfico de influencias. Arturo Gaytán Nemer, hijo de la diputada Mónica Álvarez Nemer y sobrino de Ernesto Nemer Álvarez, máximo operador del Grupo Atlacomulco, ocupa un nuevo cargo como “líder de proyecto”, el cual obtuvo luego de que su influyente madre diera su voto aprobatorio a Myrna García, mientras otros diez compañeros lo hacían en contra, por considerar que su perfil no era el apropiado para garantizar la defensa de los DH de los ciudadanos.

La nueva ombudsman también creo una unidad de “asesores” que no existía, para posicionar a ex subalternos leales, como a su ex secretaria particular en el Tribunal de Justicia Administrativa, Enriqueta del Carmen Gutiérrez, ahora directora general de asesores –cargo que tampoco existía-, con un sueldo de 70 mil pesos brutos; Bernardo Chávez Linares, quien era titular de Recursos Humanos y ahora tiene el mismo puesto en la COHEM con sueldo que al momento de la consulta en la tercera semana de julio, no se logró localizar. También como visitador adjunto asignó a Hipólito Rosas Beltrán, ex “secretario general jurídico” de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y a Naim Franco Saucedo, como asesor, este último ex director de situación patrimonial del Congreso Local y leal a las bancadas priístas. Ninguno experto en DH.

DE GASTOS SUNTUOSOS E INNECESARIOS

Ante la expasión del organismo, bajo el supuesto de una “reingeniería administrativa”, García Morón decidió rentar nuevos espacios, como el edificio propiedad de Antonio de Jesús Naime Libien, ex director del DIF Nacional con Peña Nieto y a quien se le paga una renta de 110 mil 200 pesos mensuales. Así la instancia que emblemáticamente había sido el corazón del organismo desde su fundación, ahora está fuera de su edificio sede.

En junio la CODHEM gastó 684 mil 922.36 pesos en "conferencias magistrales" para su personal, al cual traslado a San Felipe del Progreso en vehículos rentados y a un espacio también rentado, pese a tener auditorio.

Para este evento se pagaron seis mil 960 pesos en "tres salas lounge"; 75 mil 400 pesos en pautas publicitarias para Facebook; 12 mil 760 pesos en la renta de una "camioneta Transit" y un autobús para el personal del organismo; 54 mil 600 pesos en arreglos florales; 44 mil 335 pesos en "compra de cordones" y lonas de bienvenida; 20 mil en servicio de cafetería más otros cuatro mil 500 en alimentos.

Además dice haber pagado 232 mil pesos a Rigoberta Menchú, por una ponencia, mientras que para la conferencista Yasmín Esquivel Mossa, omitió reportar cuánto pagó. Es decir no contestó.

En total la comisión ha gastado dos millones 044 mil pesos en eventos desde septiembre del 2021 a junio de este año: 456 mil 364 pesos en desayunos; 663 mil pesos en materiales y servicios y 924 mil 634 pesos en conferencias.

Además se gastaron dos millones 117 mil 614 pesos a la empresa “Originales SHILA S.A. de C.V.”, en nuevos uniformes.

Entre los nuevos proveedores consentidos por el organismo para eventos y cafetería están: Mobvento SA de CV; Gerardo Castañeda (excomunicador de políticos del PAN); María Angélica Mendoza Vilchis; Olivia Medina Gómez; Miguel Carbonell Sánchez y Menchu Tum, a quienes se asignan contratos sin licitación.

A la par la nueva titular ha desplegado una intensa agenda de pasarela burocrática, firmando convenios y dictando discursos ante la élite de unos diez ayuntamientos, dependencias y organismos gubernamentales como la UAEMex.

No obstante ninguno de estos convenios ha servido para mejorar la situación de los Derechos Humanos en la entidad, sumidos en una crisis perpetua, coincidieron activistas.

DERECHOS HUMANOS EN CRISIS

Elsa Arroyo Hernández de “Mujeres, Democracia y Ciudadanía A.C.”, refirió que los gastos suntuosos constituyen una práctica constante en las instituciones mexiquense, las cuales mediante el uso político de los presupuestos intentan justificarse o beneficiar a grupos de poder.

“La CODHEM no está diseñada para garantizar los derechos en Edomex, sino más bien es un mecanismo para aparentar que lo hace, como lo demuestran estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP) con criminalidad, feminicidios y homicidios desbordados”, dijo.

En tanto el propio informe 2021 de la CODHEM, indica que el año pasado se radicaron más de 10 mil 100 expedientes de queja, lo que equivale a un promedio de 843 expedientes mensuales, de los cuales el 99.9% o más, no llegan a una Recomendación.

En contraste desde su llegada, Myrna García ha emitido solo tres Recomendaciones, ninguna dirigida al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, pese a que en un caso (la relativa a la violencia obStétrica), él es el responsable operativo a través del ISEM, de los hospitales y personal del organismo.

A su vez Mónica Hurtado de “Pro Derechos Humanos A.C.”, aseguró que la CODHEM enfrenta una severa parálisis, además de coincidir con Arroyo en el sentido de que el perfil de la comisionada no es el mejor ante la magnitud de la crisis, a la vez de denunciar que los “observadores” enviados por el organismo a cubrir manifestaciones, están siendo utilizados –sus testimonios- para “criminalizar a activistas y la protesta social”.

Dijo que los familiares son quienes realmente “pelean” por los derechos de las víctimas y no Myrna García, mientras que respecto a los gastos innecesarios ante la proximidad de los comicios dijo que esa es la consigna “sacar el dinero de donde sea sin importar nada más”.

Finalmente el diputado Faustino de la Cruz Martínez, de la fracción de Morena en el Congreso Local, se desmarcó del uso de la CODHEM como “agencia de colocación” del régimen que nunca ha dado resultados, dijo, pues para eso, advirtió, no dieron su voto aprobatorio.

Actualmente y de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública (SENSP), el Estado de México es la entidad donde se cometen más ilícitos en números absolutos.

Tan solo de enero a junio ya se registraban oficialmente 203 mil 903 denuncias por igual número de delitos y un número aún no determinado de posibles víctimas; además de estar entre las cinco entidades con más homicidios en todo el país, mil 879 de enero a junio y en promedio 300 cada mes.

En 2021, de enero a junio se presentaron 190 mil 755 denuncias, es decir que se registra un incremento respecto al año pasado.

También Edomex ocupa el primer lugar nacional donde más feminicidios se cometen en todo el país (en cifras absolutas) y de enero a junio se han reportado ya 76 feminicidios, mientras que en el mismo periodo del 2021 se reportaron 68.

En una reciente entrevista con The Observer Mex, la activista y titular del Observatorio Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada, aseguró que en este tema persisten altos niveles de impunidad en Edomex y de desatención a las víctimas colaterales, pese a que la entidad cuenta con la más avanzada infraestructura y los recursos para que esto no ocurra.

Alerto además que existe una mala clasificación de estos delitos y muchos casos de mujeres asesinadas, tanto en Edomex como en otras entidades del país como Puebla y Nuevo León, no son clasificados como feminicidios, sino como “suicidios” por parte de fiscalías totalmente colapsadas, sostuvo.

Dijo que entre los casos más graves en cuanto a trabajos deficientes de fiscalías –por inadecuada clasificación del delito, revictimización e impunidad- se encuentran Puebla, Nuevo León y Veracruz, además de Guerrero y Estado de México, dónde, este último, a pesar de tener 7 años con una alerta por feminicidio y una segunda por desaparición, no se notan aún los avances, puntualizó.

Por su parte activistas de Derechos Humanos al frente de distintas causas, también denunciaron en junio pasado una “criminalización” de la protesta y el activismo, sin que a la fecha la CODHEM haga nada ni se pronuncie.

En contra parte además de emitir tres Recomendaciones, la CODHEM apenas si ha resulto un caso de una sola mujer de los miles de casos de personas acusadas con delitos falsos y que esperan por una amnistía. Sí, un caso.

Esto último mientras el sistema penitenciario se encuentra sumido en un caos absoluto y convertido en una red de negocios ilícitos -bajo un esquema cobros ilegales- donde las violaciones al debido proceso, el encarcelamiento de personas inocentes bajo delitos fabricados (ONGs estiman que el 60% de las personas recluidas son inocentes) y bajo tortura, son algo cotidiano.

Reportaje cerrado el 30 de julio del 2022


Ma. Teresa Montaño