26 de agosto del 2024
Desde el arranque del gobierno de López Obrador ya había una instrucción muy precisa para quienes formaron parte de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) de "no tocar al Ejército", y aunque las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas ni siquiera habían iniciado a principios del 2019, la línea de impunidad para el Ejército ya estaba marcada.
El periodista y escritor Miguel Ángel Alvarado lo sabe porque formó parte de la CoVAJ, tras su conformación el 3 de diciembre del 2018.
Aunque es prácticamente es desconocido que Alvarado se integró al primer equipo que conformo la CoVAJ, asegura que desde el principio recibió “malas señales”, ya que en sus primeros acercamientos con quienes luego le invitaría a incorporarse, le señalaron que “no podrían procesar a militares”.
Posteriormente en su primer día de trabajo –y único- en el organismo, la indicación fue explícita y directa. “No podemos tocarlos”.
“Ese día que llegue a presentarme y recibir las primeras indicaciones sobre cómo nos organizaríamos para arrancar la investigación, se me dijo que a los militares no se les iba a tocar”, reveló.
Aseguró que incluso los dos o tres funcionarios con quienes tuvo reuniones de trabajo ese día parecía que “lo daban por sentado” y también se hacía alusión a ella –la instrucción- en los encuentros o charlas que sostuvo “sin cuestionar nada”, sostiene.
Tras esa orden para garantizar la impunidad de los mandos militares y tropa desplegada en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014 incluso antes de que arrancaran de manera formal los trabajos de la CoVAJ, Alvarado simplemente decidió marcharse y no volvió más.
“Solo deje que pasaran las horas, que se agotara el tiempo”, rememora.
“Por ética y porque era imposible no involucrar al Ejército decidí no regresar, dure en el cargo un día; mi oficina era enorme, como del tamaño de una cuadra justo ahí en Bucareli en el centro de ciudad de México; todo estaba vacío y apenas iba a ver cuáles iban a ser mis responsabilidades, se supone que sería un enlace entre la comisión y la presidencia o algo así”, recuerda.
Por entonces Alvarado ya había hecho buena parte de su propia investigación del caso, había recorrido pueblos y localizado fuentes vivas pero ocultas o desplazadas de Guerrero, rescatado documentos o gestionándolos, por lo cual sabía que era simplemente imposible desvincular al Ejército en la masacre.
También ya había rastreado declaraciones ministeriales tanto de sobrevivientes, como de vecinos de diversos pueblos; y consultado otras de sicarios, policías, Ministerios Público y jefes narcos que fue posible conocer en los primeros años tras la masacre.
En esa investigación que le llevó cerca de cinco años y que es poco conocida debido a que se publicó a través de una editorial independiente del Estado de México, reconstruye las últimas horas de los estudiantes hasta su desaparición y los sitios a donde posiblemente fueron ultimados.
En “Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa”, el fugaz exintegrante de la CoVAJ ubica a militares trasladando y entregando a grupos de estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos, esto mediante las declaraciones de sicarios y policías, algunos de los cuales posteriormente quedaron en libertad. Algunos de los testimonios que recogió para su libro son exclusivos.
Así, al igual que otros periodistas que contribuyeron con sus investigaciones a conocer la magnitud de ese crimen de “lesa humanidad” –como Anabel Hernández o periodistas de Reforma, Proceso y la Jornada-, Alvarado ubica a “los verdes” cazando normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014 en diversos puntos de Iguala y en una actuación coordinada con sicarios, policías municipales y federales, para la posterior desaparición de los estudiantes.
Las diversas pistas que logró rastrear Alvarado son por otra parte coincidentes con los informes oficiales que presentó la CoVAJ en 2020 y particularmente la del 2022, ya que les entregó sus hallazgos, pero su libro se publicó al menos un año antes del último reporte de Alejandro Encinas –de septiembre del 2022-, cuando declaró el caso Ayotzinapa como “un crimen de Estado”.
Dicho informe revela en sus páginas 56, 69, 74, 76, 79, 91 y 105 testimonios de sicarios que identifican a soldados en diversas escenas violentas en la persecución, captura y asesinato de estudiantes. (1)
Por eso el autor de “Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa” no esconde su indignación ante los afanes del presidente López Obrador durante los últimos dos años para desacreditar fuentes, periodistas, investigaciones independientes y hasta a sus colaboradores, para “convencernos” de que el Ejercito Mexicano es inocente…
-Debería ahorrárselo- dice irónico. Todos sabemos que fue el ejército, señala Alvarado en medio de la conmoción nacional con la que llegó el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la nueva capa de impunidad que deja López Obrador sobre el caso, pero en este caso, para blindar a fuerzas armadas.
“Tenía realmente la esperanza de que un día se hiciera justicia, por eso todo lo que investigaba se los pasaba –a la CoVAJ-”, sostiene Miguel Ángel Alvarado al considerar que los narcos en México podrían ya estar actuando como un “brazo paramilitar” junto al Ejército, pero a la vez advierte que “la protección del Estado a las fuerzas armadas en el gobierno de López Obrador, lo convierte en un cómplice”.
-¿Crees que realmente López Obrador no pudo resolver el caso o la realidad es que no quiso?, le preguntamos a quien también es director general del portal Viceversa, uno de los escasos medios críticos que existen en la capital del Estado de México.
-Por supuesto que resolvieron el caso. Ese caso ya está resuelto; el tema es la judicialización de los expedientes, ya que eso implicaría detener altos mandos militares y políticos lo cual no va a hacer.
Y no lo va a hacer, advierte, “porque López Obrador le debe todo al Ejército, pero no es que le hayan dicho que si no se alineaba con la milicia podría darse un golpe de Estado… es que en realidad hizo una alianza con el Ejército, hizo un pacto”, sostiene.
También asegura que el caso Ayotzinapa y su irresolución en este sexenio, muestra un claro retroceso en materia de justicia y Derechos Humanos, hasta un punto que nos coloca en la década de los 70´s.
-¿Crees que admitir que el Ejército estuvo involucrado en la desaparición de estudiantes sería como admitir que México es un narcoestado?
-, Si, totalmente, pero además de eso queda claro que México es un “Estado fallido”, totalmente, pero también recuerda que López Obrador evito ir contra Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos –a quien rescató de ser procesado en Estados Unidos por narcotráfico-, y otros altos mandos del Ejército y del gobierno de su antecesor, como por ejemplo Miguel Angel Osorio Chong.
Alvarado recuerda que la noche de Iguala se montó un “monstruoso operativo” contra los estudiantes en el que habrían participado unas mil 500 personas, entre sicarios de varias células pertenecientes a Guerreros Unidos, policías de seis municipios, un batallón del Ejército, agentes de protección civil, policías estatales, policías federales y hasta bomberos…
Fue tan enorme que esa noche no solo desaparecieron 43 estudiantes, sino que asesinaron a otros tres y uno se mantenía en estado vegetativo. En total 47 estudiantes de la Rural de Ayotzinapa tuvieron un destino fatal el 26 y 27 de septiembre del 2014, pero a la fecha todo sigue impune.
Asegura también tras la masacre, se instrumentó un segundo operativo para controlar los escenarios, los testigos y las evidencias de la masacre de Iguala, un dispositivo que se mantiene hasta nuestros días para asegurar el ocultamiento o desaparición de cualquier prueba disponible sobre los implicados.
“Hay registrados entre 26 y 36 muertos colaterales y más de mil ejecutados desde entonces”, asegura el periodista y considera que amigos, familiares y gente cercana tanto de las víctimas como de los victimarios, han sido acallados, amenazados, asesinados o muchos han huido.
Respecto a los sitios donde habrían quedado los jóvenes, Alvarado refiere en su obra “Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa”, varios de los que da cuentan el CoVAJ, pero advierte que se dejaron fuera otros puntos rastreados para su propia investigación, pero a los cuales las autoridades ya no dieron seguimiento.
También a partir de de testimonios desconocidos hasta el 2021, reconstruye escenas de la violenta detención por grupos; la forma en que los estudiantes fueron levantados por policías o militares, y luego entregados a jefes de sicarios, quienes luego de transportarlos bajo torturas los asesinaron –algunos a tiros en la cabeza y otros a golpes-, luego desmembrados y algunos lanzados a trituradoras –presumiblemente- y otros calcinados, hasta hacerlos polvo.
En su libro publicado incluso antes que los informes concluyentes de Encinas, el periodista recoge otros hallazgos de investigadores como Temóris Grecko y Anabel Hernández –fustigada por López Obrador- para interrelacionar los datos junto con otros provenientes de medios como La Jornada, Proceso y Reforma entre 2014 y 2021, a fin de exponer con detalle la responsabilidad –y no solo por omisión como ha pretendido el presidente- de los militares esa noche.
El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su último informe del 2023, concluyó que el Ejército Mexicano “participó activamente en la desaparición de los Normalistas”. El informe puede ser consultado en el siguiente link:
Informe Ayotzinapa VI
A su vez el informe de la CoVAJ del 2023 refiere puntualmente la responsabilidad del Ejército Mexicano en la desaparición de estudiantes, a partir de declaraciones ministeriales. En total logró identificar a 39 elementos del Ejército actuando esa noche.