02 de diciembre del 2023


Higinio Trinidad de la Cruz hablaba fuerte y directo, saludaba con un apretón de manos, siempre vestía camisa y pantalón de mezclilla; su atuendo también incluía un maletín con documentos. Desde la desaparición de su compañero en la defensa del territorio, Celedonio Monroy, en 2012, aprendió a torear los ataques y amenazas.

Él no quería irse de Lagunillas, no quería dejar la Sierra de Manantlán, esa región de Jalisco que ha estado marcada por la tala, la minería legal e ilegal y la presencia de los grupos del narcotráfico. Desde 2022, las amenazas en su contra aumentaron. Aún así no abandonó su tierra. La última vez que se le miró con vida fue entrando a una oficina de gobierno.

La mañana del pasado viernes 24 de noviembre, Higinio Trinidad de la Cruz acudió a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, ahí lo citó el presidente municipal Jesús Delgado Camberos Durante. El resto del día y la noche, su familia no tuvo noticias de él. Incluso, la organización no gubernamental Tsikini, que acompaña legalmente a la comunidad de Ayotitlán, alertó en la red social X sobre la desaparición del defensor indígena nahua, quien al igual que una veintena de pobladores de la Sierra de Manantlán se encontraba dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal.

El sábado 25 de noviembre, el cuerpo de Higinio Trinidad fue localizado sin vida —con huellas de violencia y un disparo— cerca del puente Arroyo Hondo en el poblado Las Marías del Ejido de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán.

A principios de octubre de este año, una investigación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documentó que 93 personas defensoras del ambiente y el territorio habían sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. Entre esos defensores estaba Higinio Trinidad de la Cruz. Antes de su desaparición y asesinato, él ya había recibido varias amenazas por su defensa al territorio.

El 20 de mayo de 2022, Higinio Trinidad fue sacado de su domicilio, en la comunidad de Lagunillas, por integrantes del crimen organizado. Minutos antes esos hombres realizaron la misma acción en contra de otro defensor, de quien se reserva su nombre por seguridad. Ambos fueron trasladados hasta el crucero de Tequesquitlán. Ahí fueron interrogados y amenazados. Un hombre que se identificó como “El Jefe” les advirtió que debían detener su lucha en contra de las actividades mineras en la región; y ordenó su liberación en medio de un operativo federal de búsqueda encabezado por la Guardia Nacional. A las 16:00 horas de ese mismo día, fueron liberados.

Esa desaparición temporal de Higinio Trinidad de la Cruz abrió el camino para que las amenazas en su contra comenzaran a ser más recurrentes. Aún así, el defensor no dejó la Sierra de Manantlán; incluso, comenzó a visibilizarse más cómo el mejor prospecto a candidato al Comisariado del Ejido de Ayotitlán para las elecciones que se realizarán en abril de 2024.

El nombre de Higinio Trinidad de la Cruz, quien tenía 44 años, ahora se suma al de Celedonio Monroy Prudencio y al de J. Santos Isaac Chávez, quienes también fueron desaparecidos y asesinados. Los tres denunciaron la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico en la Sierra de Manantlán; también participaron en los procesos legales en contra de la mina Peña Colorada que extrae hierro en la región y que desde 2005 pertenece a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Con su caso, además, se eleva a 37 el número de personas defensoras de ambiente y territorio que, desde diciembre de 2006, han sido víctimas de desaparición y han sido localizadas sin vida.

“Desaparecen a Celedonio Monroy y yo fui víctima de persecuciones, de amenazas; yo no dormía en mi casa, en las noches me iba a otro lado. Del 2012 para acá las cosas empezaron a cambiar, empezamos a sufrir señalamientos y amenazas; me persiguieron en una camioneta, una persecución y me fugué, ahí empezó a cambiar mi vida. A partir de ahí empezaron a ocurrir otros levantamientos, pero yo nunca huí del pueblo, siempre los estuve toreando”, contó Higinio Trinidad de la Cruz, en febrero pasado, en un lugar a más de 100 kilómetros del Ejido de Ayotitlán, a dónde se trasladó para tener una entrevista con esta reportera.

Primero, Celedonio; después, J. Santos y ahora, Higinio

Oriundo del poblado de Lagunillas, del ejido de Ayotitlán, el defensor del territorio y abierto opositor a la minería fundó en 2009 la asociación civil Promejico Nueva Ruralidad Jalisco, filial de una organización con presencia en 12 estados de México. Ahí trabajó de la mano con Celedonio Monroy, defensor de la Sierra de Manantlán desaparecido en 2012 y que, hasta ahora, sigue sin ser localizado.

Los años siguientes, con una importante presencia política en la zona y la defensa activa de los recursos naturales, impulsó y gestionó proyectos productivos vía subsidios estatales y federales. Cuando fue asesinado era miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena.

Durante 2020 y 2021, acompañó y apoyó activamente la campaña al Comisariado Ejidal de J. Santos Isaac Chávez, desaparecido el 1 de abril de 2021 y tres días después localizado sin vida con huellas de violencia en la localidad de Las Marías, cerca de la zona donde fue encontrado el cuerpo de Higinio Trinidad de la Cruz.

Después de que fue víctima de desaparición, en mayo de 2022, Higinio Trinidad elevó su perfil como defensor del territorio e inició juicios sucesorios para el reconocimiento de los derechos agrarios de 140 familias de la comunidad indígena de Ayotitlán. Hasta el día de su asesinato había logrado sentencias en las que se reconocen a 140 personas como titulares de las tierras de sus padres fallecidos, y con ello se sumaran como ejidatarios con voz y voto en las elecciones de comisariado ejidal.

De acuerdo con integrantes de la comunidad, esta situación molestó al actual Comisariado Ejidal, Roberto Cobián Gutiérrez, ya que significaba actualizar el padrón del Registro Agrario Nacional. Además, los nuevos 140 ejidatarios serían acreedores al pago por ocupación temporal de tierras ejidales concesionadas a la minera Benito Juárez Peña Colorada, que desde 2005 pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen, cada una, el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica.

Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país.

La cercanía y visibilidad que tomó Higinio en los últimos dos años lo colocaron como el mejor prospecto a candidato al Comisariado Ejidal para las elecciones que se realizarán en abril de 2024. En febrero de 2023, durante la entrevista con esta reportera, manifestó abiertamente su interés por contender al cargo. Sin embargo, dos meses antes de su asesinato, reconoció que valoraba esa posibilidad ante las amenazas que estaba recibiendo y la vigilancia constante de personas armadas afuera de su domicilio o cuando se trasladaba a algún lugar.

“Qué mejor que un día nos toque representar el Ejido para checar todo eso, en primer lugar parar las minas y revisar convenios (con Ternium y ArcelorMittal), y decir: ‘vamos a parar esto y nos vamos a meter con la Ternium para ver qué onda’. Es lo que queremos hacer, trabajando, haciendo sinergia, creando un equipo. Todo lo que hemos hecho lleva algo positivo pero ya necesitamos ver algo concreto”, dijo en la entrevista realizada en febrero pasado.

Días después del asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán fueron amenazados. Hombres armados se presentaron en las casas de varios ejidatarios y les advirtieron que “hay cinco personas en lista; que les va a pasar lo mismo”. Fue por ello que el pasado martes 28 de noviembre, los líderes de mayor edad del ejido salieron de la región.

Un mecanismo de protección que no funcionó

En abril de 2021, tras la desaparición y posterior asesinato de J. Santos Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de una veintena de integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Cuatro meses después, ese grupo de la comunidad, del cual era parte Higinio Trinidad, ingresó como beneficiario al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las medidas cautelares dictadas por la CNDH y acciones de protección del mecanismo gestionado por la Secretaría de Gobernación, incluían dotar a integrantes de la comunidad de equipos de comunicación, de un botón de emergencia y asistencia, así como patrullaje de la Guardia Nacional, entre otros aspectos. Además, cada seis meses el mecanismo debe “re-evaluar” la situación de seguridad de la comunidad, para determinar si continúan activas las medidas o se concluye el expediente y retira la protección.

Pese a las medidas de protección implementadas, los ataques contra los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán y pobladores de la Sierra de Manantlán no cesaron, por el contrario continuaron en forma intensa. La mejor muestra es la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz.

Además, el mecanismo del gobierno federal no cumplió con los plazos establecidos para realizar las re-evaluaciones. En abril de 2022 se llevó a cabo una evaluación y se programó una visita para noviembre de ese año, la cual fue pospuesta hasta febrero de 2023. Al final, esa visita se canceló de último momento y fue hasta finales de octubre de este año que integrantes del mecanismo acudieron a Manantlán.

Una visita tardía que no dio seguridad

Treinta y ocho días antes de la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad, a finales de octubre, en el barrio de La Chinera, frente al panteón del poblado de Telcruz, una veintena de habitantes de la región se reunió con representantes del mecanismo de protección.

Después de varios meses de espera y múltiples peticiones para que acudiera una comitiva del mecanismo, Ricardo Luviano Chino y Diana Karina Serrano, integrantes de la Unidad de Evaluación de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, visitaron la zona para hacer la “re evaluación de la seguridad” y documentar los ataques, amenazas y desplazamientos a consecuencia de la defensa del territorio y el ambiente ocurridos en los últimos 18 meses en la Sierra de Manantlán.

Bajo una palapa con un fogón de adobe del que salía humo de los últimos trozos de leña que fueron prendidos horas antes, los pobladores de Manantlán esperaron su turno para pasar, uno a uno, con alguno de los visitadores del mecanismo que levantaron las encuestas de seguridad y anotaron cada uno de los detalles narrados.

“Aquí estamos solos completamente, entre puro malandro, donde quiera tienen halcones, ahorita uno pensaría que estamos solos pero no, nos están escuchando, aquí andan y varios se acercaron. Nosotros después de esto (la visita del Mecanismo) nos vamos con miedo (a sus poblados) porque ya sabemos cómo se maneja aquí. A muchos los han levantado en los caminos; a todos nos conocen y todos estamos amenazados”, relató uno de los hombres incorporados al mecanismo que acudió a la cita y que, por seguridad, se resguarda su identidad.

“Van a ser tres años de estar amenazados, desde que mataron a Santos durante la campaña, y seguimos adelante siempre. Uno piensa que ya nos van a proteger y va a parar todo, pero aquí nos dicen que tienen varios en la lista para que nos levanten, somos varios que estamos expuestos por defender aquí”, dijo otro defensor del territorio y abierto opositor a la minería en la región.

Las amenazas, ataques, vigilancia y rondines de hombres encapuchados y fuertemente armados han sido sistemáticas en esa zona rica en minerales como el hierro y en donde también se encuentra la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán.

“Es un contexto complicado, es una zona complicada de difícil acceso, en donde también la seguridad o la protección se ve dificultada para poder asistir o llegar a esos sitios”, señaló Ricardo Luviano Chino, subdirector del área de Análisis de Riesgo, tras el levantamiento de testimonios en el poblado de Telcruz.

Luviano Chino explicó que las entrevistas se realizaron tanto a personas beneficiarias del mecanismo como a miembros de la comunidad que aún no ingresan, pero que solicitaron ser escuchados para su posible incorporación al plan de seguridad.

Durante las entrevistas, los señalamientos constantes fueron en torno a la violencia y amenazas generadas a raíz de la defensa del territorio y el ambiente, así como la postura en contra de la minería. Fueron reiterativos los señalamientos sobre la falta de acceso a la seguridad y de autoridades confiables.

Luviano Chino señaló que la situación que se registra en la Sierra de Manantlán no es distinta a lo que sucede en otras zonas de México, donde defensores de derechos humanos están siendo agredidos y el contexto general es adverso.

“Afortunadamente, las personas que están incorporadas dentro de este mecanismo, sobre todo personas defensoras del medio ambiente, no tenemos registro de tantas agresiones fuertes. Sí tenemos registro de amenazas fuertes, de situaciones en donde hemos actuado junto con el gobierno de cada entidad, en dar protección a las personas. Entonces, sí es muy complicado y el contexto es adverso, pero se está trabajando, sobre todo en reuniones, también medidas políticas tanto con el gobierno como algunas otras instituciones que puedan dar apoyo”, señaló Luviano Chino.

Las acciones y actuaciones de las que habló entonces el representante del mecanismo no sirvieron para evitar la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz.

Tras las entrevistas y escucha de los incidentes ocurridos en los últimos 18 meses —tiempo transcurrido desde la última evaluación—, los integrantes del mecanismo tuvieron que identificar el nivel de riesgo en el que podrían encontrarse las personas de la comunidad, así como crear un plan de protección y determinar si continuaban las mismas medidas de protección que entonces tenía la comunidad.

La Junta de Gobierno del mecanismo tenía planificado realizar el análisis el 30 de noviembre, pero como no podían asistir algunos miembros de la comunidad, ya que iban a estar en audiencias por el homicidio de Rogelio Rosales Ramos (ocurrido en 2020), hijo de un activo defensor de la región, la discusión del caso se pospuso para diciembre o enero de 2024.

Para este texto se solicitó entrevista con algún representante del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no se tuvo respuesta.

Después de la visita, más amenazas

Los días siguientes a la visita de los evaluadores del mecanismo a la Sierra de Manantlán, miembros de la comunidad reportaron persecuciones y vigilancia de personas encapuchadas y armadas que circulaban en camionetas y motocicletas. En vídeos y fotografías a los que está reportera tuvo acceso, se puede observar cómo al pasar por las viviendas de los defensores, ubicadas en distintos poblados que están dentro del Ejido de Ayotitlán, los vehículos bajan la velocidad y observan detenidamente al interior de las casas. En algunos casos, los sujetos han permanecido afuera de las viviendas por varios minutos.

Uno de los defensores que reportó rondines de personas armadas cerca de su vivienda fue Higinio Trinidad de la Cruz. El hostigamiento y amenazas que sufrió por años, se cumplieron la mañana del 24 de noviembre cuando entró al edificio del ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán para reunirse con el presidente municipal, Jesús Delgado Camberos, quien la noche anterior, a través de un mensaje, lo citó en el recinto.

La organización Tsikini ha recabado testimonios de personas que estaban en el lugar y que señalan que gente armada y encapuchada sacó a Higinio Trinidad de la Cruz del edificio de la presidencia por una puerta trasera.

La mañana del sábado, alrededor de las 10 horas, un cuerpo sin vida fue localizado en una brecha junto al río en la localidad de Las Marías. A la 1:36 de la tarde se confirmó que era Higinio Trinidad de la Cruz.

Personal del Mecanismo de Protección y elementos de Guardia Nacional acudieron a la zona para verificar los hechos, apoyar en los trámites e iniciar una evaluación de seguridad para el resguardo de la familia del defensor.

Tras darse a conocer la desaparición forzada y el asesinato del defensor, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se pronunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales: “El defensor indígena había sufrido distintos incidentes previamente y era beneficiario de medidas de protección. Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en esa región. Destacamos la necesidad de una investigación pronta y efectiva que permita sancionar a los responsables”.

Mientras que la organización Tsikini exigió el esclarecimiento del homicidio, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, que se incluya como línea de investigación la participación del presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán y este sea separado del cargo; el desarme de la policía municipal y la instalación de la una base de la Guardia Nacional en la zona así como mayor patrullaje.

Para este reportaje se llamó al ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán para solicitar una entrevista con el alcalde, pero no se tuvo respuesta.

En entrevista para una televisora, el alcalde Jesús Delgado Camberos se refirió al homicidio como un hecho preocupante y evitó hablar de los señalamientos directos en torno a que fue él quien citó en palacio municipal al defensor antes de su desaparición.

“Es una situación indignante y preocupante —dijo— porque creo que habla de una situación complicada. Haremos lo que esté en nuestra parte y de la mano en lo que nosotros podamos cooperar y participar con la Fiscalía; estaremos atentos”.