04 de diciembre del 2023


María Elena Salazar Zamora no recuerda qué día de octubre tocaron a su puerta los servidores de la nación para preguntarle si su hijo desaparecido desde 2009 en Torreón, Hugo Marcelino González Salazar, había regresado a casa. Identificados con sus chalecos color guinda, los empleados de la Secretaría de Bienestar (SB) le pidieron contestar el cuestionario del “Informe de visita domiciliaria” que, como parte del Programa Nacional para la Búsqueda Generalizada de Personas en Vida, aplican en el país.

Para la madre buscadora, la visita evidencia que no existe coordinación entre las autoridades federales y estatales, ni entre las distintas instancias gubernamentales, para saber qué indagatorias de desaparición siguen abiertas, y que además no están buscando a su hijo, que tenía 24 años cuando salió a buscar trabajo y ya no regresó.

“Yo les dije que no me he cambiado de casa porque espero que mi hijo vuelva algún día. Nunca, jamás imaginé que llegaría gente a preguntarme si Hugo ya regresó, en lugar de traérmelo. Yo les dije: ‘¿Saben por qué sigo en este domicilio? Porque estoy esperando que Hugo entre por esa puerta, y aquí voy a estar mientras tenga vida’. Eso fue muy lastimoso”.

Salazar, quien pudo ver el formato que los servidores de la nación le pedían responder, denunció la desaparición de su hijo ante las autoridades de Coahuila el 20 de julio de 2009, y ante la entonces Procuraduría General de la República en 2015. También registró el caso de Hugo en el Programa Especial de Personas Desaparecidas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Aun así, fueron a preguntarle si continuaba ausente.

El programa que opera la SB forma parte de las acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que según el presidente estará lista en diciembre.

Anunciado en junio por el mandatario como un nuevo censo, consiste en visitar “casa por casa” a las familias de las personas desaparecidas cuyos nombres surgen tras cruzar el RNPDNO con distintas bases de datos –como registros civiles y de salud, y de programas sociales–. Según la exdelegada de la SB en Coahuila, Claudia Garza del Toro, entrevistada antes de que dejara su cargo el 9 de noviembre, el cuestionario que portan los empleados de la SB es el mismo que aplicaron funcionarios de la Secretaría de Gobernación en otras entidades.

La actualización del RNPDNO se propone desmentir que este es el sexenio con mayor número de personas desaparecidas, aseguró. Según el registro nacional, el 40 por ciento de los reportes corresponden a la administración lopezobradorista.

“La oposición, los conservadores, para atacar a este gobierno [salen] con que somos el sexenio con mayor número de desaparecidos, y es absolutamente mentira […] y el presidente nos llama a coadyuvar en la verificación del censo”, afirmó Garza del Toro.

El temor, expresado por colectivos y activistas de derechos humanos, de que la actualización del RNPDNO tenga como objetivo reducir el número de personas desaparecidas fue respaldado por la extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Karla Quintana, quien aseguró que esa es “la intención” de esta administración, principalmente en los veintitrés estados gobernados por Morena, el partido en el poder.

En una conferencia ofrecida el 7 de noviembre en el marco del Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México, Quintana cuestionó que la SB, que no está incluida en la Ley General en Materia de Desapariciones como una autoridad buscadora, lidere un proceso para el que no está capacitada. Según la ley, recordó, a la CNB le corresponde la coordinación y manejo del registro nacional.

“La búsqueda es un asunto de Estado, nadie está en contra de que haya un proceso de actualización de un registro”, aclaró. “El problema es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas –comisiones de búsqueda y fiscalías–, [ni está siendo] coordinado por ellas, [y que] la intención que se tiene con este ejercicio no es actualizar un registro para tener la mejor información posible para poder encontrar a más personas. La intención, muy clara y lamentable, es reducir las cifras de personas desaparecidas, principalmente en este gobierno”.

La reacción de López Obrador fue acusar a Quintana de alterar los “padrones de desaparecidos”, pues forma parte, dijo, de una organización de “derecha”. “Vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado, y que no era nada más ineficiencia, sino que había una intención de afectar al gobierno que represento”, afirmó en su conferencia mañanera del pasado lunes.

El presidente ha manifestado en varias ocasiones su inconformidad con las cifras del RNPDNO, que reporta más de 113,000 personas desaparecidas. “No es cierto [que haya ese número] y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, agregó.

Cuando la madre buscadora le informó a los empleados de la SB que su hijo estaba ausente desde 2009, le respondieron que para eso realizaban el censo, para saber “realmente” qué personas se encuentran desaparecidas y buscar a quienes no han sido localizadas. Contaron también que en sus visitas a los domicilios de Torreón ubicaron a dos muchachas.

“Yo les dije que ese era el problema, que si las fiscalías, en mi caso la FGR [Fiscalía General de la República] les reportara el seguimiento que tienen de las denuncias, que yo presenté desde el primer día de la desaparición de Hugo, no tendrían nada que hacer aquí”, señaló. “Para nosotros esto es lastimoso y revictimizante, y el presidente de la República no halla cómo lavarse las manos, porque no se ha dignado a recibirnos ni a escucharnos para saber la magnitud de lo que estamos hablando”.

Garza del Toro reconoció que la SB no se coordina en sus acciones con la FGR ni con las fiscalías estatales, que son las responsables de investigar las desapariciones.

Revictimizan “solo” una vez

El “informe” que los servidores de la nación piden responder a los familiares es solo para uso oficial. No lo muestran ni entregan una copia. Incluye el nombre de la persona desaparecida y datos personales de quien responde el cuestionario, así como su relación de parentesco con la víctima. El documento, del que este medio tiene copia, cuenta además con un Folio Único de Búsqueda (FUB).

La pregunta que incomodó a Salazar, porque evidencia cómo son las familias quienes tienen que proporcionar información sobre sus seres queridos ante la falta de resultados de las autoridades, es si la persona “continúa desaparecida”. La respuesta es sí o no. En caso negativo se dan tres opciones: falleció, se encuentra con vida en el domicilio, o se presume que se encuentra con vida, pero no se halla en el lugar.

En el formulario se solicita también un domicilio adicional, y en el apartado de “comentarios” se pide narrar brevemente, una vez más, cómo ocurrió la desaparición, lo que para la madre buscadora significa obligar a las familias a revivir lo ocurrido con desconocidos que no están capacitados en el tema.

Finalmente, el informe consigna el nombre, cargo y firma de quien hizo el cuestionario, y la institución a la que pertenece. Salazar dijo que acudirá con las autoridades de la SB en Torreón para preguntar por qué desconocen que su hijo sigue desaparecido cuando viaja, como mínimo, dos veces al año a la Ciudad de México para reunirse con agentes del Ministerio Público federal, y cada dos o tres meses sesiona con funcionarios del gobierno de Coahuila.

Al ser cuestionada sobre las visitas que realizan los servidores de la nación, denunciadas por los familiares como revictimizantes, Garza del Toro explicó que es una estrategia en la que trabajan las secretarías de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, y la coordinación nacional de las delegaciones de la SB, todo “dirigido por nuestro presidente [López Obrador]".

El motivo de estas acciones, que en Coahuila iniciaron en julio y concluyeron el 23 de octubre, es que existen numerosas inconsistencias en el RNPDNO, como nombres y reportes duplicados, registros que no se eliminan una vez que la persona es encontrada, y casos en que alguien regresa y las fiscalías no lo informan, explicó la exfuncionaria.

“Entonces”, agregó, “cuando se empiezan a trabajar todos estos temas, se da cuenta [el gobierno federal] a nivel nacional realmente de que ese número ha estado, como quien dice, muy inflado, ¿no?”.

En la entidad operaron cinco brigadas de la SB, cada una integrada por cuatro servidores de la nación, que visitaron los domicilios de las familias. Garza del Toro no precisó a cuántas casas acudieron, el número de personas reportadas como desaparecidas que lograron ubicar, y el total de indicios que debieron comprobar, por tratarse, dijo, de información confidencial.

"Los servidores primero trataron de ubicar el domicilio, o si hay teléfono se ubica por llamada telefónica y de ahí [después] ya se hace la visita; en muchos o algunos casos los domicilios no son [correctos], o no hay teléfono, o se visita y nunca hay nadie. A veces, [la visita] es exitosa y encuentras gente que te da información, pero hay otros lugares que son muy complicados de visitar, y también hay gente que no desea estar en el estatus de ‘encontrado’, o sea los encontramos pero nos dicen: ‘yo no quiero aparecer’. Están como asustados”.

Sobre la revictimización que han causado estas acciones a los familiares de las víctimas, afirmó que ese no es el propósito, pero que, cuando pasa, solo ocurre una vez.

"La intención evidentemente no es esa, sino limpiar el padrón de desaparecidos, y en este proceso buscar y tener una coordinación más efectiva entre todas las instancias, y que todas las herramientas generadas estén a disposición de todos para que no vuelva a existir o a formarse un padrón de desaparecidos con esas inconsistencias. Es un tema [la revictimización] que, diríamos, va a pasar una vez, pero no va a continuar sucediendo en los próximos años porque la voluntad de este gobierno, evidentemente, no es lastimar a las familias, pero ocurre que en toda transición tenemos los temas más complejos, más difíciles, o que generan incomodidades y por eso pedimos disculpas”.

Sobre por qué eligieron a los servidores de la nación para la actualización del RNPDNO, respondió que es por “la confianza” que generan en la población y porque conocen todo el territorio. No aclaró si recibieron capacitación en materia de derechos humanos o sobre la problemática de la desaparición.

¿Datos de prueba?

Hasta la fecha no se ha informado cuál es la metodología para actualizar el RNPDNO; esta falta de transparencia ha sido cuestionada por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.

Originalmente, las visitas domiciliarias estaban a cargo de funcionarios de las comisiones de búsqueda locales, apoyados muchas veces por policías, lo que suscitó múltiples quejas de colectivos y familiares, por lo que el gobierno optó por instalar un call center gestionado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con operadores que preguntan: “¿Su familiar se encuentra bien o sigue desaparecido?”.

El nombramiento de Teresa Reyes Sahagún como nueva titular de la CNB ha sido interpretado como acorde con la instrucción presidencial de demostrar que las cifras de personas desaparecidas son menores a las reportadas, ya que carece de experiencia relacionada con el cargo, es cercana a Morena, y ha desempeñado puestos en la Secretaría de Bienestar. El hecho de que en 2021, cuando estaba al frente de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la secretaría, la Auditoría Superior de la Federación detectara fallas en la base de datos de los servidores de la nación, como CURP duplicadas y números CLABE asociados a varias personas, y que estos empleados estuvieran bajo sus órdenes, ha sido denunciado por Proceso.

Antes de la designación de Reyes Sahagún ya se advertía sobre los riesgos de que el gobierno optara por un perfil político, no técnico, y tras su elección se han multiplicado las quejas y peticiones para que el cargo le sea revocado.

Para Juan Enrique Martínez Requenes, abogado del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, la designación de Reyes Sahagún es una “violación al orden” porque no se consultó a los colectivos de víctimas, y no hubo transparencia para discutir los perfiles ni conocer cuál era la propuesta de cada candidato.

“Lo único que puedo decir”, agregó Ariana Denise García Bosque, representante legal del colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de Piedras Negras, “es que desconocemos el trabajo que haya realizado Reyes Sahagún y solo esperamos que realmente se aboque al tema de la búsqueda y no a esta parte de incertidumbre de las formas de buscar que se está realizando a últimas fechas para descongestionar lo que es el registro nacional de personas desaparecidas, pues no es la forma idónea de hacerlo”.

La abogada, quien interpuso la comunicación en la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad cometidos en el norte de Coahuila, cuestionó el procedimiento para actualizar el RNPDNO porque no se puede confirmar a través de una llamada o con un “toca toca” que alguien regresó. La persona que se considera desaparecida, dijo, tendría que comparecer ante la autoridad competente en caso de que fuera localizada con vida y, de ser hallada muerta, seguir un protocolo de identificación.

Aunque reconoció que existe la posibilidad de que los registros no estén actualizados con la información de las fiscalías, García Bosque señaló que no se puede eliminar del RNPDNO a una persona “solo porque un funcionario público haga constar que a través de una llamada telefónica fue localizada, porque esta circunstancia se convertiría en un dato de prueba que podría ser atraído a la propia carpeta de investigación, esperando evidentemente que sea cierto“.

Acciones sin lógica

La madre de Hugo describió como un “golpe muy duro” la visita de los servidores de la nación, que pasaron de entregar programas sociales a preguntar a las familias si sus parientes desaparecidos volvieron a sus casas.

Para Martínez Requenes, someter a las familias a un cuestionario formulado por empleados que no están capacitados en el tema de las desapariciones puede considerarse un acto de “tortura”, además de que, como método, no se relaciona con la investigación ni con la búsqueda real de las personas.

“Es preocupante no solo por la revictimización, sino porque puede considerarse tortura por parte del Estado, y [también] por el hecho de que no se dé un seguimiento claro, ni se tenga idea de lo que va a pasar con estas entrevistas”, consideró.

A Salazar no le hicieron las preguntas tal como venían en el cuestionario porque reclamó que fuera nuevamente ella quien tuviera que proporcionar información, en lugar de recibir los avances de las investigaciones para encontrar a su hijo.

“Cómo se atreve el gobierno a hacer este tipo de encuestas que de veras lastiman. Después de ese día, créeme, hasta hoy, es como que te abren un poquito más la herida y te llega como un balde de agua fría y te sientes como en los primeros días de la desaparición, que no podías ver algo porque lo relacionas [con lo que pasó].

Le hemos puesto un poco de sanación, pero vuelve una a sentir ese dolor, ese vacío, y te dejan con el coraje y la impotencia; con ese desgano de vivir, inclusive, porque de verdad es muy traumatizante”.

El abogado del Fray Juan de Larios calificó de improvisado enviar a trabajadores de la SB a aplicar los formularios, pues demuestra que están utilizando las bases de datos sin importarles que existan casos como el de Salazar, que lleva más de una década buscando a su hijo y esperando el resultado de las investigaciones sobre su paradero.

Martínez Requenes dijo que estas acciones explican por qué México ha sido reprobado por el CED, organismo que ha manifestado su preocupación por la alarmante cifra de desapariciones, y ha señalado la necesidad de priorizar su investigación y terminar con la impunidad casi absoluta en estos casos.

“La recomendación que le habían dado [al gobierno] era realizar un plan de investigación y un plan de prevención en contra de la desaparición. […] Pero lo que están haciendo no tiene un sentido de lógica o de una política pública, ni de nada por el estilo”.

El abogado, que acompaña a Salazar en su caso, coincidió con la también integrante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila en que no hay coordinación entre las autoridades, que deberían estar informadas de que existe una carpeta de investigación abierta desde hace años por la desaparición de Hugo, y que el Ministerio Público federal no tiene datos de su localización.