Ser joven y migrante: vidas que importan

De acuerdo con los registros oficiales [1], con todos los inconvenientes que estos pueden tener, desde noviembre de 1961 en México hasta el 19 de enero de 2024, habían sido desaparecidas 48 mil 426 personas jóvenes. Jóvenes, joven, ¿qué significa esa palabra? En términos estadísticos, engloba a personas cuyo rango de edad oscila entre los 14 y los 24 años [2], pero la juventud es más que una estadística.

Enunciar la edad de las personas es más que un dato: implica hacer conciencia de que en México, y en América Latina, la violencia no se detiene ante las personas jóvenes y, como humedad que se extiende hasta invadirlo todo, la violencia se ha filtrado en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Somos una sociedad que se resiste a hacer memoria, a aprender de nuestro pasado y por eso nos persigue. Pareciera que han perdido volumen las voces de los hijos e hijas de personas combatientes y líderes políticos perseguidos entre 1960 y 1990 por el terrorismo de Estado que, sobre el fundamento de la Doctrina de la Seguridad Nacional, buscó eliminar a toda persona cuya ideología cuestionara los postulados del sistema político hegemónico y modelo económico capitalista. Dos generaciones han crecido exigiendo justicia y la presentación con vida de sus madres y sus padres. Su infancia y juventud se entretejieron con la exigencia de justicia y presentación con vida de sus seres queridos.

Hace más de 50 años que la vida de las personas jóvenes está marcada por dinámicas de violencia y terrorismo de Estado. Sin embargo, en el olvido ha quedado la sorpresa que nos produjo en Ciudad México el hecho de que en Monterrey las infancias supieran qué hacer en caso de un tiroteo, o la tristeza que produjo el saber que en la Ciudad Juárez de 2010, las adolescencias y juventudes se habían visto obligadas a abandonar las plazas; parques y centros nocturnos para reducir las posibilidades de que sus vidas fueran cegadas por la violencia.

Con todo y ello, han ocurrido un Villas de Salvárcar en 2010, un Tlatlaya y una noche de Iguala en 2014. Hechos a los que se suman cientos de eventos violentos en los que las víctimas principales son personas jóvenes.

Y ahí está el reto, como nos dice Judith Butler “[…] una vida concreta no puede aprehenderse como dañada o perdida si antes no es aprehendida como viva” [3]. Ese es el principal obstáculo que enfrentan las juventudes en nuestro país, atravesado por una cultura que privilegia los saberes, las normas y comprensiones prácticas de las personas adultas. En él, las personas jóvenes se encuentran la mayor parte del tiempo en medio de relaciones sociales que les subordinan por considerarles con un déficit de madurez.

Desde ahí les hemos, sí, en conjunto… en plural, porque reconocer los derechos de las infancias y juventudes no es un hecho en todos los casos ni en todo momento, así que, en muchos espacios, hemos precarizado–con una responsabilidad conjunta– la vida juvenil porque “si ciertas vidas no se califican como vidas, o desde el principio, no son concebibles como vidas dentro de [los marcos que nos permiten entender el mundo], tales vidas no serán vividas ni perdidas en el sentido pleno de ambas palabras”[4].

La desaparición de personas como delito de lesa humanidad inició su camino de reconocimiento jurídico y político en Latinoamérica empezando por Argentina en la década de 1960. En México, adquirimos una conciencia distinta del fenómeno a partir de 2006 y, a pesar del tiempo, no se han producido cifras oficiales sobre la cantidad de personas que han crecido en algún tipo de orfandad debido a las múltiples violencias sobre las que se entreteje el fenómeno de la desaparición.

Ni la masacre de Tlatelolco en 1968 [5], ni el halconazo en 1971 [6], en los que las principales víctimas fueron personas jóvenes, dejaron en nuestra cultura la idea de brindar protección a las juventudes. Sea en Tijuana, Ciudad Juárez, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit o Guanajuato, la primera respuesta que brindan las autoridades ante la victimización de personas jóvenes tiene como resultado criminalizarles: se asesinan entre ellos, en algo andaban, es un tema relacionado con el consumo de drogas [7].

Este tipo de respuestas desacreditan la vida de las víctimas, pues niegan su derecho a ser reconocidas como tal, como víctimas de la violencia letal que atraviesa nuestros territorios y les culpabiliza por ser jóvenes. Así, las personas adultas pueden invisibilizar la dificultad de inserción laboral que enfrentan las juventudes, omiten que tenemos derecho a no migrar y que muchas personas, como Oscar Antonio López Enamorado, se han visto obligadas a migrar y, en muchos casos, cruzar fronteras internacionales, ante la falta de oportunidades en su comunidad.

La vida se produce en un tejido social que permite nombrar formas de ser, de estar, de sentir y divertirse. Sin ese tejido se imposibilita el reconocimiento de formas de vida concretas. ¿Cómo ser joven en un país que reduce las oportunidades laborales y escolares, en un país que expulsa a los pueblos indígenas de sus territorios; que ha dejado sin financiamiento a los productores agrícolas y que, con ello, ha sembrado las condiciones para que el crimen organizado sea una opción laboral, forzada y voluntaria, para muchas personas?

En ese panorama, la juventud es materia prima para la explotación laboral y sexual, es materia prima para sostener las armas en los cuerpos armados legales y no legales; en este panorama, se han silenciado sus narrativas y sus voces. Es urgente que volvamos la mirada a quienes han crecido exigiendo justicia y la presentación de sus familiares desaparecidos, es crucial que cuestionemos el sistema de consumo con su parafernalia color dorado y sus prendas Gucci y Balenciaga, porque ese canto de sirena ha llevado a un amplio número de jóvenes a vincularse con el crimen organizado.

La falta de estabilidad económica y la imposibilidad de un ingreso estable, han generado las condiciones para que mujeres y hombres jóvenes atiendan llamados poco confiables de ofertas laborales y terminen cautivos en redes de trata. ¿En algo andaban? ¡Sí! Andaban buscando medios para sobrevivir, y el Estado mexicano les ha fallado históricamente.

¿Cuántas generaciones más tendrán que crecer en orfandad? ¿Cuántas personas más pasarán su infancia y juventud en marchas y oficinas exigiendo que se localice a su ser querido? ¿A cuántas personas más no se les impartirá justicia por el sólo hecho de ser jóvenes?

Durante los últimos años, el concepto derecho humano a la búsqueda ha invadido la esfera pública, pero para variar no se ha generado un andamiaje institucional que garantice ese derecho. Ana, la madre de Oscar, ha tenido que migrar a México para que las autoridades busquen a su hijo. Oscar lleva en el nombre y en la edad, rasgos que orientan la inacción de los servidores públicos en nuestro país: es joven y es migrante.

Si los derechos son complementarios, ¿cómo se garantiza el derecho a la búsqueda si los servidores públicos no realizan su trabajo?, ¿cómo se garantiza la búsqueda si la madre de una persona desaparecida no puede asegurar su propia alimentación para que su cuerpo resista las jornadas de búsqueda?, ¿cómo asegurar la alimentación si pocos empleadores reconocen la importancia de buscar a una persona desaparecida y el derecho de las familias a buscar? Como Oscar hay miles de personas jóvenes desaparecidas en México… fuera de su familia, ¿a quién le importa que esto siga ocurriendo?

Oscar Antonio López Enamorado cumple este 2024 34 años de edad, de los cuales ha estado 14 lejos de su madre. Ha transitado de la juventud a la adultez y el Estado mexicano sigue sin encontrarlo. Este texto se redactó para tejerse con el llamado público para nombrar a Oscar y exigir que el Estado haga su trabajo, pero también para pensar en las tareas pendientes con las generaciones venideras. La juventud no es culpable de su edad y merece que se reconozcan sus necesidades y se brinden opciones reales de inserción laboral y escolar: la juventud merece una vida libre de violencia y que se imparta justicia con debida diligencia cuando la violencia atraviesa sus vidas.

Hablar hoy de Oscar es hablar también de 48 mil 425 personas jóvenes desaparecidas que merecen ser buscadas para que puedan regresar con sus familias.



El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como personas columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Foto de portada tomada de: https://saberpolitico.com/nacion/madres-buscadoras-de-migrantes-instalan-memorial-frente-a-palacio-nacional/

Referencias:

[1] Con cifras oficiales nos referimos a las producidas como resultado de la publicación Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB). Dichas cifras forman el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), cuya base de datos incluye los registros históricos contenidos en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) y se actualiza con reportes de desapariciones, no localizaciones y localizaciones, actuales y del pasado. Véase: https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/Index

[2] ttps://www.un.org/es/events/observances/alfabetizacion/youthandeducation.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20criterio%20de%20las,excel

[3] Butler, Judith (2010). Marcos de guerra. Las vidas lloradas, España: PAIDOS, pág. 13.

[4] Ibid.

[5] El año de 1968 se caracterizó por detenciones masivas, arbitrarias e ilegales, así como por la planificación detallada y el alto grado de entrenamiento de las fuerzas represivas. En ese marco, el 2 de octubre de 1968 el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia abrieron fuego contra quienes participaban de una manifestación pacífica en la Plaza de las Tres Culturas, en Ciudad de México con un saldo de 300 víctimas mortales, la mayoría de ellas personas jóvenes. Ver: https://www.cndh.org.mx/noticia/matanza-de-tlatelolco-violacion-de-derechos-humanos

[6] “El 10 de junio de 1971, el Jueves de Corpus, estudiantes principalmente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) salieron a las calles en apoyo a la huelga que se había conjurado desde la Universidad de Nuevo León, por la defensa de la autonomía universitaria y otras demandas democráticas. El punto de reunión para marchar hacia el Zócalo capitalino de la Ciudad de México fue el Casco de Santo Tomás. Sin embargo, a la altura del metro Normal un grupo paramilitar [...] agredió y asesinó a decenas de asistentes.” Ver: https://www.cndh.org.mx/noticia/conmemoracion-de-la-matanza-del-jueves-de-corpus-el-halconazo-10-de-junio

[7] https://www.google.com/url?q=https://www.infobae.com/mexico/2023/12/06/amlo-asegura-que-asesinato-de-jovenes-en-celaya-fue-por-consumo-de-drogas-un-problema-lamentable/&sa=D&source=docs&ust=1706722258789098&usg=AOvVaw3Ei2JDR4oZ6M6rSV7NW_eG