08 de diciembre del 2023


Jueces y juezas adscritos al Poder Judicial del Estado de México que emitieron sentencias contra personas inocentes, basados en estereotipos y carpetas fabricadas, fueron exhibidos por sus víctimas colaterales, quienes por primera vez los nombraron públicamente, exhibiéndolos por coludirse con autoridades ministeriales para condenar a personas inocentes en estos casos construidos durante los gobiernos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo Maza.

La mayoría de estos jueces ostentan títulos académicos de “maestros y doctores” en leyes, con sueldos estratosféricos.

Como parte de la lucha que emprendieron hace ya 191 días para exigir el acceso a la Amnistía que les sigue negando el gobierno del Estado de México –pese a la evidencia y la opinión favorable a sus casos aportada por organizaciones de Derechos Humanos-, mujeres familiares de las víctimas de estos jueces y juezas, realizaron un nuevo acto de valentía para exhibir a los malos servidores públicos de la “justicia” de Edomx.

En este nuevo acto de resistencia las mujeres cuyos familiares fueron criminalizados por el Estado mexiquense durante los gobiernos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo, marcharon nuevamente por calles de la capital mexiquense para por primera vez visibilizar y nombrar públicamente a las y los que bajo carpetas fabricadas por ministerios públicos y policías, emitieron sentencias co juzgados que emitieron estas sentencias, en algunos casos de hasta de 40 años de prisión y a sabiendas de que se trataba de personas inocentes, denunciaron los afectados.

Las carpetas fabricadas no contienen pruebas científicas, ni técnicas que sustenten las acusaciones de estos falsos culpables y se basan en dichos de testigos falsos o coaccionados por los ministerios públicos, previas detenciones arbitrarias, torturas, presiones y amenazas contra las víctimas o sus familiares.

Lo peor de todo, denunciaron, es que este sistema criminalizante en Edomex sigue operando bajo la nueva administración y todos los días personas inocentes sufren detenciones arbitrarias, torturas y son usadas para vender la justicia.

Por lo mismo responsabilizaron al titular del Poder Judicial de Edomex, Ricardo Sodi Cuellar de cualquier cosa que pueda ocurrirles a ellas o sus familias.

En el marco de la jornada de las Mujeres en Lucha, las víctimas colaterales de este esquema de justicia prevaleciente en la entidad, caminaron desde el Jardín Zaragoza al Palacio de Gobierno, donde cerraron la calle para una a una ir mencionando a estos servidores públicos, además de acusar de “mentiroso” y “falso” a Sodi Cuellar.

De esta forma y portando carteles con los nombres de los jueces que avalaron las carpetas fabricadas, fueron citando a los siguientes:

Juez Cosme Díaz Osorio, señalado de condenar injustamente y sin pruebas científicas a Daniel Placido Arroyo, por un homicidio cometido por otro sujeto. Plácido Arroyo fue torturado y su caso ha sido reconocido como un falso culpable por organizaciones de Derechos Humanos.



Jueza María Levit Garcia Becerril, señalada de sentenciar sin pruebas y bajo cargos falsos a Carlos Alberto Estrada Montoya, pese a la falta de pruebas científicas. Jueza Verónica Contreras Marín, señalada de avalar carpetas fabricadas contra Enrique, Heriberto y Edmundo Santiago Lorenzana, a quienes condenó a varias décadas de prisión.

Juez Isidro Soriano Enriquez, acusados por las víctimas colaterales de sentenciar bajo procesos irregulares y sin pruebas científicas a Jesús Gamboa. Juez Rubén Cruz Martínez, señalado por familiares mujeres de emitir sentencia contra Gilberto Gómez Flores, detenido arbitrariamente y torturado para imputarle cargos por delitos graves.

Juez Víctor Martín Mejía Hernández, quien sorprendentemente tiene tres víctimas de carpetas fabricadas y quienes de forma separada iniciaron su lucha por obtener justicia y descubrieron que el mismo juez los había condenado sin pruebas científicas ni técnicas y bajo los mismos vicios repicados en diversas carpetas. Estas víctimas son Jorge Rivera, Gustavo Martínez Uribe y Cristina Chávez Bustamante.

Juez Simón Bernardo Álvarez Bastida, señalado de avalar cargos falsos contra Carlos Martínez Reyes, a quien habría sentenciado sin pruebas científicas ni técnicas y desconociendo, como todos sus compañeros citados antes, las pruebas de descargo.

Jueez Roberto E. Gómez Fabila, señalado de sentenciar por delitos graves a Eduardo Rebollo Silvestre, pero también obviando las irregularidades en el caso, y evidente fabricación de delitos.

Jueza María Elena Pons, señalada de condenar sin pruebas científicas a Tomás Gabriel Crisanto.

Juez Luis Manuel Chaires Bermúdez, señalado de acusar sin pruebas científicas irrefutables y obviando pruebas de descargo, a Miguel Ángel Juárez Peña y Jorge Daniel Juárez Vargas a 55 años de prisión.