22 de junio del 2023


Durante años, OHL México, ahora Aleatica, se ha beneficiado de redes que ha logrado tejer con la élite política priísta en el Estado de México, así como por su relación con despachos de abogados, funcionarios y exfuncionarios públicos, como el expresidente de México (2012-18), Enrique Peña Nieto, y Julio Scherer Ibarra, exconsejero de la Oficina de la Presidencia (2018-21) de Andrés Manuel López Obrador.

Ahora, con la llegada de Delfina Gómez de Morena, el mismo partido que el Presidente, como próxima gobernadora del Edomex, se abre la posibilidad de que los contratos públicos de las firmas favoritas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ese estado, como lo es la constructora y operadora de vialidades, que además ha contribuido a la criminalización de una defensora de derechos humanos, sean puestos bajo la lupa, de acuerdo con fuentes entrevistadas por Empower.

“Lo que ocurre normalmente en un cambio de administración, y sobre todo de partido, es la revisión de contratos y concesiones, puesto que ahí es donde se descubren posibles actos de corrupción. ¿Qué podríamos esperar, si durante la campaña la maestra Delfina puso el tema del combate a la corrupción como una bandera por los 100 años que el PRI habría durado en el poder? Pues yo esperaría que esa bandera de campaña se cumpliera en acciones concretas, y una de esas acciones es precisamente la revisión de contratos”, dijo a Empower José Manuel Urquijo, maestro en comunicación política y gobernanza, consultor y estratega político.

Aleatica, S.A.B. de C.V. (BMV:ALEATIC) opera en México a través de distintas subsidiarias generalmente asociadas a una concesión adjudicada a cada firma. Actualmente, tiene participación en siete carreteras federales y estatales, y cuenta con inversión de fondos de pensión estadounidenses y mexicanos.

Una de sus subsidiarias más importantes es Concesionaria Mexiquense, S.A. de C.V. (CONMEX), que opera el Circuito Exterior Mexiquense (CEM) desde 2002, cuando Peña Nieto era secretario de Finanzas del Estado de México. Fueron esta filial y carretera las que estuvieron al centro del escándalo de corrupción que involucró supuestos sobornos a funcionarios públicos federales y del Estado de México, cuando Aleatica era todavía OHL México, situación que estalló en 2015 y por la cual la Fiscalía General de la República (FGR) inició recientemente una averiguación previa sobre los actos de corrupción durante la presidencia de Peña Nieto. A su vez, el expresidente es investigado desde 2022 por delitos de carácter patrimonial y electoral que involucran a la empresa OHL .

Faustino de la Cruz, diputado por Morena en el congreso local del Estado de México, dijo a Empower que, una vez que Delfina Gómez entre a la gubernatura, él planteará “revisar el tema Aleatica, el tema de sus concesiones y, desde luego, en mi caso plantearé que se constituya una comisión especial para indagar este tema y que quede a la luz pública todo lo que tenga que ver con los convenios, los derechos y las obligaciones que tiene dicha empresa con los mexiquenses”.

Incluso, en caso de que el gobierno ya no le adeude nada a la empresa por la inversión que hizo para la construcción de las carreteras, se le propondrá a la nueva gobernadora, “de ser posible, el retiro de las concesiones, tanto del Viaducto Bicentenario como del Circuito Exterior Mexiquense, que también está plagado de irregularidades”, aclaró el diputado, que desde años anteriores ha impulsado en el Poder Legislativo del Estado de México la creación de dicha comisión anticorrupción, pero que ha encontrado resistencia por parte de los otros partidos, que pronto serán de la oposición.

La red de filiales

Detrás de CONMEX y del CEM no está solamente Aleatica. Cuatro meses antes de que OHL México fuera acusada de corrupción, ya con Peña Nieto en la presidencia, el fondo australiano IFM Investors, a través de su vehículo de inversión IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF), adquirió el 25% de las acciones de CONMEX con la asesoría de un fondo con relaciones políticas clave y cercanas al priísmo, como se describirá en este reportaje.

Cuando el escándalo de la supuesta corrupción de OHL México estalló, lejos de desinvertir, IFM Investors amplió sus inversiones en la empresa, con especial interés en sus activos mexicanos . El 12 de abril de 2018, IFM Investors anunció que IFM GIF había completado la adquisición del 100% de OHL Concesiones S.A.U., la matriz española de OHL México. La compra fue ejecutada por 2,643 millones de dólares .

Esta reestructuración accionaria le dio a IFM Investors control indirecto de OHL México y de CONMEX. En 2019, OHL México cambió de nombre a Aleatica, S.A.B. de C.V. Actualmente, Magenta Infraestructura S.L., una sociedad constituida en España en mayo de 2016 , es la accionista de control de Aleatica . A su vez, Magenta Infraestructura es subsidiaria de otras dos compañías españolas que también son empresas de IFM Investors.

A través de esta red de filiales, más su fondo de recompra de acciones , el 86.16% de Aleatica está controlada indirectamente por IFM Investors. Además, un 13.84% de sus acciones circulan en el mercado de valores.

Desde que era OHL México, Aleatica se ha mantenido cerca de figuras de la élite económica y política, como Pedro Carlos Aspe Armella, exsecretario de Hacienda del presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-94) , empresario y uno de los personajes más fieles al PRI durante los 1990s. Actualmente, Aspe Armella comparte con Scherer Ibarra, y otros, la propiedad de dos inmuebles en la colonia Polanco, en la Ciudad de México .

Aspe Armella se relacionó con Aleatica e IFM Investors a través de Evercore (NYSE:EVR), una empresa que él dirigió en México de 2009-17 . Dos años antes de su renuncia, en 2015, la firma global de asesoría de banca de inversión asesoró a IFM Investors en la adquisición de un porcentaje de CONMEX, dueña del CEM y, en ese entonces, de OHL México.

Después, en 2016, todavía con Aspe Armella como director de Evercore, la firma también asesoró al fondo de pensiones canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec en la adquisición de acciones del CEM a IFM Investors.

Los intentos de Aleatica para salirse del mercado bursátil

IFM Investors ha intentado sacar del mercado bursátil a Aleatica al lanzar ofertas públicas de adquisición (OPA) forzosa de las acciones públicas minoritarias . En ese proceso, la firma ha caído en acciones cuestionables para pagar menos dinero a los accionistas mexicanos, de acuerdo con el especialista jurídico Paulo Díez Gargari, principal crítico de la empresa.

Para Díez Gargari, el deslistar a Aleatica provocaría todavía menos transparencia de la empresa hacia las partes interesadas, como activistas y gobiernos.

El intento de desliste tiene relación con un proceso legal entre Aleatica y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En 2021, la CNBV identificó, por segunda ocasión, que Aleatica había reportado el valor de sus activos con un concepto llamado “rentabilidad garantizada”, que sumaba pagos futuros por parte de los gobiernos que otorgaron las concesiones —en el caso del CEM es el Estado de México— y del pago de casetas, lo que elevaba de forma ficticia el valor de sus vialidades.

Ante esto, la reguladora de valores ordenó a Aleatica, a su subsidiaria Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI) y a CONMEX —filial de OPI— corregir sus informes financieros desde 2019, restando la rentabilidad garantizada. Este proceso se repitió en 2022.

La firma cumplió, aunque presentó un juicio en contra de los oficios de la CNBV. El 7 de diciembre de 2022, un Tribunal Colegiado emitió una resolución final a favor de Aleatica para que pudiera seguir usando la rentabilidad garantizada en la valuación de sus activos. De acuerdo con Díez Gargari, la sentencia fue únicamente de forma y no de fondo porque la CNBV no presentó en papel una copia de un documento para el oficio.

A pesar de lo que parecería un logro para Aleatica, la empresa no hizo pública esta sentencia a sus inversionistas. Eso se traduce en que el costo por acción que la firma tendría que pagar a sus accionistas para terminar de deslistarse permanece en 37 pesos, en lugar de más de 60 pesos que sería con la rentabilidad garantizada. Esto favorece a Aleatica en su estrategia de desliste.

Finalmente, Aleatica informó el fallo favorable a sus inversionistas el 12 de abril de 2023, cuatro meses después de ser emitida la sentencia. Aclaró que, dado que la sentencia no es definitiva, “y para dar certidumbre al mercado, la Compañía continuará dando cumplimiento a las medidas correctivas ordenadas mediante el Oficio”, aceptando que la forma en que registra sus finanzas “solamente impacta el valor del activo y el valor de la participación de los accionistas en los estados financieros de Aleatica”.

“El efecto es que [Aleatica] pueda pagar menos dinero por las acciones que recompre en su OPA para deslistarse. Es decir, quieren hacer una oferta pública de adquisición con sus estados corregidos como le mandó la CNBV y llegar con eso al precio de desliste y pagar menos por las acciones”, explicó Díez Gargari.

Finalmente, el 2 de junio de 2023, Aleatica dio a conocer la sentencia a favor de OPI, esta vez también por el fondo del oficio de la CNBV, es decir en contra del llamamiento de la CNBV de corregir sus informes financieros. Sin embargo, anunció que esperaría a ganar los amparos de fondo para las otras dos empresas, Aleatica y CONMEX, y, mientras tanto, seguiría sin volver a reportar sus informes con la rentabilidad garantizada.

Díez Gargari informó a Empower que presentó un oficio en contra de la resolución a favor de OPI, a nombre de un accionista de la empresa, y que presentaría otro diciendo que “tienen que darle a la CDMX y al Edomex el carácter de terceros interesados, por ser en esos estados donde están la Autopista Urbana Norte y el CEM. Les tienen que dar vista. Además presentaré una queja ante el Consejo de la Judicatura por la sentencia”, dijo.

Dinero de trabajadores mexicanos y estadounidenses en Aleatica

El acatamiento de las medidas de la CNBV no sólo tendría que reflejarse en el precio de la acción, sino también en otros instrumentos bursátiles relacionados a las obras de Aleatica y en los que está invertido el dinero de pensionados mexicanos, como es el caso del Fideicomiso CKD Infraestructura México, en el que participan diversas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

Empower pudo comprobar que al menos Afore SURA invirtió en el CEM, valuado todavía con el sobreprecio que la CNBV detectó y ordenó a Aleatica corregir, como se relata en el reportaje de Empower “SURA invierte en carretera sobrevaluada de Aleatica, empresa antes señalada de corrupción”.

Por su parte, IFM GIF, la empresa matriz de Aleatica y dueña de su accionista de control, Magenta Infraestructura, S.L., tiene dinero de futuros pensionados estadounidenses. Sus 10 principales inversionistas a octubre de 2022 eran fondos de pensiones públicos de las ciudades de Albany, Columbus, Phoenix, Raleigh, Richmond, Tallahassee, Frankfort y Topeka.

Empower documentó cómo, a su vez, IFM GIF invierte tanto en empresas que han propiciado esquemas de corrupción y que posiblemente estarían relacionadas indirectamente con el crimen organizado mexicano, como es el caso de Vitol -con la que firmó en 2018 un contrato para la instalación de almacenamiento de recursos naturales en Holanda-, como en empresas que contribuyen a criminalizar y encarcelar a defensoras de derechos humanos en México, como lo es Aleatica en el caso contra Kenia Hernández Montalván, defensora indígena amuzga.

Aleatica demandó a Kenia Hernández

En cuanto a la contribución de Aleatica en la criminalización de Hernández, también abogada y coordinadora del colectivo Zapata Vive, la empresa, a través de su subsidiaria CONMEX, es parte ofendida y denunciante en una de las causas penales en contra de la defensora, pues, según dos individuos no localizables, el CEM fue la vialidad donde supuestamente Hernández cometió robo.

El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, que lleva la defensa de Hernández, demostró que la defensora no se encontraba ese día ni a esa hora en la carretera; sin embargo, el contexto de intereses públicos y privados en criminalizar la protesta social, con el objetivo de favorecer los negocios de empresas contratistas y concesionarias de obras públicas, mantiene a Hernández encarcelada.

“Nos queda claro que, en tanto no haya voluntad de Aleatica y subsecuentemente de CAPUFE (Caminos y Puentes Federales) y de la Fiscalía, de no detenerse, Kenia va a seguir teniendo hasta 50 causas en su contra. Existe un uso indebido de la justicia. Las autoridades le han insistido que se declare culpable para adoptar un procedimiento abreviado pero no lo ha aceptado porque, aunque defiende el derecho a manifestarse, dice que no pasaron los hechos de los que la acusan”, dijo a Empower Fabiola Vite, coordinadora del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Vite asegura que las autoridades se vieron presionadas por las empresas concesionarias para castigar las protestas sociales en sus vialidades, por lo que Hernández “es un castigo ejemplar de lo que no debemos hacer las personas defensoras. Es notorio la forma de discriminación y de hostigamiento judicial particular porque es una mujer, es indígena, abogada y defensora de derechos humanos”.

La postura defensiva y criminalizadora de Aleatica contra Hernández contrasta con su discurso público de “empoderamiento de las mujeres” y con programas “de fondos para el emprendimiento femenino” .

Recientemente, diputadas federales de Morena anunciaron la creación de una red para el acompañamiento del caso Kenia. De acuerdo a lo que comunicaron, la red sostendrá una reunión con funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal para discutir sobre la situación jurídica de Hernández . Actualmente, la defensa de Kenia y las diputadas están esperando que las autoridades les den audiencia, según confirmó Vite.

Julio Scherer Ibarra en el centro de la trama

Es en este punto de la historia que toma relevancia la figura de Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Oficina de la Presidencia de López Obrador (2018-24). Empower logró documentar, a través del análisis de las causas penales de los juicios orales 617/2020 y 149/2021 en contra de Hernández, cómo el abogado, presuntamente responsible de tráfico de influencias, ha tejido una red conformada por otros abogados, despachos legales, funcionarios y exfuncionarios de nivel federal y estatal, con la que se ha beneficiado a sí mismo y a Aleatica, que a su vez se ha asesorado de los abogados y despachos cercanos a Scherer para ganar y mantener concesiones públicas, y en procesos de defensa en contra de activistas.

Según los hallazgos de Empower, Scherer Ibarra estaría conectado tanto con las empresas denunciantes en dos causas judiciales contra Kenia Hernández —Aleatica y COCONAL, S.A.P.I. de C.V.— como con las autoridades que ejecutaron la criminalización de la defensora: la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En las dos causas analizadas para este reportaje, CONMEX, subsidiaria de Aleatica y dueña del CEM, y COCONAL, dueña de la Autopista Toluca-Zitacuaro, aparecen como denunciantes.

De acuerdo con el medio de comunicación Animal Político y con una fuente de la FGR cercana a Empower que prefiere el anonimato, Julio Scherer Ibarra es investigado por la Fiscalía por supuestamente operar los intereses de Aleatica y antes de OHL . En 2021, Scherer renunció a su cargo en el Gobierno federal y no terminó el mandato de consejero jurídico de la Oficina de la Presidencia. Según la FGR, Scherer se ha beneficiado económicamente de detener procesos judiciales en contra de Aleatica, que ha sido señalada de obtener de manera irregular la concesión del Viaducto Bicentenario, otra de las vialidades concesionadas a Aleatica.

Si bien lo que apunta la FGR está en investigación, en 2021, con la filtración masiva de Pandora Papers, se descubrió que Scherer “fue representante legal de la empresa de alimentos La Cosmopolitana, filial de Grupo Kosmos, de la familia Landsmanas. En 2011, los Landsmanas le transfirieron 50 mil acciones de una firma offshore creada en las Islas Vírgenes Británicas. En sus cuatro declaraciones patrimoniales como servidor público, Scherer Ibarra dijo tener autos de lujo, tarjetas de crédito, joyas y obras de arte por altos valores y dos departamentos de 616 y 583 metros cuadrados, pero en su declaración no aparece la empresa offshore”.

Al inicio del Gobierno de AMLO, Scherer fue quien firmó el acuerdo para modificar los lineamientos del apoyo jurídico de las dependencias y entidades a nivel federal para ser él quien nombrara a los directores jurídicos de las dependencias federales . Así pudo nombrar a Román García Álvarez como director jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Quince días después de asumir el cargo, García Álvarez firmó un convenio para legalizar la concesión del Viaducto Bicentenario con el Gobierno del Estado de México, representado por el Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de México, Luis Gilberto Limón Chávez. Ese acuerdo detuvo una posible causa judicial en contra del Gobierno estatal y de Aleatica.

La Secretaría de Movilidad respondió a Empower, vía un cuestionario, que en el acuerdo mencionado y los antecedentes del mismo se establecen “la motivación y fundamentación del por qué, quiénes y con qué facultades lo suscribieron”. También aclaró que, en el caso de Kenia Hernández, “la Secretaría de Movilidad no ha tenido intervención en las causas penales en contra de la persona mencionada. Corresponde a las autoridades ministeriales federales y locales informar lo que corresponda”.

García Álvarez murió en octubre de 2022, siendo investigado por la FGR por la misma causa que se investiga a Scherer .

Scherer opera los intereses de Aleatica a través de distintos despachos

Existen más lazos que Scherer ha podido usar a su favor, tal como los que tiene con cuatro personas relacionadas a despachos de abogados que trabajan o han trabajado con Aleatica y COCONAL, presuntamente a través del tráfico de influencias ejercido por Scherer: Juan Antonio Araujo, Cesar Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá (AGPRyC); Alfaro, Dávila y Scherer (ADS); Rivera Gaxiola, Kalloj, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca Abogados (RGCyK); y Gastélum Asociados.

Según lo que la FGR investiga y Empower confirmó con su fuente interna en la Fiscalía, Scherer se benefició económicamente cobrando a los despachos jurídicos para que las empresas los contrataran y cobrando a las firmas de infraestructura para mover sus hilos políticos para detener procesos judiciales en su contra por supuestamente obtener contratos públicos multimillonarios. Por ejemplo, la carpeta de investigación FGR/FEECOC/UEIDCSPCAJ/SP/036/2021 se refiere a dos abogados —Juan Antonio Araujo Rivapalacio y Alonso Rivera Gaxiola— señalados de operar para Scherer en la obstaculización de la justicia con relación a procesos de Aleatica en el Estado de México. La investigación se judicializó en la causa penal 550/2022, pero el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna resolvió no vincular a proceso a los acusados por no tener pruebas suficientes.

Aún así, la FGR definió como ilegal la resolución de Delgadillo Padierna. En un comunicado de 2022, la Fiscalía sostuvo que el juez opera a favor de Scherer y de la red de abogados cercanos al exfuncionario y también absueltos gracias al juez.

Araujo Rivapalacio es socio del despacho Araujo, González, Peimbert, Robledo y Carrancá (AGPRyC) que, además de haber representado legalmente a Aleatica en contra del abogado Paulo Díez, ha colaborado con Julio Scherer al haber pertenecido a ese mismo despacho . Otro abogado de AGPRyC, David Gómez Arnau, también trabajó con Scherer Ibarra en la firma Consorcio Azucarero Escorpión (Caze).

Alfaro, Dávila y Scherer (ADS) es otro de los despachos relacionados a Scherer Ibarra y a Aleatica. Pedro Eduardo Scherer Ibarra , hermano de Julio , es socio de dicho despacho . ADS informa en su sitio web que Aleatica fue su cliente en 2020 para refinanciar la deuda de la Autopista Urbana Norte, otra concesión de Aleatica, y que serviría para lanzar una Fibra-E, un vehículo financiero para invertir en infraestructura energética. Eso último nunca sucedió porque fue al mismo tiempo que se publicaron los oficios de la CNBV contra Aleatica por la rentabilidad garantizada en sus informes financieros, lo que obligó a la empresa a dar marcha atrás con el plan de la Fibra-E.

Además, el mismo despacho asesoró a CKD Infraestructura México, S.A. de C.V., inversionista institucional en el CEM en el que participa Afore SURA, en la formulación de una operación de emisión de deuda que realizó a través de Deutsche Bank México, S.A. para efectuar obras de infraestructura.

El tercer despacho en cuestión es Rivera Gaxiola, Kalloj, Fernández, Del Castillo, Quevedo, Lagos y Machuca Abogados (RGCyK), del que fue socio Scherer Ibarra hasta 2013 y cuando todavía se llamaba Rivera, Gaxiola, Carrasco y Kalloj, S.C. . Actualmente, RGCyK tiene como socio a Rodrigo Lagos Scherer , sobrino de Julio. Además, Carlos Suárez Tavernier, hijo de la pareja sentimental de Julio Scherer Ibarra, es pasante del despacho.

En 2020, IFM Investors nombró como apoderados a Lagos Scherer y también a Alonso Rivera Gaxiola, otro socio de RGCyK en la causa en contra del abogado Díez Gargari.

El último despacho que se relaciona con Scherer, a través del Consorcio Caze, es Gastélum Abogados, fundado por Jorge Isaac Gastélum y del cual Scherer fue socio. Gastélum y Scherer Ibarra también coincidieron en Caze. Gastélum fue el abogado de la empresa y Scherer Ibarra el director general entre 1997 y el año 2000.

Gastélum Miranda y Scherer Ibarra estuvieron involucrados en un caso de fraude con el Consorcio Caze . Después de eso, en 2020, Gastélum Miranda constituyó la empresa Proyectos TBSA, S.A. de C.V, que, en 2021, se fusionó con COCONAL, S.A.P.I. de C.V. COCONAL es la otra concesionaria de autopistas directamente denunciante de Kenia Hernández por el delito de “robo con violencia (moral)”, por el cual se encuentra actualmente sentenciada y encarcelada.

Una fuente de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, cercana al caso Scherer y que pidió anonimato, confirmó a Empower que, en la carpeta de investigación en su contra, se incluyó también a Jorge Isaac Gastélum Miranda.

Empower envió cuestionarios a Juan Antonio Araujo Rivapalacio, David Gómez Arnau y Daniel Carrancá de la Mora del despacho AGPRyC; a Pedro Scherer de ADS; a Alonso Rivera Gaxiola de RGCyK; y a Jorge Isaac Gastélum Miranda, de Gastélum Asociados, sin recibir respuesta hasta el corte del reportaje.

Relaciones en gobierno

Algunos de los socios de los despachos relacionados a Scherer tampoco están lejanos a las cúpulas políticas del PRI en el Estado de México, representadas, hasta el reciente triunfo de Delfina Gómez como gobernadora, por el próximo exgobernador Alfredo del Mazo Maza y su linaje político, el Grupo Atlacomulco, del cual también salió Peña Nieto.

José Antonio Sadurní González y Juan Antonio Araujo Rivapalacio, del despacho AGPRyC, fueron abogados de la dirección fiduciaria del Banco Nacional de Obras y Servicios, S.N.C. (BANOBRAS), en 2014 , cuando del Mazo Maza era director general y Luis Gilberto Limón Chávez era director de la Dirección Fiduciaria.

Al respecto, la Secretaría de Movilidad del Estado de México respondió que Limón Chávez, “en 2013, se desempeñaba como Director de Fiduciario y Delegado Fiduciario del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y, en tal virtud, recibía instrucciones del Comité Técnico para el ejercicio de sus facultades y atribuciones de su encargo, entre otras, la de representar legalmente al FONADIN. En consecuencia, es el Fideicomiso el que establece las relaciones contractuales con terceros prestadores de servicios. El despacho Consultores Penales S.C., del cual el Sr. Araujo Riva Palacio forma o formaba parte, fue contratado en esa época para representar a la Institución en defensa de su patrimonio”.

AGPRyC también cuenta entre sus filas a Alejandro Robledo Carretero, exsubsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de Paz, de la SSPC. Robledo Carretero y Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública federal hasta enero de 2023, fueron quienes presuntamente detuvieron a Kenia Hernández.

Otra relación entre Aleatica y el despacho AGPRyC sucede a través de Víctor Carrancá Bourget, quien era fiscal de Puebla (2015-20) cuando se detuvo a Hernández en la caseta de Amozoc, sobre la autopista Amozoc-Perote, concesionada a Aleatica y localizada también en Puebla, el 18 de octubre de 2020. Carrancá Bourget es padre de Daniel Carrancá de la Mora , quien a su vez es socio de AGPRyC, despacho que representó a Aleatica e IFM y del cual son socios dos abogados investigados por la FGR por haber presuntamente constituido una red de extorsión y tráfico de influencia que incluiría también a Scherer Ibarra.

Además, Carrancá Bourget fue superior jerárquico (2000-06) de Robledo Carretero en la FGJCDMX, antes Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

Otra de las autoridades principales en la criminalización de la defensora de derechos humanos ha sido la FGJEM, representada por el fiscal general José Luis Cervantes Martínez. Dicha fiscalía aportó pruebas en contra de Hernández en las causas judiciales por las cuales obtuvo sentencia condenatoria. Pero esas pruebas, a decir de la defensa de Hernández, fueron fabricadas y parciales.

Cervantes Martínez podría estar indirectamente relacionado con los intereses de Aleatica a través de Edgar Plinio Herrera Urias, quien fue su subordinado en años y puestos anteriores. Herrera Urias a su vez está directamente conectado con Aleatica al ser asesor legal del Viaducto Bicentenario, subsidiaria de la empresa, en la causa penal que promovió en 2021 en contra del abogado Paulo Díez, según la demanda a la que tuvo acceso Empower.

Herrera Urias fue secretario particular de Cervantes Martínez en 2010 y su jefe de unidad en 2011, cuando el ahora fiscal de la FGJEM era subprocurador de Justicia en Tlalnepantla de Baz.

Empower envió un cuestionario a José Luis Cervantes Martínez, sin recibir respuesta antes del cierre de este reportaje. Además, fue imposible localizar un punto de contacto con Edgar Plinio Herrera Urias.

Lo que se espera de Delfina

Aunque para la defensa de Kenia Hernández es muy pronto para definir cuál será la postura de la virtual gobernadora ante Aleatica y ante el caso de la defensora, lo cierto es que la expectativa sobre el gobierno de Delfina Gómez es grande.

Ante el cambio del partido en el poder en el Estado de México, el abogado Díez Gargari, quien dijo a Empower que presentó una nueva denuncia en contra de Scherer y algunos de los personajes contenidos en este reportaje cercanos al exfuncionario, tiene “una expectativa razonable, tampoco es que sea tan optimista, pero sí creo que hay una expectativa razonable de que las cosas empiecen a cambiar”.

Ese cambio podría incluir la revisión e investigación del actuar de Scherer si el congreso estatal y la virtual gobernadora aceptan revisar las concesiones de Aleatica. Sobre esa posibilidad, el diputado morenista Faustino de la Cruz aseguró que “si Scherer participó, no somos tapadera de nadie”.

A un cuestionario de 15 preguntas enviado por Empower, Aleatica respondió que “Aleatica cumple con las mejores prácticas internacionales que lo ubican en las primeras posiciones de transparencia e integridad corporativa en México. La compañía tiene como principios rectores el máximo respeto de los principios legales y éticos de probidad y de transparencia. Por esta razón, Aleatica no participa ni participará en ningún actuar indebido contrario a los principios de transparencia y legalidad”.

COCONAL no respondió al cuestionario enviado.

Julio Scherer respondió a un primer contacto pidiendo un teléfono para comunicarse con la redacción y se le volvió a enviar un cuestionario; sin embargo, antes del cierre de edición, no hubo más contacto de su parte.

*Este reportaje fue realizado entre el área de Periodismo Empower y el área de Graves Crímenes y Flujos Financieros de Empower.

Periodismo Empower tiene por objetivo dar más difusión al trabajo de investigación de Empower, incidir en la agenda noticiosa, revelar casos de irregularidades y corrupción empresarial y, sobre todo, seguir aportando nuestro granito de arena al movimiento por la transparencia y rendición de cuentas empresarial en America Latina.