20 de abril del 2024


La reestructuración de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) plantea un viraje en la estrategia del Gobierno federal para enfrentar la crisis forense. El abandono de la sede del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) y la reducción de su personal especializado significa regresar al modelo en que las fiscalías son las únicas instituciones encargadas de la identificación forense, afirmaron exfuncionarios y trabajadores del organismo.  

  Desde el pasado octubre, Xasni Pliego Granillo, directora general de Vinculación y Políticas Públicas de la CNB, planteó a su equipo la idea de cerrar el edificio del CNIH. Actualmente, según datos de la comisión, el centro cuenta con 33 especialistas forenses de áreas como arqueología, genética, antropología y lofoscopía, que se desplazan a los distintos estados del país, lo que significa una reducción considerable de su plantilla, que era de 59 personas a finales de 2023.  

  Dos exfuncionarios y un trabajador del CNIH, que pidieron no ser citados por temor a represalias, aseguraron que, el pasado 30 de noviembre, en una reunión interna de la CNB se planteó eliminar del organismo las funciones que realizan las fiscalías, como la identificación forense, con el argumento de eficientar procesos y recursos. Se propuso, además, un mayor control de la Fiscalía General de la República (FGR) en el manejo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en particular en los permisos que se habilitan en el sistema para realizar modificaciones.  

  La CNB precisó, en respuesta a un cuestionario enviado por este medio, que han tenido reuniones con la FGR, las fiscalías estatales y las comisiones locales de búsqueda para “poner a su disposición” los equipos multidisciplinarios del CNIH.  

  En coordinación con las fiscalías, informó, el centro nacional ha desarrollado dos líneas de trabajo en identificación humana. Una es la colaboración en el análisis post mortem –consistente en recabar los datos forenses de un cadáver– de “casos complejos” de cuerpos localizados y no identificados que se encuentran en fosas comunes de panteones, Servicios Médicos Forenses (Semefos), Servicios Periciales y otros centros de resguardo temporal. La segunda es el apoyo en la exhumación de fosas clandestinas, que implica comisionar especialistas para que realicen análisis con georradar, antropológicos y post mortem.  

  Creado el 13 de mayo de 2022 mediante una reforma a la Ley General en Materia de Desapariciones, el CNIH fue anunciado como una institución “única” que permitiría la identificación masiva de personas. Para los colectivos de familiares de personas desaparecidas significó la esperanza de dar nombre a más de 52,000 cuerpos que se encuentran en fosas comunes y Semefos.  

  “Tendrá como estrategia fundamental la búsqueda generalizada desde una metodología de enfoque masivo y, de acuerdo con las necesidades, aplicará un enfoque híbrido para el correcto tratamiento forense de los cuerpos y restos humanos de personas sin identificar, que se recuperen de las fosas comunes y de inhumación clandestina, que no hayan sido identificadas”, señalaba la iniciativa presidencial.  

  Aunque, según la ley, el CNIH debe ser “una unidad administrativa con independencia técnico-científica”, nunca ha contado con recursos propios, pues es una dirección general de la CNB; este año, la comisión ejercerá un presupuesto de 1,150 millones de pesos.  

 

  

Las fuentes entrevistadas coincidieron en que la llegada de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún a la dirección de la CNB, en octubre pasado, implicó un nuevo diagnóstico sobre las causas de la crisis forense, que redujo el problema principalmente a una falta de recursos en los Servicios Periciales y los Semefos de las fiscalías estatales, en contraste con la estrategia inicial del gobierno –con Karla Quintana al frente del organismo–, que consistió en implementar un “sistema paralelo” para la identificación forense, mediante la creación del CNIH y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF).

Uno de los argumentos centrales para esta decisión fue que las fiscalías están rebasadas, pues les corresponde la investigación y persecución de todos los delitos, por lo que estos organismos “paralelos” podían centrarse en las tareas de identificación humana. El año en que se creó el CNIH, 2022, quedaron pendientes de concluir 2.9 millones de averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación, según un censo del Inegi, lo que representó un aumento del 10.9 por ciento respecto a 2021. Según el mismo documento, el número de investigaciones cerradas por las fiscalías estatales en 2022 fue de 261,533, una disminución del 45.3% en comparación con 2021, cuando se reportaron 478,036.

A esta situación se agregan procesos deficientes en los Semefos, que han derivado en la entrega errónea e incluso la pérdida de cuerpos de personas reportadas como desaparecidas, e inhumaciones ilegales como el entierro de 119 cuerpos en la fosa del panteón de Tetelcingo, en Morelos, la mayoría aún sin identificar.

Para Valentina Peralta, consejera ciudadana del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNBP), regresar a las fiscalías el control absoluto de la identificación forense significa “un retroceso en la búsqueda de la verdad” de las familias de personas desaparecidas, pues aunque el CNIH no operaba al 100 por ciento, se tenía la esperanza de que contribuyera a poner nombre a miles de cuerpos en el país.

“Lo que quieren es fortalecer los Servicios Periciales, pero ellos atienden un montón de cosas, determinan las causas de muerte, hacen pruebas genéticas para casos de violaciones, etcétera, y lo que necesitamos son recursos etiquetados enfocados en la búsqueda forense de personas”, señaló. “La interpretación [de la CNB] es que es mejor fortalecer las fiscalías, y eso no es cierto; ponemos como ejemplo Tetelcingo”.

César Contreras, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, recordó que no solo el CNIH, sino también la operación del MEIF, creado con apoyo internacional para atender casos de larga data, está en riesgo por falta de financiamiento; este medio publicó que el Gobierno federal suspenderá la entrega de recursos al mecanismo, que empezó a operar en 2020.

El pasado 28 de febrero, el MEIF informó que ninguno de los contratos del Grupo Coordinador, la Secretaría Operativa y de Gestión, y la Secretaría Ejecutiva, sería renovado, por lo que a partir del 1 de abril operaría con una estructura distinta a la establecida en su creación. Al día siguiente, la CNB aseguró en un comunicado que mantendrá activos los proyectos del mecanismo para dar continuidad a los trabajos iniciados; conservará a sus especialistas –seis en San Luis Potosí, dos en Zacatecas y dos en Tamaulipas–, que se coordinarán con el CNIH y las fiscalías; incorporará a tres especialistas adicionales a través de un programa del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), y en una próxima sesión del SNBP se evaluará la labor del MEIF. Puntos que reiteró en respuesta a este medio.

“Pareciera que, como estas instancias tienen muchos retos, en lugar de resolverlos, bajan la cortina”, señaló Contreras. Lo más preocupante, consideró, es que quienes proponen su cierre son los mismos actores que desde un principio se han resistido a estas iniciativas: la FGR y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que reúne a las fiscalías del país.

“Creemos que es principalmente porque el rezago forense no solamente tiene que ver con una falta de recursos, humanos y materiales, y de capacidades institucionales, sino también por cómo esto derivó en múltiples irregularidades en la identificación de cuerpos, que ahora serían susceptibles de ser revisadas por el MEIF y el CNIH. En ese sentido, sus opiniones no son imparciales, son parte de una estrategia para evitar que esta información salga de las fiscalías”, agregó.

En la primera sesión ordinaria del año del SNBP, el pasado 2 de febrero, se señaló que el MEIF había sido poco eficiente; ante esto, la fiscal especial en materia de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, subrayó la necesidad de optimizar el presupuesto.

“Ustedes saben cuál fue siempre la postura de la FGR y de las fiscalías: lo que necesitamos es fortalecer las fiscalías estatales, la fiscalía general, en recursos”, dijo. “Yo siempre consideré que expertos mexicanos tenemos [...]. ¿Qué necesitábamos? Recursos, porque tenemos diez cuerpos y llegan [otros] diez cuerpos, se atienden cinco y va quedando el rezago”.

Cuatro directores

Desde su creación, en menos de un año y medio el CNIH ha tenido cuatro directores, los tres primeros abogados. De agosto de 2022 a mayo de 2023, David Alejandro Jiménez Padilla, quien fue sustituido por Ariadna Jakeline Cruz Cuevas, que permaneció hasta agosto de ese año en el cargo. El pasado octubre, Reyes Sahagún nombró titular a Rosendo Gómez Silván, hijo del fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra, pero apenas duró un mes en el puesto porque el 1 de noviembre asumió la dirección el contador público José Reyes Gómez.

En entrevista, Cruz Cuevas recordó que, aunque el CNIH se creó en mayo de 2022, el personal comenzó a ser contratado entre agosto y diciembre, y fue hasta 2023 cuando empezó a operar.

“Al no tener el interés de la investigación, sino simple y sencillamente el de encontrar a la gente, las familias confiaban en el centro nacional para donar su muestra genética y poder localizar a su familiar”, señaló la abogada. “Nos dimos cuenta, en el trabajo que hicimos esos meses, que el centro nacional fue para muchas familias la primera autoridad en la que confiaron para buscar a su ser querido, y eso es por miedo [a las organizaciones criminales] en los estados, y por eso es importante [el CNIH]”.

Durante su gestión se firmaron dieciséis convenios con fiscalías estatales, indicó, y se logró la primera coincidencia entre un perfil genético donado por el familiar de una persona desaparecida y restos humanos no identificados que estaban bajo resguardo de una fiscalía estatal.

“Mi último día de trabajo, que fue el 31 de agosto [de 2023], en la base de datos hubo un primer match, fue de la información que nos dieron en una fiscalía de una entidad federativa procedente de una muestra ósea. Con eso nos dimos cuenta de que el sistema funcionaba y que se tendría que empezar con el proceso [de localización y entrega de restos], no quedarse con el match. Eso demuestra que no estábamos mal, que esta metodología tiene muchísimo potencial”.

Pese a no contar con un laboratorio genético, las labores del CNIH, en coordinación con las fiscalías estatales, permitieron obtener más de una decena de coincidencias genéticas entre septiembre y noviembre de 2023. Los resultados no son atribuidos al organismo, pues las fiscalías estatales son las que resguardan los cuerpos, completan el proceso de identificación y notifican a los familiares.

El CNIH ha recolectado más de 3,000 muestras de material genético, informó la CNB, que fueron remitidas a la Fundación de Antropología Forense de Guatemala para que elaborara perfiles genéticos; hasta la fecha les ha entregado 2,590. Estos perfiles genéticos –que deben ser comparados con los de cuerpos sin identificar para establecer una coincidencia– son cotejados con la información del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), agregó.

El abogado Contreras recordó que el Poder Judicial ha exigido a la FGR cumplir con su obligación de consolidar el BNDF, pues actualmente “solo es un cascarón”, al no tener todos los registros de las fiscalías estatales.

Sin condiciones para operar

En una entrevista para el programa Los periodistas, realizada el pasado enero, el subsecretario de Derechos Humanos Arturo Medina Padilla aseguró que el CNIH es objeto de una reestructuración “administrativa y de funciones”. El funcionario subrayó que durante la gestión de Quintana el centro nacional no obtuvo “ninguna identificación”.

“Se duplican algunos procesos de búsqueda con los que realizan las fiscalías locales o la Fiscalía General de la República”, agregó. “Además, la custodia del material genético tiene un proceso, es parte de una investigación, en tanto sabes si corresponde o no a una víctima de desaparición, el Ministerio Público es el responsable”.

Una señal del declive del CNIH fue el abandono de su sede, un inmueble en Xochitepec que en agosto de 2022 entregó en comodato el gobierno de Morelos a la Federación. Su cuenta oficial en X, @CNIH_MX, también ha sido desactivada. En respuesta a este medio, la CNB señaló que el centro nacional “no es un edificio”, sino un equipo de personas especialistas “con ética, comprometidas con las víctimas, y que hacen trabajo de identificación forense en campo”.

“El inmueble de Xochitepec tiene un contrato de comodato que se vence en septiembre de 2024”, indicó. “La CNB está realizando las gestiones correspondientes para ampliar el contrato y dar continuidad. Cuando esto se logre estaremos en posibilidades de generar las adecuaciones de infraestructura necesarias para la instalación del equipo especializado, [lo] que hasta el momento no ha sido posible”.

Precisó que solo la planta baja y el primer piso, habilitados para entrevistas y labores administrativas, cuentan con servicios básicos (electricidad, agua e instalaciones sanitarias). En los otros tres pisos no existen condiciones para trabajar, por eso los laboratorios nunca fueron instalados.

El subsecretario Medina Padilla afirmó, en la misma entrevista, que el CNIH no fue desmantelado, sino que “nunca estuvo en uso”. “Tenemos que ser realistas, este centro no se concluyó y tenemos que trabajar para que lo que está se optimice”.

Sobre el equipo destinado al CNIH, la comisión indicó que cuenta con un software de análisis de perfiles genéticos denominado M-Fisys, donado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Respecto al anuncio que hizo Reyes Sahagún durante la sesión del SNBP sobre 200 escáneres que serían compartidos con la FGR, las fiscalías estatales y las comisiones de búsqueda locales, la CNB precisó que son aparatos para la lofoscopía forense que permiten digitalizar “en un solo paso y de manera precisa” las huellas digitales, en un formato destinado a un software diseñado para el cruce de bases de datos. La donación proviene del UNFPA, mediante un financiamiento del Gobierno de Alemania.

Viridiana Bahena Leyva, presidenta del colectivo Voz con Dignidad y Justicia México, que trabaja principalmente en Chilpancingo, Guerrero, aseguró que el desmantelamiento del CNIH ha sido un golpe fuerte para las familias.

“Dijeron en el Congreso [cuando se aprobó su creación] que con el centro se garantiza la búsqueda efectiva y la entrega digna de cuerpos; entonces, al desaparecerlo le están diciendo a las familias: ya no te garantizamos eso”, afirmó en entrevista.

Bahena, junto con los despachos de Olmedo & Torres Abogados y Ramos de la O, logró que el pasado 14 de febrero el Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) emitiera una Acción Urgente en la que instruyó al Estado mexicano a reactivar el CNIH para que disponga de los medios necesarios para conservar y analizar restos humanos y muestras genéticas.