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Neoliberalismo en Edomex; privatización y Despojo

De como los prominentes políticos el Grupo Atlacomulco, incluido Eruviel Ávila, hoy aliado con Morena, sobre endeudaron Edomex y luego privatizaron sus activos: aeropuerto, autopistas y hospitales

26 de mayo del 2024

Fragmento del libro “Corrupción en Edome y sus Mafias Políticas”

El 15 de septiembre de 2023, Alfredo del Mazo Maza entregó la administración del Estado de México con una deuda publica superior a los 55 mil millones de pesos, pero antes de cerrarse el mes de la transición tras las elecciones del 4 de junio del 2023, los débitos ya alcanzaban los los 60 mil 161 millones de pesos, cuando Delfina Gómez arribó al poder para cerrar e iniciar un nuevo ciclo de las élites mexiquenses asociadas entre sí.


Tras 94 años de gobiernos ininterrumpidos, el saqueo estaba consumado y la impunidad garantizada, ahora solo pasaría de manos.


Cada uno de los socios del Grupo Atlacomulco, había hecho su contribución para que al final de 30 años exactos la deuda pública del Estado de México pasara de mil 738 millones de pesos en 1993 a poco más de 61 mil millones a diciembre del 2023; sin embargo el proceso de sobre-endeduamiento habría iniciado con el salinista Emilio Chuayffet y su pupilo Cesar Camacho Quiroz y alcanzó su máximo climax con Enrique Peña Nieto, al haber encubierto deuda adicional a la reconocida en libros, y enviarla directo a los presupuestos de los siguientes 30 años, mediante los entonces “proyectos de prestación de servicios mejor conocidos como PP´s.
Lo anterior sin contar la deuda “encubierta” que mando directo a los presupuestos de los siguientes 40 años Enrique Peña Nieto con sus novedosos “proyectos de prestación de servicios”, mejor conocidos como PP´s.


Los proyectos peñanietistas además de comprometer los presupuestos anuales de los siguientes sexenios, se adjudicaron bajo contratos leoninos debido a la sobrevaluación de las obras, como lo denuncio el propio presidente Andrés Manuel López Obrador en diversas conferencias del 2020 y 2022, en el caso de hospitales como Ixtapaluca y Zumpango, que hasta mediados del 2023 luchaba con recuperar y arrebatarle a las ventajosas empresas benefactoras del peñismo estatal.


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Pero la contraparte de este inusual “desarrollo económico” que sobre endeudó la entidad y la convirtió en una potente economía y a la par en la mas grande fábrica de pobres de México, es que a la vuelta de 30 años, empresas extranjeras y constructoras internacionales ligadas a las elites que gobernaron casi 100 años, terminaron como propietarias legales –concesionarias o administradoras- de estos activos construidos con recursos públicos o deuda pública que los mexiquenses siguen cargando.


Entre esta infraestructura edificada con créditos y presupuestos estatales, se encuentran complejos carreteros o autopistas, hospitales y aeropuertos que ya existían desde los años 80´s o antes.


Efectivamente el Estado de México estuvo sometido a un silencioso despojo de activos públicos mediante la privatización de su infraestructura más moderna, a través de contratos privados, adjudicaciones y transferencias inusuales.


El caso más emblemático de estos despojos contra la población podrían ser el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Mexiquense Bicentenario adjudicados a la firma OHL y luego transferidos a su subsidiaria en México Aleatica, S.A.B. de C.V. fundada apenas en 2018, como fachada a los escándalos de corrupción en México en que se vio envuelto el consorcio español durante el gobierno de Eruviel Ávila, con quien los morenistas en este 2024 hacen campaña, pues es su aliado a través del PVEM.


En el caso específico del Viaducto Bicentenario se ha denunciado una posesión irregular por parte de Aleática S.A.B. de C.V., ya que sin tener una concesión federal –por ser una vía federal- se sigue explotando bajo contratos expedidos por el gobierno mexiquense.


Las irregularidades en estas vías comenzaron a ser documentadas y denunciadas por el abogado Paulo Díez Gargari, cuando por primera vez se enfrentó a los gobiernos priístas en un caso relacionado con el Circuito Exterior Mexiquense.(https://www.youtube.com/watch?v=6jAibsbMgbo ).


En aquel año a la firma del abogado denominada Infraiber S.A. de C.V., se le canceló un contrato que habían obtenido para auditar los aforos del circuito. En medio de la batalla legal Eruviel Ávila declaró que a OHL se le adeudaban aún 52 mil millones de pesos por la construcción de la citada vía.


Díez Gargari cuestionó entonces las razones por las cuales dicha deuda no estaba inscrita en los libros del gobierno de Edomex e incluso exigió al mandatario que así se hiciera, algo lo que hubiera disparado la deuda pública a más de 100 mil millones de pesos.


Eruviel nunca lo hizo ni explicó nada, pero en su lugar amplió la concesión para la explotación de la vía hasta el 2051 y más adelante, Alfredo del Mazo la volvió a aumentar hasta el 2063, esto último en febrero del 2023, medio año antes de dejar el cargo, según costa en los informes más recientes de la propia subsidiaria.


A la par el gobierno de Alfredo del Mazo continúo la persecución contra el abogado negándose a recuperar para los mexiquenses esa vía, pero también ampliando los plazos de otras concesiones, como la autopista Siervo de la Nación que inicialmente tenía una adjudicación por 27 años, pero que inexplicablemente Del Mazo en secreto amplió a 46 años su explotación, sin dar una sola justificación detallada.


Un rastreo realizado por The Observer Méx, nos permitió detectar el contrato de ampliación, en el cual no se fundamenta ni se explican las razones de esta.


(https://www.theobserver.mx/2+021/10/06/aumentan-a-46-anos-concesion-de-autopista-que-ahorra-30-minutos-de-viaje/ ).


También en 2015, tras una detención arbitraria por parte de la entonces procuraduría general de justicia del Edomex, el destacado abogado declaro en septiembre de ese mismo año a Carmen Aristegui, que el Circuito Exterior Mexiquense, estaba más que pagado y debía ser devuelto a los ciudadanos:


“OHL ya recuperó su inversión en ese proyecto, por lo que debe devolver esa concesión al Estado de México, no lo estoy pidiendo para mí, en los juicios no hemos pedido el pago de daños y perjuicios ni el pago de honorarios de abogados, lo único es que queremos instalar nuestro negocio para auditar a OHL o a quien sea… así la ciudadanía tiene la garantía que lo que paga es consistente”.


El 21de noviembre del 2022, abogado y ciudadanos se plantaron en el Viaducto Bicentenario para exigir la devolución de esa vía, incluso advirtió que estaba siendo explotada por Aleatica ilegalmente, bajo contratos expedidos por los gobiernos priístas de Edomex, no obstante ser una vía federal.


Aseguró que cada hora la firma cobraba entonces 3 millones de pesos, actualmente es más.


El propio abogado recordaría en esa movilización que la vía se había construido con “recursos públicos” por lo que nada había que pagarle a la subsidiaria de OHL.
En respuesta el gobierno de Alfredo del Mazo reactivó la persecución contra el abogado, quien recién en mayo del 2023 logró un amparo de un juez federal en el que se concluye que efectivamente se trata de una vía federal, por lo cual el gobierno de Edomex no tenía competencia en reclamar nada.

Aun así, Alfredo del Mazo amplió hasta el 2051 la explotación de esa vía a favor de Aleatica, S.A.B. de C.V., según los informes financieros de la propia firma y que son de acceso público.


Pero la política de transferir los activos más importantes de los mexiquenses a la iniciativa privada y consorcios españoles no era nueva.


Peña Nieto –a quien López Obrador llama respetuosamente “licenciado”- entregó en concesión vías que ya existían y otras nuevas a consorcios internacionales.


Además del Circuito Exterior Mexiquense (entregada en noviembre del 2005); le adjudicó en 2008 el Viaducto Bicentenario cuya concesión vence en el 2038; la operatividad del Aeropuerto Internacional de Toluca en 2005 (en una concesión a 50 años que vence en 2055).


Hay que señalar que para entonces el aeropuerto ya existía y lo administraba directamente el gobierno mexiquense, pero hoy aparece en los catálogos de las “unidades de negocios” de Aleatica, S.A.B. de C.V., sin que a la fecha haya logrado nada con ese complejo construido con fondos públicos.


Durante el gobierno de Eruviel Ávila se solicitaron por transparencia los contratos mediante los cuales OHL se apropió de la administración del aeropuerto, pero fueron negados.


Pero ¿Cómo es que OHL-Aleatica se hizo de un aeropuerto que se fundó en 1982?


En este caso para transferir esta central aérea y privatizarla bajo distintos “eufemismos”, los gobiernos de Arturo Montiel y Enrique Peña primero fundan una “administradora estatal”, la cual negoció la transacción.


Entre 2003 y 2005 la administración del aeropuerto pasó a manos de una sociedad integrada por el gobierno del Estado de México (GEM) y Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), y ya para 2005, el nuevo organismo estatal denominado “Administradora del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT)” es integrada con un 51% de acciones propiedad del gobierno estatal y 49% de ASA.


Sin embargo para junio del 2006 se incorporan capitales privados y la relación de la Sociedad cambia: 26% GEM, 25% ASA y 49% capital privado.


Por su parte Eruviel Ávila (2011-2017), adjudicó por 40 años en 2014 la autopista Atizapán-Atlacomulco al mismo consorcio español, para la cual también se involucraron recursos públicos, según declaraciones de funcionarios de la época.


Aleatica, S.A.B. de C.V.-OHL, reportó en 2022 ganancias por 13 mil 092 millones 722 mil pesos, por todas las vías y el aeropuerto que opera –la mayoría en Edomex-pero es justo el Circuito Mexiquense Bicentenario el que más ingresos le representa.


Por esa vía en 2022 reportó ingresos por concepto de peaje de 6 mil 431 millones 350 mil pesos, mientras que por el Viaducto Bicentenario ganó por el mismo rubro mil 307 millones 523 mil pesos.


La firma en su informe del 2022 no reporta ganancias en el caso del Aeropuerto Internacional de Toluca, incluso por sus cifras, puede hablarse de un derrumbe de la demanda y un fracaso de la firma como operadora de la central aérea, ya que este aeropuerto tiene capacidad para movilizar hasta 10 millones de pasajeros al año, pero en 2022 Aleatica reportó solo 486 mil 731.


Habrá que mencionar que todavía en el gobierno de Alfredo del Mazo, se hizo una inversión de 27 millones de pesos –con recursos públicos- al aeropuerto, aunque la subsidiaria de OHL es realmente la concesionaria.


Respecto a la deuda pública que ha generado infraestructura para la movilidad de los mexiquenses que hoy es operada como negocios privados, resulta destacable el hecho de que el 63.61% de esta deuda se encuentre con la banca privada y que de esta el 21% esta contraída con Banorte, la institución crediticia del nieto de Carlos Hank González, propietario, administrador y principal accionista –de un total de 14-.


El otro caso que excede toda lógica, fue la privatización desde 1984 de la autopista Toluca-Atlacomulco, que forma parte de la Carretera Panamericana, la cual en teoría estaba protegida por acuerdos internacionales para permitir el libre tránsito.


Antes de ese año la carretera ya existía y fue Alfredo del Mazo González, el segundo de los Del Mazo, quien la dio en concesión para su explotación a una la firma “Empresa Promoto Promotora del Desarrollo de América Latina S.A. de C.V.”, también denominada “Promotora Ideal”.


El otro impacto social imperceptible del “desarrollo económico” estatal, es que al final este quedo privatizado prácticamente, al cerrarse el ciclo priísta, pero con la complicidad y simulación de todas las demás fuerzas políticas de “oposición”, incluido Morena a partir de 2018.


Esto en contraste con los indicadores oficiales que reportaban que más del 80% de los mexiquenses son pobres o viven con carencias, al cierre del 2023.


El Consejo Nacional de Evaluación de los Programas Sociales (Coneval), en su informe del 2020, refiere que del 2018 a 2020 la población en situación de “pobreza” en el Estado de México, aumentó de 41.8 a 48.9%; la pobreza extrema de 4.7 a 8.2% (casi se duplica); mientras que la población “vulnerable por carencias sociales” fue el único sector que disminuyó de 26.3% a 18.1%, no obstante que los “vulnerables por ingresos aumentaron de 9.6 a 11.8%.


Lo anterior significa que 87% de los mexiquenses son pobres, pobres extremos o son vulnerables por ingresos o carencias.


Resulta además destacable que recién llegó Delfina Gómez a la gubernatura, se sometió de inmediato públicamente y sin rubor alguno, al Grupo Atlacomulco, durante una ceremonia en la cual mostró sus respetos a Alfredo del Mazo, con quien se sentó al lado y le dio trato de gobernador –ya sin serlo, aunque de facto lo es- y Horacio Duarte Olivares, con quien “cogobierna” bajo una inexistente figura de vicegobernador o virrey texcocano…