La tragedia de Texcapilla, con un saldo fatal de 14 personas fallecidas, dos desaparecidas, cinco heridos y al menos tres vehículos incendiados, muestra que el gobierno morenista no podrá responder a su responsabilidad de garantizar la seguridad integral de los ciudadanos, si no rompe de inmediato con las estructuras administrativas y operativas del antiguo régimen a las que les dio cabida por pactos políticos, más que por conveniencia.

Se trata de estructuras en la secretaría de seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEM) a las que simplemente dejo inamovibles a sabiendas de que están corrompidas y siguen siendo operadas por facciones del Grupo Atlacomulco.

Y no solo se trata de las estructuras de seguridad que vienen desde la pasada administración y tienen nexos directos y pactos con grupos criminales en diversos territorios y municipios, particularmente en el sur de Edomex; ya habíamos alertado en una columna previa, que se estaban ratificando estructuras completas del gobierno de Alfredo del Mazo en la “nueva” –entrecomillas- administración pública, justo en los aparatos administrativos e incluso en los relacionados con la gestión de las finanzas.

También denunciamos que en esas áreas administrativas se ratificaron a directivos que operaron los saqueos de la pasada administración por vía de contratos fraudulentos y altos funcionarios y funcionarias que tienen una conexión directa con Rodrigo Jarque Lira.

En el caso de seguridad es un secreto a voces que la Familia Michoacana (FM) y otros carteles infiltraron los cuerpos policíacos desde hace al menos 18 años, lo que explica el vació que le hicieron a los campesinos cuando desde temprana hora del viernes 8 de diciembre, lanzaron llamados de ayuda y alertamientos, ante la amenaza de que serían víctimas de la Familia Michoacana que les exigía un nuevo impuesto criminal.

No es creíble que ninguna autoridad de ningún nivel de gobierno, se haya enterado de una multitudinaria congregación de campesinos –poco más de cien quizás- en un campo de futbol y portando en algunos casos armas de fuego y armas blancas.

No es entendible ni creíble que ninguna autoridad de ningún nivel del gobierno del Estado de México, ni siquiera las de Texcaltitlán y de municipios cercanos, no haya detectad a tiempo esta reunión, ni que los mecanismos de inteligencia que opera justamente la Secretaría General de Gobierno, no haya recibido a tiempo la información de esta movilización, por vía de sus subsecretarías y direcciones regionales.

Después de la tragedia y ver en tiempo real como se organizó un pueblo completo ante el abandono gubernamental, vimos salir 24 horas después, a un gobierno pasmado, incapaz y absurdamente mudo ante los cuestionamientos lógicos que emergían y que de rigor y atendiendo esa transparencia que ofrecieron en campaña y aún en discursos recientes, debieron salir a responder de frente y abiertamente.

Horacio Duarte Olivares o es el peor secretario general de gobierno, o alguien de sus subordinados está haciendo muy mal su trabajo, o… seguimos simulando, pero tambien eso ha salido peor.

Por otro lado llama la atención la reacción que tuvo el gobierno gomista 24 horas después de lo ocurrido, donde más que informar, evidenciaron una absoluta descoordinación para cumplir con su obligación primaria como Estado: garantizar la seguridad integral de los ciudadanos.

Los informes tanto del fiscal como del secretario de seguridad, que inexplicablemente contrató Delfina Gómez a pesar de sus antecedentes, solo expusieron la incapacidad e incompetencia de estos, al responder tardíamente y mediante un dispositivo absurdo que les llevó siete horas –sí, siete-, para apersonarse en el lugar.

Y hay que dejar constancia además que el supuesto líder de la FM con el mote de “Payaso”, ni es el líder de la plaza como le vendieron las autoridades de seguridad a Delfina Gómez, y -esto es lo peor- tenía una orden de aprehensión que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue incapaz de complementar en más de un año completo. Ninguna de las justificaciones que dio el fiscal, son aceptables.

Al final el pueblo bueno, ese sí, tuvo que hacer el trabajo de un fiscal que paradójicamente sigue fabricando delitos con una red de ministerios públicos viciados, centrados en maquillar cifras para aparentar ante Delfina resultados inexistentes en el mundo real, pero eso sí con muchos inocentes más tras las rejas.

Si la nueva mandataria quiere sacar adelante un gobierno más digno que el anterior, tendrá que hacer mucho más, al menos mucho más para ocultar a las estructuras del viejo priísmo, los viejos programas y las viejas prácticas que está dejando intocadas e incluso está ratificando o solo cambiándoles el nombre, como lo señalamos.

Por cierto que nos confirmaron que el cambio del Ejecutivo no significó ningún cambio real en la forma en que está operando la FGJEM –en la fabricación de carpetas-, no solo eso, personal que laboró con Eruviel Ávila ya está de regreso, bueno hasta su jefe de prensa, quien ahora se incrustó en la fiscalía.

¿Los pactos políicos con el Grupo Atlacomulco tienen preponderancia, más allá de los cambios que urgentemente está requiriendo la población?

Delfina Gómez y el propio Horacio Duarte Olivares se están jugando mucho en el sostenimiento de estos pactos indecibles, bien harían en tomar un poco el ejemplo de los ciudadanos de Texcapilla y de su delegado David, quienes nos dieron una muestra de valentía y arrojo cuando de lo que se trata es de cambiar el estado de las cosas y se es capaz de enfrentar todo arriesgando incluso la vida. Los pobladores de Texcapilla armaron una revolución en 10 minutos ante el vació de de autoridad implantado por el Estado criminal que se heredó del las pasadas administraciones, los ciudadanos mexiquenses ahora están en su derecho de exigir todo y esperar lo mejor.

Hasta la próxima.