24 de abril del 2024


Por unanimidad de votos el Congreso Local del Estado de México, aprobó realizar un exhorto a la Comisión de Derechos Humanos, Poder Judicial y Fiscalía de Justicia, todas del Estado de México, para que de acuerdo a sus atribuciones atiendan las peticiones de las personas que fueron criminalizadas por el Estado bajo los gobiernos de Alfredo del Mazo, Arturo Montiel y los gobiernos federales del panista Felipe Calderón y el actual Andres Manuel López Obrador.

  La iniciativa fue aprobada por todas y todos los legisladores pero no tiene ningún efecto jurídico.

  La iniciativa, propuesta y presentada en el Pleno Legislativo por el diputado Max Correa Hernández, calificó de fundamental la tarea de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para conocer de quejas o iniciar de oficio las investigaciones en contra de cualquier autoridad o servidor público, que con su tolerancia, consentimiento o negativa a ejercer sus facultades que le confiere la ley, de lugar a presuntas violaciones a derechos humanos.

  En su ponencia, recordó que el pasado viernes 5 de abril durante una rueda de prensa con el presidente Andrés Manuel López Obrador, una reportera denunció la existencia de una red de corrupción en el Poder Judicial del Estado de México, donde el modus operandi de los Jueces y Magistrados mantienen a personas presas injustamente, y por otra parte, decretan la liberación de manera cuestionable y rápida a personajes con poder político.

  “Durante la denuncia, la comunicadora argumentó que el plantón del colectivo ‘Haz Valer Mi Libertad’, tiene más de 300 días manifestándose por la demanda de 23 personas que se encuentran privadas de la libertad porque las autoridades no cumplieron con el debido proceso judicial.

  “La respuesta y posicionamiento del presidente fue clara: “Si hay injusticias se tienen que corregir, estamos viviendo tiempos nuevos, ya no es el tiempo de antes; hay que ver de qué se trata, no vamos a cometer ninguna injusticia”.

  Agregó que la respuesta del presidente, es punto de reflexión, de conciencia, pero fundamentalmente de acción por parte del titular del Poder Judicial del Estado de México, Ricardo Sodi, dado que, la selectividad al momento de impartir justicia es notoria, dijo.

  De acuerdo con datos del micrositio Transparencia Proactiva de la CODHEM, en 2020 se registró un total de 8 mil 520 quejas; para 2021 fueron 10 mil 128; en 2022 se registró un total de 7 mil 984; en el año 2023 fue de 5 mil 619 quejas, y en lo que va de 2024 van registradas mil 659, siendo el Poder Judicial estatal y la FGJEM, quienes ocupan de manera general en esos periodos, el tercer lugar de quejas con un total de 10 mil 274, solo por debajo de la materia administrativa y penitenciaria.

  “El número elevado de quejas ante la CODHEM nos hace recordar que la base del respeto a los derechos humanos está en la dignidad de la persona, y en seguimiento al tema del colectivo ‘Haz Valer Mi Libertad’, es de recordar que el 5 de enero de 2021 fue publicado en la Gaceta del Gobierno la Ley de Amnistía del Estado de México.

  “Dicho ordenamiento faculta a la CODHEM para emitir pronunciamientos de las solicitudes de amnistía que puede remitir para su análisis y resolución al Poder Judicial, por ello el colectivo ‘Haz Valer Mi Libertad’, argumentó ante esa dependencia que en 2021 su extitular se pronunció en que había elementos suficientes para considerar que las 23 personas que se encuentran privadas de la libertad podrían obtener el beneficio de la Amnistía, porque de acuerdo a los dictámenes fueron víctimas de discriminación y faltas al debido proceso, pero la actual titular del organismo Myrna García Morón ha invalidado los pronunciamientos por estar relacionados con delitos de alto impacto, aseguro.

  “Sin embargo, en febrero del año 2023 la CODHEM concretó la séptima liberación por el beneficio de amnistía en delitos de alto impacto. Ante esa contradicción, se solicita a la titular de la CODHEM revisar el pronunciamiento de su ex titular, para que, bajo los principios de congruencia, objetividad, profesionalismo, inmediación y celeridad, permitan acreditar o no las presuntas violaciones a derechos humanos alegadas por las personas del colectivo ‘Haz Valer Mi Libertad’, finalizó, el diputado y activista social Max Correa Hernández.